La repercusión en Argentina de los Panama Papers o papeles de Panamá se refiere a las consecuencias que tuvo en Argentina la filtración informativa en medios de prensa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca conforme la cual existió el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias, con fines que podrían ser de evasión tributaria u otras motivaciones, por parte de personalidades relevantes del país, mediante la fundación de compañías inscritas en un paraíso fiscal.
En Argentina la difusión de la documentación con la mención de personalidades del país, incluido el propio presidente Mauricio Macri, tuvo repercusiones políticas y denuncias judiciales que en algunos casos se encuentran en curso.
En 2015, una persona cuya identidad se mantiene en reserva a su pedido se contactó con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung manifestando que con el único interés de «hacer públicos estos delitos» entregaría el volumen completo (2,6 terabytes) de información que abarca cuarenta años de los negocios de Mossack Fonseca, aunque la mayor parte del material analizado está referido al periodo entre 2005 y 2015,dejando a cargo del destinatario la selección de lo que se publicaría. El periódico decidió compartir el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ por lo que trabajaron equipos de cerca de 80 países pertenecientes a más de 100 medios, incluyendo en Argentina a un equipo periodístico del diario La Nación; estos equipos ordenaron, clasificaron, validaron y analizaron información durante doce meses antes de publicar los primeros resultados, sin perjuicio de que esas tareas continúan.
El extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen afirmó que las firmas offshore «se hacen para ocultar a los accionistas» y que «lo grave es figurar como director», como es el caso de Macri entre 1998 y 2009. En un reportaje del diario Página 12 el director de Tax Justice Network (TJN, una ONG dedicada a investigar el accionar abusivo de las guaridas fiscales) John Christensen opinó que «Macri debería demostrar que Fleg es legítima (...) Si un argentino abre una sociedad en las Bahamas, lo más probable es que lo haga para evadir el pago de impuestos».
Por su parte, Silvana Martínez, la abogada experta en sociedades y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), atestiguó ante el juez Sebastián Casanello que “la IGJ no inscribe desde el año 2003 sociedades off-shore” y que solo deben inscribirse en Argentina si van a desarrollar negocios en el país. Agregó que los accionistas deberían declararlas en la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo encargado de la recaudación impositiva, en la medida que reciban dividendos como accionistas u honorarios o remuneraciones como directores.
De los Panama Papers surgió que el presidente de Argentina Mauricio Macri fue director en las sociedades Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas desde 1998 y con funcionamiento hasta 2009. En este contexto y aunque no forma parte de los documentos filtrados porque no se fundó con ayuda de Mosseck Fonseca, apareció una segunda empresa vinculada al presidente Macri, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981 y que todavía está activa según el Registro Público de Panamá.
Luego de conocerse la información, según el sitio web El Destape expertos en asuntos de lavado de dinero reclamaron se investigue el rol de Macri en un supuesto ilícito. La oposición pidió investigar al titular del ejecutivo desde el Congreso.
El 7 de abril, el fiscal Federico Delgado decidió impulsar la imputación penal contra el presidente Mauricio Macri por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de la denuncia realizada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez que se basa en los documentos filtrados. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
El presidente Mauricio Macri reconoció su vinculación con las dos sociedades mencionadas por los Panama Papers y afirmó que se trata de una empresa familiar, que ocasionalmente habría dirigido y que nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad, razón por la cual no estaban su declaración jurada patrimonial y que era director nominal ya que las mismas fueron creadas por su padre, quien sí la incluía en su declaración jurada de bienes.>
El juez en lo Civil Andrés Fraga, quién más tarde sería denunciado por dicho fallo, e investigado por su posible actuación irregular convalidó la versión propuesta por Macri acerca de la sociedad Fleg Trading Ltd, de Bahamasde que solo aceptó el cargo de director para el que fue designado efecto de designar a un reemplazante y renunciar y que en Kagemusha, de Panamá, no aceptó siquiera tácitamente el cargo de director para el que fue designado por Franco Macri y que no fue socio o accionista, ni percibió de ellas dividendos, utilidades ni ganancias no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno ni fue titular o cotitular de alguna cuenta corriente bancaria de las mismas.Mientras escribía su fallo el juez Fraga concursaba para su ascenso, su expediente estuvo congelado durante meses, pero luego de desligar a Macri su expediente reactivó y quedó en manos de Pablo Tonelli, diputado PRO. Siendo ascendido por el propio Mauricio Macri.
A raíz de estas irregularidades juez Fraga fue denunciado por este salvataje a Macri. La jueza Marcela Pérez Pardo, que integra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, pidió que se investigue una posible actuación irregular del juez Fraga dado que es un juez civil pero aceptó intervenir en una causa que corresponde al fuero comercial.
Igualmente figura Néstor Grindetti, intendente de Lanús y exministro de Hacienda de Buenos Aires durante el gobierno de Macri como poseedor de un poder de la empresa Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, que operó hasta 2013, que le permitía gestionar fondos a nombre de la compañía en el banco privado suizo Clariden Leu Limiteden. Las únicas acciones de Mercier eran al portador, un tipo de acciones que ayuda a ocultar la titularidad de las sociedades.
Grindetti respondió a través de su vocero Fabián Fernández que poseía el mencionado poder con el fin de realizar una inversión en el exterior que finalmente no se concretó, entre otras razones, «por el cepo cambiario». Fernández aseguró que Grindetti no llegó a poner dinero en la sociedad y, como no tuvo movimientos de fondos ni activos, no la incluyó en sus declaraciones juradas y dijo no recordar la cuenta en el banco suizo Clariden Leu.
La diputada Elisa Carrió, aliada del oficialismo al que también pertenece Grindetti, declaró que «no tiene explicación, siempre sospeché que era un corrupto y no me equivoqué». También afirmó que Macri le había mostrado los comprobantes correspondientes, que probarían la legalidad de las firmas.como coletazo por los Panama Papers en abril de 2016 tanto Grindinetti como Mauricio Macri fueron denunciados por una supuesta maniobra de corrupción y lavado de dinero para financiar la campaña del PRO durante el 2015, por montos cercanos a los 475 millones de dólares; el juez Sebastián Casanello decidió investigar a ambos. El fiscal de instrucción Martín Niklison denunció a Néstor Grindetti, por ocultar las empresas off shore cuando ambos eran funcionarios del Gobierno porteño.
Días después de las primeras publicaciones, el diario La Nación confirmó que Alejandro Burzaco, imputado en 2015 por la justicia de los Estados Unidos en el Caso de corrupción de la FIFA aparece en los documentos de Panamá relacionado con múltiples firmas offshore a través de las cuales habría pagado más de u$s370 millones en sobornos a dirigente de Confederación Sudamericana de Fútbol.
Algunos de los empresarios más importantes mencionados en los PP son:Argentina es mencionada en 270 firmas offshore, más 1200 argentinos son directivos u accionistas en paraísos fiscales.
La oposición pidió investigar al titular del ejecutivo desde el Congreso y reclamó la renuncia de Laura Alonso, titular designada por el presidente en la Oficina Anticorrupción, quien habría defendido el uso de cuentas en paraísos fiscales por parte de Macri. Luego de realizar esta defensa, Alonso fue criticada por diversos políticos, afirmando que debería ser la primera en exigir transparencia por parte de los servidores públicos. La diputada Margarita Stolbizer denunció que la Oficina Anticorrupción «confunde sus competencias y se convierte en la oficina de defensa de funcionarios y sus secretos». En tanto la vicepresidenta argentina defendió al presidente implicado, autocalificándose como «talibán de la transparencia».
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Repercusión de los Panama Papers en Argentina (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)