El golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue un intento de golpe de Estado que se dio en Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez. Precedido de un periodo de inestabilidad social y política en el que las fuerzas opuestas al proyecto bolivariano lograron cohesionarse tras el éxito del conocido inicialmente como paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001 en protesta contra la promulgación de las 49 leyes que impuso Chávez haciendo uso de la Ley habilitante, que logró paralizar una parte significativa del comercio urbano; una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Fedecámaras, luego de muchas protestas, marchas y paros entre febrero y marzo, el 7 de abril Chávez despide trabajadores de Pdvsa y el paro del 9 de abril, los convocantes prolongaron hasta declararla indefinida el 10 de abril, y los sucesos del 11 de abril de 2002.
Ese 11 de abril había convocada una marcha por un sector de la oposición; en principio recorrería los sectores caraqueños de Parque del Este, acabando en PDVSA Chuao, finalmente, arengados por los convocantes, los manifestantes se dirigieron hacia al Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, Caracas, donde se encontraban simpatizantes del gobierno concentrados en sus alrededores desde el 9 de abril. Enfrentados estos grupos, con la presencia de francotiradores, se produjeron 18 muertos y unos 69 heridos que los militares juramentados utilizaron como justificación del golpe momentos después: «La Constitución nos obliga a evitar más derramamiento de sangre y esa obligación pasa por la salida pacífica del presidente y la sustitución de alto mando».
Si bien todavía se discute quién inició y quién continuó el tiroteo esa tarde, en la madrugada del día siguiente el presidente Chávez es retenido en el Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas, y el Estado Mayor anuncia que Chávez ha dimitido, aduciendo que hay un vacío de poder.
Los promotores del golpe redactaron el Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, también conocido como el Decreto Carmona, en la cual se constituyó un nuevo gobierno de facto presidido por Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, disolviendo la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y suspendiendo al fiscal general, contralor general, los gobernadores y los alcaldes electos.
La respuesta de los partidarios de Chávez en la calle, el no reconocimiento del nuevo gobierno por gran parte de los países latinoamericanos, así como la acción de los militares leales al Gobierno, posibilitó que Chávez reasumiera la presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002. «Chávez llegó al Palacio de Miraflores en un helicóptero, mientras sus ministros lo esperaban allí, junto a unos 200.000 manifestantes». Los imputados en el golpe alegaron que lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder originado por la declaración del Alto Mando Militar según la cual, Chávez habría dimitido (renuncia que el propio Chávez desmintió, el mismo 12 de abril su hija María Gabriela negara, aclarando que se hallaba detenido por los militares, y posteriormente, el fiscal general, Isaías Rodríguez también negara), como también habría dimitido el vicepresidente Diosdado Cabello, y por el desconocimiento público de algunos oficiales a la autoridad de Chávez. Inicialmente, el recién instaurado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un veredicto dictando que lo sucedido el 11 de abril fue un vacío de poder, sentencia que posteriormente fue anulada en 2005. En resumen son estas 49 leyes las que destruyeron en parte la economía del país, llevaron a ocho años recesión económica, una crisis económica y a una hiperinflación
Fedecámaras empezó a distanciarse de Chávez durante la elaboración de la nueva Constitución venezolana de 1999. Pedro Carmona Estanga indica que la falta de diálogo del gobierno con los empresarios durante el proceso constituyente causó malestar general en estos últimos, a su parecer los puntos específicos del texto que irritaron al empresariado fue la eliminación del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas, el poder otorgado al Presidente frente a los ascensos militares, la eliminación del Congreso bicameral, el fortalecimiento del presidencialismo y la extensión del período presidencial a seis años con posibilidad de reelección inmediata, la pérdida del equilibrio entre los Poderes Públicos, un capítulo de derechos indígenas desproporcionado a la realidad venezolana, y la reafirmación de una orientación estatista e intervencionista, lo que limitaría las libertades individuales y económicas. Vicente Brito, el entonces presidente de la cúpula empresarial, agregó una razón más al anunciar que la organización que presidía apoyaría el "No" en el Referéndum constitucional que venía, le había molestado una declaración que Chávez hizo el 18 de noviembre de 1999:
El 28 de julio de 2001, Carmona Estanga derrota electoralmente a Alberto Cudemus, empresario cercano al chavismo, y sucede a Brito en la presidencia de Fedecámaras. El 4 de agosto, Carmona coincide con Chávez en la Academia militar de Venezuela, donde se celebraba el aniversario de la Guardia Nacional; de acuerdo al empresario, el Presidente le dice que ya no quiere conflictos con Fedecámaras, y planifican una reunión el 22 de agosto en el Palacio de Miraflores. En la reunión, Carmona le propone a Chávez un plan para bajar el desempleo, en 17% en ese momento, mejorando las condiciones en aras de aumentar la inversión privada hasta un 20% del PIB en cinco años, el último responde con un plan de fortalecimiento del sector público. Se crea entonces una mesa de diálogo entre Fedecámaras y el gobierno, este último representado por Jorge Giordani, ministro de Planificación. Las reuniones no trajeron resultados, a pesar de que ocurrían una vez a la semana y de que Chávez estuvo presente en una de ellas, el gobierno siguió elaborando las polémicas 49 leyes sin compartir su contenido con Fedecámaras o su equivalente agraria, Fedenaga, lo que en la opinión de los opositores, violaba los artículos 206 y 211 de la Constitución.
En octubre de 2001 el contenido parcial de estas leyes se había filtrado como rumores, Carmona y Chávez coinciden en el Círculo Militar de Caracas. De acuerdo al empresario, ocurre el siguiente diálogo:
Chávez: Espero que no asumas la defensa de los intereses de la oligarquía para impedir la aprobación de una ley que permitirá el reparto de tierra a los pobres.
El 13 de noviembre, Chávez decreta 49 leyes amparándose en la ley habilitante que le fue otorgada por la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior, instrumento legal que le permitía legislar sin la aprobación del Poder Legislativo. Aunque originalmente dos tercios de la Asamblea estaban controladas por el chavismo, la situación había cambiado debido a que unos diputados se habían vuelto disidentes y era poco probable que Chávez lograse conseguir otra ley habilitante; razón por la cual el Presidente aprueba estas leyes un día antes de que su poder especial expire. Aparecen entonces la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley General de Puertos, etc., pero la más polémica es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Bajo esta última ley, el gobierno venezolano ganaba la potestad de tomar tierras privadas si sobrepasaban cierto tamaño y eran catalogadas como latifundios, o si consideraba que estaban siendo explotadas por debajo de su potencial; adicionalmente, el Estado ahora debía aprobar el uso que el propietario hace de la tierra; además, todos los propietarios fueron obligados a demostrar la titularidad de sus terrenos antes del 18 de diciembre, bajo el riesgo de perderlas en caso de que no lo hiciesen. De acuerdo a The Miami Herald, en ese momento el 95% de los terratenientes venezolanos no contaban con títulos firmes.
Carmona Estanga suspende entonces el diálogo con el gobierno y convoca a una asamblea extraordinaria el 28 de noviembre; en la fecha propone entonces que el 10 de diciembre se realice un paro nacional de doce horas, y logra el apoyo mayoritario de la cúpula empresarial, aunque resalta el rechazo de Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria. El 4 de ese mismo mes se suma a Fedecámaras la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la principal central sindical; su Secretario General, Carlos Ortega, estaba fortalecido después de derrotar en elecciones al candidato oficialista, Aristóbulo Istúriz. No obstante, los partidos políticos opositores están divididos en sus opiniones de como superar la crisis política, Acción Democrática insiste en la Asamblea en designar una junta médica que pruebe la incapacidad mental del presidente, Francisco Arias Cárdenas y sus diputados llaman a referéndum consultivo, el Movimiento al Socialismo pide que se convoque a otra Constituyente, Primero Justicia y la Iglesia Católica piden al gobierno un cambio de curso. En todo caso la iniciativa opositora la tienen los empresarios, ya que los partidos todavía no se recuperaban de los descalabros electorales de los últimos años.
Aunque firme en ejecutar las 49 leyes, el Presidente intenta hasta el final evitar que Fedecámaras lleve a cabo su paro, durante un almuerzo con un grupo de empresarios y banqueros el 6 de diciembre, estos últimos son presionados para que no se plieguen al paro, bajo pena de que se le retiren los fondos públicos depositados en sus entidades. Producto de esta reunión, el ministro del Interior, Luis Miquilena, prepara un texto de compromiso que presenta a Carmona Estanga, pero este lo rechaza, simultáneamente Chávez hace lo mismo, hecho que ahonda la separación que se estaba formando entre el Presidente y quien fuera su mentor político. El día del paro Carmona anuncia que el mismo fue acatado por el 90% del país, pero el gobierno lo niega; haya sido o no un éxito, tanto Chávez como Carmona consideraron, en retrospectiva, que esa fecha fue histórica:
Efectivamente el conflicto estalla de manera irreconciliable entre los empresarios y el gobierno; en los próximos dos meses Chávez hace dos cambios en su gabinete que demuestran que no hay marcha atrás, primero reemplaza al ministro de Agricultura y Tierras por "un catedrático revolucionario" cuya principal misión es asegurarse que se ejecute la Ley de Tierras; se realiza la gran marcha del 23 de enero de 2002 (fecha que conmemoran cada año el Golpe de Estado en Venezuela de 1958) donde más de 200 mil personas salieron en Caracas dirigidas por la CTV con Carlos Ortega, el 25 de enero renuncia Luis Miquilena, ministro del Interior por presión del gobierno de Chávez., aunque este último promete seguir cooperando con Chávez, en privado siente disgusto por el discurso agresivo de su pupilo y espera el momento adecuado para arrebatarle el control de la Asamblea Nacional.
La situación económica se va deteriorando rápidamente en Venezuela, a inicios de febrero las reservas internacionales han caído a 10 mil millones de dólares; una semana después Chávez recorta el gasto público en un 22%, y luego del anuncio el Bolívar se devalúa en un 20%; Chávez también destituye al presidente de PDVSA, Guaicaipuro Lameda Montero, un militar quien se había vuelto crítico de la Ley de Hidrocarburos, incluida en el paquete de 49 leyes, su sucesor, Gastón Parra Luzardo, es un economista de visión dura cercano a Chávez. La nómina ejecutiva de la estatal petrolera se muestra molesta ante esta decisión, ya que en su opinión el nuevo Presidente no conoce la industria, y además se ha violentado una larga tradición meritocrática.
A la crisis política y económica se suma entonces el factor militar; el 7 de febrero, el diario El Nacional organiza un foro sobre la democracia, después de que Carmona concluyera su participación, un coronel de la Aviación, Pedro Luis Soto, toma el micrófono de manera sorpresiva y hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que salven la democracia, que en su opinión está siendo amenazada por Chávez, no obstante, el coronel tuvo que aclarar que estaba hablando de una salida institucional, no un Golpe de Estado, y que no había sido invitado a ese foro, su intervención había sido espontánea. Este era el tercer pronunciamiento de un militar activo contra Chávez desde que llegó al poder, el año pasado el capitán de la Guardia Nacional Luis García Morales había pedido la renuncia de Chávez y asegurado que existía una Junta Patriótica cívico-militar que planeaba destituirlo pacíficamente; poco después, otro coronel de la Aviación, Silvino Bustillos, denunció que los militares estaban siendo usados para hacer proselitismo político a favor de Chávez en las "Megaelecciones", y que había mucho descontento por esto; ambos oficiales fueron dados de baja de inmediato para la sorpresa de Bustillos, quien alegó que solamente le había tomado la palabra al Presidente, quien hace poco había pedido a los militares que mostrasen públicamente su descontento al gobierno, en caso de que existiese. Al pronunciamiento de Soto se suman entonces otros oficiales; destacan el contralmirante Carlos Molina Tamayo, el general Román Gómez Ruiz y el teniente coronel Hugo Sánchez; que si bien no llaman a derrocar al Presidente, sí piden un cambio en su política o que en su defecto renuncie. Chávez resta importancia a los anuncios y descarta que haya posibilidad de un golpe de Estado.
Mientras tanto los empresarios han estado ocupados, en el aniversario del Golpe de Estado de 1958 realizan una multidinaria concentración centrada en la Plaza O'Leary, el chavismo hace lo mismo frente al Palacio Federal Legislativo, ambas concentraciones están separadas entre sí por cuatro cuadras, pero transcurren sin incidentes. El 6 de marzo la CTV y Fedecámaras, representadas por Carlos Ortega y Carmona Estanga, firman un documento titulado "bases para un acuerdo democrático", con la mediación de Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica Andrés Bello; en dicho documento se exige al gobierno que cambie su gabinete económico, que abandone el sectarismo político, y que ofrezca soluciones inmediatas al déficit fiscal y al creciente desempleo. Carmona Estanga define el acuerdo como unas bases para superar la crisis actual, Ortega es más directo al decir que representa las bases para un gobierno de transición post-Chávez, y que si los convenios colectivos del sector magisterial y petrolero no son discutidos se convocará a una huelga general de trabajadores. Al día siguiente, Manuel Cova, secretario general de la CTV, llama al presidente Chávez a hacer un referéndum para determinar si la población está de acuerdo con las políticas de su gobierno.
Bajo este ambiente es que la CTV anuncia a una huelga general de 48 horas el 9 de abril, Fedecámaras y los ejecutivos de PDVSA hacen pública entonces su intención de unirse al paro. Chávez les sale al paso el 7 de abril, durante la transmisión de su programa dominical Aló Presidente, empieza a nombrar uno por uno a los gerentes petroleros que han llamado a la huelga, y luego de hacer sonar un silbato, anuncia su despido. Entre otras cosas los acusa de vivir con muchos lujos y beneficios, de sabotear la industria petrolera y de manejarla de manera poco ética, además les recrimina que la empresa tiene gastos operacionales tan altos que queda poco dinero para los planes sociales. Ese mismo día, Chávez se reúne con los generales Efraín Vásquez Velazco y Manuel Rosendo, así como con el presidente de PDVSA Gastón Parra, el fiscal general Isaías Rodríguez, los diputados Nicolás Maduro, Ismael García y Cilia Flores, también estaban presentes varios ministros, gobernadores y alcaldes oficialistas, destaca el ministro de Finanzas, general Francisco Usón, el alcalde del oeste de Caracas, Freddy Bernal, y el exguerrillero Guillermo García Ponce. Entre varias cosas se habló de aplicar el Plan Ávila, de pagar un bono de millón y medio de bolívares a los trabajadores petroleros que no se sumasen al paro, y hasta de simular una congestión de tráfico en la Autopista Francisco Fajardo con simpatizantes del chavismo para hacer ver que el paro no ha sido efectivo.
El primer día de la huelga el gobierno inicia una serie de cadenas presidenciales, 16 en total a un ritmo de dos por hora, donde el Estado obliga a todas las televisoras a presentar imágenes que muestran al país en normalidad laboral y entrevistas a sindicalistas opuestos a la huelga. Carlos Ortega desmiente al gobierno, y asegura que el 80% del país se había paralizado. De manera inédita, en horas de la noche varias televisoras privadas deciden dividir la pantalla y transmiten su propia programación junto con la del gobierno, aunque sí se mantiene el audio de este último. Al día siguiente, el vicepresidente Diosdado Cabello y el ministro de Defensa José Vicente Rangel se reúnen con directivos de Venevisión, RCTV, Globovisión y Televen, y los presionan para que no vuelvan a dividir la pantalla durante una transmisión nacional del gobierno. Justo durante la reunión, estos últimos son informados que funcionarios del gobierno han llegado al lugar donde está el control maestro de las televisoras (Conatel), preguntando cómo pueden apagar y encender los transmisores; al enterarse, los directivos abandonan la reunión furiosos, Rangel les saca a regañadientes la promesa de que no dividirán de nuevo la pantalla siempre y cuando los funcionarios gubernamentales sean retirados.
El mismo 10 de abril, dos generales más se pronuncian en contra del gobierno, el general de la Guardia Nacional Rafael Bustillos pide cordura al gobierno y la CTV, y llama a las Fuerzas Armadas a no dejarse usar para reprimir a la población. El general del Ejército Néstor González González es más agresivo:
Las declaraciones de los militares coinciden con un cable enviado al Departamento de Estado de los Estados Unidos por la CIA el 6 de abril, donde se estipula:
Este cable fue desclasificado por petición de la investigadora Eva Golinger, quien alegó en su libro "El Código Chávez", que esto era prueba de que el gobierno estadounidense estaba al tanto de que iba a ocurrir un golpe de Estado, no obstante no hace mención a la declaración de Charles S. Shapiro, entonces embajador estadounidense en Caracas, quien sí comunicó al presidente Chávez de estos planes, pero este último no le dio mucha importancia.
Esa noche Carlos Ortega anuncia que la huelga general ahora será indefinida al no conseguirse superar la crisis. Más temprano, se había reunido con Carmona y otros líderes de la oposición, quienes gesticularon que no era conveniente que la huelga superase las 72 horas, sugirieron convocar a una marcha desde Parque del Este a la sede de PDVSA en Chuao, que se había convertido en centro icónico de concentración de los petroleros en huelga. Algunos de los presentes propusieron marchar hacia Miraflores, el palacio de gobierno, pero esto no fue aprobado, en su lugar se daría por terminada la huelga al finalizar la marcha; agentes infiltrados de la DISIP se enteraron de los pormenores de la marcha, por otros medios también se enteró Edgar Márquez, entonces coordinador de la Federación Bolivariana de Trabajadores y posteriormente presidente de la "Asociación Nacional de Víctimas del Golpe de Estado del 11 al 14 de abril de 2002" (ASOVIC), afín al chavismo. De acuerdo a los periodistas "LaFuente" y "Meza", la probabilidad de que la marcha fuese desviada a Miraflores el 11 de abril era conocida también en la alcaldía de Bernal. Simultáneamente Chávez junto con Rosendo y los generales Francisco Belisario y Lucas Rincón planifican mandar un piquete de la Guardia Nacional a Chuao al día siguiente, para tomar las instalaciones de PDVSA y dispersar la concentración opositora, el general Eugenio Gutiérrez Ramos recibe el mando operativo de esta misión, no obstante, en la noche Rosendo logra convencer al presidente para que suspendiera la operación. Caracas no es el único foco de inestabilidad, el 10 de abril también se registran disturbios en el Estado Anzoátegui, Aragua, Nueva Esparta y el Zulia, sin embargo el ministro Rodríguez Chacín declara a la prensa que "el país se encuentra en total y absoluta tranquilidad, …como es evidente", y acusa a la CTV y a Acción Democrática de querer desestabilizar al gobierno.
La persistencia de la crisis económica y social, indujo a un grupo de organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), empresarios, iglesia católica, algunos partidos políticos a que el 9 de abril Fedecamaras convocara otra huelga general, esta vez de carácter indefinido, para forzar la renuncia de Chávez.
El 11 de abril, el tercer día de la huelga, concentrados desde temprano en la Plaza de la Meritocracia sede de Pdvsa Chuao, las protestas se convirtieron en disturbios, y una marcha contra el Gobierno fue desviada de su recorrido hacia el palacio presidencial de Miraflores. Ante estos hechos, el Presidente Chávez ordenó a los militares activar el Plan Ávila, y el canal del estado Venezolana de Televisión empezó a realizar llamados a todos los simpatizantes de chavismo a que saliesen a "defender la revolución". Para cuando la marcha opositora se acercó a Miraflores, se encontraron con una concentración de apoyo al Gobierno y varios efectivos militares. Ocurrieron entonces enfrentamientos armados entre la Policía Metropolitana, el Ejército y grupos, que produjeron varios muertos y heridos resaltando los Sucesos de Puente Llaguno. La presencia de francotiradores y los enfrentamientos con la Policía Metropolitana dejaron 19 muertos y cientos de heridos, entre opositores y partidarios al gobierno.
Entre otros hechos hubo una cadena nacional de radio y televisión, en la cual el presidente llamó a la calma. Por su parte, los medios de comunicación decidieron dividir la pantalla, acción considerada por ellos como un acto de respuesta periodística a los hechos. Mientras que en una pantalla se veía al presidente en tensa calma recibiendo documentos de sus colaboradores en la segunda pantalla se mostraba el caos originado por los enfrentamientos que ocurrían en Caracas. Líderes de la oposición, empresarios y sectores políticos y sociales acusaron al gobierno central de haber planificado las acciones violentas. Poco después el ministro de la Defensa, general en jefe Lucas Rincón, anunciaba la solicitud y aceptación de la renuncia como jefe de Estado de Hugo Chávez.
En la madrugada del 12 de abril, el Alto Mando Militar venezolano anunció a través del general Lucas Rincón Romero que le habían solicitado la renuncia a Chávez, y que este había aceptado:
No obstante, jamás fueron presentadas pruebas que respaldasen las declaraciones del general Rincón. El Gobierno argumentó después que la renuncia nunca se produjo, puesto que no se firmó ningún documento y que de haberse firmado hubiese sido ilegal una renuncia bajo presión militar, además de que en caso de renunciar el presidente debía asumir el vicepresidente y en el caso de renunciar este también debía asumir el presidente de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido en la Constitución:
Poco después, Chávez fue detenido y trasladado inicialmente al Fuerte Tiuna, ubicado en el sur de Caracas. Ese mismo día se decidió a Pedro Carmona presidente de Fedecámaras, como presidente interino, al margen de lo establecido en la Constitución:
En horas de la tarde del día 12 de abril se juramentó Pedro Carmona como presidente interino. Acto seguido, el procurador general designado por Carmona, Daniel Romero, leyó un decreto que derogó las 49 leyes decretadas. Su primer acto oficial fue la disolución del Parlamento (Asamblea Nacional), el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, de todos los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del fiscal general, del contralor, y de la Defensor del Pueblo, de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules como también de las Misiones Permanentes Diplomáticas, así como la eliminación de las 49 leyes habilitantes, y el cambio de la Constitución, al reponer el nombre de República de Venezuela, quitándole la condición de Bolivariana.
El nuevo gobierno de facto tuvo que enfrentarse con protestas de ciudadanos que se mantenían concentrados en sectores del país en apoyo de Chávez. En diferentes puntos de la capital y en algunas ciudades se presentaron disturbios y hubo saqueo de negocios. Durante todas estas protestas, el canal del Estado Venezolana de Televisión, y las compañías de televisión privadas fueron rodeadas por simpatizantes de Chávez. Cuando fue retomado el canal del Estado, se transmitió al entonces vicepresidente Diosdado Cabello, juramentado como presidente temporal, al margen de la constitución, hasta que Hugo Chávez pudiese retomar el poder.
En la madrugada del 13 de abril, Chávez fue trasladado del Fuerte Tiuna a la base naval de Turiamo, donde escribió una nota que indicaba que no había renunciado "al poder legítimo que el pueblo me dio". Para aquella fecha aún se mantenían reunidos un buen número de simpatizantes de Chávez que habían salido a protestar frente al Palacio de Miraflores y en la Brigada de Paracaidistas en la ciudad de Maracay. El general Raúl Isaías Baduel se opuso al gobierno de Carmona, y empezó a buscar activamente el modo de restaurar a Chávez en el poder.
El 14 de abril de 2002 Chávez fue liberado de la prisión militar en la Isla La Orchila y fue repuesto como presidente de Venezuela.
El Decreto Carmona fue un acta con la que se pretendió constituir el nuevo Gobierno su nombre oficial fue Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional fue firmada por alrededor de 400 personas presentes en el Palacio de Miraflores el 12 de abril de 2002.
Este decreto fue elaborado desconociendo la Constitución de 1999 y daba poderes especiales y amplios al gobierno transitorio.
Consistía en una introducción, varios "considerando" y 11 artículos que pretendían establecer el nuevo gobierno con un nuevo marco legal:
Leído el decreto se invita a una serie de ciudadanos presentes representantes de diversos sectores opositores a Chávez, a firmar el decreto, y una vez firmado se produce el acto de Juramentación de Carmona, este jura ante los presentes en el Palacio de Miraflores, y no ante la Asamblea Nacional, debido a que el Parlamento y demás poderes públicos fueron disueltos de acuerdo al mismo decreto. Entre las pocas acciones como jefe de Estado decreto la restitución de los créditos indexados.
La cadena de televisión Venevisión transmitió unas imágenes que posteriormente se difundieron en la televisión nacional e internacional. La noticia que difundieron los medios de comunicación narraba los hechos de que ambas marchas se habían encontrado en el puente Llaguno (puente elevado, situado cerca del centro histórico de Caracas) y en medio de una confrontación la concentración oficialista dispararía contra la marcha opositora; generando así bajas civiles.
Estas imágenes causaron un gran impacto en la opinión internacional, el mismo gobierno de España, a través de la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, otorgó el 28 de noviembre de 2002 el premio Internacional de Periodismo Rey de España al reportero Luis Alfonso Fernández, quien realizó el reportaje.
En julio de 2003, Fernández afirmó en un juicio que el vídeo transmitido por Venevisión el 11 de abril no era veraz, que fue manipulado para dar a entender que así habían ocurrido los hechos. En diciembre de ese mismo año, se dictó una sentencia que absolvió de toda responsabilidad a quienes estaban en el puente Llaguno y habían sido acusadas de disparar contra los manifestantes de la oposición. En esa misma sentencia se afirmó que el vídeo de Venevisión había sido manipulado. Algunos sectores de la oposición acusan a la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de actuar con negligencia en el caso.
El 12 de abril de 2002, al día siguiente de la salida del poder del presidente en funciones, Hugo Chávez, desde las 9 de la mañana se comenzaron a presentar personas frente a la embajada cubana a modo de manifestación. A las 12.15 p.m. se produjeron actos de intimidación por parte de adversos al gobierno de Chávez, contra el personal de la Embajada de Cuba en Venezuela. Algunas de las acciones vandálicas tomadas contra dicha embajada fueron la destrucción de vehículos del personal diplomático y el cese del suministro de los servicios de electricidad y de agua. En los actos participaron dirigentes del exilio cubano en Venezuela, simpatizantes de diversos partidos de oposición del país y grupos en apoyo al nuevo gobierno. Según información de la embajada, la concentración fue organizada por el disidente cubano Salvador Romaní.
A las 3 de la tarde hizo acto de presencia el entonces alcalde de Baruta Henrique Capriles Radonski, con la intención de solicitar al embajador cubano, Germán Sánchez Otero, la inspección del edificio para comunicar a los manifestantes que no se encontraban funcionarios del gobierno de Chávez en carácter de asilados. Posteriormente Capriles sería acusado de haber irrumpido en la embajada, siendo absuelto por la prueba, presentada por la defensa, en donde se muestra una declaración del embajador noruego Dag Mork-Ulnes, quien alegó haber hablado con teléfono con su homólogo cubano, quien le respondió:
El embajador cubano reconoció haber dejado entrar a Capriles al edificio, pero también lo responsabilizó por no haber ordenado a los policías que dispersaran a la multitud. También acusó al canal Globovisión de no transmitir una entrevista realizada a él durante los sucesos. Por otro lado, los sucesos en las afueras de la embajada sí fueron transmitidos en vivo por los medios de comunicación. Sectores del chavismo también han acusado al entonces alcalde Capriles de ser responsable por estos hechos.
Fue durante estos sucesos que el entonces embajador cubano en Venezuela, Germán Sánchez Otero, le manifestó a Henrique Capriles Radonski:
Como posibles causas de la manifestación se encuentra el rumor de que en la embajada se encontraba asilado el entonces Vicepresidente de la República, Diosdado Cabello. Radonski fue llevado a juicio en el 2004, acusado de haber irrumpido en la embajada, pero fue absuelto en el 2006. No obstante, en noviembre de 2008, el juicio fue reaperturado.
En una decisión polémica, el 14 de agosto de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) libró de un juicio por rebelión a los generales de división Efraín Vásquez (Ej) y Pedro Pereira (Av), vicealmirante Héctor Ramírez y contraalmirante Daniel Comisso. Según la sentencia, "con los pronunciamientos efectuados en abril, los altos oficiales acusados no desconocieron al Gobierno, sino la orden dictada por el presidente de la República de aplicar el Plan Avila, porque resultaba contraria a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello significaría una masacre".
La sentencia sostenía que hubo un "vacío de poder" luego de que el jefe del alto mando militar, el general Lucas Rincón, anunciara que Chávez había renunciado a su cargo. El descontento del gobierno venezolano con esta sentencia fue notable. El presidente Hugo Chávez comentó la sentencia de la siguiente manera: "Esos once magistrados no tienen moral para tomar ningún otro tipo de decisión, son unos inmorales y deberían publicar un libro con sus rostros para que el pueblo los conozca. Pusieron la plasta". Igualmente anunció una estrategia para revertir el fallo: "No nos vamos a quedar con esa, ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas, contraataque revolucionario". Dispuso la creación de una comisión de la Asamblea Nacional para revisar la permanencia de los magistrados en el TSJ: "Así que la AN que los nombró tiene que asumir su tarea, para evaluarlos y el que no tenga los requisitos habrá que sacarlo de allí".
El resultado fue una nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia con dos fines fundamentales: 1. Establecer un procedimiento expedito para "suspender" a los magistrados no afectos al gobierno y, 2. Aumentar el número de magistrados de 20 a 30, para colocar en minoría ante futuras decisiones a los no complacientes. Al año siguiente el ejecutivo logró impulsar la ampliación del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32, luego de lo cual el TSJ inició la revisión de la sentencia que falló a favor de la tesis del vacío de poder. El 14 de marzo de 2005 el mismo TSJ anula dicha sentencia.
En opinión de la oposición, esta revocatoria se debió a los cambios ejecutados en el tribunal por un cambio en la legislación aprobada por parlamentarios oficialistas (el Parlamento se encontraba dominado por el chavismo). Por esto, la sentencia era predecible y política. En opinión de los oficialistas, la primera sentencia era política ya que sobraban razones para iniciar un juicio por un Golpe de Estado.
El 31 de diciembre de 2007 el presidente Hugo Chávez haciendo uso de sus atribuciones para conceder indultos y amnistías, firmó un decreto que daba la Amnistía a las personas que tenían procesos legales, que fueron condenadas por delitos relacionados con los sucesos del 11 de abril de 2002 (además de otros hechos políticos) aclarando que solo se beneficiarían del decreto las personas que se hubiesen puesto a derecho y que además no estuviesen involucrados en hechos de sangre.
Por parte de los Sucesos de Puente Llaguno ocurridos el 11 de abril de 2002 en las que murieron varias personas y otras cientos resultaron heridas, la Fiscalía a solicitud de un grupo adeptos al chavismo denominado Asociación de Víctimas del 11 de abril acusaron a diversos funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas por los fallecidos y heridos en el lugar de concentración de los grupos oficialistas de Puente Llaguno, por los delitos de homicidio calificado consumado, homicidio calificado frustrado, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves, uso indebido de arma de fuego y de guerra.
Iniciándose un juicio que duró varios años, y en el que se realizaron 230 audiencias, se presentaron 265 experticias, 5700 fotos y 20 videos, además declararon 198 testigos y 48 expertos, El 3 de abril de 2009 La jueza 4.º de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, junto a tres escabinos, dictó sentencia:
En este juicio se acusó a los PM de asesinar a los ciudadanos Rudi Urbano, Josefina Rengifo, Erasmo Sánchez en las inmediaciones de Puente Llaguno, en la avenida Baralt de Caracas (en las cercanías del Palacio de Miraflores), así como de ocasionar lesiones a 29 personas el 11 de abril de 2002.
El 16 de abril de 2012, el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Eladio Aponte Aponte escribe una carta en San José de Costa Rica, en la que confiesa haber recibido órdenes y presiones del presidente Hugo Chávez para condenar sin derecho al jefe de la seguridad ciudadana Iván Simonovis y a los comisarios de la Policía Metropolitana Henry Vivas y Lázaro Forero, aplicando la pena máxima los sucesos de abril de 2002. La carta sería divulgada en septiembre.
De manera casi unánime, diversos países mostraron su preocupación porque Venezuela normalizara su situación rápidamente. Muchos países fueron cautelosos y no juzgaron si lo ocurrido había sido o no un golpe de Estado, lo cual habría tenido otras implicaciones diplomáticas.
Los gobiernos español y estadounidense emitieron un comunicado conjunto en el que decían, textualmente que "Los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo". Los dos gobiernos "declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas", "expresan su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela" y "expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena".
Los que expresaron más claramente su opinión fueron la Unión Europea, Colombia y El Salvador que dieron muestras de apoyo al nuevo gobierno. Los gobiernos de Argentina y Cuba sentaron una posición de rechazo frente al gobierno de facto de Carmona. Los países del Grupo de Río, que se reunieron en San José (Costa Rica) el 12 de abril, condenaron la interrupción del orden constitucional en Venezuela, aunque no calificaron tal interrupción como golpe de estado debido a que consideraron que la información que disponía no era concluyente. En esa misma reunión, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, se mostró dispuesto a «colaborar con las nuevas autoridades para salir adelante», reconociendo implícitamente a Carmona, lo que le valió críticas de la izquierda chilena. El presidente mexicano Vicente Fox no reconoció al nuevo gobierno, y manifestó que esperaría a que se realizaran nuevas elecciones.
Los medios de comunicación internacionales fueron menos unánimes, primero destacando la noticia difundida sobre la masacre en el puente Llaguno y luego saludando al nuevo presidente. La posición más criticada fue la de los medios de comunicación españoles y estadounidenses, incluso diarios considerados de tendencia socialdemócrata como El País, publicaron editoriales o noticias en favor del gobierno de Carmona. CNN en Español le concedió una entrevista a Carmona e igualmente editoriales como el Washington Post.
Los medios de comunicación alternativos, como Indymedia, ofrecieron información más imparcial, debido que podían ser utilizados por los oficialistas para difundir los acontecimientos vividos luego del golpe de Estado.
En 2004 España vivió un grave incidente político, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos (PSOE), en un programa de televisión, aseguró que el gobierno previo de José María Aznar (PP) era responsable de haber apoyado el golpe.
Además, Chávez ha acusado al entonces presidente estadounidense George Bush como el principal responsable del golpe. También acusa a los agregados militares estadounidense en tener conversaciones con militares venezolanos insurrectos y dar apoyo logístico a estos.
El domingo anterior a los sucesos aquí reseñados, concretamente el 7 de abril de 2002, hubo una transmisión radial y televisiva del programa ¡Aló Presidente! en la cual el presidente Hugo Chávez, con un silbato en la boca, despidió con nombre y apellido a la alta gerencia de PDVSA. Uno a uno fue nombrando a todos los gerentes con su cargo y sueldo, acusándolos de tener salarios obscenos, de llevar una vida llena de lujos y escandalosa. Con cada señalamiento sonaba el silbato y decía: "¡Pa fuera señor, muchas gracias por sus servicios, está usted despedido!"
En una alocución ante la Asamblea Nacional, ocurrida el 15 de enero de 2004, Chávez aclara su contribución al desenvolvimiento de los hechos con las siguientes palabras: "Lo de PDVSA era necesario. Aun cuando nosotros -bueno, no es que no la generamos; sí la generamos- porque cuando yo agarré el pito aquel en un ¡Aló Presidente! y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis. Cuando nombré a Gastón Parra Luzardo, y aquella nueva Junta Directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se… presentó el conflicto. ¡Y aquí estamos hoy! ¡Era necesaria la crisis!"
Un equipo de televisión de Irlanda (Radio Telefís Éireann) el cual tenía varios meses registrando un documental acerca de Chávez, en el momento las imágenes registradas contradijeron las explicaciones de los opositores a Chávez, además, muestran imágenes incriminando a elementos de oposición controlados por los medios, al Departamento de estado de los EE. UU., el vocero de la Casa Blanca, entre otros.
Sin embargo la imparcialidad de este documental ha sido puesta en duda por diversos sectores venezolanos, que volcaron su crítica al mismo en otro documental, Radiografía de una mentira.
Adicionalmente otro documental, War on Democracy, relata detalles clave sobre tales incidentes.
El documental que examina La Revolución No Será Televisada. Dirigido por Wolfgang Schalk y escrito por Schalk y Thaelman Urgelles, señala a Kim Bartley y a Donacha O'Briain de "omisiones y distorsión" en La Revolución No Será Televisada. El documental fue estrenado en DVD en Venezuela en julio de 2004.
El documental "Puente Llaguno: claves de una masacre" muestra otra mirada a los mismos eventos.
La oposición venezolana ha sostenido que este documental no es neutral, y que había sido realizado y financiado por personas ligadas al Gobierno. Por otro lado, simpatizantes del gobierno sostuvieron que las televisoras hicieron una manipulación de la información para ofrecer otra versión de los hechos.
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