La despenalización del trabajo sexual es la eliminación de las sanciones penales para el ejercicio del trabajo sexual (especialmente de la prostitución). El trabajo sexual, la prestación consensuada de servicios sexuales por dinero o bienes, está tipificado como delito en la mayoría de los países, y las prostitutas son las primeras víctimas, ya que son ellas las que son detenidas por la policía y no sus clientes. Uno de los problemas es la represión policial que padecen las prostitutas y la desaparición de mujeres secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual. La despenalización o descriminalización es distinta de la regulación, a pesar de que, al igual que esta última, otorga la posibilidad de que las y los trabajadores sexuales obtengan derechos laborales, al igual que en cualquier otro sector laboral.
La despenalización tiene dos vertientes:
*La legalización de la prostitución, que supone la legitimación de la industria del sexo, la prostitución considerada como un trabajo y las mujeres en situación de prostitución consideradas como trabajadoras sexuales. Esta es la posición del reglamentarismo y del regulacionismo.
*La despenalización solamente de las mujeres en situación de prostitución, en modelos jurídicos que consideran la prostitución un acto de violencia, porque ninguna mujer debería ser penalizada por su propia explotación, pero sin despenalizar el proxenetismo, los burdeles y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Esta es la posición del abolicionismo de la prostitución. Para el abolicionismo no puede pensarse a la prostitución como trabajo sexual.
Las víctimas de la trata, cuando son detenidas, son criminalizadas o deportadas. La despenalización protegería a las víctimas de prostitución forzada y a las no forzadas.
La descriminalización del trabajo sexual es un tema controvertido, sobre todo en relación si despenalizar solo a las prostitutas o también a los empresarios de la industria del sexo. Los defensores de la despenalización argumentan que eliminar las sanciones penales que rodean el trabajo sexual crea un entorno más seguro para las trabajadoras sexuales. Los opositores a legalización y regulación argumentan que aumentará la trata porque beneficia a proxenetas y traficantes al convertirlos en empresarios.
Organizaciones como ONUSIDA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, UNFPA y la revista médica The Lancet han pedido a los estados que despenalicen la prostitución en un esfuerzo global para abordar la pandemia de VIH/sida y garantizar el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.
La Resolución del Parlamento Europeo del 5 de abril de 2011, sobre prioridades y esbozo de un nuevo marco político para luchar contra la violencia contra las mujeres, sostiene que, dado que la violencia de género, predominantemente de varones contra mujeres, es un problema estructural y generalizado en toda Europa y, considerando que la violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de violaciones de derechos humanos, que incluyen la prostitución y la trata de mujeres y niñas, el Parlamento Europeo reconoce el grave problema de la prostitución en la Unión Europea y solicita que se realicen más estudios sobre la prostitución ya que llama la atención el preocupante aumento de la trata de personas en Europa, e insta a miembros a tomar medidas combatir esa práctica.
La Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (CATW) aprueba la despenalización de las mujeres en situación de prostitución, porque considera que ninguna mujer debería ser penalizada por su propia explotación, pero se opone a la despenalización del proxenetismo y de los burdeles.
En junio de 2003, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en despenalizar el trabajo sexual, con la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La única ley penal restante que rodea las actividades sexuales comerciales en Nueva Zelanda es un requisito para adoptar prácticas sexuales seguras.
En Argentina, un país abolicionista, la prostitución a título personal de un adulto/a no es delito pero se penaliza el establecimiento de locales donde incite la prostitución y a quienes los regentean y lucren con eso.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las trabajadoras sexuales se consideran una de las poblaciones clave en riesgo de infección por VIH, y las trabajadoras sexuales que se inyectan drogas tienen un riesgo aún mayor debido al sexo sin protección, el intercambio de jeringas, la dependencia del alcohol o las drogas y la violencia. El estigma, la pobreza y la exclusión de los servicios sociales han aumentado su vulnerabilidad a la infección por VIH. Los riesgos para la salud y de transmisión del VIH, así como otras infecciones de transmisión sexual (ITS) aumentan en lugares donde el uso y el acceso a condones es limitado, o usado como evidencia para identificar y criminalizar a trabajadoras sexuales. Muchas personas que ejercen el trabajo sexual son monitoreadas por dueños de burdeles, clientes o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los cuales a menudo dictan el uso del condón. En Camboya, una encuesta mostró que el 30% de las trabajadoras sexuales que se negaron a ponerse condones fueron coaccionadas sexualmente. El temor a la aplicación de la ley y al encarcelamiento también desalienta la posesión de condones, ya que proporcionan pruebas para que los oficiales procesen y arresten. Las evidencias sugieren que el riesgo por contagio de VIH se puede reducir drásticamente cuando las trabajadoras sexuales pueden negociar relaciones sexuales más seguras. La despenalización del trabajo sexual disminuye el riesgo de infección por VIH al romper el estigma y aumentar el acceso a los servicios de salud, reduciendo el riesgo de contagio de VIH/SIDA e ITS.
Las trabajadoras sexuales experimentan un estigma y una discriminación importantes como resultado de la criminalización. Pese a que consideran que el trabajo sexual es una actividad legítima generadora de ingresos, las trabajadoras sexuales son vistas como inmorales, merecedoras de castigo y, por lo tanto, excluidas de la atención médica, educación y vivienda. Las leyes de criminalización excluyen a las personas que ejercen el trabajo sexual de los sistemas de salud que brindan acceso a atención preventiva, como condones y pruebas regulares de VIH o ITS.
A las trabajadoras sexuales, como población que sufre desproporcionadamente de VIH/SIDA, a menudo se les niegan muchos derechos humanos, como el derecho a no ser discriminado, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y el derecho al más alto nivel posible de atención sanitaria. Un estudio realizado en más de 11 países por la Red de Defensa de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales (SWAN) concluyó que más de 200 trabajadoras sexuales han sufrido violencia y discriminación. Estos actos de violencia hacia las trabajadoras sexuales a menudo incluyen abuso, violación, secuestros y violencia sexual. Las trabajadoras sexuales también se enfrentan a extorsiones, arrestos y detenciones ilegales, que afectan profundamente a su bienestar mental, físico y social. Es difícil para las trabajadoras sexuales buscar justicia penal cuando saben que muchos policías las tratan con violencia o abusan sexualmente de ellas. En Macedonia del Norte, la violencia policial hacia las trabajadoras sexuales es particularmente alta: el 82.4 por ciento de las trabajadoras sexuales fueron agredidas por la policía en 2007. Las leyes de criminalización como las prohibiciones de compra, solicitud y de organización general del trabajo sexual perpetúan un ambiente inseguro para las y los trabajadores sexuales, proporcionan impunidad a los agresores y evitan que las trabajadoras sexuales denuncien el delito a la policía.
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