4 237 473 km²
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La Unión Europea (UE) es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui generis de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por veintisiete Estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993.
Los Estados miembros —cuya superficie combinada cubre un área de 4 237 473 km²— son países soberanos independientes que conforman la Unión. Algunos de estos Estados poseen territorios fuera de Europa, los cuales pueden formar parte de la Unión y son denominados generalmente regiones ultraperiféricas. Sin embargo, ciertos territorios europeos de los Estados miembros y varios territorios asociados situados fuera del continente no forman parte de la UE. En su conjunto, el territorio de la UE contaba aproximadamente con 446 millones de habitantes en 2021.
La organización que se convertiría en la UE se creó en el período de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Sus pasos iniciales consistieron en impulsar la cooperación económica ya que —según la versión oficial— «el comercio produce una interdependencia entre los países que reduce las posibilidades de conflicto». Como resultado, la Comunidad Económica Europea (CEE/CE) fue creada en 1958 con el objetivo manifiesto de aumentar la cooperación económica entre sus seis países fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Desde entonces, se han adherido veintidós países más (aunque en 2020 el Reino Unido salió de la UE) y se ha creado un mercado interior.
Para alcanzar sus objetivos comunes, los Estados de la Unión le atribuyen a esta determinadas competencias, ejerciendo una soberanía en común o compartida que se despliega a través de los cauces comunitarios. Así, con el Tratado de Maastricht, la supraestructura «Unión Europea» aunaba y se fundaba sobre las tres Comunidades Europeas preexistentes —la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la CE— y les añadía la política exterior común y la cooperación judicial y policial, formando un sistema complejo conocido como «Los tres pilares». Sin embargo, con la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la Unión Europea sucedió, por completo aunque con ciertas particularidades, a las Comunidades Europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como sujeto de derecho internacional.
La Unión ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, que se rige por procedimientos de funcionamiento interno que conforman un sistema híbrido de gobierno transnacional que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional. Todo esto desemboca en una comunidad de Derecho, cuya naturaleza jurídica y política es discutida, si bien sus elementos fundacionales y su evolución histórica apuntan a una forma de gobernanza supranacional con una inspiración histórico-política de vocación federal —en el sentido de un federalismo internacional nuevo, no de un Estado federal clásico— que se detecta en ámbitos como la ciudadanía europea, los principios de primacía y efecto directo que le son aplicables a su ordenamiento jurídico en relación con los ordenamientos nacionales, el sistema jurisdiccional o la unión monetaria (el sistema del euro).
La UE se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa enmarcado en sus siete instituciones: El Consejo Europeo que ejerce funciones de orientación política general y de representación exterior, y nombra a los jefes de las altas instituciones constitucionales; el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea que ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones; la Comisión Europea que aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas; el Tribunal de Justicia que ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario; el Tribunal de Cuentas que supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios; y el Banco Central Europeo que dirige y aplica la política monetaria única de la eurozona.
Sin un relato europeo claro y pese la evolución institucional que supuso el Tratado de Lisboa, la UE ha tenido dificultades para enfrentar las numerosas crisis que se han presentado desde la entrada en vigor de dicho documento: la Gran Recesión, la Crisis del euro, la deuda soberana de Grecia, los conflictos con Rusia por sus relaciones con Ucrania, el número sin precedentes de refugiados —provenientes de Ucrania, Asia y África, la confusión causada por la salida del Reino Unido, la guerra comercial, y la pandemia de COVID-19. Esta situación ha conducido al desarrollo de un proceso de reforma institucional y readaptación de las políticas comunitarias —que ha tomado fuerza desde finales de los años 2010— en el que el Gobierno Scholz de Alemania se ha comprometido con «la evolución de la UE hacia un Estado federal europeo».
Impulsado por el peso de Richard Coudenhove-Kalergi, fracasó debido a la rivalidad entre Alemania y Francia. Pretendía asentar una federación de carácter paneuropeo que previniera los conflictos internos del continente, así como la creación de vías de resolución pacífica de controversias entre los países europeos.
Aspiraba a reintegrar a Alemania en la sociedad internacional. Gustav Stresemann, Ministro de Exteriores, consiguió incorporar a su país en la Sociedad de Naciones (SDN) en 1926.
La idea del primer ministro francés, Aristide Briand, fue propuesta en un discurso en la asamblea de la SDN en 1929, se centraba en conseguir superar la rivalidad franco-alemana mediante la creación de un eje entre ambos países, que permitiera articular una Unión Europea que previniera un nuevo conflicto. Proponía como principal objetivo la creación de una federación de naciones europeas que buscase la cooperación política y social, así como el crecimiento de la economía.
Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba sumida en la devastación. Alemania estaba destrozada, en términos de pérdidas de vidas humanas y daños materiales. Si bien Francia y Reino Unido resultaron oficialmente vencedoras frente a la Alemania nazi en el conflicto, ambos países sufrieron importantes pérdidas (aunque menores que las de Alemania) que afectaron gravemente a sus economías y su prestigio a nivel mundial.
La declaración de guerra de Francia y Reino Unido a Alemania tuvo lugar en septiembre de 1939. Una vez finalizado el conflicto en Europa el 8 de mayo de 1945, el régimen alemán fue responsabilizado por el inicio de la guerra, ya que su política expansionista le había llevado a ocupar y en algunos casos anexar territorios de otros países del continente. Alemania, que perdió una parte considerable de su territorio anterior a la guerra, fue ocupada por ejércitos extranjeros que dividieron su superficie territorial en cuatro partes, tal y como se consensuó en la Conferencia de Yalta.
En los años posteriores, los resentimientos y la desconfianza entre las naciones europeas, dificultaban una reconciliación. En este contexto el ministro francés de asuntos exteriores Robert Schuman defendió decididamente la creación de Alemania Occidental, resultado de la unión de las tres zonas de ocupación controladas por las democracias occidentales, dejando de lado la zona de ocupación soviética. Schuman, de origen germano-luxemburgués, había poseído las tres nacionalidades (francesa, alemana, luxemburguesa) durante diferentes etapas de su vida. Eventualmente este hecho pudo haberle hecho comprender la complejidad de los conflictos europeos y desarrollar pronto un interés por la unificación europea.
En 1946, Winston Churchill dio un discurso en la Universidad de Zúrich, considerado por varios autores como el primer paso hacia la integración durante la posguerra. Aunque, generalmente se considera que el verdadero primer paso se dio el 9 de mayo de 1950, cinco años después de la capitulación del régimen nazi, cuando Schuman lanzó un llamamiento a Alemania Occidental y a los países europeos que lo deseasen para que sometieran bajo una única autoridad común el manejo de sus respectivas producciones de acero y carbón. Este discurso, conocido como Declaración Schuman, fue acogido de manera dispar dentro de los gobiernos europeos y marcó el inicio de la construcción europea, al ser la primera propuesta oficial concreta de integración en Europa. El hecho consistía en que al someter las dos producciones indispensables de la industria armamentística a una única autoridad, los países que participaran en esta organización encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos.
La propuesta de Robert Schuman fue acogida de forma entusiasta por el canciller de la República Federal de Alemania Konrad Adenauer. En la primavera de 1951, se firma en París el Tratado que institucionaliza la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), concretando la propuesta de Schuman. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (conocidos como “Los seis”), logran un entendimiento que favorece el intercambio de las materias primas necesarias en la siderurgia, acelerando de esta forma la dinámica económica, con el fin de dotar a Europa de una capacidad de producción autónoma. Este tratado fundador buscaba aproximar vencedores y vencidos europeos al seno de una Europa que a medio plazo pudiese tomar su destino en sus manos, haciéndose independiente de entidades exteriores. El tratado expiró en 2002, a pesar de que su función quedó obsoleta tras la fusión de los órganos ejecutivos y legislativos en el seno de la Comunidad Europea, que adquirió personalidad jurídica, y también gracias al Acta Única Europea de 1986.
En mayo de 1952, ya en plena Guerra fría, se firmó en París un tratado estableciendo la Comunidad Europea de Defensa (CED), que permitía el armamento de Alemania Occidental en el marco de un ejército europeo. Cinco miembros de la CECA ratificaron el tratado, pero en agosto de 1954, los parlamentarios franceses lo rechazaron, como consecuencia de la oposición conjunta de gaullistas y comunistas. Es así que el antiguo Tratado de Bruselas de 1948 es modificado para crear la Unión Europea Occidental (UEO) que fue hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999 la única organización del continente encargada de la defensa y la seguridad europea. Aunque reforzó el antiguo tratado, la UEO fue una entidad a la sombra de la OTAN, pese a lo cual se encargó durante su existencia de la defensa de los países europeos ante un hipotético ataque.
Un impulso de importancia mayor llega en 1957 con la firma de los Tratados de Roma. Los seis deciden avanzar en la cooperación en los dominios económico, político y social. La meta planteada fue lograr un “mercado común” que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y de capitales. La Comunidad Económica Europea (CEE) es la entidad internacional, de tipo supranacional, dotada de una capacidad autónoma de financiación institucionalizada por este tratado. Este documento formó una tercera comunidad de duración indefinida, el Euratom.
En 1965, se firma un tratado que fusiona los ejecutivos de las tres comunidades europeas por medio de la creación de la Comisión Europea (CE) y el Consejo de la Unión Europea (CUE). El Acta Única Europea firmada en febrero de 1986 entró en aplicación en julio de 1987, y tuvo por misión el redinamizar la construcción europea, fijando la consolidación del mercado interior en 1993 y permitiendo la libre circulación igualmente de capitales y servicios. Por este tratado, las competencias comunitarias son ampliadas a los dominios de la investigación y el desarrollo tecnológico, medio ambiente y política social. El Acta Única consagró también la existencia del Consejo Europeo, que reúne los jefes de estado y de gobierno e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior (la Cooperación Política Europea) así como una cooperación en materia de seguridad.
El Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, firmado en febrero de 1992 y en vigor a partir de 1993, introdujo una nueva estructura institucional, la cual se mantuvo hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Dicha estructura institucional estaba compuesta por los conocidos tres pilares de la Unión Europea: el primer pilar era el pilar comunitario, que correspondía a las tres comunidades (la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la antigua Comunidad Europea del Carbón y del Acero); el segundo era el pilar correspondiente a la política exterior y de seguridad común, que estaba regulada en el título V del Tratado de la Unión Europea; y el tercero era el pilar correspondiente a la cooperación policial y judicial en materia penal, cubierta por el título VI del Tratado de la Unión Europea. Estos tres pilares funcionaban siguiendo procedimientos de decisión diferentes, ya que el primer pilar funcionaba mediante el procedimiento comunitario, mientras que los otros dos se regían por el procedimiento intergubernamental. El Tratado de Maastricht también creó la ciudadanía europea y permitió circular y residir libremente en los países de la comunidad, así como el derecho de votar y ser elegido en un estado de residencia para las elecciones europeas o municipales. Con este tratado también se decidió la creación de una moneda única europea, el Euro, que entraría en circulación en 2002 bajo control del Banco Central Europeo.
Sin embargo, la labor de la unión fue ensombrecida por la crisis presupuestaria en marzo de 1999. El Parlamento se negó a aprobar a la Comisión de 1996 el presupuesto de la Comunidad por motivos de mala gestión financiera, fraude y nepotismo. El Parlamento estableció un comité para examinar la situación, cuyos resultados fueron publicados el 15 de marzo de 1999 y fueron críticos de la Comisión. Los socialistas, el único partido importante de apoyo al ejecutivo, retiró su apoyo Santer y, con el Parlamento listo para echarlos, toda la Comisión Santer dimitió la misma noche de la publicación del informe. La crisis produjo daños a la posición de la Comisión con el Consejo y el Parlamento desafiando la posición de la Comisión en los siguientes años. En respuesta, el organismo de control anti-fraude de la OLAF fue rápidamente establecido por la Comisión.
En 1999, entró en vigor el Tratado de Ámsterdam que recogía los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, incluyendo explícitamente el principio de desarrollo sostenible. Dos años después se firmó el Tratado de Niza, que entraría en vigor en 2003. Mientras tanto, en 2002, se extinguió la CECA tras finalizar su periodo de validez (50 años), y su ámbito de actuación quedó englobado en el de la Comunidad Europea.
El 1 de mayo de 2004 tuvo lugar la mayor ampliación que se ha dado en la Unión Europea, con la entrada de 10 nuevos miembros de Europa oriental: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. Más tarde, el 29 de octubre de 2004 se firmó en Roma el tratado constitucional. La ratificación del tratado fue iniciada por la aprobación del Parlamento, pero algunos estados convocaron referendos en 2005. El primero fue el que se celebró en España, donde el documento fue aprobado con el 76,73 % de apoyo. Sin embargo, la ratificación alcanzó un obstáculo importante cuando los votantes de Francia y los Países Bajos rechazaron el documento. Esta ratificación en gran medida se detuvo, con solo unos pocos estados tratando de aprobarlo aún. Luxemburgo siguió adelante con su voto y aprobó la constitución en un 57 %. Esto no cambió las cosas, sin embargo, y los dirigentes anunciaron que entraban en un "período de reflexión" sobre el rechazo.
Seguidamente, se incorporaron Rumania y Bulgaria en la ampliación de la Unión Europea de 2007, mientras que el 25 de marzo de 2007 (en el 50.º aniversario de la firma de los Tratados de Roma) los líderes europeos pusieron fin formalmente al "período de reflexión" con la firma de la Declaración de Berlín. La declaración tenía por objeto dar un nuevo impulso a la búsqueda de un nuevo acuerdo institucional antes de realizar las elecciones europeas de 2009. Adentrado ya 2007, el Consejo Europeo acordó que la Constitución había fracasado, a pesar de que la mayoría de las propuestas que incluía el texto se incluyeron posteriormente en la reforma de los tratados de la Unión, en contraposición a la constitución, la cual iba a reemplazar todos los tratados anteriores. De este modo, el 13 de diciembre de 2007, se firmó el conocido como Tratado de Lisboa.
Este tratado tenía como objetivo mejorar el funcionamiento de la Unión Europea mediante la modificación del Tratado de Maastricht y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Roma). Algunas de las reformas más importantes que introdujo el Tratado de Lisboa fueron la reducción de las posibilidades de estancamiento en la toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la UE, la eliminación de los para entonces obsoletos tres pilares de la Unión Europea, y la creación de las figuras de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la UE. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 también hizo que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fuese jurídicamente vinculante para los Estados miembros.
La refundación de la Unión Europea (UE) es el proyecto que busca la reforma institucional y la readaptación de las políticas de dicha organización internacional. Iniciado en 2017, el impulso principal ha sido liderado por la Comisión Europea (CE) y el denominado eje franco-alemán, aunque el término refundación ha sido utilizado principalmente por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y su gobierno. Sin embargo, diferentes actores políticos se han referido a la situación empleando términos variados para reflejar la voluntad de aumentar la capacidad geopolítica, la autonomía estratégica o la soberanía de la Unión. Por ejemplo, el propio Macron utilizó las palabras «relanzamiento, poder, pertenencia» para definir los ejes de trabajo durante la presidencia francesa del Consejo de la UE en 2022, un momento clave en el desarrollo del proyecto.
En medio del creciente desafío al orden europeo por parte del gobierno ruso de Vladímir Putin, y mientras la rivalidad entre China y Estados Unidos se intensificaba, la UE comenzó a debatir la noción de autonomía estratégica, que exige a la organización defender su soberanía y promover sus intereses de manera independientemente. Dicha autonomía de la UE suele vincularse a la defensa, pero esta podría ir más allá, teniedo en cuenta que a nivel internacional las capacidades económicas y tecnológicas han ganado relevancia. Sin embargo, varios líderes de la UE aspiran a dotarla de las capacidades militares que consideran necesarias para garantizar su defensa. En este sentido, el argumento principal en el relanzamiento de la defensa de la UE es el de conseguir la autonomía estratégica.
Entre tanto el gobierno estadounidense de Donald Trump (2017-2021), así con el de su sucesor Joe Biden, asumieron una postura de relativa ruptura respecto a la UE y los Estados miembros de la organización, lo que ha generado una “pérdida de confianza” en la relación bilateral dentro de la clase política y la opinión pública en la UE. Paralelamente, tras el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE —que luego de varios años de incertidumbre condujo a la salida de dicho país de la UE en 2020—, la puesta en marcha de las nuevas relaciones eurobritánicas se han desarrollado en medio de un reforzamiento de la angloesfera que ha chocado con algunos intereses de la UE.
El relato europeo es la narrativa que incide en el proceso evolutivo de la Unión Europea (UE). Sin embargo, numerosos especialistas —como Luuk van Middelaar o Wolfgang Münchau— consideran agotado este relato testimonial y, en consecuencia, no existe consenso sobre la idea del proyecto europeo ni su utilidad. Esta corriente analítica considera que se necesita un nuevo relato si se busca dar continuidad al proceso de integración y la idea misma de Europa que dice representar.
Al comenzar el proceso de construcción europea, ante la dificultad de generar simpatía en una bandera europea, una historia compartida u otros símbolos, los padres fundadores y sus sucesores optaron por implantar un proyecto asentado más en lo práctico que en lo afectivo. Así, aunque inicialmente el relato sobre la necesidad de la construcción europea se centró en la erradicación de la guerra, luego se complementó con las iniciativas en el terreno de la economía. De esta manera, el relativo éxito económico del proceso europeo se transformó en vector de la integración y motivo de la misma desde sus orígenes en los años 1950. Sin embargo, al afectarse el relato europeo tras la controversia sobre el éxito de la integración económica, se ha puesto en cuestión la conveniencia del mismo proyecto europeo.
La Gran Recesión, la pandemia de COVID-19 y la guerra ruso-ucraniana transformaron la realidad europea afectando a su narrativa al introducir la percepción de vulnerabilidad frente a los riesgos de origen externo, así como la idea de un “divorcio” entre la ciudadanía y las instituciones del sistema comunitario. No obstante, la desafección con el proyecto europeo no se relaciona sólo con las citadas crisis, sino también con la percepción de un déficit democrático en la Unión Europea agravado con la pérdida de su aura ligada al éxito económico. Sin embargo, eventualmente estas crisis estarían contribuyendo a consolidar una transformación en la memoria colectiva sobre la construcción europea, especialmente en lo que se refiere al relato europeo surgido de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto viene acompañado del regreso de una historiografía europea más centrada en el conflicto y menos en una historia que da prioridad a la diversidad como valor principal en Europa. En este contexto, los relatos sobre las crisis del siglo XXI varían en función de las de las ideologías y de los Estados miembros donde suelen ser instrumentalizadas por intereses políticos nacionales.
Los Estados miembros de la Unión Europea son los países soberanos que forman parte de dicha organización. Su número ha aumentado desde los seis Estados fundadores a los veintisiete que hoy conforman la unión: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Este incremento se debe a que la comunidad ha experimentado sucesivas ampliaciones que han extendido sus fronteras hasta abarcar en la actualidad la mayor parte del territorio continental bajo la gobernanza común de la Unión Europea.
Todos los Estados miembros son partes de los tratados constitutivos de la organización, que son el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Sin embargo, estos países difieren entre sí en su historia, cultura, población, geografía, modelo político y territorial de gobierno, e incluso forma de Estado (veintiún repúblicas y seis monarquías), aunque se encuentran vinculados entre sí por el compromiso político, económico y jurídico que deriva del proceso de integración europea asumido por todos en el marco de los tratados constitutivos.
Puede formar parte de la Unión cualquier país europeo que cumpla los criterios de Copenhague que establecen la obligatoriedad de que el Estado posea un gobierno democrático y libre mercado, además de reconocer los derechos y libertades de los ciudadanos, entre otros requisitos. Ahora bien, la bandera de la Unión Europea (círculo de doce estrellas amarillas sobre fondo azul) fue adoptada por la entonces Comunidad Económica Europea en 1985, y su número de estrellas ha sido y será invariablemente doce, es decir, no tiene relación con el número de estados de la Unión.
Por otra parte, desde la firma del Tratado de Lisboa cualquier Estado miembro que lo desee puede solicitar la retirada de la UE. Es así que el gobierno del Reino Unido, tras el referéndum de 2016, realizó los preparativos para invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea con que inició formalmente el proceso para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) que se hizo efectiva el 1 de febrero de 2020. Sin embargo Groenlandia, como territorio, ya se había retirado de la Comunidad Europea tras un proceso desarrollado a madiados de los años 1980 al conseguir mayor autonomía de un Estado miembro (Dinamarca).
Los territorios especiales de la UE se agrupan en diferentes categorías: las regiones especiales, que forman parte de la Unión pero que por sus características geográficas o culturales, disfrutan de ciertas exenciones en la aplicación del derecho de la UE; las regiones ultraperiféricas, que por su lejanía de la Europa continental disfrutan de ciertas ventajas como una fiscalidad más baja; los territorios de ultramar, que no forman parte de la Unión, pero que pueden beneficiarse de la asociación con la UE.
En lo referente a las regiones especiales, algunos municipios tienen este estatuto por razones geográficas o históricas. Hay, ante todo, los exclaves alemán e italiano, respectivamente Büsingen am Hochrhein y Campione d'Italia, Suiza, además de la localidad italiana de Livigno que se beneficia de un estatuto extraterritorial desde el siglo XIX aunque no es un exclave. También alemana es la isla Helgoland que, aunque miembro de la UE, está excluida de la unión aduanera y no está sujeta a régimen fiscal alemán. Igualmente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las otras plazas de soberanía españolas en África tienen un estatuto especial respecto a la IVA, la PAC y la PPC. También Åland, que se encuentran en continuidad con las zonas económicas exclusivas de Suecia y Finlandia, ambos miembros de la Unión, disfruta de una amplia autonomía. Finalmente el caso del Monte Athos en Grecia es único ya que forma parte del espacio Schengen y de la UE, solo un permiso autoriza la entrada en su territorio y además el acceso está prohibido a toda criatura femenina (excepto gallinas y gatas).
Las regiones ultraperiféricas por su parte dependen de tres Estados miembros: una de España, dos de Portugal, y seis de Francia. A España pertenecen las africanas Islas Canarias en el océano Atlántico noroccidental. De Portugal son las dos regiones autónomas de Azores y Madeira, situadas en el océano Atlántico noroccidental, lejos de las costas africanas pero aun más lejos de las costas europeas. Y son de Francia, sus cinco departamentos de ultramar: la Guayana francesa en el noreste sudamericano; Guadalupe y Martinica en el este caribeño; Reunión y Mayotte en el sudoeste índico; y la colectividad de ultramar de San Martín en las Antillas, que no ha cambiado de estatuto a nivel comunitario desde que se separó de Guadalupe en 2007.
Por otra parte, la combinación de los Estados miembros comparte fronteras terrestres con 21 estados no miembros. Así, en Europa la UE tiene fronteras con Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Turquía, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Albania, Montenegro y Serbia. Por último, tiene fronteras con: San Martín en el mar Caribe; Brasil y Surinam en América del Sur y con Marruecos en África.
La demografía de la Unión Europea (UE) contiene las bases del estudio sobre la población europea en distintos campos, como puede ser la cuantificación demográfica y la cualitativa, es decir las cualidades en su estado laboral, su renta, su edad, etc.
En 2021, la población total de la UE era aproximadamente de 447 millones de personas, ocupando el tercer puesto en población a nivel mundial. Además en la UE la esperanza de vida es una de las más altas del mundo (81,3 años de vida), y disfruta de un alto Índice de Desarrollo Humano. Sin embargo, en 2020 la UE perdió más de 10 % de su población como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión.
En este contexto, la población de la UE experimenta un proceso desigual entre sus regiones. Por una parte países como Alemania, donde durante varios años la población envejece progresivamente, debido a la disminución del número de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de vida. Por otra parte otros como Francia que han logrado mantener una tasa de natalidad suficiente. Sin embargo, en 2015 y 2016 la población de la UE aumentó con respecto al año anterior, debió principalmente a la inmigración neta, es decir, a la diferencia entre el número de ciudadanos de un país tercero que se asentaron en la UE y aquellos que volvieron a sus países de origen. Por su parte, el crecimiento natural fue negativo por primera vez al registrarse 5,1 millones de nacimientos y 5,2 millones de defunciones en 2015. El siguiente año se registraron tantos nacimientos como fallecimientos dentro de la UE (5,1 millones).
El número de habitantes de la Unión podrá incrementarse en el próximo decenio, en parte debido a la inmigración pero sobre todo gracias al proceso de ampliación, que podría dar cabida a Islandia, a Albania, a varios estados de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia (Serbia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Kosovo) e incluso a Turquía, con lo cual el total de la población de la Unión aumentará en cerca de 100 millones de habitantes.
La política de la Unión Europea se perfila de manera esencialmente distinta a la propia de otras entidades gobernativas, debido a la naturaleza única de la Unión. Es premisa fundamental para la base histórica, jurídica y política en que se fundamenta entidad. Dado que la Unión no es en caso alguno un Estado soberano, según los parámetros del Derecho internacional o de la filosofía política contemporánea, no pueden tampoco asimilarse los factores que determinan el ejercicio del poder comunitario, ni los mecanismos a través de los cuales este se despliega, ni los vectores en los que se conforma y encauza, ni los agentes que lo detentan o lo aplican. El sistema de gobierno por el que se rige la Unión y que ordena y enmarca el ejercicio legal de sus poderes y competencias es de tipo comunitario, pero sus particularidades y el grado de desarrollo que ha experimentado esta organización política lo hacen especialmente complejo y sofisticado.
El poder comunitario es ejercido por medio de un marco institucional común compuesto por las instituciones, órganos y organismos de la Unión. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa, mientras que a la Comisión Europea le corresponde la aplicación de las leyes, la gestión de las políticas comunes y la ejecución del presupuesto; un Tribunal de Justicia para toda la Unión es el intérprete supremo del Derecho comunitario y el garante último de su aplicación por la vía judicial. El Consejo Europeo, con su Presidente a la cabeza, desempeñan las funciones de impulso político y moderación institucional que orientan la acción comunitaria en conjunto Actualmente, el presidente del Consejo Europeo es el político belga Charles Michel, que asumió su mandato el 1 de diciembre de 2019. Mientras que la comisión actual está presidida por Ursula von der Leyen desde el 1 de noviembre de 2019.
Uno de los rasgos diferenciadores de la Unión Europea frente a otras organizaciones internacionales es el alto grado de desarrollo de sus instituciones de gobierno. El gobierno de la Unión Europea siempre ha oscilado entre el modelo de conferencia intergubernamental, donde los estados conservan el conjunto de sus prerrogativas y el modelo supranacional donde una parte de la soberanía de los estados es delegada a la Unión. En el primer caso, las decisiones comunitarias son de hecho tratadas entre estados y deben adoptarse por unanimidad. Este modelo, cercano al principio de las organizaciones intergubernamentales clásicas, es defendido por la corriente euroescéptica. Según ellos, son los jefes de estado o de gobierno quienes tienen la legitimidad democrática para representar a los ciudadanos y son entonces las naciones quienes deben controlar las instituciones de la Unión. El segundo caso es el de la corriente eurófila, que estima que las instituciones deben representar directamente a los ciudadanos mediante un modelo de federalismo y elecciones directas. Para ellos, una Unión Europea federal resolvería muchos problemas relacionados con la soberanía, la legitimación democrática, la división de poderes comunitaria, el reparto de competencias, la fiscalidad y la aspiración a un modelo de bienestar común.
De este modo, el modelo de gobierno de la Unión es un modelo híbrido: por un lado está el Consejo de la Unión Europea, el cual es el representante de los estados, y en el que las decisiones no requieren unanimidad, y donde los votos de cada estado son ponderados por su peso demográfico; y por otro lado está el Parlamento Europeo, el cual es la única institución europea elegida por sufragio universal, es decir, es la única que representa a los ciudadanos. Así, la UE es una comunidad política de Derecho que se gobierna en régimen de democracia representativa y se constituye jurídicamente en organización internacional sujeto de Derecho y con personalidad jurídica propia distinta a la de los Estados que la componen. Sus poderes y competencias se encuentran delimitadas en los Tratados que ayudan jurídicamente y que conforman su constitución material, y se ejercen por medio del método comunitario de gestión.
El marco institucional de la Unión Europea (UE) se compone de las siete instituciones a las que los Estados miembros de la Unión europea atribuyen competencias para el ejercicio comunitario de parte de sus poderes: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo. La Unión, en su calidad de comunidad de derecho y de acuerdo con su personalidad jurídica única, se ha dotado desde 1993 —tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht— de un marco institucional único que funciona en régimen de democracia representativa y basado en un método comunitario de gobierno. Como cualquier Estado, la UE dispone de un parlamento, un ejecutivo y un poder judicial independiente, todos respaldados y complementados por otras instituciones. Es así que en el funcionamiento y la estructura orgánica de la Unión se distinguen los que de acuerdo con la denominación que les otorgan los tratados son, por este orden, las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión.
Definido por el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, este marco institucional «tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones». Su objetivo es que determinadas decisiones y actuaciones institucionales provengan de órganos de carácter supranacional cuya voluntad se aplica en el conjunto de los Estados miembros, desapoderando a los órganos nacionales de cada país. Así, el marco institucional de la UE constituye la expresión concreta del principio de la unicidad institucional de esta organización internacional.
Las normas y procedimientos que las instituciones deben seguir se establecen en los tratados negociados por el Consejo Europeo y en conferencias intergubernamentales y ratificados por los parlamentos nacionales de cada Estado. De esta forma, los documentos que en la actualidad definen la estructura institucional son el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Mientras el TFUE recoge básicamente los contenidos de los Tratados de Roma, por los que se creó la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957, el TUE fue firmado en Maastricht en 1992, aunque posteriormente fue modificado —también el TFUE— por el Tratado de Ámsterdam (1997), el Tratado de Niza (2000) y, finalmente, el Tratado de Lisboa (2007), en vigor desde el 1 de diciembre de 2009.
El Parlamento Europeo, también conocido como Europarlamento, Eurocámara o Cámara Europea, es la institución parlamentaria que en la Unión Europea representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que junto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ejerce la función legislativa. Descrito como uno de los legisladores más poderosos del mundo, el Parlamento Europeo está compuesto por 705 diputados que representan al segundo mayor electorado democrático del mundo (tras el Parlamento de la India) y el mayor electorado transnacional (375 millones de votantes en el año 2009). Además, es la única institución elegida directamente por los ciudadanos en la Unión Europea.
Ha sido elegido por sufragio universal, directo y secreto cada cinco años desde 1979. Sin embargo, la participación en las elecciones europeas ha caído consecutivamente en cada votación desde esa fecha, y ha estado por debajo del 50 % desde 1999. En las elecciones de 2009, el porcentaje de votantes se situó en el 43 % de los ciudadanos europeos con derecho, oscilando entre el 90 % en Estados miembros como Luxemburgo y Bélgica (donde el voto es obligatorio) y el 20 % en Eslovaquia. La participación fue inferior al 50 % en 18 de los 27 Estados miembros.
El Parlamento es considerado la «primera institución» de la Unión Europea: es mencionado en primer lugar en los tratados y su presidente tiene preferencia protocolaria sobre todas las demás autoridades a nivel europeo. Comparte con el Consejo de la Unión Europea la competencia legislativa y presupuestaria, teniendo el control sobre el presupuesto de la Unión Europea. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, es responsable ante el Parlamento. En concreto, el Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión, aprueba (o rechaza) la designación de la Comisión en su conjunto, e incluso puede destituirla como órgano presentando una moción de censura.
El nuevo presidente del Parlamento Europeo debe ser elegido en enero de 2022, tras el fallecimiento de David Sassoli, del Partido Socialista Europeo, quien había sido elegido para el cargo en junio de 2019. Los dos principales grupos del Parlamento Europeo (juntos poseen al menos el 50 % del hemiciclo) son el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.
Desde la fundación del Parlamento en 1952, sus competencias fueron ampliadas varias veces sobre todo a través del Tratado de Maastricht en 1992 y por el reciente Tratado de Lisboa en 2007.
El Consejo de la Unión Europea es la institución de la Unión Europea en la que se encuentran representados los Estados miembros a través de representantes con rango ministerial, por lo que también es conocido informalmente como Consejo de Ministros o Consilium, y a la que corresponden, junto con el Parlamento, las funciones legislativa y presupuestaria. Ejerce también funciones de definición de algunas políticas y de coordinación, en los términos fijados por los Tratados constitutivos de la Unión Europea. No debe confundirse con el Consejo Europeo, institución comunitaria que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros para impulsar la acción política general de la Unión Europea, ni tampoco con el Consejo de Europa, una organización internacional de carácter regional distinta y ajena a la Unión Europea.
Las funciones del Consejo han evolucionado, al menos formalmente, de más a menos; si en un principio era la principal instancia decisoria de las Comunidades Europeas, hoy en día la evolución institucional de la Unión ha encuadrado y reducido sus funciones. Así, el Parlamento Europeo se ha venido revelando desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht como un actor de creciente importancia política como institución de control de las demás instituciones, órganos y organismos comunitarios y, sobre todo, como colegislador en igualdad de condiciones con el Consejo. Asimismo, la oficialización del Consejo Europeo, como órgano diferenciado del Consejo de la UE, que impuso el reciente Tratado de Lisboa, han mermado formalmente sus funciones y poderes constitucionales en pro de aquel.
El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen los poderes legislativos de la Unión Europea, en las condiciones y dentro de las competencias señaladas para esta en los Tratados. Sin la aprobación de uno y otro (en ocasiones de uno u otro) las leyes europeas (estrictamente reglamentos, directivas y decisiones de naturaleza legislativa) no pueden ser adoptadas válidamente. La mayoría de los actos legislativos de la Unión deben ser propuestos por la Comisión y aprobados por el Parlamento y el Consejo, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario; pero no siempre es así, los Tratados establecen excepciones, actos legislativos cuya adopción se siguen procedimientos especiales. Estos últimos procedimientos (cada vez menos) suelen establecerse en beneficio del Consejo, y por tanto en perjuicio del Parlamento. El Consejo es, pues, un órgano colegislador con ciertas funciones políticas suplementarias. En ambos casos se pronuncia a iniciativa de la Comisión Europea, en la mecánica de lo que suele conocerse como «triángulo institucional» (Comisión, Consejo y Parlamento).
El Consejo Europeo (informalmente, EUCO) es una de las siete altas instituciones de la Unión Europea. Está integrada por los veintisiete jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las reuniones. En sus reuniones y trabajos también participa el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aun no siendo miembro de pleno derecho. Su composición y la lógica de su funcionamiento lo convierten en un órgano de naturaleza predominantemente intergubernamental. Sus funciones son de orientación política y de jefatura colectiva simbólica, fijando las grandes directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes; la potestad legislativa le está expresamente vedada por los tratados.
Sus reuniones, de carácter ordinariamente trimestral, se designan comúnmente como «cumbres europeas» o «reuniones en la cumbre» debido a la importancia de sus asistentes, pero desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo es una institución constitucional comunitaria de pleno Derecho y como tal debe actuar, al servicio del acuerdo e integración de los intereses nacionales con los europeos.
El edificio Europa de Bruselas, conocido popularmente como «El Huevo», es el centro de operaciones del Consejo Europeo y, entre otras funciones, sirve como claustro para las reuniones ministeriales y albergará también las oficinas de la presidencia de la institución. En la misma ciudad, el Consejo cuenta con oficinas en el edificio Justus Lipsius, sede del Consejo de la Unión Europea.
La Comisión Europea (CE) es una de las siete instituciones de la Unión Europea. Ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa. Se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias, defender los tratados de la Unión y en general se ocupa de los asuntos diarios de la Unión. Opera de manera independiente a los Gobiernos nacionales y representa y defiende los intereses de la Unión. Tiene su sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica. La actual presidenta de la Comisión es Ursula von der Leyen.
La Comisión actúa a modo de un «Gobierno de Europa», y se compone de veintisiete miembros llamados comisarios. Hay un representante por cada Estado miembro, pero los miembros están obligados a representar los intereses de la UE en su conjunto. Uno de los miembros es el presidente de la Comisión, que es seleccionado por el Parlamento Europeo de un candidato propuesto por el Consejo Europeo. Los otros veintiséis miembros de la Comisión son propuestos por el Consejo de la Unión Europea y el presidente electo, que deben ponerse de acuerdo para enviar una propuesta de Comisión al Parlamento Europeo, donde el conjunto se somete a una última votación.
El término «Comisión» puede designar dos realidades no estrictamente idénticas. Así, puede hacer referencia, por una parte, al conjunto de miembros que la componen en sentido estricto, y que, constituidos en un Colegio de Comisarios, son los depositarios formales de sus poderes; por otra, al conjunto administrativo que los asiste, y que engloba a una oficina ejecutiva compuesta por más de 38 000 funcionarios. Este artículo empleará, preferentemente, el término en el primer sentido institucional apuntado, sin perjuicio de referir la actividad de la administración que dirige y en que se sostiene.
Además, de las ya mencionadas, el marco institucional de la Unión Europea cuenta con otras tres instituciones no políticas:
Las agencias europeas son organismos especializados que se encargan de un aspecto específico (científico, técnico, jurídico o social) de la estructura de la Unión Europea (UE). Se encuentran distribuidas en los Estados miembros de la UE y su función es proporcionar ayuda a dichos Estados y a sus ciudadanos en las áreas de su competencia.
145 Socialistas y Demócratas (S&D) 102 Renovar Europa (RE) 65 Identidad y Democracia (ID) 71 Los Verdes/Alianza Libre Europea (GRE/EFA) 64 Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) 39 Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL) 42 No adscritos
Un partido político europeo (formalmente, partido político a escala europea) es un peculiar tipo de organización política transnacional que opera al nivel de la Unión Europea. Para ser considerado como tal, un partido europeo debe seguir un programa político y estar formado por partidos e individuos de distintos países y por consiguiente, estar representado en algún Estado miembro de la Unión Europea. En concreto, según el Tratado de la UE los partidos políticos a escala europea contribuyen a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión.
Desde julio de 2004 los partidos políticos europeos tienen a su disposición una financiación anual por parte del Parlamento Europeo. Esta financiación está destinada a abarcar aproximadamente hasta el 85% de los gastos de los partidos sufragando gastos que estén directamente relacionados con los objetivos establecidos en el programa político del partido (reuniones, gastos administrativos, campañas relacionadas con las elecciones europeas, publicaciones, etc.). Sin embargo, tal subvención no se puede utilizar en gastos de campañas o financiación de partidos o candidatos de comicios no europeos, así como el pago de las deudas y gastos relacionados con su amortización.
Para ser poder aspirar a dicha financiación pública, las organizaciones antes mencionadas deben poseer personalidad jurídica propia en el Estado miembro donde tenga su sede, tener representación significativa en al menos una cuarta parte de los estados de la Unión, respetar la libertad, la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho (y manifestarlo en particular en su programa, estatutos y actividades); y finalmente haber participado en las elecciones europeas, o haber manifestado su intención de hacerlo.
Los partidos políticos europeos forman los grupos políticos en el Parlamento Europeo, y para ello se necesitan al menos 25 diputados de una quinta parte de los estados miembros. Tras la aprobación de los presidentes de los grupos, los escaños en el hemiciclo del Parlamento Europeo se asignan a los diputados con arreglo a su adscripción política. También puede darse el caso de que algún diputado no pertenezca a ningún grupo, por lo que formará parte de los no inscritos.
Actualmente el Parlamento está compuesto por 7 grupos políticos: el Grupo del Partido Popular Europeo, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Renovar Europa, Identidad y Democracia, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, el Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica.
El derecho originario es aquel contenido en los diversos tratados que los Estados miembros suscriben, siendo las fuentes de mayor rango, y aquellas que posibilitan la aparición del derecho derivado, que está sometido al originario. Incluye por tanto:
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento en el que se recogen todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos. Fue proclamada por primera vez por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza.
Los derechos fundamentales son la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia, los cuales ya se recogen en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea del Consejo de Europa, en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, y a su vez en las propias constituciones de los estados miembros de la Unión, así como en otros convenios internacionales que han firmado los estados de la Unión Europea.
El espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) es el nombre con que se designa un conjunto de políticas y actuaciones que la Unión Europea despliega, esencialmente dentro pero también fuera de sus fronteras, para lograr el objetivo de crear un área compartida entre sus Estados miembros donde se alcance un alto grado de cooperación y coordinación política, policial y judicial a nivel comunitario que facilite la seguridad interior, una justicia eficaz y una fuerte protección de las libertades públicas para sus ciudadanos.
La libre circulación de personas, la inmigración y el asilo forman parte de los aspectos principales del procedimiento legislativo en la Unión Europea (UE).
Las relaciones internacionales de la Unión Europea son las relaciones que tiene dicha organización internacional con los demás países o grupos de países del exterior, tanto en el campo político, como en los campos económico, comercial, militar, jurídico, geopolítico y geoestratégico. En su acción internacional la Unión desarrolla un conjunto de políticas, instrumentos y capacidades con proyección esencialmente exterior que ejercita o lleva a cabo en el mundo. La acción exterior comprende diversas políticas interconectadas pero autónomas cuyo funcionamiento se estructura en torno a dos soportes jurídicos bien distintos: la política exterior y de seguridad común (PESC), de diseño principalmente intergubernamental, y todo el resto de ámbitos tradicionalmente comprendidos en el extinto "pilar comunitario", que se ordenan por cauces más institucionales.
De acuerdo con los Tratados, la acción exterior de la Unión (y por lo tanto todas sus relaciones internacionales y, en general, la entera dimensión exterior de sus actividades) se fundamenta y se construye desde el respeto a los principios y ordenada a los objetivos constitucionales contenidos en los artículos 21 y 22 del Tratado de la Unión.
En el diseño, desarrollo y aplicación de la acción exterior de la Unión en su conjunto, que se articulan desde el marco institucional único de la misma, intervienen, con distinto grado de participación, todas las instituciones comunitarias, si bien es preciso adelantar que, de acuerdo con la base jurídica en torno a la cual se articule cada actividad, resalta la preponderancia de dos de ellas, al menos en su fase ejecutiva: el Consejo, para lo relativo a la política exterior y de seguridad común, y la Comisión, para todos los demás ámbitos de la acción exterior. Existen además una institución, el Consejo Europeo, y dos órganos, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), implicados en la definición y orientación, y además, en el caso del AR y el SEAE, en el desarrollo y la ejecución de la acción exterior de la Unión. El Parlamento Europeo se halla asociado en todo momento a la acción exterior en su conjunto, si bien en la política exterior y de seguridad común su posición no es vinculante.
Desde sus inicios en los años 1950, la UE ha ganado progresivamente influencia en la escena internacional. Su ámbito de acciones se limitaba al comienzo a la esfera económica, pero tras las sucesivas ampliaciones y tratados que modificaron la naturaleza de la unión, fue adquiriendo un peso mayor en la diplomacia y en las relaciones internacionales en general. Esta condición se ha visto incrementada tras el Tratado de Maastricht, que constituyó a la Unión Europea como tal, oficializando su vocación de unidad política.
Paulatinamente la Unión ha unificado la postura del bloque en la política internacional. La UE celebra cumbres periódicas bilaterales con Japón, Rusia, la República Popular China, India, Estados Unidos y Canadá. También sostiene diálogos regionales con los países de Asia, Oriente Medio, el Mediterráneo y Latinoamérica, también mantiene intensas relaciones con los países candidatos a la adhesión como Turquía. Además en los últimos años la UE, a través de la Comisión Europea, ha ganado mayor representación en organismos como el G7 o el G20, a través del Alto Representante, aunque los estados miembros se representan en la Organización Mundial del Comercio a través de su comisario comercial. Adicionalmente puede hablarse de un eje central en la política exterior de la Unión, el llamado "Eje franco-alemán", conformado hace más de cincuenta años y al que adhieren periódicamente unos y otros países europeos.
La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD, anteriormente Política Europea de Seguridad y Defensa, PESD) es la actuación planificada en el seno del Consejo de la Unión Europea, así como su diseño estratégico, que dicha organización despliega de manera autónoma en el ámbito militar y de la defensa. La PCSD forma parte de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), en cuya estructura jurídica, administrativa, estratégica y política se integra. Asume sus mismos principios y objetivos (aplicados al terreno político específico de la defensa), y se sitúa bajo la misma autoridad jerárquica y operativa superior, la del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR). Como tal rama de la PESC, la PCSD es parte asimismo de la Acción exterior de la Unión (AE).
La PCSD se desarrolla en el Tratado de la UE, Título V, Sección 2. Pese al objetivo explícito de desarrollar una política común de defensa, la UE sigue trabajando desde el ámbito de la intergobernabilidad en esta área, es decir, no de modo comunitario sino a través de la cooperación voluntaria de cada Estado miembro de la Unión. Es por ello que se adoptan mecanismos de “Dos velocidades”, abriendo la puerta a actuaciones conjuntas entre aquellos estados miembros que voluntariamente decidan cooperar en materia de defensa. Ello se realizará a través de la Agencia Europea de Defensa (AED), que tiene como misión promover una política de defensa común y armonizar las políticas militares y de seguridad y defensa. La AED está compuesta por todos los Estados miembrosy contó con un presupuesto de alrededor de 33 millones de euros en 2021.
Asimismo, el Tratado de la UE establece la alineación de la PCSD con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por lo que los compromisos y la cooperación en este ámbito se ajustán a los compromisos adquiridos en el marco de la organización transatlántica que, para los Estados miembros que forman parte de la misma, es el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de esta (Art. 42.7). El tratado también institucionaliza la militarización de los Estados miembros en cuanto que afirma que «los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares». En ese sentido, se promueve la llamada Cooperación estructurada permanente que pretende impulsar el desarrollo de la industria y la tecnología armamentista y la cooperación del negocio de las armas a nivel comunitario. El objetivo es, por ello, doble: por un lado, desarrollar y apoyar el crecimiento de la industria militar, a la vez que una mayor cooperación e integración de la defensa entre los estados miembros. Adicionalmente, en marzo de 2022 se aprobó la Brújula Estratégica, promovida por el AR Josep Borrell.
En otro apartado, la ayuda al desarrollo de la UE —sumando las instituciones europeas y cada uno de los Estados miembros— se ha alineado tradicionalmente con los principios del desarrollo humano y sostenible. Sin embargo, estos paradigmas han interactuado también con la creciente presencia de objetivos geopolíticos.
La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (conocida por el acrónimo DG ECHO, formado con algunas de sus siglas en inglés), anteriormente denominada Agencia Europea de Ayuda Humanitaria, es el departamento de la Comisión Europea para la ayuda humanitaria en el extranjero y para la protección civil. Su propósito es salvar y preservar vidas, prevenir el sufrimiento humano, aliviarlo cuando se produce y salvaguardar la integridad y la dignidad de poblaciones afectadas por desastres naturales y crisis causadas por el hombre (por ejemplo guerras). No debe confundirse con la ayuda al desarrollo. Desde septiembre de 2019, Janez Lenarčič es el comisario europeo de Gestión de Crisis.
La economía de la Unión Europea (EU) es la tercera economía más grande del mundo en términos nominales —detrás de Estados Unidos y China— y según la paridad de poder adquisitivo —detrás de China y Estados Unidos-. El PIB nominal de la UE se estimó 18,3 billones de dólares en el año 2021, lo que representaba el 22% de la economía global.
El euro, moneda oficial en 19 de sus 27 Estados miembros, es la segunda mayor moneda de reserva, así como la segunda moneda del comercio mundial, después del dólar estadounidense. El euro es la moneda oficial o de facto de 25 países, en la eurozona y en otros seis países europeos.
La economía de la UE consiste en un mercado interior de economía mixta basada en el mercado libre y en unos modelos sociales avanzados. Según el Banco Mundial, el PIB per cápita fue de 46 564 dólares internacionales en 2019, comparado con los 65 297 en Estados Unidos, 43 235 en Japón y 16 829 en China. De acuerdo con el mismo informe, hay importantes diferencias en este indicativo entre los estados miembros, oscilando desde los 121 292 dólares en Luxemburgo a los 24 789 en Bulgaria. Con un bajo coeficiente de Gini de 31, la UE tiene un reparto de la riqueza más igualitario que la media mundial.
Euronext es la bolsa de valores más importante de la eurozona y la séptima del mundo por capitalización de mercado. La inversión extranjera directa en la UE ascendió a 5,1 billones en 2012, mientras que la inversión europea en el extranjero fue de 9,1 billones, con mucha diferencia las mayores inversiones del mundo.
Desde el inicio de la crisis del euro en 2009, han emergido situaciones económicas opuestas entre el sur de Europa, por un lado, y Europa Central y del norte por otro: mayores tasas de desempleo y de deuda pública en los países mediterráneos, y menor desempleo y mayor crecimiento del PIB en los países del este y el norte. En 2015 la deuda pública en la UE ascendía al 85% de su PIB, pero con enormes disparidades entre la más baja, la de Estonia con un 9,7 %, y la más alta, que era la de Grecia con un 176%.
La Política Regional de la Unión Europea (UE) es la principal política de inversiones de esta organización y tiene como objetivo reducir las disparidades socioeconómicas y territoriales que existen entre las regiones de Europa. Esta política cubre todas las regiones europeas, aunque estas regiones pertenecen a diferentes categorías, dependiendo mayoritariamente de su situación económica.
Más de un tercio del presupuesto de la UE está dedicado a esta política, que persigue eliminar disparidades económicas, sociales y territoriales dentro de la UE, reestructurar las áreas con declive industrial y diversificar las áreas rurales que tienen una agricultura en declive. En hacer esto, la política regional de la UE está orientada en hacer las regiones más competitivas, fomentando el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. La política también tiene un papel en objetivos más amplios de cara el futuro, incluido el cambio climático, el abastecimiento energético y la globalización.
La ampliación más importante de la UE tuvo lugar en mayo de 2004 con diez nuevos Estados miembros, en su mayoría procedentes de Europa Central u Oriental, seguida por la adhesión de Bulgaria y Rumanía en enero de 2007. La mayoría de estos países eran más pobres en ese momento que los miembros pretéritos y esto significó una reducción de la renta per cápita media de la UE, lo cual hizo que algunas regiones de la anterior UE-15 ya no puedan optar a la ayuda financiera comunitaria, ya que la mayoría de las regiones de los nuevos estados miembros cumplen los requisitos para recibir dichos fondos.
El Comisario de Competencia es el miembro de la Comisión Europea que está encargado de velar por el adecuado desarrollo de una sana competencia económica y empresarial, a través de la vigilancia en el riguroso cumplimiento por los agentes económicos de las normas que la regulan, y también por medio de la función sancionadora, si es preciso. Para todo ello se sirve de los servicios de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
La UE opera una política de competencia destinada a garantizar una sana competencia económica y empresarial en el mercado único. La Comisión como regulador de la competencia en dicho mercado, es responsable de aprobar fusiones, desmontar carteles y busca la liberalización económica y la prevención de las ayudas estatales.
El Comisario de Competencia ocupa una de las posiciones más poderosas de la Comisión, que destaca por la capacidad de afectar los intereses comerciales de las corporaciones transnacionales. Por ejemplo, en 2001 la Comisión por primera vez impidió un fusión entre dos empresas con sede en los Estados Unidos (GE y Honeywell), que ya había sido aprobado por la autoridad nacional. Otro caso de alto perfil dio lugar a que la Comisión multara a Microsoft en más de € 777 millones tras nueve años de acción legal.
El Presupuesto de la Unión Europea es la previsión normativa y vinculante de todos los ingresos y todos los gastos de esta organización en el período de un año. Se elabora anualmente con el fin de ordenar y regular las cuentas públicas de la Unión para el año siguiente, computado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El presupuesto contiene todos los ingresos y todos los gastos de la UE. Si bien ha ido aumentando a lo largo del tiempo, actualmente su límite está fijado en el 1,27 % del PIB de la Unión. El presupuesto anual se fija dentro del marco financiero plurianual (MFP) previamente establecido para un período no inferior a cinco años (actualmente 7 años).
Dado que la UE es una entidad política y jurídicamente distinta e independiente de los Estados que la componen, está llamada asimismo a gestionar de forma autónoma e independiente los medios de ingreso, gasto y gestión financiera propios, dirigidos a sostener e impulsar las políticas comunes de la Unión. Así, por ejemplo, para hacer frente a sus necesidades financieras en 2020, la UE dispuso de un presupuesto de 172.500 millones de euros en compromisos, y 155.400 millones de euros en pagos. En abril de ese año, el Consejo adoptó rectificaciones destinadas a proporcionar ayuda adicional: se destinaron 3100 millones de euros a la lucha contra la Pandemia de enfermedad por coronavirus y 350 millones más para ayudar a Grecia en su respuesta al incremento de la presión migratoria.
La preparación y aprobación del presupuesto se llevan a cabo mediante un proceso legislativo de carácter especial, que involucra a diversas instituciones comunitarias, entre ellas la Comisión Europea, encargada de presentar el proyecto y ejecutar el presupuesto, o el Parlamento Europeo y el Consejo, que ejercen la función presupuestaria mediante la adopción conjunta de aquel y la supervisión y examen de su adecuado cumplimiento. Los mecanismos jurídicos e institucionales que dan vida, sostienen y culminan los presupuestos conforman el llamado procedimiento presupuestario según lo establecido en el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La UE se nutre de los recursos que le transfieren los estados miembros y que le corresponden por derecho, los conocidos como recursos propios, los cuales provienen fundamentalmente de las exacciones agrícolas, de los derechos de aduanas, de una cuota sobre el IVA y de una cuota en relación con el PIB. Mientras que el resto de recursos tienen fundamentalmente un carácter testimonial, ya que suponen solo un 1 % de los ingresos de la Unión, como son las multas impuestas por la Comisión Europea o el excedente positivo, si hay, del año anterior.
La Unión Económica y Monetaria (UEM) es el área formada por el conjunto de países, dentro de la Unión Europea, que comparten no solo un mercado, sino también una misma moneda, el euro, por lo que en ellos se ejecuta una política monetaria única. Además, coordinan las políticas económicas.
El Tratado de la Unión Europea, en vigor desde 1993, prevé la creación de una unión económica y monetaria con la introducción de una moneda única (que por aquel entonces se pensaba llamar ECU). De ella formarían parte los países que cumplieran una serie de condiciones y se introduciría de forma gradual. La fecha inicialmente prevista se fue retrasando hasta que, finalmente, los estados miembros de la Unión Europea acordaron el 15 de diciembre de 1995 en Madrid la creación de una moneda común europea —ya bajo la denominación de «euro»— con fecha de puesta en circulación en enero del año 2002.
El euro es la moneda de la eurozona o zona del Euro, compuesta en 2022 por 19 de los 27 estados miembros de la UE que comparten esta moneda única. Los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002, fecha en la que 1 euro se cambiaba por US$0,9038. Otros hitos de la moneda europea se dieron en julio de 2002, cuando el euro sobrepasó la paridad con el dólar en el mercado de divisas, y en julio de 2008 cuando el euro alcanzó su valor máximo hasta el momento, al cambiarse 1 euro por US$1,5990.
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fue creado en 1998, de conformidad con el TUE, para introducir y gestionar la nueva moneda, efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Es también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria de la UE. Una de las principales tareas del BCE es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, preservando el poder adquisitivo del euro.
La UE es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1995, y a su vez, los 27 estados miembros de la Unión son miembros de la OMC. Es importante destacar que la UE es la primera potencia comercial del planeta, ya que representa más del 20% del comercio internacional (importaciones y exportaciones). En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la Unión atendiendo a su PIB.
La UE es el principal socio comercial de Rusia, la mayoría de países africanos, los países europeos no pertenecientes a la UE y, a partir de 2005, también de la República Popular China, con la que las transacciones superan los 100 000 millones de euros al año.
La estrategia energética de la Unión Europea podría definirse como el conjunto de actuaciones emanadas desde la Comisión, el Consejo y el Parlamento, recogidas en los tratados y ratificadas por los Estados miembros para actuar sobre la cantidad, coste y disponibilidad de las distintas fuentes de energía, con una especial consideración a la preservación del medioambiente y a la seguridad en el abastecimiento.
La UE ha tenido el poder legislativo en el ámbito de la política energética a lo largo de su existencia, teniendo sus raíces en la originaria Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La introducción de una política obligatoria e integral de la energía fue aprobada en la reunión del Consejo Europeo en octubre de 2005, y el borrador de la política fue publicado en enero de 2007.
La Comisión tiene cinco puntos clave en su política energética: aumentar la competencia en el mercado interior, fomentar la inversión y aumentar las interconexiones entre las redes de electricidad, diversificar las fuentes de energía con mejores sistemas para responder a una crisis, establecer un nuevo marco para la cooperación energética con Rusia, al tiempo que pretende mejorar las relaciones con los estados ricos en energía de Asia Central y del Norte de África, el uso de las fuentes de energía existentes de manera más eficiente y el aumento del uso de las energías renovables y, finalmente, aumentar la financiación de nuevas tecnologías energéticas.
Las infraestructuras de la Unión Europea (UE) son un factor clave para facilitar la actividad económica entre sus Estados miembros. El proceso de integración económica y política llevada a cabo por la UE y la cooperación entre sus Estados miembros se ven representados en el desarrollo de las infraestructuras comunitarias y de cada estado a través de los diferentes programas puestos en marcha por la Comisión Europea (CE).
La Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías, constituye el primer paso, dentro de los previstos en el programa de acción adoptado por la Comisión, para la gestión de un espacio ferroviario europeo único, integrado desde el punto de vista jurídico y tecnológico, para revitalizar el ferrocarril y descongestionar el sector de los transportes en la UE. Dicho espacio se encuentra regulado por la Directiva 2012/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012 por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, que establece que la validez de una licencia se extenderá al conjunto del territorio de la UE, previéndose que la revisión de licencia se llevará a cabo al menos cada cinco años. La UE trabaja para mejorar sus infraestructuras transfronterizas, por ejemplo a través de las redes transeuropeas (RTE). Los proyectos de las RTE incluyen el túnel del Canal, el corredor Mediterráneo, el LGV Est, el túnel ferroviario de Fréjus, el puente de Oresund y el túnel de base del Brennero. En 2001, se calculó que en 2010 la red comprendería 75 200 kilómetros de carreteras, 78 000 kilómetros de vías de ferrocarril, 330 aeropuertos, 270 puertos marítimos y 210 puertos interiores.
El sistema RailnetEurope, permite resolver todas las gestiones necesarias para la realización del tráfico ferroviario entre los países de la UE. Por su parte la Red europea de trenes de alta velocidad, tiene por objeto materializar la interoperabilidad de la red europea de trenes de alta velocidad (TGV, ICE, Transrapid, AVE) en las distintas fases de diseño, construcción, puesta en servicio progresiva y explotación.
Aunque no se puede hablar de una red portuaria integrada dentro de la UE, los diferentes países de la Unión poseen algunos de los más importantes puertos marítimos y fluviales del mundo. Entre los puertos marítimos el más importante es el de Róterdam. Por su parte el puerto de Hamburgo presenta un fuerte atractivo para el tráfico de mercancías al interior de la UE e incluso es la base desde de la que se llevan la mayoría de mercancías provenientes de la República Popular China hacia Rusia y la UE. Asimismo, los puertos de Amberes (Bélgica), Róterdam (Países Bajos) y Vigo (España) son los primeros puertos mundiales en cuanto a volumen de pesca se refiere.
La Política Agraria Común (PAC) es una de las políticas más antiguas e importantes y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea (UE). Hasta hace poco, operaba mediante un sistema de subsidios y de intervención en el mercado; hasta la década de 1990 la política representaba el 60 % del presupuesto anual de la Unión Europea, y hoy en día aún representa el 40 %.
Los controles de precios y la intervención en los mercados tuvieron como resultado la sobreproducción, la cual se almacenaba para mantener los niveles mínimos de precios. Para disponer de este superávit, a menudo se vendían en el mercado mundial internacional a precios por debajo de los precios garantizados por la Unión o, por otra parte, los agricultores a menudo recibían subsidios que equivalían a la diferencia entre los precios mundiales y los de la Unión. Este sistema se ha criticado por vender más barato que la producción de los países en vías de desarrollo. La sobreproducción también ha sido criticada por los ambientalistas por los métodos de producción intensivos. Por otra parte, los que apoyan a la Política Agrícola Común, argumentan que la ayuda económica para los agricultores, les asegura un estándar de vida razonable imposible económicamente si no existiera.
Desde el comienzo de la década de 1990, la política se ha ido reformando. Al principio, estas reformas incluían la política de separar una porción de tierra de la producción, imponer cuotas en la producción lechera, etc. Los gastos agrícolas abandonarán los subsidios relacionados con la producción específica por relacionarlos con el tamaño de las fincas agrícolas, para permitir que el mercado establezca los niveles de producción y a la vez asegurar la renta de los agricultores. Las reformas también incluyen la abolición del régimen de azúcar entre los estados miembros y las naciones africanas y caribeñas y su relación privilegiada.
La política europea de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) forma parte de la legislación de la Unión Europea (UE) desde la firma de los primeros Tratados comunitarios en los años 1950. A partir del Acta Única Europea (1986) el objetivo de esta política ha sido fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la industria de la UE e incrementar su competitividad a escala mundial. Su base jurídica reposa en los artículos 179 a 190 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Así el artículo 179 especifica que «la Unión tendrá por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas mediante la realización de un espacio europeo de investigación en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente».
La política medioambiental de la Unión Europea es un ámbito en el que dicha organización tiene competencias. La Unión cuenta con una de las legislaciones de medio ambiente más estrictas del mundo, la cual se introdujo después de estar varias décadas estudiando los principales problemas medioambientales existentes en la Unión. Las actividades prioritarias en relación al medio ambiente se enfocan en la lucha contra el cambio climático, mantener la biodiversidad, reducir los problemas de salud derivados de la contaminación y el uso de los recursos naturales de manera más responsable. De esta forma, lo que se persigue con estas políticas es la protección del medio natural, de una manera que se contribuya al crecimiento económico, impulsando la innovación y la empresa. La Unión Europea ha puesto en marcha a través de un libro de medidas, un paquete ambicioso que marque su propio liderazgo en la preparación para un acuerdo mundial. En ese sentido, se ha convertido en la primera potencia mundial que adopta objetivos jurídicos vinculantes de tal alcance en materia de clima y energía.
Según las instituciones comunitarias, su política medioambiental se basa en “los principios de cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente y «quien contamina paga»”. En este sentido los programas plurianuales en materia de medioambiental fijan el marco de acción en todos los ámbitos políticos relativos que luego se integran en estrategias horizontales y se tienen en cuenta en las negociaciones internacionales relacionadas.
Esta política europea se remonta 1972 cuando el Consejo Europeo (tras la Cumbre de la Tierra de Estocolmo) reconoció la necesidad de establecer una política medioambiental que acompañara la expansión económica. Ya en 1987, mediante el Acta Única Europea, se introdujo un título sobre medio ambiente, que constituyó la primera base jurídica para una política común en la materia, con el objetivo de proteger la salud humana y garantizar la adecuada gestión de los recursos naturales. Posteriormente con el Tratado de Maastricht, el ámbito medioambiental se convirtió en un ámbito oficial de la política comunitaria, se introdujo el procedimiento de codecisión y el Consejo institunializó la votación por mayoría cualificada. En 1999 el Tratado de Ámsterdam integró la obligación de integrar la protección medioambiental en todas las políticas de la UE para promover el desarrollo sostenible. Con el Tratado de Lisboa, la «lucha contra el cambio climático» pasó a ser un objetivo comunitario específico en las relaciones con terceros países, al igual que el desarrollo sostenible.
Una acción destacada dentro de esta política medioambiental es la red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva de Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
Las políticas e iniciativas educativas de la Unión Europea (UE) son las desempeñadas por Comisión Europea como apoyo a los Estados miembros de la Unión ya que dentro de la organización cada país es responsable de su propio sistema educativo. En ese contexto, la Comisión ofrece un “foro de cooperación entre países” que oficialmente busca una mayor coherencia de las políticas educativas nacionales. Así mismo, la Comisión financia varias iniciativas de apoyo a la educación que van desde el reconocimiento de las cualificaciones en otros países hasta el fomento de experiencias.
El Espacio Europeo de Educación Superior es un ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con el Proceso de Bolonia que quiere armonizar los distintos sistemas educativos de la Unión Europea y proporcionar una forma eficaz de intercambio entre todos los estudiantes, así como dotar de una dimensión y de una agilidad sin precedentes al proceso de cambio emprendido por las universidades europeas. Se integran actualmente en el EEES aparte de los 27 países de la UE otros como Rusia y Turquía hasta llegar a la cifra total de 49 países participantes. Los países que se encuentran dentro del EEES son:
El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht dio reconocimiento la dimensión cultural de la integración europea, al atribuir ciertas competencias de acción cultural a la Comunidad Europea, en el artículo 128 (hoy 151) del Tratado. Según eso, la Comunidad Europea debe impulsar las culturas de los Estados miembros, teniendo especial cuidado en preservar la diversidad, pero poniendo también de manifiesto el "patrimonio cultural común". En este sentido, la Comisión Europea dispone de un comisario que agrupa en una sola cartera la educación, la formación, la cultura y la juventud, pero no el multilingüismo.
La diversidad cultural de la Unión Europea se refleja, en las diferentes lenguas de los Estados miembros. Así, las diferencias culturales entre las regiones que conforman la UE, sumadas a las tradiciones culturales que "importan" los inmigrantes procedentes de fuera de la unión, la han dotado de un carácter multicultural que no deja de diversificarse.
Uno de los aspectos más importantes de este fenómeno es la interrelación entre diferentes grupos religiosos. Los pueblos que actualmente conforman la UE tiene una tradición milenariamente cristiana, que se ha visto modificada en las últimas décadas principalmente a causa de la inmigración procedente de África, Oriente Medio y los países de la ex Yugoslavia. En este contexto, el mayor aporte religioso de los inmigrantes ha sido el musulmán, cuya presencia cada día es mayor, principalmente en las grandes ciudades como París, Fráncfort, Marsella o Berlín.
También el desarrollo de los medios de comunicación ha jugado un papel relevante en la "revolución cultural" que experimenta la UE. Personas con un origen cultural distinto comparten ahora preferencias por manifestaciones culturales, bien sea aportadas por uno de ellos o procedentes de una tercera cultura.
Uno de los proyectos culturales más importantes es la designación de la Capital Europea de la Cultura. Este es un título conferido por la comisión y el parlamento europeo a una o dos ciudades europeas, que durante un año tienen la posibilidad de mostrar su desarrollo y vida culturales. Algunas ciudades europeas han aprovechado esta designación para transformar completamente sus estructuras culturales y ser reconocidas en el ámbito internacional. Cuando una ciudad es nombrada capital europea de la cultura, en ella se desarrollan todo tipo de manifestaciones artísticas.
Las lenguas de la Unión Europea (UE) son las lenguas oficiales de esa organización en las que están redactados sus Tratados constitutivos y que se usan también como lenguas de trabajo. Las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión son veinticuatro, un número inferior al de Estados miembros, ya que varios de éstos comparten idiomas. Sin embargo, en la Comisión Europea, por ejemplo, el colegio de comisarios negocia sobre la base de documentos presentados en inglés, francés, alemán, italiano y español.
Cada Estado miembro tiene derecho a inscribir una lengua como oficial pese a lo cual la salida del Reino Unido de la Unión en 2020 no supuso la eliminación del inglés como lengua oficial. Es así que De facto las principales lenguas oficiales y de trabajo son el inglés y el francés, tanto por su uso hablado, así como por su uso en la primera redacción de los documentos oficiales. En total, el inglés es la lengua más hablada en la UE (seguida por el francés), sin embargo la lengua materna más hablada es el alemán. Como consecuencia de esta influencia, las tres "lenguas de trabajo" de la UE son el inglés, el francés y el alemán. Sin embargo, en los estados miembros se utilizan, además de los 24 idiomas señalados, unas 60 lenguas más, cooficiales solo en parte del territorio o no oficiales (lenguas regionales y minoritarias).
La religión en la Unión Europea se practica en el marco de la libertad de culto garantizada por cada Estado miembro de la organización. Sin embargo, mediante el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión cuenta con un fundamento jurídico para un diálogo regular entre sus instituciones y las iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas o no confesionales.
En la UE la separación Iglesia-Estado constituye un principio rector en la formación cívica. En este sentido, el Parlamento Europeo ha definido la laicidad como «la estricta separación de las autoridades religiosas y políticas», lo que según dicha institución conlleva el rechazo de “cualquier injerencia religiosa en el funcionamiento de las instituciones públicas, así como de cualquier injerencia pública en materia religiosa”. No obstante este principio esta sometido al objetivo primordial de “hacer respetar las normas de seguridad y preservar el orden público”.
En los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como de los Estados en negociaciones de adhesión (Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía), existen algunas diferencias por motivos religiosos entre sus habitantes. En general, la mayoría de ciudadanos europeos que profesan alguna religión se adscriben al cristianismo, en alguna de sus diferentes ramas (católica, protestante u ortodoxa). Así, mientras que en algunos países como Italia, España, Francia o Irlanda predomina la religión católica; en otros como Suecia o Dinamarca predomina la religión protestante, y en otros como Grecia o Rumania la religión ortodoxa. Asimismo, en otros países como Turquía, la religión musulmana es la mayoritaria.
Por símbolo de la Unión Europea podemos entender cualquiera de los elementos que son tomados oficialmente como identificativos por esta entidad supranacional. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los símbolos de la UE como la bandera, el lema, el himno o el Día de Europa no son jurídicamente vinculantes, aunque todos ellos se encuentran en uso. Pese a esto, dieciséis países miembros declararon su lealtad a los símbolos de la Unión Europea en una declaración anexa al tratado.
Europa ha sido origen a lo largo de la historia de muchos de los deportes más populares, así como del Movimiento Olímpico. En la actualidad, el deporte en la Unión Europea tiende a estar altamente organizado, y las distintas modalidades suelen contar con ligas profesionales. Además, la mayoría de las organizaciones deportivas internacionales de relevancia están situadas en Europa.
En países miembros de la Unión Europea, se han creado diversos deportes que hoy en día son muy populares e importantes en el mundo. El fútbol, deporte creado en Reino Unido, es el más extendido y popular en la Unión Europea y del mundo. Los clubes deportivos de fútbol en Europa son generalmente los que han cosechado mayor éxito a lo largo de la historia en el mundo, así como los mejores pagados. La UEFA Champions League, el campeonato de fútbol a nivel europeo, es uno de las competiciones futbolísticas más prestigiosas. A nivel estatal, las ligas más populares son la La Liga española, la competición italiana Serie A, la Ligue 1 en Francia o la Bundesliga en Alemania.
El rugby, por su parte, a nivel profesional es popular en el sur de Francia, Irlanda y el norte de Italia. Otros deportes, como el baloncesto, el balonmano, el ciclismo, el voleibol, el waterpolo, o el hockey también son practicados con popularidad en algunos Estados miembros.
El deporte en la Unión Europea es principalmente una responsabilidad de los distintos Estados miembros o de otras organizaciones internacionales. Sin embargo, algunas políticas de la UE han tenido un impacto sobre el deporte, tales como la libre circulación de trabajadores, a través de la sentencia Bosman, la cual prohíbe a las ligas nacionales de fútbol la imposición de cuotas de jugadores extranjeros con ciudadanía europea.
En 2012 la Unión Europea ganó el Nobel de la Paz, que fue otorgado por unanimidad de todos los miembros del jurado, «por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia, y los derechos humanos en Europa». En 2017 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por lograr «el más largo período de paz de la Europa moderna, colaborando a la implantación y difusión en el mundo de valores como la libertad, los derechos humanos, y la solidaridad».
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