Historia de la Argentina entre 2003 y 2023
La historia de la Argentina entre 2003 y 2020 ha estado caracterizada por la elección en cuatro oportunidades del peronismo/kirchnerismo (2003, 2007, 2011 y 2019) y una vez del macrismo (2015), que no fue reelegido por la población. Sobre el final del período se produjo la pandemia por COVID-19.
El período se inició con la recuperación de la gran crisis de diciembre de 2001, causada por el estallido de la convertibilidad del peso y el dólar, dando paso al default de la deuda externa, con un enorme costo social, que puso a más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con casi un tercio de desempleo.
En las elecciones presidenciales de 2003, Néstor Kirchner venció al menemismo representado por el propio Carlos Menem, cuando este último renunció a presentarse al balotaje. Durante este período el Congreso inició el procedimiento de juicio político contra cinco miembros de la Corte Suprema, motivando la renuncia de tres y la remoción de otros dos. Se anularon las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, en los que se condenaron a varios cientos de represores. Se impulsó la desarticulación del ALCA. Se canceló la deuda con el FMI y se realizó una reestructuración de la deuda externa con una fuerte quita. El PBI creció de 97 mil millones de dólares en 2002 a 329 mil millones de dólares en 2007. El desempleo se redujo del 17,9% en 2002 al 8,5% en 2007. La política laboral restableció las paritarias anuales (negociaciones colectivas entre patronos y sindicatos), dispuso la fijación anual del salario mínimo por acuerdo tripartito, reduciéndose el trabajo no registrado de 50% en 2003 al 39% en 2007. La inflación fue moderada, aunque con tendencia al ascenso: pasó del 5,3% de 2004 a un estimado en torno al 15 o 20% para 2007, aunque las estadísticas oficiales informaban una tasa considerablemente menor.
En las elecciones presidenciales de 2007, el kirchnerismo (Frente para la Victoria) volvió a triunfar llevando como candidata a Cristina Fernández de Kirchner, la primera mujer argentina que encabezó una fórmula presidencial ganadora. Durante este mandato (2007-2011) se reestatizaron los fondos jubilatorios y de pensión, se creó la Asignación Universal por Hijo y se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. En el ámbito internacional impulsó la creación de la UNASUR y la CELAC. Se reestatizó el sistema de seguridad social, creó la Asignación Universal por Hijo, renacionalizó Aerolíneas Argentinas, aprobó la ley de matrimonio igualitario, derogó la Ley de Radiodifusión de la dictadura y sancionó una nueva ley de medios. A poco de iniciar su período enfrentó un extenso paro patronal agropecuario apoyado por manifestaciones masivas, debido a la política oficial de impuestos a las exportaciones.
En las elecciones presidenciales de 2011, el kirchnerismo (Frente para la Victoria) triunfó por tercera vez, llevando nuevamente como candidata a Cristina Fernández de Kirchner, superando los votos de las dos elecciones anteriores, con 54%. Durante su segundo mandato se reestatizó el 51% de las acciones de la petrolera YPF, se extendió la jubilación para amas de casa y trabajadores precarizados, se aprobaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual, se sancionó la ley de identidad de género, se entregaron millones de netbooks a chicos de escuelas públicas (Conectar Igualdad), se aprobó un nuevo Código Civil y Comercial y se impulsó el desarrollo del sector industrial, destacándose la puesta en órbita el 16 de octubre de 2014, del satélite ARSAT-1, un satélite de comunicación geoestacionario por parte de la empresa estatal ARSAT, habiendo sido construido por la empresa argentina INVAP. Posteriormente, el 30 de setiembre de 2015, se lanzó el ARSAT-2, el cual al igual que el anterior fueron puestos en órbita desde la Guyana Francesa. Con el desarrollo y puesta en órbita de estos satélites, Argentina pasó a formar parte del selecto grupo de países de la industria espacial global. Asimismo, estaba previsto dentro del Plan Nacional Espacial, el lanzamiento del ARSAT-3, pero dicho desarrollo quedó en suspenso, luego del cambio de administración política producida después de las elecciones del año 2015. Hubo una fuerte confrontación judicial y mediática con el Grupo Clarín. Durante los dos períodos de Cristina Kirchner, se redujo la pobreza, la desocupación y el trabajo no registrado y se duplicó la clase media. En 2012 comenzó un largo período dificultades económicas y deterioro de los indicadores sociales, en el marco de la Gran Recesión mundial y especialmente de la crisis económica de Brasil, con una inflación cercana al 30%, aunque los datos oficiales continuaron indicando tasas menores. El gobierno tomó medidas como el establecimiento de regulaciones para la compra de dólares, el aumento de gasto público y diversos tipos de subsidios a la industria y los servicios públicos. Durante sus dos períodos el PBI creció de 329 mil millones a 548 mil millones de dólares en 2014.
En las elecciones presidenciales de 2015, el macrismo venció al kirchnerismo y al peronismo no kirchnerista. Fue elegido presidente Mauricio Macri (quien fue Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2007 a 2015), de la Propuesta Republicana (PRO), con la alianza electoral Cambiemos. Se inició una etapa de cambio completo de la orientación que habían tenido hasta ese momento las políticas de los gobiernos kirchneristas. El nuevo gobierno aplicó una serie de medidas como la libre adquisición de moneda extranjera, rebajas a las retenciones a las exportaciones de soja y otros cereales, así como a las exportaciones mineras, lo que condujo a un ascenso del PBI y la actividad productiva del país. A comienzos de 2016, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue modificada por decreto de Mauricio Macri, flexibilizando sus normas antimonopólicas. Aumentaron las tarifas de la energía y el precio de los combustibles, que fueron dolarizados. En 2018 Argentina sufrió una fuerte salida de capitales, que produjo una devaluación del peso en un 135% y llevó al gobierno a volver al FMI, con un aumento considerable de la deuda externa. Contrayendo deuda por emisión de bonos, el gobierno argentino acordó pagos a los Fondos buitre en litigio con el país por cifras mayores a las demandadas por los mismos; Un primer pago de 9300 millones de dólares, cuestionado en la justicia, dio lugar a una «tercera generación», una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda previos. En menos de dos años (entre diciembre de 2015 y junio de 2017) la deuda emitida por el gobierno argentino fue casi 100 mil millones de dólares, alcanzando la cifra de 216.351 millones de dólares en diciembre de 2017. En 2019 hubo otra devaluación del 50%, fuga de capitales.
En las elecciones presidenciales de 2019, el presidente Macri buscó la reelección pero fue vencido por el candidato peronista Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. El inicio del gobierno coincidió con la declaración de la pandemia de COVID-19.
La etapa histórica inmediatamente anterior (1983-2003) se caracterizó principalmente por la consolidación de la democracia en Argentina por primera vez, luego de casi un siglo de procesos democráticos interrumpidos por golpes de Estado.
El marco internacional estuvo definido por la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría (1947-1991), la disolución de la Unión Soviética y el proceso de globalización abierto en la década de 1990, que generalizó en todo el mundo los principios del llamado "libre comercio" según el pensamiento neoliberal, bajo hegemonía estadounidense. Sobre el final del período, se inició un vigoroso crecimiento de China -que se volvería decisivo en el período siguiente-, se produjo un gran aumento del precio de las materias primas y el petróleo conocido como "boom de los commodities" -beneficiando a los países latinoamericanos-, y el mundo fue sacudido por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que indujeron una fuerte militarización de Estados Unidos.
Durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) se inició el proceso de integración regional que tomaría el nombre de Mercosur; se enjuició a las juntas militares por crímenes de lesa humanidad pero también se sancionaron las leyes de impunidad que frenaron las investigaciones; finalmente la crisis de la deuda externa tomada por la última dictadura desembocó en la hiperinflación de 1989 y 1990.
Durante las dos presidencias del peronista Carlos Menem (1989-1999) se realizó una profunda reforma liderada por el ministro Domingo Cavallo, que cambió de raíz la economía argentina, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington. El eje de la reforma fueron la convertibilidad del peso y el dólar que frenó la inflación y el proceso de privatizaciones del amplio sector estatal que poseía la Argentina: petróleo, gas, siderurgia, ferrocarriles, energía eléctrica, teléfonos, marina mercante, fondos de jubilación y pensión, etc. La reforma económica incluyó una reforma laboral con el fin de "flexibilizar" las leyes laborales. El Fondo Monetario Internacional que en 1998 puso a la Argentina como ejemplo para el mundo.
Simultáneamente con la reforma económica se produjo una transformación estructural de la sociedad argentina. En 1994 apareció por primera vez el desempleo masivo, la muy baja criminalidad que tenía el país pasó a estar entre las más altas del mundo, apareció un creciente sector de personas excluidas que conformaron un amplio sector de economía informal, y se originó un extenso movimiento de desocupados llamado piqueteros, que recurrió al bloqueo de calles y rutas como forma de protesta.
La presidencia del radical Fernando de la Rúa (1999-2001) continuó la política económica menemista, al punto que también nombró como ministro a Domingo Cavallo ya su segundo Federico Sturzenegger. Luego de varios años de recesión y fuga de capitales, con fuerte apoyo del Fondo Monetario Internacional mediante planes como el Megacanje y el "Blindaje", el país sufrió una crisis generalizada, en la que fueron asesinados decenas de manifestantes. En un estado de disolución institucional, De la Rúa renunció el 20 de diciembre de 2001, en medio de una pueblada que tenía como consigna "Que se vayan todos". El país entró en estado de default de su enorme deuda externa y durante doce días no fue posible reconstituir un Poder Ejecutivo estable.
Finalmente el Congreso de la Nación eligió como presidente al peronista Eduardo Duhalde (2002-2003) para finalizar el mandato de De la Rúa. En 2002 Argentina alcanzó los índices de pobreza, desocupación, y criminalidad más altos de su historia. Duhalde, apoyado activamente por el expresidente radical Raúl Alfonsín y la Iglesia Católica, dispuso salir de la convertibilidad mediante un cuestionado proceso de pesificación asimétrica compulsiva, y creó casi dos millones de planes sociales (Plan de Jefas y Jefes de Hogar) para atenuar la catástrofe humanitaria.
Al aproximarse las elecciones presidenciales de 2003, los dos grandes partidos político argentinos (peronismo y radicalismo) habían estallado, y cada una de esas corrientes se presentaron separadas con tres candidatos cada una, destacándose el expresidente Carlos Menem como líder de la principal corriente conservadora. El presidente Duhalde había tenido problemas para presentar un candidato que expresara a un peronismo no menemista, y luego de que rechazaran la candidatura los gobernadores Carlos Reutemann y José Manuel De la Sota, de las importantes provincias de Santa Fe y Córdoba, así como Mauricio Macri que también fue tentado, debió recurrir a un candidato poco conocido, gobernador de la poco poblada provincia patagónica de Santa Cruz: Néstor Kirchner. Por entonces era habitual decir que Kirchner carecía de poder propio y que se trataba de una marioneta de Duhalde.
Las elecciones presidenciales de 2003 estaban previstas para la segunda mitad del año, debiendo asumir la persona que resultara electa el 10 de diciembre de ese año. Sin embargo los asesinatos de Kosteki y Santillán, dos dirigentes sociales, por parte de la policía, provocó una crisis política y obligó a al presidente Duhalde a adelantar la entrega del mando al 25 de mayo de 2003.
La fecha para la primera vuelta electoral se estableció para el 27 de abril de 2003. Debido a que la Crisis de 2001 había llevado al estallido de los dos grandes partidos políticos argentinos, se presentaron seis candidatos con posibilidades, tres de origen peronista (Carlos Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá) y tres de origen radical (Elisa Carrió, Ricardo López Murphy y Leopoldo Moreau).
La elección resultó sumamente pareja y los primeros cinco candidatos obtuvieron entre 24% de los votos el primero y 14% el quinto. Primero resultó Carlos Menem (24,4%) y segundo resultó Néstor Kirchner (22,2%). Aunque ambos eran peronistas, estaban profundamente enfrentados: Menem proponía la continuidad de las políticas neoliberales que había implementado en la década de 1990, mientras Kirchner proponía la continuidad de las políticas desarrollistas implementadas por Duhalde, mostrando también su simpatía por los nuevos gobiernos latinoamericanos que rechazaban el modelo del Fondo Monetario Internacional, como los de Hugo Chávez en Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
Debido a la escasa cantidad de votos obtenidos por Menem, la Constitución obligaba a realizar una segunda vuelta contra Kirchner. Sin embargo Menem se retiró de la competencia electoral cuando tomó conocimiento que todas las encuestas anticipaban una victoria aplastante de Kirchner. La decisión de Menem consagró a Kirchner, acompañado por Daniel Scioli como vicepresidente, pero al mismo tiempo lo debilitó políticamente ya que debió asumir la Presidencia sin haber sido el candidato más votado, apoyado en un magro 22% y sin parlamentarios propios, ya que debido al adelantamiento de la elección presidencial, las elecciones parlamentarias debían realizarse seis meses después. En ese momento el influyente periodista de La Nación, José Claudio Escribano, sostuvo en un artículo muy crítico, que en Estados Unidos se afirmaba que Kirchner no duraría más de un año.
Néstor Kirchner comenzó su presidencia anticipadamente, el 25 de mayo de 2003, debido a la renuncia del presidente Eduardo Duhalde, que había sido elegido por el Congreso para completar el mandato de Fernando de la Rúa, que finalizaba el 10 de diciembre de 2003. Debido a ello debió completar primero el mandato de De la Rúa y luego cumplir su mandato constitucional, gobernando en total cuatro años, seis meses y dieciséis días.
Su primer gabinete se caracterizó por mantener al ministro de Economía Roberto Lavagna. Como Jefe de Gabinete nombró a Alberto Fernández. Sus ministros fueron Aníbal Fernández (Interior), Julio De Vido (Planificación), Carlos Tomada (Trabajo) -quien mantendría el cargo durante tres presidencias, caso único en la historia argentina-, Ginés González García (Salud), Rafael Bielsa (Relaciones Exteriores), su hermana Alicia Kirchner (Desarrollo Social), Daniel Filmus (Educación), Gustavo Béliz (Justicia) y José Pampuro (Defensa).
Uno de los primeros objetivos de Kirchner fue volver a impulsar el juicio político a los cuestionados jueces de la Corte Suprema que formaban la llamada «mayoría automática» menemista. El año anterior la Cámara de Diputados había abierto el juicio político contra la Corte, pero al momento de votar no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios. Pese a ello, la Corte quedó seriamente desprestigiada por las revelaciones sobre los actos de corrupción cometidos y el hecho que la mayoría de los diputados votara a favor del enjuiciamiento de seis de los nueve jueces supremos. Poco después de que la Comisión de Juicio Político reabriera las denuncias contra varios miembros de la Corte, el 27 de junio renunció su presidente, el juez Julio Nazareno, y a fin de año el Senado destituyó a Eduardo Moliné O'Connor. Al año siguiente otro juez supremo fue destituido por el Senado (Antonio Boggiano) y tres renunciaron (Adolfo Vázquez, Augusto César Belluscio y Guillermo López). Para completar la Corte, Kirchner, con acuerdo del Senado y mediante un nuevo procedimiento público con participación ciudadana, designó a cuatro jueces, respetando por primera vez en la historia argentina la paridad entre mujeres y varones: Carmen María Argibay, Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Los cuatro se sumaron a Juan Carlos Maqueda, que había sido designado por el presidente Duhalde.
Kirchner definía la situación socio-económica que recibía como "el infierno". Cuatro años de recesión habían reducido el PBI argentino un 19,3%, alcanzando récords históricos de pobreza (en la que había caído más de la mitad de la población), desempleo y trabajo no registrado.
En sus cuatro años y medio de gobierno, Kirchner revirtió los indicadores. El PBI aumentó un 43,6%, a un promedio de 8,72% anual, constituyendo uno de los períodos de más alto crecimiento de la historia argentina. La pobreza descendió del 51,7% a un valor ubicado entre el 20% y el 38% según las fuentes; el desempleo cayó del 19,7% al 8,5%; y el empleo no registrado descendió del 49,2% al 40,4%.
Kirchner, acompañado por el ministro Lavagna y Guillermo Nielsen (secretario de Finanzas), tuvo que lidiar también con el default de la deuda externa en la que el país había caído al finalizar 2001 y las exigencias del Fondo Monetario Internacional. La deuda externa ascendía a casi 260.000 millones de dólares, que representaban el 153% del PBI. Argentina emprendió entonces la operación de refinanciamiento más grande de la historia, alcanzando un acuerdo con el 76% de los acreedores, con una quita del 75% de la deuda. Poco después Kirchner canceló la deuda pendiente con el Fondo Monetario Internacional.
En materia de derechos humanos se produjo un cambio de 180 grados relacionado con las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980, que se habían detenido completamente debido a las llamadas leyes de impunidad, dictadas durante las presidencias de Alfonsín y Ménem. Por un lado el Congreso Nacional anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y por otro lado la Corte Suprema confirmó las múltiples sentencias de los tribunales declarando la nulidad de los indultos a los represores. Las causas fueron reabiertas y hacia 2015 habían sido condenados 613 personas por haber cometidos crímenes de lesa humanidad, entre ellas varias que ocuparon altos cargos en la última dictadura. Simultáneamente las Abuelas de Plaza de Mayo continuaron recuperando nietos y nietas cuya identidad había sido suprimida, sumando 48 personas entre 2003 y 2015, que totalizaban 119.
En materia laboral se registró una etapa de aumento del poder sindical, apoyado por primera vez en la historia argentina en un proceso de paritarias (negociaciones colectivas obrero-patronales por rama) anuales y un incremento de la cantidad de delegados (representantes sindicales elegidos en los lugares de trabajo) que pasó de 20.000 delegados en 2003 a un estimado de 75.000-100.000 delegados en 2015.
En política internacional se destacó la IV Cumbre de las Américas realizada en 2005 en Mar del Plata, donde en un hecho sin precedentes en las relaciones panamericanas, una alianza de países latinoamericanos liderados por Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, enfrentó a Estados Unidos y logró anular el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que ese país había logrado aprobar en 1994 y debía comenzar a implementarse ese año.
Otros hechos destacados del período fueron:
En 2005 se realizaron elecciones nacionales legislativas que saldó la ruptura política entre Kirchner y Duhalde, ambos peronistas, pero con el primero más volcado al centroizquierda y el segundo más volcado al centro. La confrontación decisiva se produjo en la Provincia de Buenos Aires donde la candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner venció con un 45% de los votos, superando a Hilda Duhalde, por más de 25 puntos porcentuales.
La ronda electoral de 2007 fue anticipada por dos resultados electorales inusuales: la victoria del socialista Hermes Binner como gobernador de la importante provincia de Santa Fe, primera vez en la historia argentina que un socialista accedió a un cargo de esa importancia; y la victoria de la alianza centroderechista Propuesta Republicana, más conocida como PRO, liderada por el poderoso empresario Mauricio Macri, en la Ciudad de Buenos Aires.
En las elecciones presidenciales el kirchnerismo reunió un amplio frente electoral de centroizquierda, que incluyó a varios de los principales líderes de la Unión Cívica Radical y presentó la fórmula integrada por la peronista Cristina Fernández de Kirchner y el radical Julio Cobos. La fórmula obtuvo un amplio triunfo en primera vuelta, con un 45,25% de apoyo electoral, duplicando los votos obtenidos en la elección anterior y tomando una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre la principal fuerza de oposición, un frente de centroizquierda también liderado por una mujer, Elisa Carrió. Fue la primera vez en la historia argentina que una mujer encabezó la fórmula presidencial victoriosa.
A poco de iniciar su mandato presidencial el 10 de diciembre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner debió enfrentar un paro patronal agropecuario, con corte generalizado de rutas en todo el país, que se extendió durante 127 días y se convirtió en el más largo de la historia argentina. La protesta patronal tuvo como objetivo oponerse a la Resolución 125 firmada por el ministro de Economía Martín Lousteau, que establecía un sistema móvil de retenciones (impuestos) a las exportaciones de soja y otros cereales. El conflicto se decidió en el Congreso Nacional cuando el vicepresidente Julio Cobos desempató la votación en sentido contrario al gobierno del que formaba parte, para favorecer a los huelguistas. Durante el paro rural se desató también una "guerra abierta" entre el gobierno y el Grupo Clarín, el mayor multimedio de Argentina y uno de los más poderosos de América Latina.
Cuando el conflicto agropecuario se encontraba en su fase final, estalló la Crisis financiera de 2008, derrumbando la economía mundial (-1,7%) y con ella la argentina, cuyo PBI creció menos ese año (4,5%) y cayó fuertemente al año siguiente (-5,9%). Pese a ello, la economía argentina se recuperó rápidamente y el PBI creció un 16% en 2010 y 2011.
Durante este mandato se reestatizaron los fondos jubilatorios y de pensión (privatizados en la época de Menem) y se formó un Fondo de Garantía de Sustentabilidad para respaldar el sistema. Se creó la Asignación Universal por Hijo y se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario que reconoció el derecho al matrimonio de las personas del mismo género o sexo. En el ámbito internacional impulsó la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La pobreza continuó la tendencia a la baja que había mostrado durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero diversos sectores manifestaron discrepancias sobre el modo de cuantificarla, en línea con el debate mundial en las Naciones Unidas. Desde entonces conviven la medición estatal (interrumpida en 2014 y 2015), que tiende a estimar números más bajos de pobreza, con los cálculos de dos instituciones privadas, la Universidad Católica Argentina y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que utilizan métodos que dan tasas de pobreza más altas. Para la CTA cuando Cristina Kirchner asumió el mando, la pobreza era del 38% y al finalizar su primer mandato se había reducido al 29%. Para el PNUD, en base a datos del Banco Mundial, que establecía la línea pobreza en 2007 en dos dólares diarios, la tasa para Argentina correspondiente al informe 2007/2008 fue de 17,4%, pero a partir de 2010 el PNUD abandonó ese tipo de cálculo para orientarse a un enfoque multidimensional. También siguió disminuyendo el desempleo, que pasó del 8,47% en 2007 al 7,18% en 2011, el promedio más bajo desde 1992.
Otros hechos sucedidos en el período fueron los siguientes:
El 27 de octubre de 2010 falleció Néstor Kirchner. El hecho desencadenó una imprevista movilización masiva de jóvenes a la Plaza de Mayo para expresar su pesar, que se reflejó en un aumento exponencial de la militancia kirchnerista.
En las elecciones presidenciales el kirchnerismo ganó por tercera vez consecutiva alcanzando el 54% de los votos en primera vuelta, superando los porcentajes de 2003 (22%) y 2007 (45%), por una diferencia de 37,7 puntos porcentuales con el segundo, la más amplia de la historia argentina. El Frente para la Victoria volvió a presentar la candidatura presidencial de la peronista Cristina Fernández de Kirchner, esta vez acompañada por su exministro de Economía, el también peronista Amado Boudou, que había sido autor de la iniciativa de reestatizar los fondos de jubilaciones y pensiones, considerados por varios analistas como la reforma de mayor impacto de la era kirchnerista.
Segundo resultó el Frente Amplio Progresista, con la candidatura del socialista Hermes Binner (16,81%). Por tercera elecciones presidencial consecutiva la Unión Cívica Radical no resultó ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias, consolidando el fin del bipartidismo peronismo-radicalismo que emergió como una de las características que aparecieron luego de la Crisis de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001.
Durante este mandato se reestatizó la que fuera históricamente la empresa estatal petrolera YPF, que en 2012 anunció que el yacimiento petrolífero y de gas no convencional Vaca Muerta convertía a la Argentina en una de las mayores reservas del mundo de hidrocarburos de esquisto (shale), segundo en gas y cuarto en petróleo. Se extendió la jubilación para amas de casa y trabajadores precarizados, y se aprobaron las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de identidad de género. En el ámbito internacional impulsó la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Con respecto a la criminalidad, en 2015 Argentina tuvo una tasa de homicidios de 6,6 personas cada cien mil habitantes, luego de haber alcanzado su pico histórico en 2002, con 9,2 homicidios cada cien mil habitantes, lo que significó un 40% de reducción.
La campaña electoral tuvo muchos aspectos polémicos, influenciada por el auge de las fake news (noticias falsas) de grueso calibre y la manipulación de las redes sociales mediante el uso ilegal del big data. Entre los casos y episodios más destacados se encuentran la denuncia por haber sido autor intelectual de un triple asesinato contra el candidato del Frente de la Victoria a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, realizada por el principal grupo multimedio junto a un sector de la alianza de Cambiemos; la contratación por la campaña de Mauricio Macri de la empresa Cambridge Analytica, la misma cuya actuación fue cuestionada y sancionada en las elecciones de Estados Unidos; el debate televisivo entre los dos principales candidatos, donde el futuro presidente prometió puntos decisivos de la campaña (pobreza cero, no devaluación, derogación del impuesto a las ganancias para trabajadores, reducción de la inflación a un dígito, un millón de créditos hipotecarios, no volver al Fondo Monetario Internacional, no realizar un "ajuste"), que la mayoría de las personas encuestadas tres años después consideraron no cumplidas y pasibles de sanción.
Las elecciones presidenciales de 2015 necesitaron dos vueltas (balotaje), por primera vez en la historia argentina. La primera vuelta se realizó el 25 de octubre, resultando primero el peronista Daniel Scioli (37,08%) por el oficialista Frente para la Victoria, segundo Mauricio Macri (34,15%) por la alianza Cambiemos (PRO-Unión Cívica Radical-Coalición Cívica ARI) y tercero Sergio Massa (21,39%), por la alianza Unidos por una Nueva Alternativa (UNA).
Debido a que ninguna fuerza obtuvo la mayoría exigida por la Constitución para resultar elegida en la primera vuelta (más del 45% o más del 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo), se realizó una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados (Scioli y Macri) el 22 de noviembre.
La elección resultó sumamente pareja obteniendo el triunfo Macri con 51,34% de los votos, sobre Scioli que obtuvo 48,66%. Como vicepresidenta resultó elegida Gabriela Michetti, también del PRO.
Los principales objetivos del gobierno de Mauricio Macri eran alcanzar la "pobreza cero", reducir la inflación a un dígito, y generar una "lluvia de dólares" que sostuviera un largo período de crecimiento económico. Para ello llevó adelante una política llamada de "sinceramiento" de precios, que tuvo como objetivo modificar algunos precios relativos, principalmente aumentando los precios del dólar, los combustibles, los alimentos y las tarifas de servicios públicos (transporte, electricidad y gas). Simultáneamente redujo los impuestos a las exportaciones de granos y minerales, de mala manera, para "compensar" la reducción de los ingresos fiscales con un aumento récord de la deuda externa.
En su tercer año de gobierno, la inflación no se redujo y la "lluvia de dólares" no se produjo, dada la inviabilidad fiscal del país. En el mes de abril se inició una corrida cambiaria, por insuficiencia de divisas para cubrir la salida de dólares (déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos), que produjo una devaluación del peso argentino de más de un 100% (de $17 en agosto de 2017, a $40 en agosto de 2018), y del 400% desde el comienzo de su gobierno.
La crisis cambiaria produjo una crisis económica generalizada, con recesión, severa caída del salario real y el consumo, aumento de la pobreza, la inflación y del riesgo de default de la deuda externa, que llevó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que el ministro de Economía Nicolás Dujovne había prometido no realizar.
El 20 de junio de 2018 el gobierno de Macri firmó un Acuerdo Stand-By con el FMI por 50.000 millones de dólares, con el fin de garantizar el pago de los intereses de la deuda externa a los acreedores privados; la operación fue cuestionada y considerada como una "exageración" por el Financial Times. En las semanas siguientes Argentina utilizó los 15.000 millones de dólares del primer tramo del préstamo del FMI para vender dólares en el mercado cambiario, habilitando una fuga de capitales por el mismo monto. El 11 de septiembre la directora del FMI Christine Lagarde dio las primeras señales de descontento sobre el modo en que el gobierno argentino estaba utilizando el préstamo, declarando que pretendía "claridad, transparencia, información adecuada y debida para los operadores de mercado, y comunicación mejorada". Dos semanas después el FMI y Argentina firmaron un nuevo acuerdo, el más grande de la historia del Fondo, ampliando en 7100 millones de dólares el monto anterior (U$S 50.000 millones), pero con la prohibición de utilizar el dinero para intervenir en el mercado cambiario, la exigencia de tener en 2019 un presupuesto con "cero déficit" primario (es decir, sin contar el pago de intereses), una inflación menor a 23% en 2019, adelantando a 2019 los desembolsos previstos para 2020, cuando ya habría finalizado el mandato de Macri.
El año 2018 finalizó con una caída del PBI del 2,3% medido en pesos (el segundo país del mundo con mayor caída), y de 25% medido en dólares, pasando de 637.000 millones de dólares en 2017, a 475.000 millones de dólares en 2018, una cifra inferior a todas las alcanzadas a partir de 2011. Socialmente la pobreza aumentó un 20%, del 25,7% en 2017 al 32%, provocando que 2,6 millones de personas más cayeran por debajo de la línea de pobreza. La indigencia o pobreza extrema, aumentó un 50%, pasando de 4,8% en 2017 al 6,7%. Durante el año se perdieron 191.300 puestos de trabajo registrados, que representaban el 1,5% del total.
En 2019 hubo otra devaluación de más del 50%, una fuga de capitales que llegó a ser récord histórico, una inflación anual superior al 57% que fue la más alta en 30 años, una caída del salario real superior al 10% durante ocho meses que no llegó a ser compensada, y la pobreza aumentó de 27,3% en el primer semestre de 2018 a 35,4% en el primer semestre de 2019, que llevó a 3,7 millones de personas de la clase media a caer bajo la línea de pobreza. En diciembre de 2019, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina informó que según sus datos, los indicadores sociales empeoraron considerablemente durante el mandato de Macri; la pobreza aumentó un 36% pasando del 30% de la población en 2015, al 40,8% en el tercer trimestre de 2019, mientras que la indigencia (alimentaria) se duplicó, pasando del 4,5% de la población en 2015, al 8,9% en el tercer trimestre de 2019.
El FMIgate es una investigación judicial iniciada en Argentina en marzo de 2021, sobre un eventual acto de corrupción cometido mediante el acuerdo que el entonces presidente Mauricio Macri realizó con el Fondo Monetario Internacional el 7 de junio de 2018, por el cual el organismo internacional prestó a ese país una suma de 50.000 millones de dólares (luego ampliado a 57.000 millones), el más grande en la historia de esa organización, de la cual entregó 44.500 millones. El acuerdo ha sido señalado como un acto criminal, tanto por el modo en que fue tramitado sin cumplir los pasos legales, el uso que la administración Macri dio al al dinero, no contemplado en el acuerdo y prohibido por el Estatuto del FMI, y por la omisión de analizar las condiciones de sustentabilidad y repago. Fueron imputados el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.
Durante el gobierno de Macri, la deuda externa (en dólares) pasó de 63.580 millones de dólares en diciembre de 2015 (14% del PBI) a 167.514 millones de dólares en junio de 2019 (40% del PBI), un aumento del 163% en términos nominales y del 185% en relación al PBI. Cerca de la mitad del incremento de la deuda externa (u$s 103.934) fue causado por el préstamo efectivamente entregado por el FMI (u$s 44.500).
La causa fue iniciada por la Oficina Anticorrupción y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, bajo el número 3561/2019 y carátula «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública». Las irregularidades del caso también son investigadas desde marzo de 2021, en forma independiente, por el Fondo Monetario Internacional.
El proceso electoral de 2019 tuvo aristas complejas cuando las elecciones primarias PASO realizadas el 11 de agosto mostraron que los adherentes al opositor Frente para Todos (peronistas-kirchneristas) superaban con holgura al oficialista Juntos por el Cambio (macristas-radicales), hasta el punto de ser considerado por los observadores como un hecho irreversible.
El resultado de las PASO generó una situación política y económica de gran complejidad, debido a que el candidato opositor comenzó a ser considerado como el casi seguro futuro presidente, mientras que simultáneamente se daba por hecho que Macri no conseguiría la reelección, a pesar de que legal y formalmente las PASO eran estrictamente elecciones internas de cada fuerza y que solo las elecciones del 27 de octubre podían establecer quien sería el presidente a partir del 10 de diciembre. El propio Macri sostuvo que, en materia económica, su gobierno terminó el 11 de agosto, por decisión del mercado. En esas condiciones la situación económica se deterioró mucho.
Finalmente, en las elecciones del 27 de octubre, resultó vencedor Alberto Fernández, del Frente de Todos, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvieron 48,24%. Por su parte, el presidente en ejercicio Mauricio Macri no obtuvo su reelección y resultó derrotado con un 40,28%. La Constitución establece que si una fórmula supera el 45 % de los votos afirmativos, resulta ganadora.
El 10 de diciembre de 2019 asumió la presidencia Alberto Fernández, miembro del Partido Justicialista y candidato del Frente de Todos. Al asumir declaró que los objetivos prioritarios de su gobierno serían luchar contra el hambre y la inseguridad alimentaria y sanear el fuero federal del Poder Judicial para evitar que sea manipulado por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros, linchamientos mediáticos y/o que este en manos del gobierno de turno.
Al asumir el gobierno más de 15 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria, cantidad que había crecido un 80% respecto del período 2014-2016. Ante la situación alimentaria crítica de un sector sustancial de la población, una de sus primeras medidas fue crear el programa "Argentina contra el hambre" por el cual se reparten tarjetas a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH cuyo dinero sería proporcionado por el estado nacional y esa plata solo podría ser utilizada para comprar comida y bebidas no alcohólicas.
Simultáneamente, el nuevo gobierno se encontró con una situación crítica de la deuda externa, que lo ponía ante la inminencia de un "default abierto", como el que hizo estallar la Crisis de 2001, debido a que Macri tuvo una política de alto endeudamiento con pago de intereses a partir de 2020. En total, había que pagar 63.805 millones de dólares en 2020 (equivalente a 17% del PBI de 2019) y un total de 200.145 en el período 2020-2023. El presidente Fernández inició una estrategia de relaciones con Israel, el Vaticano, las nuevas autoridades del Fondo Monetario Internacional y varios países europeos, para generar un clima favorable a una renegociación de la deuda que permitiera tanto atender las necesidades sociales, como impulsar una agenda de crecimiento. Las expectativas de la prensa argentina eran muy negativas sobre la posibilidad de arribar a un acuerdo con los acreedores, llegando a comparar públicamente al ministro de Economía Martín Guzmán con Sacachispas, un club de fútbol de segunda.
Casi inmediatamente se declaró la pandemia del coronavirus. El gobierno de Macri había disuelto el Ministerio de Salud y reducido su presupuesto. El primer día de su mandato Fernández restableció el Ministerio de Salud y declaró la emergencia sanitaria. En marzo, cuando aparecieron los primeros casos en el país, Fernández se reunió con todos los gobernadores de provincia y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para acordar un esquema sanitario coordinado por la Nación y decretó una cuarentena obligatoria en todo el país que comenzó el 20 de marzo, que se flexibilizó a partir de junio, en parte porque las provincias establecieron sus propias políticas sanitarias y en parte porque un sector de la población fue dejando de cumplir las normas sanitarias preventivas, en lo que la prensa denominó una "desobediencia civil de hecho", influida por un considerable movimiento anticuarentena. Inicialmente, durante el tiempo que las medidas sanitarias se cumplían generalizadamente, la tasa de contagios y de muertes fue notablemente menor que en los países comparables de América del Sur y se mantuvo principalmente confinada en el Gran Buenos Aires. A partir de agosto, la tasa de contagio y muertes comenzó a subir, generalizándose en todo el país. Al inicio de septiembre, Argentina mantenía una tasa de mortalidad más baja que sus vecinos comparables, con 213 fallecimientos cada millón de habitantes, un resultado comparativamente mejor que Perú (890), Chile (600), Brasil (590), Bolivia (457), Colombia (410) y Ecuador (377).
El 31 de agosto el gobierno anunció un acuerdo de reestructuración del 99% de la deuda externa, disminuyendo en 37.700 millones de dólares los pagos a realizar durante una década y reduciendo la tasa de intereses del 7% al 3,07%. Teniendo en cuenta dicho ahorro el gobierno informó que el presupuesto 2021 contemplaría un déficit del 4,5% del PIB.
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