El Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, formalmente el Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (en inglés: United States – Peru Trade Promotion Agreement) es un tratado de libre comercio (TLC) bilateral firmado entre el Perú y los Estados Unidos de América. Se trata de un acuerdo de carácter vinculante, cuyos objetivos son eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y fomentar la inversión privada en y entre ambos países. Además de temas comerciales, incorpora temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, derechos laborales y políticas ambientales, entre otras. Fue firmado el 18 de marzo de 2003; ratificado por el Congreso peruano, el 28 de junio de 2006; por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 2 de noviembre de 2007; y por el Senado de Estados Unidos, el 4 de diciembre de 2007. Tanto el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush en Washington D. C., como el presidente del Perú Alan García en Lima aprobaron su implementación el 16 de enero de 2009. El TLC fue implementado el 1 de febrero de 2009.
El 4 de diciembre de 1991, bajo el Gobierno del presidente George H. W. Bush, Estados Unidos promulgó la Ley de Preferencias Arancelarias de los Países Andinos Andean Trade Preference Act (ATPA) que eliminaba los aranceles de una serie de productos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Su objetivo era fortalecer las industriales legales en estos países, como alternativas a la producción y el tráfico de drogas.
El programa fue renovado el 31 de diciembre de 2002 por el Gobierno de George W. Bush bajo el nombre de Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas o Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA). Esta decisión de renovar el ATPA por parte del Gobierno de los EE. UU. respondió a la intención de mejorar las relaciones comerciales, apoyar el proceso democrático y luchar contra el narco-terrorismo. En el marco de la ley renovada, los productos andinos exentos de aranceles aumentaron de unos 5.600 a alrededor de 6.300. Además del régimen de excepción en el pago de aranceles, en este ATPDEA se incluyeron temas de vital importancia para el Perú como el ingreso libre de aranceles para las confecciones textiles elaboradas con insumos regionales y espárragos (existían constantes amenazas de retirarle los beneficios).
El ATPDEA debía expirar el 31 de diciembre de 2006, pero fue renovado por seis meses, hasta el 30 de junio de 2007. Una nueva prórroga fue concedida el 28 de junio de ese año, esta vez por ocho meses, hasta el 29 de febrero de 2008.
El 18 de noviembre de 2003 Robert Zoellick notificó al Congreso de la intención del Gobierno de George W. Bush de iniciar negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con los países del ATPDEA. Las negociaciones empezaron sin Bolivia en mayo de 2004; sin embargo, los tres países restantes (Ecuador, Colombia y Perú) decidieron buscar acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Tras 13 rondas de negociaciones, Perú y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo el 7 de diciembre de 2005. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú Alfredo Ferrero y el representante del comercio de Estados Unidos Rob Portman firmaron el tratado de libre comercio el 12 de abril de 2006 en Washington D. C. en presencia del presidente del Perú Alejandro Toledo.
El Congreso del Perú debatió el acuerdo durante seis horas en una noche y lo ratificó a primera hora del día siguiente, el 28 de junio de 2006. La votación fue de 79 a favor, 14 en contra y 7 abstenciones. Por su parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el tratado el 8 de noviembre de 2007, con un voto de 285–132. El Senado de Estados Unidos aprobó el acuerdo el 4 de diciembre de 2007, con una votación de 77-18. En Estados Unidos, las leyes de implementación obtuvieron amplio apoyo del Partido Republicano (176-16 en la Cámara de Representantes, 47-1 en el Senado) y respaldo dividido del Partido Demócrata (109–116 y 29–17).
El 16 de enero de 2009, el presidente de Estados Unidos George W. Bush y el presidente del Perú Alan García aprobaron la implementación del TLC que comenzó a regir el 1 de febrero de 2009.
Por el Perú el equipo negociador durante el Gobierno de Alejandro Toledo estuvo conformado por:
En el gobierno de Alan García, el equipo estuvo conformado por:
Existían diferentes críticas al TLC con los EUA. Una de las primeras era que en la negociación no se reconocía la asimetría entre las economías y el nivel de desarrollo existente en ambos países. Algunos líderes políticos estaban de acuerdo con la realización del tratado, en su mayoría de derecha como Lourdes Flores, Alan García (aunque su posición fue ambigua durante las elecciones del 2006 al rechazarlo y luego como presidente apoyar el TLC). Entre los políticos y personalidades importantes que se oponían estaban los políticos Javier Diez Canseco, Susana Villaran y el expresidente Valentin Paniagua.
La firma con los Estados Unidos provocó multitudinarias manifestaciones en 2005, en particular de campesinos que manifestaron ser los más perjudicados con la aprobación de este proyecto de eliminación de aranceles y otras protecciones comerciales. El gobierno peruano dijo que planearía otorgar compensaciones (subsidios) para reducir el impacto del tratado a los campesinos, como hace EE UU para abaratar sus productos. Sin embargo tras el incumplimiento de esta promesa los campesinos marcharon en protesta reclamando estas ayudas para subsistir. Cabe acotar que estas protestas se han producido antes de que el Tratado de Libre comercio entre el Perú y los Estados Unidos entre en vigencia, con el fin de evitar la firma.
La segunda jornada de protestas, el 18 de febrero de 2008, denominada "Paralización Nacional Agraria", fue secundada por varios miles de campesinos y fueron convocadas por el Comando Nacional Unitario de Lucha de los campesinos peruanos, se saldó con cuatro muertos por la represión a las violentas protestas campesinas. Los manifestantes cortaron vías por todo el país, en ocasiones durante jornadas de 24 a 48 horas debido a la inversión del estado en una gran carretera que consideran dañará ecosistemas, poblaciones indígenas y sólo será de utilidad a las multinacionales. El gobierno de Alan García frente a esta nueva huelga, se vio obligado a decretar el Estado de Emergencia en ocho provincias (suspensión temporal de derechos consitucionales) y dijo también que los responsables de las muertes fueron los "extremistas agitadores".
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