Se conoce como quema de conventos a la ola de violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la Iglesia católica ocurrida entre los días 10 y 13 de mayo de 1931 en España, pocas semanas después de haberse proclamado la Segunda República.
Los disturbios comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico de la calle de Alcalá y rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el levante peninsular. Alrededor de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente aquellos días, se destruyeron objetos del patrimonio artístico y litúrgico, se profanaron algunos cementerios de conventos y varias personas murieron y otras resultaron heridas.
Con la proclamación de la Segunda República Española, el nuevo orden constitucional debía amparar la libertad de conciencia y desarrollar un proceso de secularización que permitiera superar la tradicional identificación entre el Estado y la Iglesia católica, que era considerada por los republicanos como uno de los elementos clave de legitimación de la monarquía. "Los republicanos anunciaron su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales y reducir en gran medida, si no eliminar, el número de órdenes religiosas establecidas en España".
Sin embargo, para evitar reacciones por parte de los católicos españoles, las primeras decisiones del Gobierno Provisional de la Segunda República Española sobre la secularización del Estado fueron moderadas, en sintonía con la decisión de poner a su frente al católico liberal Niceto Alcalá Zamora y nombrar en la cartera clave de Gobernación, a su compañero de la Derecha Liberal Republicana, el también católico Miguel Maura. En la regla tercera del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional, promulgado el mismo día 14 de abril de 1931, y hecho público al día siguiente en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, se proclamó la libertad de cultos:
En aplicación de esta declaración en las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras, como la “disolución de la órdenes militares, supresión de la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos en cárceles y cuarteles [22 de abril y 19 de abril, respectivamente], prohibición de participación oficial en actos religiosos [Circular del Ministro de la Gobernación del 17 de abril], fin de las exenciones tributarias a la Iglesia, privación de sus derechos a la Confederación Nacional Católico-Agraria, etc. Entre todas, quizá la medida más destacada fue el decreto de 6 de mayo declarando voluntaria la enseñanza religiosa”. Por un decreto de 5 de mayo se privó a la Iglesia católica de su representación en los Consejos de Instrucción Pública, con lo que la jerarquía católica ya no pudo intervenir en la elaboración de los planes de estudios, un derecho que venía ejerciendo desde hacía mucho tiempo. Además se prohibió la asistencia a actos religiosos de los militares no siendo a título personal y se suspendieron las festividades de los Patronos de Armas y Cuerpos del Ejército. Por último se modificó la ley electoral de 1907 para que los sacerdotes pudieran presentarse como candidatos en las elecciones.
Al mismo tiempo el Gobierno Provisional inició los contactos con el nuncio Federico Tedeschini para asegurarle que el Gobierno hasta que no se aprobara la nueva Constitución respetaría el Concordato de 1851 y a cambio la Iglesia debía dar muestras de que acataba el nuevo régimen. Así el día 24 de abril el nuncio envió un telegrama a todos los obispos en el que les transmitía el «deseo de la Santa Sede» de que «recomend[asen] a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su[s] diócesis que respet[ase]n los poderes constituidos y obede[ciese]n a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común». Junto al nuncio, el otro miembro de la jerarquía eclesiástica que encarnó esta actitud conciliadora hacia la República fue el cardenal arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer, que ya había realizado algunos gestos de deferencia hacia las nuevas autoridades como su visita al presidente de la Generalidad de Cataluña Francesc Macià, el día 18 de abril, o como el envío el día 22 de una carta de saludo y felicitación al Gobierno provisional de la República por parte de la conferencia de obispos catalanes. Otro prelado que estaba en la misma línea era el cardenal arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundáin y Esteban, y el diario católico que la apoyaba era El Debate, dirigido por Ángel Herrera, fundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que al día siguiente de la proclamación de la República había manifestado en el editorial publicado en primera página, aunque acompañado de un retrato y de un “homenaje al Rey Alfonso XIII”: “La República es la forma de gobierno ‘de hecho’ en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber es acatarla. (…) Y no le acataremos pasivamente… le acataremos de un modo leal, activo, poniendo cuanto podamos para ayudarle en su cometido”.
Sin embargo un sector numeroso del episcopado estaba compuesto por obispos menos conciliadores e incluso abiertamente opuestos a la República (muchos de ellos nombrados durante la Dictadura de Primo de Rivera) que no estaban dispuestos a transigir con la República a la que consideraban una desgracia pues entendían que estaba en clara oposición a la Iglesia. La cabeza visible de ese grupo era el Cardenal Primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que ya se había manifestado claramente contrario a la República antes y durante la campaña de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, afirmando que la República era obra de los “enemigos de la Iglesia y el orden social”, por lo que estaba justificada la formación de un “compacto frente unido” en defensa de la Monarquía y de la Iglesia católica. Ya en su primera intervención desde el púlpito después del 14 de abril se refirió a la República como un castigo divino, lo que levantó las iras de la prensa republicana, señalándolo como el símbolo del clericalismo monárquico, y provocó el envío de una nota de protesta del gobierno a la nunciatura. Pero el pronunciamiento de mayor trascendencia del Cardenal Segura se produjo el día 1 de mayo cuando hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la situación española en un tono catastrofista, hacía un agradecido elogio de la monarquía y del destronado monarca Alfonso XIII, “quien, a lo largo de su reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores”. La prensa republicana interpretó la pastoral como una incitación a los fieles a unirse para salvar los derechos amenazados de la iglesia y los partidos y organizaciones de izquierda la consideraron una declaración de guerra, incrementando el sentimiento anticlerical de muchos ciudadanos. El Gobierno Provisional de la Segunda República Española presentó una nota de "serena y enérgica" protesta al Nuncio Federico Tedeschini por lo que consideraba una intervención en política del Cardenal Primado, "cuando no hostilidad al régimen republicano", y pidió que fuera apartado de su cargo. La prensa, por su lado, arreciaba en su campaña contra Segura.
En la mañana del domingo 10 de mayo de 1931 se inauguraba en la calle Alcalá el Círculo Monárquico Independiente, fundado por el director del diario monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, que acababa de regresar de Londres donde se había entrevistado con el exrey Alfonso XIII con el objetivo de formar un comité electoral del que surgiera una candidatura monárquica para presentarla en las elecciones a Cortes Constituyentes que se iban a celebrar al mes siguiente. El acto contó con la aprobación del director general de Seguridad, Carlos Blanco Pérez, que habría dado autorización verbal a Luca de Tena para que el acto se celebrara, aunque sin llegar a comunicárselo al Ministro de la gobernación Miguel Maura. Durante el acto, los monárquicos hicieron sonar la "Marcha Real" en un gramófono y lanzaron pasquines de El Murciélago en el que se llamaba a "hacer la vida imposible a esta caricatura de República".
Al parecer, en la calle dos nuevos invitados que acababan de llegar sostuvieron una discusión política con el taxista que los había traído que era republicano, a la que se unieron varios transeúntes. La discusión se convirtió en un altercado y ardieron tres coches aparcados frente al Círculo, cuyos dirigentes pidieron la protección de la fuerza pública. Enseguida corrió el rumor por la ciudad de que un taxista republicano había sido asesinado por unos monárquicos, y una multitud se congregó ante la sede del diario ABC en la calle Serrano, donde tuvo que intervenir la Guardia Civil, que disparó contra los que intentaban asaltar y quemar el edificio causando varios heridos y dos muertos, uno de ellos un niño.
Una manifestación se dirigió entonces a la sede de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, donde exigieron la dimisión del ministro de la Gobernación Miguel Maura (que había acudido personalmente a la sede del Círculo Monárquico para calmar los ánimos y donde había sido recibido por los republicanos al grito de ¡Maura, no!, rememorando el rechazo a la actuación de su padre, Antonio Maura, durante la Semana Trágica de 1909). Al mismo tiempo grupos de exaltados quemaban un quiosco del diario católico El Debate, apedreaban el casino militar y rompían los escaparates de una librería católica. Además a las ocho de la tarde algunas armerías eran asaltadas y se producían disparos contra una unidad montada de la Guardia Civil. Hacia la medianoche un exaltado disparó contra la multitud congregada en la Puerta del Sol hiriendo a una persona y luego fue linchado.
Esa misma noche el ministro de la Gobernación Miguel Maura quiso desplegar a la Guardia Civil pero sus compañeros de gobierno, encabezados por el presidente Niceto Alcalá Zamora y por el ministro de la Guerra Manuel Azaña, se opusieron, reacios a emplear a las fuerzas de orden público contra el "pueblo" y restando importancia a los hechos. Maura también usó como argumento que había recibido una información de un capitán del ejército de que algunos jóvenes del Ateneo de Madrid estaban preparándose para quemar edificios religiosos al día siguiente, a lo que Manuel Azaña le contestó, según cuenta Maura en sus memorias, que eran «tonterías» y añadió, que, en caso de ser cierto lo que se preparaba, sería una muestra de «justicia inmanente».
Cuando el gobierno estaba reunido a primeras horas de la mañana del lunes 11 de mayo le llegó la noticia de que la Casa Profesa de los jesuitas estaba ardiendo. El ministro de la Gobernación Miguel Maura de nuevo intentó sacar a la calle a la Guardia Civil para restablecer el orden pero al igual que la noche anterior se encontró con la oposición del resto del gabinete y especialmente de un ministro —a quien Maura en sus Memorias identificó como Manuel Azaña—, quien afirmó, según relató Maura al diario Luz en 1932, que «todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito»» —sin embargo, Alcalá Zamora escribió en sus Memorias que Azaña «no se opuso ni por un instante a la declaración del estado de guerra»—. A otro ministro, según Maura, le hizo gracia que fuesen los jesuitas los primeros en pagar «tributo» al «pueblo soberano». El que presentó su dimisión —que luego retiraría— fue Maura, que abandonó la sede de la Presidencia del Gobierno. La inacción del gobierno permitió que los sublevados quemaran más de una decena de edificios religiosos.
Un testigo de los acontecimientos fue un muy joven Julio Caro Baroja que relató más tarde lo que vio:
Abajo los jesu[itas]
La justicia del pueblo
por ladrones.
Ardieron así el convento de las Bernardas de Vallecas y la iglesia de Santa Teresa, de los carmelitas descalzos. (...) Por tener mi domicilio cerca, vi arder el convento de los carmelitas. Era por la mañana, ya avanzada ésta. Unos grupos de hombres habían prendido fuego a la iglesia, y mientras ardían tiraban por las ventanas de la residencia enseres y libros. Entre éstos, un ejemplar de la Enciclopedia Espasa. Recuerdo cómo dos o tres hombres sacaron a un fraile viejo, alto, de buen aspecto, custodiado, para que nadie se metiera con él, mientras que otro reprendía a un compañero, que -al parecer- quería llevarse un tomo o unas láminas del pobre repertorio enciclopédico: "Camarada, no hemos venido aquí para robar", etc.
Por la tarde, por fin, el Gobierno declaró el estado de guerra en Madrid y a medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. Al día siguiente, martes 12 de mayo, mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular (los sucesos más graves se produjeron en Málaga). Por el contrario, allí donde los gobernadores civiles y los alcaldes actuaron con contundencia no hubo incendios.
Entre los días 11 y 12 de mayo de 1931 se quemaron intencionadamente en Madrid los siguientes edificios religiosos:
Además de estos se intentaron incendiar otros doce edificios religiosos, aunque sin éxito. Durante los altercados algunos religiosos fueron agredidos y expulsados de sus templos. En los incendios de estos edificios se quemaron y destruyeron para siempre obras pictóricas de artistas como Zurbarán, Van Dyck y Claudio Coello.[cita requerida] Además se realizaron diversos saqueos y robos antes de producirse los incendios.[cita requerida]
En Málaga la quema de conventos estuvo precedida por un intento de incendio del Palacio del Obispo en 1930 y varios sucesos el mismo día de la proclamación de la República el 14 de abril con el asalto a la sede del diario La Unión Mercantil y un intento de asaltar la Residencia de los Jesuitas y el Seminario al día siguiente.
Cuando llegaron a la ciudad las noticias de los sucesos de Madrid, las turbas de incontrolados se echaron a la calle por la noche y comenzaron los asaltos a la Residencia de los Jesuitas y el Palacio del Obispo. Los incidentes se prolongaron durante la madrugada y todo el día 12. Un periodista subido en su coche por la carretera de Colmenar, describió la ciudad: "El panorama que desde allí presenciamos no se borrará fácilmente de nuestra retina. Era verdaderamente aterrador, dantesco, producía escalofríos en el cuerpo y una intensa amargura en el espíritu. La ciudad estaba silenciosa y tétrica. El cielo veíase rojo, negras columnas de humo hacia él ascendían. Era el resplandor de las tremendas hogueras, que desde diversos sitios de la capital, elevaban hacia el infinito sus llamas intensas". Cuando se declaró el estado de guerra, que no logró contener a los saqueadores, se constituyó una Guardia Cívica con militantes republicanos y socialistas y la CNT, que publicó un manifiesto pacificador.
Existen dudas razonables sobre la actitud y acciones del, por entonces, recientemente nombrado por el gobierno republicano, general Juan García Gómez-Caminero, gobernador militar de Málaga, que incluso pudo ser condescendiente para con las masas incendiarias de iglesias. El citado gobernador militar no sólo no reprimió a las masas anticlericales, anarquistas y a los radicales de izquierda pirómanos, sino que mandó retirar las fuerzas de la Guardia Civil durante los disturbios, y envió un telegrama a Azaña con el siguiente contenido: "Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará". Dicho gobernador militar fue destituido a los pocos días, para al poco tiempo ser ascendido a General de División y posteriormente nombrado Inspector General del Ejército.
Málaga fue la ciudad española más afectada durante estos trágicos sucesos, y buena parte de su patrimonio religioso, artístico, cultural e histórico fue destruido para siempre. No solo la destrucción o semidestrucción de edificios, sino las pérdidas de archivos históricos importantísimos, piezas de orfebrería, ricos bordados, imágenes de incalculable valor, antiquísimas pinturas, bibliotecas, etc. serían de inviable cuantificación e imposibles de recuperar. Entre las numerosas obras que fueron pasto de las llamas destacan las esculturas del Nazareno del Dulce Nombre de Jesús del Paso, el Crucificado de la Buena Muerte y la Virgen de Belén de la Iglesia de Santo Domingo, paradigmas del barroco español, ambas obras del imaginero Pedro de Mena. De Fernando Ortiz, la imagen de Jesús Orando en el Huerto, que era una escultura de talla completa, y la Urna con el Cristo yacente del antiguo Santo Sepulcro de la Iglesia de San Agustín, que fue quemado en una hoguera en la Plaza de la Merced, así como la imagen del Nazareno Caído, conocido como "El Chiquito" de la Hermandad perchelera de la Misericordia, del escultor José de Mora.
Resultaron afectados por incendios:
Igualmente fueron asaltadas y saqueadas:
Y los conventos e iglesias de San Manuel, San Lázaro, Catalinas, Reparadoras, San José, Concepción, San Bernardo, Encarnación, Servicio Doméstico, Esperanza, Sagrada Familia, Adoratrices, Mercedarias, Cruz del Molinillo, San Carlos, Terciarias Franciscanas, San Pedro y Santísima Trinidad.
Durante los sucesos hubo cuatro muertos, y los incendios y asaltos también afectaron a residencias y comercios de civiles.
En Valencia ardieron los conventos de San José de las Carmelitas, San Julián de las Agustinas y el Colegio de la Presentación. Asimismo, fueron asaltados los conventos de Teresianas, la Residencia de los Jesuitas y el Seminario Conciliar de Valencia.
En Sevilla durante el 11 de mayo se quemó el colegio de los Jesuitas en la Plaza de Villasís, la Iglesia del Buen Suceso, la Residencia de los Capuchinos, la Capilla de San José y los conventos de las Mínimas y los Paúles. También se intentó incendiar el Palacio Arzobispal y los conventos de San Buenaventura, San Leandro y San Juan de Dios, aunque estos incendios fueron sofocados por la intervención ciudadana. La Guardia Civil impidió la quema de la iglesia de los Jesuitas de la calle Trajano y las iglesias de los Salesianos y Reparadoras.
El día 12 de mayo se declara el estado de guerra en Sevilla, pero a pesar de ello, la violencia se extiende a los pueblos. En Lora del Río se reproducen los incidentes contra la iglesia parroquial, la ermita de Nuestro Padre Jesús y el convento de las Mercedarias Descalzas. En Coria del Río se incendian tres iglesias. En Alcalá de Guadaíra un grupo de asaltantes expulsa a las Franciscanas del convento de Santa Clara. Sucedería lo mismo en Carmona donde tuvieron que abandonar su convento las Agustinas. No sucedió así en otros pueblos como Olivares, Carrión, Puebla del Río y Espartinas donde los propios vecinos hicieron unas "guardias cívicas" y armados impidieron que las partidas organizadas de incendiarios quemaran sus iglesias y conventos.
En Granada el 12 de mayo se intenta quemar el diario católico La Gaceta del Sur y el monárquico El Noticiero Granadino. Respecto a edificios religiosos se intentan quemar el colegio de los Maristas, el convento de los Agustinos y el de las monjas de Realejo. Todos estos incendios fueron sofocados por la rápida intervención de los bomberos. Pero los acontecimientos se desbordan cuando los asaltantes consiguen entrar en el citado diario católico, en los Luises, la residencia de los Redentoristas, la iglesia de Hospitalicos y el convento de las religiosas de Santiago. También estallará un artefacto en el convento de las Carmelitas y se intenta agredir a varios sacerdotes en la Gran Vía. El general González Carrasco decreta el estado de guerra y logra impedir la quema del convento de las Trinitarias, pero no logra que el convento de los Capuchinos sea pasto de las llamas.
En la provincia de Granada se reproducen los actos violentos en Loja donde se queman el convento de Santa Clara, la residencia de los Jesuitas en Santa Fe y es saqueada la iglesia de la Macarena. En Atarfe se produce un violento incidente entre vecinos y unos presuntos incendiarios que se salda con seis muertos y varios heridos.
En Córdoba ardió el Convento de San Cayetano.
En Murcia fue quemada la Iglesia de la Purísima y fueron asaltados los conventos de las Isabelas y de las Verónicas. También se incendió el quiosco del diario La Verdad.
En Alicante se incendiaron las Escuelas Salesianas, el Colegio de las Carmelitas, la Parroquia de Benalúa, el Convento de San Francisco, la casa de ejercicios de la Compañía de Jesús, el Convento de las Oblatas, la Iglesia del Carmen, Convento de la Preciosísima Sangre de Cristo (Alicante), el Convento de Capuchinos, el Convento de Agustinos, el Palacio Episcopal, el Colegio de Jesús María, el Colegio de la Compañía de María y el Colegio de los Maristas. Gracias a la intervención del alcalde Lorenzo Carbonell se logró evitar la quema de Santa Faz.
La Agrupación al Servicio de la República condenó los hechos en un artículo publicado en El Sol el 11 de mayo, firmado por Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y R. Pérez de Ayala:
El alcalde socialista de Madrid publicó el siguiente bando:
El diario El Socialista publicó el 12 de mayo de 1931:
No se sabe con absoluta certeza quién quemó los alrededor de cien edificios religiosos que ardieron total o parcialmente aquellos días (además de la destrucción de objetos del patrimonio artístico y litúrgico y la profanación de algunos cementerios de conventos), y durante los cuales murieron varias personas y otras resultaron heridas, pero la hipótesis más admitida es que los incendiarios fueron elementos de extrema izquierda republicana y anarquista que pretendían presionar al Gobierno Provisional para que llevara a cabo la «revolución» que significaba ante todo arrancar de cuajo el «clericalismo». Sin embargo, lo que sí que está clara fue la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la situación, que solo se explica, además de por una difusa simpatía que pudieran sentir algunos ministros por los alborotadores, por «una mezcla de perplejidad, error de cálculo, debilidad y miedo a la impopularidad derivada del empleo de la fuerza contra el pueblo». En esta misma línea explicativa se manifiesta el historiador Gabriel Jackson, que señala que la «mayoría de los ministros» no quería que «el nuevo régimen comenzara su existencia disparando contra españoles», convencidos de que «las masas odiarían a un Gobierno que recurriera a la guardia civil ante las primeras señales de un motín». El propio presidente Niceto Alcalá Zamora, en una alocución radiada el mismo día 11, justificó implícitamente la actitud del gobierno, diciendo que se había evitado un baño de sangre. Sin embargo, el Papa Pío XI el 17 de mayo se referiría a la «gravísima» responsabilidad de los que no habían «impedido oportunamente» que los sucesos se produjeran.
La izquierda republicana y los socialistas hablaron de la existencia de una conspiración monárquica y clerical, e interpretaron los hechos como un «aviso para el Gobierno Provisional» sobre la política moderada que había llevado hasta esos momentos. El pueblo «dotado de fino instinto», aseguró El Socialista, se había adelantado al Gobierno en la defensa del régimen. El órgano cenetista Solidaridad Obrera fue el que más insistió en la intervención popular en los hechos y en relacionarlos con un movimiento justiciero frente al «afeminamiento político» del Gobierno, que «ha[bía] dejado de ser un Gobierno revolucionario para convertirse en uno de los tantos Gobiernos liberales de la monarquía». Las logias masónicas también expresaron al gobierno su descontento por su contemporización con los elementos conservadores, clericales y monárquicos. Entre los que apoyaban al Gobierno Provisional, los únicos que claramente condenaron lo sucedido y se opusieron a la interpretación que estaban haciendo de los sucesos la izquierda republicana y los socialistas fueron los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la República, que criticaron duramente que se considerara una expresión de la democracia los actos vandálicos de una «multitud caótica e informe» y ponían en duda que incendiar edificios religiosos fuera una demostración de «verdadero celo republicano».
El gobierno se sumó a la interpretación de la izquierda republicana y de los socialistas y por eso ordenó la suspensión de la publicación del diario católico El Debate y del monárquico ABC, así como la detención de varios significados monárquicos (que semanas después serían absueltos por los tribunales, lo que provocó una dura reacción de la prensa de izquierdas que lo consideró una nueva y vergonzosa maniobra monárquica). El gobierno llegó a acordar incluso la expulsión de los jesuitas, aunque finalmente no se consumó. Y en ese contexto se produjo la expulsión de España el 17 de mayo del obispo integrista de Vitoria Mateo Múgica, por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao donde el gobierno temía que, con motivo de su visita, se produjeran incidentes entre los carlistas y los nacionalistas vascos que compartían su oposición a la República y su defensa del clericalismo, y los republicanos y los socialistas anticlericales.
El Gobierno Provisional aprobó también algunas medidas dirigidas a asegurar la separación de la Iglesia y el Estado sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes. El 13 de mayo una circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria concretaba el decreto de 6 de mayo que había declarado voluntaria la enseñanza religiosa. En ella, además de establecer que sería necesaria una manifestación expresa de los padres en la matrícula indicando que deseaban recibirla, se ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiese alumnos que no recibieran enseñanza religiosa. El 21 de mayo un decreto declaraba obligatorio el título de maestro para ejercer la enseñanza, lo que afectaba especialmente a los colegios religiosos ya que los frailes y monjas que impartían las clases carecían del mismo. El 22 de mayo otro decreto reconocía la libertad de cultos y la libertad de conciencia en la escuela y otra disposición prohibía a los religiosos «enajenar inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos o históricos» sin permiso de la administración.
La Iglesia católica, que en general había reaccionado con moderación a los incendios de mayo, criticó todas estas medias laicistas, especialmente la retirada de los crucifijos de las aulas donde hubiera alumnos que no querían recibir enseñanza religiosa, y sobre todo el decreto de 22 de mayo que provocó incluso la protesta del Nuncio asegurando que no era legal legislar sobre libertad de cultos o enseñanza religiosa en las escuelas sin tener en cuenta el Concordato de 1851. El 30 de mayo la Santa Sede negó el placet al recién nombrado embajador de España, Luis de Zulueta. La reacción más radical partió de nuevo del cardenal Segura que el 3 de junio en Roma, donde se encontraba desde el 12 de mayo, hizo pública una pastoral en la que se recogía “la penosísima impresión que les había producido ciertas disposiciones gubernativas” a los obispos y todos los agravios que a su juicio había padecido la Iglesia hasta esos momentos, incluido el último decreto, del que no aceptaban que la enseñanza religiosa desapareciera de la escuela pública, poniendo de manifiesto el antiliberalismo que la Iglesia católica seguía manteniendo. La pastoral del cardenal Segura de nuevo desató las iras de la prensa republicana y socialista que la calificó de “intromisión intolerable”. El Gobierno Provisional expresó a la Santa Sede su deseo de que el cardenal no retornase a España y que fuese destituido de la sede de Toledo. En estas circunstancias el cardenal Segura volvió inesperadamente a España el 11 de junio y fue detenido tres días después por orden del gobierno en Guadalajara, y el día 15 fue expulsado del país. De este hecho quedó una famosa foto que dio la vuelta al mundo con el cardenal abandonando el convento de los paúles de Guadalajara rodeado de policías y guardias civiles, que se presentó como prueba de la persecución que estaba padeciendo la Iglesia católica en España. El Cardenal Segura no volvería a España hasta después de iniciada la guerra civil Al día siguiente se celebró en la plaza de toros de Pamplona un gran mitin católico para protestar contra la expulsión del cardenal.
Dos meses después, y en pleno debate en las Cortes Constituyentes recién abiertas sobre la nueva Constitución en el que la “cuestión religiosa” estaba siendo la más polémica, se producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República y la Iglesia católica y en el que el Cardenal Segura volvía a ser protagonista. El día 17 de agosto entre la documentación incautada al vicario de Vitoria, Justo Echeguren, que había sido detenido tres días antes en la frontera hispano francesa por la policía, se encontraron unas instrucciones del Cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad. "Pero lo más grave era que, a tal circular, acompañaba un dictamen del abogado Rafael Martín Lázaro, firmado en fecha tan temprana como el 8 de mayo, que aconsejaba la transferencia por parte de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes muebles en títulos de deuda extranjeros, es decir, invitaba a la fuga de capitales", todo ello para eludir una posible expropiación por parte del Estado. La respuesta inmediata del Gobierno Provisional, después de descartar la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, fue la publicación el 20 de agosto de un decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas. En el preámbulo se intentó suavizar la medida haciendo referencia a “los esfuerzos notorios que ha[bían] realizado elementos destacados de la Iglesia española” para mantener su lealtad al nuevo régimen, aludiendo así al sector conciliador encabezado por el cardenal Francisco Vidal y Barraquer y el Nuncio frente al intransigente sector integrista encabezado por el cardenal Segura. Por otro lado, el decreto fue acompañado por la suspensión de una decena de periódicos católicos del País Vasco y de Navarra que se habían significado por sus proclamas antirrepublicanas y que fueron acusados por el gobierno de hacer llamamientos a la rebelión armada contra la República.
A juicio del historiador Julián Casanova:
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