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Conectar Igualdad



Conectar Igualdad es una iniciativa del gobierno argentino, con el fin de entregar netbooks a estudiantes de escuelas primarias y secundarias del país. Fue lanzada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y eliminada durante la presidencia de Mauricio Macri en 2018, hasta ser retomada por Alberto Fernández en 2020.[1]

La iniciativa estuvo enfocada en reducir las brechas digital, educativa y social en el territorio argentino. Se trato de una política de Estado en la que intervinieron la Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.[2][3][4]

El programa recibió premios en el extranjero y de diferentes organismos internacionales, entre ellos una distinción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y por la Cumbre Iberoamericana, entre otros.[5][6][7]

El programa Conectar Igualdad fue lanzado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010 bajo el nombre de Programa ConectarIgualdad.com.ar,[8]​ mediante decreto N° 459/10.

Desde 2010 la Ansés inició un plan de entrega y puesta en funcionamiento de dos millones de netbooks con acceso a Internet a todas las escuelas públicas primarias y secundarias del país. El programa se financió en sus primeros años a partir de ingresos generados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES).

Al día 1 de julio de 2015, se habían entregado 5 millones de computadoras, y además se construyeron 1428 aulas digitales en todo el país.[9]

En marzo de 2016, el presidente Mauricio Macri anunció la continuidad del programa. Mediante el Decreto N° 1239/16[10]​, se transfirió el programa Conectar Igualdad del ámbito de la ANSES a la órbita de Educ.ar, dependiente del Ministerio de Educación,[11]​ pero para la fecha la entrega de equipos había disminuido significativamente en relación al año anterior.[12]​ Simultáneamente, el gobierno nacional transfirió a las provincias la ejecución del programa, siendo que las mismas no cuentan con fondos para solventarlo, y luego del despido de unos 60 empleados de la gestión central.[13][14][13]

El 26 de abril de 2018, se anunció la creación, bajo el Decreto Presidencial N° 386/2018, del Programa "Aprender Conectados", en reemplazo de Conectar Igualdad.[15][1]

Tras el cambio de gobierno luego de las elecciones presidenciales, el ministro de educación Nicolás Trotta anunció el 18 de diciembre de 2019 que el programa conectar igualdad regresaría, siendo confirmado por el presidente Alberto Fernández tres días después[16]​. Finalmente tanto Conectar Igualdad, como su sucesor Aprender Conectados fueron reemplazados por el Plan Juana Manso.[17]

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Como política de inclusión digital, Conectar Igualdad consistía en un comienzo en la entrega en todo el país de tres millones y medio de computadoras subportátiles tipo Classmate PC a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, especial y de formación docente, en un plazo aproximado de tres años.[2]​ Adicionalmente, el programa desarrolló contenidos digitales utilizables en distintas propuestas didácticas y trabaja en los procesos de formación docente, con la intención de transformar modelos, procesos y paradigmas de aprendizaje y enseñanza.[18][19]

Conectar Igualdad contempló tanto el uso de las portátiles en el ámbito escolar como en el hogar, buscando un impacto a nivel social que trascienda el ámbito educativo. De esta manera, el programa Conectar Igualdad tenía por objetivo alfabetizar a la sociedad en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), democratizando el acceso a los recursos tecnológicos y a la información, sin discriminación social, económica ni espacial, llegando a todo el país.[2]

El financiamiento de este programa provenia de la reasignación de partidas presupuestarias del Presupuesto Nacional,[20][21]​ con una inversión aproximada de 4 mil millones de pesos. Además de financiar una computadora por estudiante y docente, las inversiones también fueron en el sentido de adecuar la infraestructura de los colegios, instalar antenas para proveer internet inalámbrica en todo el país y capacitar a los docentes.[3][22]

En 2010 posterior a la promulgación del decreto 459/10 se aprobó la resolución 123/10 del Consejo Federal de Educación que enunciaba los lineamientos políticos pedagógicos del programa. A partir de este marco legal se conformó un equipo nacional encargado de la implementación del mismo, liderado por un coordinador y equipos técnicos. Paralelamente, se constituyó una estructura en cada una las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformada por un Coordinador/a que integra la mesa federal del Programa, equipos técnicos jurisdiccionales (ETJ) y equipos técnicos territoriales (ETT). La constitución de estos equipos (que en la actualidad comprenden más de 800 personas) implicó también la formación de perfiles profesionales inéditos en el campo de la educación, comunicación y la tecnología educativa.

Estos equipos desarrollaron una estrategia territorial que se despliega en tres grandes dimensiones:

Dimensión administrativa: Una de las tareas fundamentales de este equipo es acompañar a los establecimientos escolares en las tareas administrativas imprescindibles para garantizar la logística de entrega de equipamiento. Estas tareas implican principalmenteː

Para poder cumplir los objetivos planteados, se desarrolló un sistema operativo propio para el programa, Huayra. Este es un sistema operativo de software libre, basado en Debian GNU/Linux, desarrollado en el seno del programa Conectar Igualdad a partir de las necesidades de los estudiantes, docentes y de la comunidad educativa en general. Huayra toma su nombre del vocablo quechua que significa «viento» y es desarrollado por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres, que tiene por objetivo generar e impulsar experiencias de investigación y desarrollo en el campo de las tecnologías libres en el país, contribuir a la soberanía e independencia tecnológicas y apoyar la gestión de la administración pública y la comunidad.[24][25]



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