El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el ministerio de la Nación Argentina encargado de asistir al Presidente de la Nación, y al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Defensor del Pueblo y con el Consejo de la Magistratura, en la actualización de la legislación nacional, y a requerimiento del Presidente de la Nación en el asesoramiento jurídico y en la coordinación de las actividades del Estado referidas a dicho asesoramiento.
Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dependen importantes organismos como la Procuración del Tesoro de la Nación, Escribanía General de Gobierno, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Justicia, Oficina Anticorrupción, INADI, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, el Sistema Argentino de Información Jurídica, los registros (inmuebles, autor, automóviles, armas, reincidencia), el Servicio Penitenciario Federal, etc.
De acuerdo a la Ley 22 520, sus competencias son «asistir al Presidente de la Nación, y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en las relaciones con el PODER JUDICIAL, con el MINISTERIO PÚBLICO, con el Defensor del Pueblo y con el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, en la actualización de la legislación nacional, y a requerimiento del Presidente de la Nación en el asesoramiento jurídico y en la coordinación de las actividades del Estado referidas a dicho asesoramiento, sin perjuicio de la competencia propia e independencia técnica de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN…»
A lo largo de la historia argentina, el Ministerio de Justicia se ha organizado autónomamente, o confluyendo con Educación o con Interior. Apareció bajo la presidencia de Justo José de Urquiza (1854-1860) como Ministerio de Justicia e Instrucción, siendo su primer ministro Facundo Zuviría, manteniéndose con esa denominación y esa estructura funcional casi 100 años.
En 1949, las reformas constitucionales realizadas ese año eliminaron el límite máximo de ocho ministerios que establecía la Constitución de 1853. Debido a ello, se desdoblaron el Ministerio de Justicia, cuyo primer titular fue Belisario Gache Pirán, y el Ministerio de Educación. En 1955, la Constitución de 1949 fue abolida por un bando militar, reinstalando la Constitución de 1853 y con ella la limitación de los ministerios a ocho. Debido a ello, el Ministerio de Justicia fue fusionado con el Ministerio del Interior, bajo la denominación de Ministerio del Interior y Justicia, pero ese mismo año de 1955, ambos ministerios se desdoblaron, volviendo a aparecer el Ministerio de Justicia.
En 1958, el Presidente Arturo Frondizi volvió a fusionar los ministerios de Justicia y Educación, manteniéndose de ese modo durante las presidencias de José María Guido (de facto) y Arturo Illia. En 1966, Juan Carlos Onganía, desdobló nuevamente ambas funciones, estableciendo un ministerio para cada una, manteniéndose hasta 1983.
El 10 de diciembre de 1983 asumió el Presidente Raúl Alfonsín que dispuso la disolución del Ministerio de Justicia, reapareciendo con la presidencia de Carlos Menem. Durante los dos días del interinato de Ramón Puerta, se fusionaron los Ministerios del Interior y Justicia. Durante los ocho días que duró la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá se restableció la autonomía del área como Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos, retornando al rango de ministerio en 2002. En 2007 la Presidenta Cristina Fernández denominó al ministerio como Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 2010 el Ministerio se divide en el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; de él se desprende Unidad de Auditoría Interna y a su vez, Departamento de Ceremonial, Escribanía General del Gobierno de la Nación, Departamento Comunicaciones y Prensa, Unidad de Información Financiera, Programa de Las Víctimas contra las Violencias y Programa Verdad y Justicia. Todos estos, a excepción de Unidad de Auditoría Interna, están integrados por Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Asuntos Registrales, Secretaría de Justicia y Oficina Anticorrupción. Esta última, está compuesta por Subsecretaría de Planificación Estratégica y Subsecretaría de Coordinación. Finalmente, Secretaría de Derechos Humanos, está constituida por Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
La misma es un servicio a toda la organización y se constituye en un instrumento de gestión para comprobar que se logren los resultados previstos en el marco de la normativa aplicable. En tal entendimiento, los resultados de las tareas de auditoría deben ayudar a implantar y mantener un adecuado ambiente de control en todos los ámbitos y procesos de la organización. La definición de "adecuado ambiente de control" debe entenderse, tal como lo marca el artículo 103 de la Ley 24.156, como un sistema integral e integrado, basado en criterios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad. Con respecto a la misión de la Unidad de Auditoría Interna podemos afirmar que, al ser un órgano de control interno, tiene como fin entender en la planificación, programación y ejecución de las tareas. Es parte integrante del sistema de control interno, dependiendo de la máxima autoridad de la jurisdicción y siguiendo los lineamientos emanados de la Sindicatura General de la Nación, en su condición de órgano rector del sistema. En ese marco, sus actividades estarán orientadas al análisis de la gestión institucional con un enfoque contributivo de asesoramiento y asistencia técnica a la administración activa, en especial a sus máximos responsables.
Hablando de sus competencias y responsabilidades asignadas: Teniendo en cuenta que el objetivo del control no se define por el carácter punitivo, sino que por el contrario, el control más efectivo es aquel que posibilita la modificación de conductas y genera los mecanismos de prevención para que no vuelvan a ocurrir desvíos, el ejercicio de sus funciones está orientado a agregar valor a la gestión de la Jurisdicción, brindando recomendaciones criteriosas y oportunas a quienes son responsables de dar solución a los problemas detectados. Para ello, la acción se basa en el examen posterior de las operaciones, manteniéndola desvinculada de las actividades propias de la gestión del auditado y sustentada en principios éticos y competencias técnicas. Pretende ser un órgano de control con modernas herramientas para ejercer la auditoría e integrado por recursos humanos con una alta formación profesional y académica, posibilitando de tal modo el examen independiente, objetivo, sistemático y amplio del funcionamiento del sistema de control interno vigente en todas las dependencias y actividades de la jurisdicción.
Organismos que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
La actual sede del Ministerio de Justicia es un edificio característico del estilo art decó en Buenos Aires. Llamado originalmente "Palacio Océano", fue proyectado por el arquitecto Jorge Kálnay y el ingeniero German Stein para la Compañía de Seguros "Océano" en 1931. Se terminó hacia 1935, y se encuentra en Sarmiento 329, en plena zona de la city financiera porteña.
Una segunda sede, la Sede Costanera Sur, fue inaugurada por la presidenta Cristina Fernández en mayo de 2014. Ocupando el antiguo edificio administrativo de Tandanor, en la Isla Demarchi de Buenos Aires, que había estado abandonado desde 1983. El inmueble permitiò, además de optimizar las condiciones laborales de 800 trabajadores de la cartera, ahorrar 21 millones de pesos anuales a partir de la desafectación de 16 inmuebles rentados, mientras que con el plan concluido se llegaría a los 40 millones.
Allí se instalaron 14 dependencias: la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, la Dirección de Informática, Tecnología y Sistemas, el Registro de Tierras Rurales, el Registro Nacional de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos, el Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, el Registro de Bienes Decomisados, Logística, Call Center, la Editorial Infojus, el portal Infojus Noticias, Readaptación Social, Infraestructura Penitenciaria y el Consejo Federal Penitenciario.
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