La inmigración venezolana en el Perú hace referencia al movimiento migratorio desde Venezuela hacia Perú, ambas naciones ubicadas en América del Sur.
Según un reporte de Plan Internacional hecho en 2021, en el Perú habría más de 1 400 000 venezolanos, convirtiendo al país en el segundo con más migrantes venezolanos en el mundo, solo después de Colombia, siendo esta la ola migratoria más grande del siglo XXI en el Perú. En la actualidad, los venezolanos constituyen la comunidad extranjera más numerosa en el Perú.
En Lima se concentra más del 80 % de migrantes venezolanos en el Perú, convirtiéndola en la ciudad con más venezolanos en todo el mundo fuera de Venezuela. Otras ciudades del país con población venezolana significativa se ubican en la costa norte (Trujillo, Piura, Chiclayo y Chimbote); la región amazónica (Puerto Maldonado, Moyobamba e Iquitos); la sierra central (Huánuco y Huancayo); y la zona sur del país (Arequipa, Tacna e Ica). La mayoría de venezolanos que emigra hacia el Perú está compuesta por jóvenes en edad de trabajar (entre 18 y 39 años) y escoge a Lima como su ciudad de residencia (65 % del total). No obstante, también ha empezado a vivir en otras capitales de provincia como Trujillo (8 %), Piura (3 %) y Arequipa (3 %), según un reciente informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El área de Lima Metropolitana (Lima y Callao) concentra el 86.6 % de los venezolanos en el Perú. Otras ciudades del Perú con población venezolana significativa se ubican en la costa norte (Trujillo, Piura, Chiclayo y Chimbote); la región amazónica (Puerto Maldonado, Moyobamba e Iquitos); la sierra central (Huánuco y Huancayo); y la zona sur del País (Arequipa, Ica y Tacna). En esta última ciudad (Tacna) habita un grupo importante de venezolanos que se dirige hacia el Cono Sur de América (Chile, Argentina y Uruguay), o que han sido rechazados para ingresar al territorio chileno por sus autoridades migratorias.
El mayor número se encuentra en Lima Norte, llegando al 10,9 % en Los Olivos, 8,9 % en San Martín de Porres y 4,1 % en Independencia; seguidos por La Victoria (8,7 %), Santiago de Surco (5,5 %), San Juan de Miraflores (5,2 %), Chorrillos (4,9 %), San Juan de Lurigancho (4,8 %) y El Agustino (4,3 %). El resto de venezolanos (42 %) en la capital se encuentra distribuido en los demás distritos de Lima y Callao de manera homogénea.
En el distrito limeño de San Juan de Lurigancho se comenzó a gestar, debido a la masiva llegada de ciudadanos venezolanos, el primer barrio de la colectividad venezolana en el Perú, denominado coloquialmente como el «barrio chamo», que en el español venezolano quiere decir «muchacho».
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El derecho internacional de los derechos humanos es aplicable no sólo a los nacionales de un Estado, sino a toda persona dentro de la jurisdicción del Estado, incluidos los migrantes, independientemente de su estatus regular, irregular, documentado o indocumentado. Sus derechos humanos no están aislados de los derechos de otros y, con la excepción del derecho a entrar en otro país y de votar y presentarse a unas elecciones para un cargo público, los migrantes disfrutan de los mismos derechos fundamentales que los nacionales.
El derecho internacional reconoce la prerrogativa soberana de los Estados de determinar los criterios para la admisión y expulsión de los no nacionales, incluidos los migrantes. Los Estados tienen prohibido devolver a cualquier persona a países en los que podrían sufrir tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos o persecución, en virtud de lo establecido en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967. También deben garantizar las garantías procesales en los procesos de expulsión o deportación para evitar expulsiones colectivas. La interpretación general del derecho internacional también estipula que hay determinados motivos inaceptables de discriminación, como la raza, el sexo, la religión, o el estado de salud (por ejemplo, estar o poder estar infectado con el VIH), a la hora de condicionar quién puede ser admitido en un país y quién no; esto también debería evitarse en los procedimientos de selección de migrantes.
Entró en vigor el 23 de marzo de 1976, ratificado por 176 estados que aparte de reconocer, crean mecanismos para garantizar la protección de los derechos civiles y políticos.
Es de gran importancia ya que cautela los derechos fundamentales de la persona y es en este aspecto que nos ayuda a entender el marco legal con el que está protegido un individuo dentro de la jurisdicción del país. Se puede destacar lo siguiente:
Gobernantes, así como instituciones internacionales han destacado el esfuerzo realizado para acoger la ola migratoria venezolana, José Iván Dávalos jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones manifestó que «Perú ha sido muy generoso con el permiso temporal de permanencia (PTP), que posibilitó el ingreso de muchas personas». Además el Estado Peruano ha canalizado la ayuda de donaciones para los grupos vulnerables que lo necesiten.
En el ámbito legal aparte de los permisos especiales en 2017 entró en vigor el Decreto Legislativo 1350, un conjunto de leyes que intentan favorecer la permanencia y la armoniosa convivencia en la sociedad.
De acuerdo con la normativa peruana las Leyes de Extranjería y de Nacionalidad (Decreto Legislativo 703-1991) eran las principales normas en que se sustenta la política migratoria interna. Ambos documentos constituyeron los principales instrumentos que regularon el ingreso, permanencia, residencia, salida, reingreso y control de extranjeros en el territorio peruano, así como el establecimiento de sanciones en caso de incumplimiento. Dicha Ley de Extranjería nunca fue reglamentada. Por esta razón su texto único de procedimientos administrativos y sus directivas internas, establecían los trámites, procedimientos y servicios a seguir.
Esta norma señalaba que las personas extranjeras tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, con las excepciones previstas en la Constitución y la ley, siempre que éstas tengan una permanencia o residencia legal en el país. De igual forma, señalaba sus obligaciones, entre otras, el pago de las tasas y cumplimiento de procedimientos establecidos en la norma, la inscripción en el Registro de Migraciones, entre otras.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer la preocupante situación en la que se encontraban los migrantes en nuestro país como consecuencia de la obsoleta Ley de Extranjería, la inadecuada aplicación del marco normativo nacional e internacional, falta de coordinación institucional e incumplimiento de resoluciones judiciales son algunos son algunos puntos que se ha podido advertir.
La mencionada ley que rigió en el país durante 23 años (1991-2015) estaba plagado de requerimientos «obsoletos», que obstaculizaban la regularización de la situación legal de los extranjeros en el Perú, de este modo, tras varios años de incidencia y luego de 24 años el gobierno peruano publicó el Decreto Legislativo 1236 en octubre de 2015 que reemplaza a la obsoleta Ley de Extranjería de 1991 y este a su vez fue reemplazado al poco tiempo por el Decreto Legislativo 1350 Decreto Legislativo de Migraciones que tiene como puntos clave:
Es un documento emitido por La Superintendencia Nacional de Migraciones que les permite a los ciudadanos venezolanos, regularizar su situación migratoria y desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana, por un plazo de un año a partir de la fecha de su emisión.
Como condiciones tiene:
En el período 1994-2012, los venezolanos representaban el 2.0 % de inmigrantes en el Perú, ocupando el decimocuarto puesto de residentes extranjeros en el Perú. Entre el 2007-2016, los venezolanos con carnet de extranjería totalizaron 4190 ciudadanos, ocupando el tercer puesto con el 7,7 % de un total de 54 495 emitidos.
A partir del año 2016, Venezuela comenzó a sufrir una fuerte crisis económica, como consecuencia de factores internos y externos, como la crisis financiera de 2008, un endeudamiento externo desmesurado (una economía en Default), la caída de la producción de petróleo y una pésima gestión de gobierno. Debido a estos eventos, se produjo una aguda recesión económica en Venezuela, con una hiperinflación dando inicio a la emigración venezolana.
Debido a restricciones en la compra de dólares y escasez de divisas en Venezuela, se generó un mercado negro. La posibilidad de realizar compras de dólares y evadir el control fuera de Venezuela produjo la demanda para realizar el «turismo cambiario». En 2013, 152 mil venezolanos entraron y salieron al Perú con la condición de turistas, el doble que en el periodo 2012.
En el año 2016, más de 36 mil venezolanos entraron y salieron del Perú en calidad de turistas. Según datos del mismo año, los venezolanos residentes en el Perú representaron el 6.4 % de inmigración total siendo la sexta comunidad extranjera con 6615 ciudadanos.
En los años 2017 y 2018, se agudizó la crisis política y económica de Venezuela y generó que cientos de miles de ciudadanos migraran hacia países de la región y del mundo, entre ellos, al Perú.
En abril de 2019, un primer grupo de cincuenta venezolanos con antecedentes policiales fueron identificados y expulsados del país. Para enero de 2020 2,391 venezolanos habían sido expulsados Perú al no contar con la documentación correspondiente o por entrar al país de manera irregular.
El 31 de agosto de 2020 la cifra de venezolanos llegó a 1 043 460 en el Perú, superando el millón de migrantes en el país, aunque según un reporte de Plan Internacional hecho en 2021, en el Perú habría más de 1 400 000 venezolanos.
En 2017, debido a la situación económica (Venezuela llegó a tener la mayor inflación del mundo en ese año), la crisis humanitaria y los conflictos internos en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, originaron el éxodo masivo de venezolanos. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresó públicamente su apoyo a los inmigrantes venezolanos como ampliar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
Debido a la migración masiva, las facilidades migratorias causaron polémicas y malestar en el ámbito social del país.
Al terminar el 2017, 200 mil venezolanos permanecían en el Perú de los cuales 36 000 habían recibido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Por otra parte, otros 59 000 venezolanos inician su salida del Perú, como país de tránsito, rumbo a destinos como Chile, Argentina y Uruguay. Hasta el 24 de noviembre de 2018, se contabilizó en 600 mil el número de venezolanos que permanecían en el Perú. El 25 de agosto de 2018, el gobierno peruano informó que comenzaba a exigir la presentación de pasaportes a los venezolanos que ingresaran al país. Asimismo, se adelantó la fecha para acceder al Permiso Temporal de Permanencia hasta el 31 de octubre de 2018. El Gobierno declaró en emergencia a tres distritos de Tumbes «por peligro inminente de afectación a la salud y saneamiento» y el incremento de la «migración internacional proveniente del norte». Por su parte, el gobierno de Venezuela ofreció el pago de pasajes para los inmigrantes venezolanos que quieran regresar a su país.
El 5 de octubre, la jueza del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, revocó la petición de exigir pasaporte, tras declarar fundado en parte el habeas corpus interpuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que consideraba que no se debe impedir el tránsito a personas forzadas a huir de su país de origen. El Ministerio del Interior y Migraciones apelaron este fallo y el 11 de octubre la misma jueza dejó en suspenso la resolución que ella misma dictaminó, hasta que sea vista por una instancia superior. De esa manera, se restituyó la exigencia del pasaporte, aunque solo de manera temporal, hasta que el Poder Judicial dictamine un fallo definitivo. Sin embargo, los venezolanos que no cuentan con pasaporte continúan ingresando al Perú solicitando refugio. El 31 de octubre de 2018, 6708 venezolanos ingresaron a territorio peruano, siendo el mayor día de ingreso de venezolanos luego de cruzar la frontera con Ecuador.
A inicios de marzo de 2019, la Superintendente Nacional de Migraciones registró a 715 mil venezolanos en el Perú, de ellos, 285.163 cuentan con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), 205.382 están con el proceso de trámite del PTP y 224.666 en calidad de turista. El Estado peruano anunció la solicitud de visa y pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar a territorio peruano a partir del 15 de junio de 2019. Desde el 15 de junio de 2019 para migrar a Perú se requerida de visa especial humanitaria para ciudadanos venezolanos. El 14 de junio de 2019, se registró más de 9 mil ingresos de venezolanos al Perú, superando el récord de ingresos, en un día, registrado el 31 de octubre de 2018. A mediados de julio de 2019, alrededor de más de 850.000 migrantes venezolanos se encontraban en el país.
El 16 de junio de 2019, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB) y la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica (CEAS), interpusieron un hábeas corpus contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Migraciones, por la exigencia de visa y pasaporte. Dicho habeas corpus fue interpuesto ante la Corte Superior de Justicia de Lima, al considerar que se estaba vulnerando el derecho al libre tránsito, el derecho a recibir refugio, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho de los niños y adolescentes a la unión familiar reconocidos por la Constitución.
En una encuesta realizada en 2019, el 67 % de los limeños desaprobaba la inmigración de ciudadanos venezolanos al Perú frente a un 23 % que considera positiva. El aspecto negativo señala un 54 % que «aumenta la delincuencia y las actividades delictivas» y 46 % que «hay gente dispuesta a trabajar a menos precio» y «porque quitan puestos de trabajo a los peruanos». Por otro lado, el aspecto positivo, el 48 % indica que «nos presenta como un país solidario» y 31 % indica «porque son amables y ofrecen un buen trato».
Entre 2018 y 2019 se incrementaron las denuncias por parte de ciudadanos venezolanos por malas prácticas laborales de sus empleadores dentro del territorio peruano, entre los que se encuentran la precarización del trabajo, con el pago mensual inferior al salario mínimo legal, la ausencia de contratos de trabajo, jornadas laborales que promedian las doce horas diarias, entre otras prácticas de explotación laboral.
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, afirmó que la presencia de ciudadanos venezolanos en el Perú estaba afectando al mercado laboral. Precisó que varios trabajadores peruanos están siendo desplazados e incluso discriminados.
Según datos proporcionados por la Dirección de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri), de 2016 a mayo de 2019 se presentaron 5767 denuncias contra venezolanos, 55 % de las denuncias contra extranjeros, la mayoría por violencia familiar, delitos contra el patrimonio y por lesiones y homicidios. Para 2017 había 37 venezolanos en cárceles peruanas; para el 15 de mayo de 2019 la cifra ascendió a 364, la mitad por robo agravado. Para ese mes se desarticularon más de veinte bandas delincuenciales integradas por venezolanos, entre ellas la del Tren de Aragua. Durante una rueda de prensa realizada el 26 de mayo de 2019, el ministro del Interior Carlos Morán Soto declaró que los índices de delincuencia en Lima subieron tras la migración venezolana.
El 8 de septiembre se desarrolló el Crimen en SMP, en donde dos personas, uno peruano y otro venezolano, fueron asesinados y descuartizados por venezolanos. Las parte desmembradas se trasladaron a varios sitios de Lima.
Los venecos es una organización criminal que operaba en Perú en asuntos relacionados con la prostitución ilegal, el sicariato y otros delitos. La organización fue descubierta cuando la Policía Nacional del Perú, investigando el asesinato del ciudadano peruano Isaac Hilario en el centro comercial Risso por algunos de los miembros de la banda criminal, intervino en un hotel del limeño Distrito de Punta Negra y capturó a 144 personas, entre venezolanos, colombianos y peruanos. El grupo de Punta Negra se componía de 80 varones y 44 mujeres, con armamento de guerra. El sitio donde fueron encontrados se llama Rojo y funcionaba como punto de reunión para planear asaltos en Lima Metropolitana.
Debido principalmente al choque cultural con los inmigrantes, es que se han producido algunas situaciones de racismo y discriminación, tanto por parte de peruanos con actitudes xenofóbicas hacia inmigrantes venezolanos, especialmente de origen afrovenezolano, como también de parte de ciudadanos venezolanos hacia peruanos de origen indígena y de otras minorías étnicas del país. Asimismo, se han reportado situaciones discriminatorias aporofóbicas, debido al nivel socioeconómico de los migrantes.
Varios candidatos presidenciales han usado la xenofobia como campaña, incluyendo a Daniel Salaverry. El economista del partido Juntos por el Perú también utiliza su columna para opiniones personales xenofóbicas.
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