Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, Cádiz, 15 de febrero de 1952), es una política española, ministra de Fomento de 2004 a 2009. Fue diputada en el Parlamento Europeo desde las elecciones del 7 de junio de 2009 hasta su nombramiento como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. En junio de 2014 dimitió como vicepresidenta del BEI al ser imputada por el caso de los ERE.
Fue diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga y Consejera de Economía de la Junta de Andalucía.
Es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora de Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
En 1979 accedió por oposición al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, ejerciendo diversos cargos en el Ministerio de Hacienda y posteriormente en la AEAT, Inspectora jefe de la Delegación de Hacienda de Málaga (1987-1989), Directora general de Incentivos Económicos Regionales (1989-1993) y Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el ámbito político, Álvarez Arza ha sido diputada del PSOE en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Málaga hasta que en agosto de 1994 fue nombrada consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, incorporándose como independiente al segundo Gabinete del presidente andaluz, Manuel Chaves.
Durante esa etapa fue uno de los miembros del Ejecutivo regional más perjudicado por la situación política andaluza, ya que ninguno de los dos presupuestos de la Junta que elaboró su departamento fue aprobado por el Parlamento.
En 1996, tras las elecciones autonómicas, fue confirmada por Chaves en su cargo, desde el que trabajó especialmente en el pago de la deuda histórica a Andalucía y la financiación autonómica.
En las siguientes elecciones autonómicas, en marzo del 2000, Chaves la mantuvo al frente de la consejería de Economía y Hacienda de Andalucía para hacer frente a la sexta legislatura andaluza.
Ante las Elecciones generales españolas de 2004, encabezó la candidatura socialista al Congreso de los diputados por la provincia de Málaga, al tiempo que formó parte del "Comité de Notables", formado por José Luis Rodríguez Zapatero para que le apoyasen en su candidatura a la Presidencia del Gobierno de España.
Poco antes de esas elecciones, en enero, Álvarez Arza –casada y con una hija– fue elegida presidenta de la Mesa de la Conferencia Política socialista. A raíz de las elecciones de 2004 es nombrada Ministra de Fomento. En su etapa como ministra de Fomento se elaboró el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) con el horizonte en 2020. Con este plan, España tendría en 2010 la red de alta velocidad más amplia del mundo, por delante de países pioneros como Japón y Francia, aunque finalmente China adelantó a España en este aspecto. En esta legislatura llegó la alta velocidad a Valladolid, Málaga y Barcelona. Igualmente España se convirtió en el tercer país del mundo con más kilómetros de autopistas y autovías, solo por detrás de Estados Unidos y China. Durante su mandato al frente del Ministerio de Fomento congeló las inversiones en el AVE a Galicia en detrimento a las conexiones andaluzas y catalana, lo que Magdalena Álvarez consideraría en un exabrupto público "el plan Galicia de mi***a", este hecho y la posterior crisis económica provocó que esta obra acumule un retraso de 8 años en relación a los plazos iniciales de ejecución y un agravio de casi 30 años desde que la primera línea de AVE a su tierra (Madrid - Sevilla) fue inaugurada con motivo de la Expo 92 de Sevilla.
En 2007 se convirtió en el primer miembro de un Gobierno democrático español reprobado por el Parlamento, después de que el resto de grupos políticos criticaran los socavones que se produjeron en Cataluña durante las obras de la alta velocidad y que paralizaron el transporte público en la provincia de Barcelona. Pese a ello, el PSOE ganó las elecciones generales de 2008 en Cataluña.
En las elecciones generales de 2008 es reelegida diputada al congreso por la provincia de Málaga. Pese a ganar las elecciones, pasó sus peores momentos como ministra a partir de agosto de 2008, cuando ocurrió un grave accidente aéreo en Madrid que dejó 154 muertos. Posteriormente, en enero de 2009, una copiosa nevada obligó a cerrar el aeropuerto de Barajas durante cinco horas. El servicio meteorológico de Fomento falló al pronosticar sólo una "nevada débil" y el aeropuerto cesó su actividad sin aplicarse el protocolo de emergencia. Después de este incidente, Zapatero tomó la decisión de destituir a Álvarez como ministra de Fomento, lo que ocurrió el 7 de abril de 2009, dentro de una profunda remodelación del Gobierno de España. Deja el Ministerio de Fomento, siendo sustuida al frente de éste por José Blanco López.
Formó parte de la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo en las elecciones del 7 de junio de 2009, siendo elegida eurodiputada.
En junio de 2010 es nombrada vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones por lo que dejó su cargo de eurodiputada.
En junio de 2014 dimitió de su cargo en el Banco Europeo de Inversiones, aunque ella negó que tuviese nada que ver con su imputación en el caso ERE en Andalucía.
La República Argentina le otorgó la Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín en 2009.
El 24 de abril es condecorada con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III Real Decreto 772/2009, de 24 de abril, concesión que estuvo sujeta a polémica.
El 2 de julio de 2013, es imputada por la juez Alaya en el caso ERE en Andalucía, una trama consistente en el supuesto desvío de capitales públicos entre los años 2001 y 2010 bajo el mandato del PSOE. En marzo de 2014 la juez le impone una fianza civil de 29 millones de Euros por este caso.
En 2006 siendo ministra de Fomento llegó con Abertis a un acuerdo para la gestión de la AP-7 entre Salou y la Jonquera por el que la concesionaria obtendría una compensación económica si no se cumplían ciertas expectativas de tráfico. A pesar de las críticas del Consejo de Estado avisando de los riesgos, pues ya se pronosticaba en España una crisis económica con la consecuente caída en el tráfico de mercancías además de que tal acuerdo implicaba la desaparición del riesgo para la empresa privada. La ministra hizo caso omiso y firmó igualmente. Debido a la caída del tráfico ya prevista, en marzo de 2017 el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) sentencio al Estado a pagar a Abertis 1.494 millones de euros.
En 2019 fue condenada por un delito de prevaricación a 9 años de inhabilitación por el caso ERE por la Audiencia de Sevilla.
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