El abolicionismo de la prostitución es un modelo teórico jurídico que considera que la prostitución debe ser abolida, es decir, derogada sin vigencia legal, del sistema social como defensa de la dignidad de las personas. Por ese motivo propugna que, con el objetivo de erradicar esa actividad, carezca de reconocimiento en el mundo jurídico. El abolicionismo alienta a los gobiernos a tomar medidas para penalizar la demanda y no a la persona en situación de prostitución. El modelo abolicionista centra su interés en la persona en situación de prostitución, sea varón o mujer, prohibiendo las medidas de control administrativo o policial que sobre ellos puedan ejercerse al tiempo que designa como reprochable la conducta del prostituyente, tanto sea proxeneta como cliente. El enfoque abolicionista, que alienta a los gobiernos a tomar medidas para penalizar la demanda y no a la mujer en situación de prostitución, considera la estrecha relación entre las formas criminales de explotación sexual, trata de personas y prostitución, y cree que los derechos humanos de las mujeres, transexuales o niños son incompatibles con los varones que compran servicios sexuales.
Para el feminismo abolicionista, la prostitución debe ser abolida, es decir, erradicada, no prohibida, porque es una institución patriarcal basada en la desigualdad entre varones y mujeres. Esta corriente teórica considera que la explotación sexual y la prostitución son fenómenos inescindibles. Considera a la prostitución como un sistema de opresión sexista, racista y clasista. Se opone a la constante represión policial que sufren las mujeres que la ejercen y a la desaparición de mujeres, secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual. Considera especialmente a la trata como una seria violación de los derechos humanos y que la mayoría de las personas en situación de prostitución son víctimas de la trata.
Investigaciones realizadas en todo el mundo muestran que las personas que se prostituyen están expuestas a un alto riesgo de violencia física y riesgo de ser asesinadas. Los estudios, además, muestran que la mayoría de las prostitutas han experimentado abuso sexual infantil, graves formas de violencia al ejercer la prostitución y sufren de trastorno por estrés postraumático con un nivel de severidad comparable al de los veteranos de guerra. Una investigación realizada en la Universidad de California, San Francisco, en el año 2019, concluyó que los varones clientes de la prostitución eran más propensos que los varones no compradores sexuales de cometer todo tipo de delitos incluyendo uso de armas, abuso de sustancias y delitos de violencia contra la mujer. Investigaciones realizadas en Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, los Estados Unidos y Zambia mostraron que los actos de violencia, como violaciones, golpes, torturas, humillaciones, acoso, insultos, degradaciones, eran algo normal en la prostitución. Estas investigaciones concluyen que la prostitución es una forma de violencia que resulta en beneficio económico solo para quienes venden a las mujeres, niños o niñas. Es por eso que el abolicionismo considera a la prostitución en sí misma una forma extrema de violencia que debería ser eliminada.
La Declaración de Viena sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1993, reconoce la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. La trata de personas se ha vuelto un tema prioritario para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ya que las cifras conocidas dicen que hay cientos de miles de mujeres y niñas que son víctimas de la trata para explotación sexual a través de fronteras internacionales.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sostiene, en su artículo 6, que los estados partes deberá tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer. Considera que la trata de mujeres y la prostitución forzada son formas de violencia contra las mujeres. Sostiene que las causas fundamentales de la trata con fines de explotación sexual están directamente vinculadas al sistema social de la prostitución. Que la prostitución y la explotación sexual generan el tráfico de personas. También se afirma que los perpetradores gozan de una impunidad generalizada y que las mujeres son objeto de formas extremas de violencia. Por eso proponen desalentar la demanda sexual como forma de prostitución para desmantelar el sistema que utiliza a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los estados no tienen potestad para controlar, perseguir, someter a exámenes médicos, registrar o cobrar impuestos a las personas que estén en situación de prostitución y sí están obligados a perseguir a proxenetas y tratantes, como a generar políticas públicas para quienes quieran salir de la prostitución. También establece que se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, aun con el consentimiento de tal persona.
El abolicionismo comparte estas ideas y por eso pretende que se persiga al proxenetismo, tanto individual como organizado, es decir, tanto la relación prostituta/chulo como las casas de citas, prostíbulos, burdeles, pero no a las mujeres en situación de prostitución o a la prostitución en sí.
En todos los países la mayoría de las prostitutas suelen ser inmigrantes. En España, el 90 % son extranjeras. Como el crimen organizado funciona de manera internacional y no todos los países de Europa son abolicionistas, por ejemplo, cuando se aprobó la ley abolicionista en Francia en 2016, aumentó el número de prostitutas en Alemania, sobre todo en las fronteras con Francia.
Existen diferentes modelos jurídicos para la prostitución, por ejemplo, el prohibicionismo, el abolicionismo, el reglamentarismo y el regulacionismo. A su vez el abolicionismo puede ser radical, clásico o mixto.
El prohibicionismo suprime penalmente la prostitución y la considera un delito. El prohibicionismo, liderado por cristianos que defienden el concepto de la familia cristiana, es una corriente moralista conservadora anti-prostitución que considera que la prostitución es un pecado que atenta contra la noción de familia occidental y cristiana. Suprime la prostitución oficializada o estatal, impone una condena moral a las prostitutas y supone la criminalización de las mismas. La moral sexual católica condena la prostitución por pecaminosa, tanto para la mujer como para el varón prostituyente o cliente, ya que peca también quien paga por obtener placer sexual de otro. La prostitución es considerada un desorden moral grave, porque cuando alguien vende su cuerpo, «vende su alma». Es un criminal todo aquel que busca los servicios de una prostituta. «La prostitución no solo destruye vidas, matrimonios y familias, sino que también destruye el espíritu y el alma de una manera que conduce a la muerte física y espiritual». Si la prostitución es considerada una actividad inmoral, es un vicio al cual el estado debe prohibir y las prostitutas, no sus clientes, deben ir a la cárcel.
El abolicionismo radical, a diferencia del prohibicionismo, no toma en cuenta el criterio moral, sino que enfatiza el punto de vista de la prostituta como víctima de la dominación sexual masculina. La prostituta no debe ser castigada sino resocializada. ONG como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida se ocupan de estos temas.
El modelo sueco es el mejor ejemplo de abolicionismo radical. Hasta ahora, mostró que cuando los compradores se arriesgan a ser castigados, el número de varones que compran personas prostituidas disminuye y los mercados locales de la prostitución se vuelven menos lucrativos. La ley sueca considera que la prostitución es un mecanismo de opresión y de objetivación de la mujer. Según una investigación en Suecia, solicitada por el gobierno sueco, las mujeres en situación de prostitución vivían inmersas en un mundo de violencia y opresión, de drogas y de crímenes, de poder y de sujeción. Según el informe de evaluación de la Ley de abolición de la prostitución de 2016 en Francia, publicado en 2020 con entrevistas a todos los implicados en la aplicación de la ley (prefectos, policías, fiscales, delegados de los derechos de la mujer, asociaciones de base, grupos de presión, ONGs, trabajadores de la Justicia y de asuntos sociales), donde se aplica el modelo abolicionista radical la ley funciona y disminuye la trata de personas. El abolicionismo radical cree que las mujeres que se prostituyen de forma voluntaria son una minoría demasiado pequeña. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) afirma que en Europa, una de cada siete así llamadas «trabajadoras sexuales» han sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas.
El abolicionismo clásico, no impone una condena moral a las mujeres en situación de prostitución. Este abolicionismo cuestiona la estigmatización de las mujeres en situación de prostitución por considerar que vulnera sus derechos, y critica los aspectos de misoginia y opresión de esta actividad en la cual generalmente mujeres y niñas son objetos y varones son clientes.
El abolicionismo mixto es moderado porque asume que la prostitución es una realidad, y diferencia prostitución voluntaria de trata y busca garantizar los derechos de las mujeres en situación de prostitución. Considera que hay que desalentar la demanda sexual, apoya la criminalización del cliente, con la idea de controlar al consumidor - «sin cliente no hay putas» es el eslogan - pero cuestiona las deficiencias del sistema penal. No criminaliza a la mujer que llega a prostituirse, señala la importancia de garantizar los derechos de las mujeres en situación prostitución y propone distinguir la trata de personas de la prostitución supuestamente voluntaria, sin ignorar ni minimizar los efectos negativos de la prostitución y su importancia en la economía tanto individual como social. Esta corriente jurídica cree que la prostitución en sí misma es una actividad indeseable pero que no es razonable perseguir a quienes salen más perjudicadas y son explotadas por otros para satisfacer sus deseos.
El reglamentarismo, en cambio, utiliza un sistema de control sanitario y policial, que es ejercido únicamente sobre las prostitutas y no sobre los clientes consumidores, con el objetivo de prevenir contagios masivos de enfermedades venéreas. La prostitución es permitida en ciertas zonas delimitadas.
El regulacionismo defiende la prostitución como un trabajo, reclamando para quienes la ejercen los mismos derechos que cualquier trabajador y el reconocimiento de sus necesidades específicas, por ejemplo, una atención médica adaptada. Como el modelo neozelandés, que reconoce la prostitución como un trabajo y establece medidas protectoras sin obligar a las profesionales del sexo a registrarse como tal. Sostiene que la industria del sexo no es sinónimo de misoginia ni de desigualdad sexual y que las mujeres ingresan voluntariamente en la prostitución. Considera que la ausencia de regulación es lo que, en realidad, genera clandestinidad y que es esta la que expone a las llamadas trabajadoras sexuales a encontrarse más vulnerables frente a las diversas formas de violencia y opresión. El regulacionismo quiere que la prostitución sea considerado un trabajo como cualquier otro y que las prostitutas gocen de derechos como cobertura médica y jubilación, como cualquier trabajador. Para la noción de prostitución en términos de trabajo sexual, el varón consumidor de prostitución se presenta como un sujeto desexualizado y desprovisto de género, igual que cualquier otro servicio. Organizaciones como Ammar, Colectivo Hetaira y OTRAS sostienen esta postura.
El regulacionismo cuestiona al abolicionismo porque considera que lo que llaman trabajo sexual está mal visto por un tema moral, de puritanismo y que negarle a la actividad su condición y dignidad de trabajo es una violencia simbólica contra las mujeres que eligen vivir libremente su sexualidad. Los que apoyan el regulacionismo insisten en la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre lo que quieren hacer con su cuerpo y sobre su sexualidad, que el trabajo sexual es voluntario y la mujer decide en total libertad del uso que quiere hacer de su cuerpo, que no todo trabajo sexual es trabajo forzado, mientras que los abolicionistas consideran que el acuerdo para vender sexo nunca puede ser voluntario y que, por lo tanto, la prostitución en general equivale a la explotación sexual. El regulacionismno busca la despenalización del trabajo sexual.
El abolicionismo se opone al regulacionismo, además, porque considera que potencia la trata de personas. Un estudio en 150 países demostró que aquellos en los cuales la prostitución estaba legalizada y regulada por el estado, se potenciaba la trata de personas para explotación sexual. Considera que el regulacionismo no toma en cuenta la coerción o la manipulación y que cree ingenuamente que la prostitución es una elección voluntaria de la mujer o persona (varón, travesti, transexual etc) sin tomar en cuenta su vulnerabilidad o falta oportunidades. Considera, además, que la demanda genera más trata de personas.
El abolicionismo de la prostitución es un modelo teórico jurídico que considera que la prostitución debe ser abolida, es decir, derogada sin vigencia legal, del sistema social como defensa de la dignidad de las personas. Por ese motivo propugna que, con el objetivo de erradicar esa actividad, carezca de reconocimiento en el mundo jurídico. El abolicionismo alienta a los gobiernos a tomar medidas para penalizar la demanda y no a la mujer en situación de prostitución. El modelo abolicionista centra su interés en la persona en situación de prostitución, sea varón o mujer o transexual, prohibiendo las medidas de control administrativo o policial que sobre ellos puedan ejercerse al tiempo que designa como reprochable la conducta del prostituyente, tanto sea proxeneta como cliente. El enfoque abolicionista, que alienta a los gobiernos a tomar medidas para penalizar la demanda y no a la mujer en situación de prostitución, considera la estrecha relación entre las formas criminales de explotación sexual, trata de personas y prostitución, y cree que los derechos humanos de las mujeres, transexuales o niños son incompatibles con los varones que compran servicios sexuales.
Investigaciones realizadas en todo el mundo muestran que las personas que se prostituyen están expuestas a un alto riesgo de violencia física y riesgo de ser asesinadas. Los estudios, además, muestran que la mayoría de las prostitutas han experimentado abuso sexual infantil, graves formas de violencia al ejercer la prostitución y sufren de trastorno por estrés postraumático con un nivel de severidad comparable al de los veteranos de guerra. En un estudio que entrevistó a 854 personas en situación de prostitución "voluntaria" en 9 países (Alemania, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Zambia), se encontró que el 71 % de los entrevistados fue agredido físicamente ejerciendo la prostitución, el 63 % fue violado, el 89 % querían escapar de la prostitución pero no tenían otras opciones para sobrevivir, el 75 % había estado sin hogar en algún momento de su vida y que el 68 % cumplía los criterios para el trastorno de estrés post traumático. Una investigación realizada en la Universidad de California, San Francisco, en el año 2019, concluyó que los varones clientes de la prostitución eran más propensos que los varones no compradores sexuales de cometer todo tipo de delitos incluyendo uso de armas, abuso de sustancias y delitos de violencia contra la mujer. Investigaciones realizadas en Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, los Estados Unidos y Zambia mostraron que los actos de violencia, como violaciones, golpes, torturas, humillaciones, acoso, insultos, degradaciones, eran algo normal en la prostitución. Estas investigaciones concluyen que la prostitución es una forma de violencia que resulta en beneficio económico solo para quienes venden a las mujeres, niños o niñas. Es por eso que el abolicionismo considera a la prostitución en sí misma una forma extrema de violencia que debería ser eliminada.
Algunas feministas que se oponen a la prostitución están de acuerdo en que la liberación sexual para las mujeres fuera de la prostitución es importante en la lucha por la igualdad de género pero dicen que es crucial que la sociedad no reemplace una visión patriarcal sobre la sexualidad femenina —por ejemplo, que las mujeres no deben tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o casual, que el sexo es vergonzoso para una mujer, etc.— con otro punto de vista opresivo y patriarcal similar —la aceptación de la prostitución, una práctica sexual basada en una construcción de la sexualidad altamente patriarcal, que el placer sexual de una mujer es irrelevante, que su único papel durante el sexo es someterse a las demandas sexuales del hombre, que el sexo debe ser controlado por el hombre y que la respuesta y la satisfacción de la mujer son irrelevantes. Estas feministas argumentan que la liberación sexual para las mujeres no puede lograrse mientras normalicemos prácticas sexuales desiguales donde un hombre domina a una mujer.(MacKinnon, 2009)
Tales feministas ven la prostitución como una forma de dominio masculino sobre las mujeres, ya que el cliente tiene relaciones sexuales con una mujer que no lo disfruta y que puede estar haciendo un tremendo esfuerzo psicológico para disociarse mentalmente del cliente. Dicen que el acto de prostitución no es un acto sexual mutuo e igualitario ya que coloca a la mujer en una posición subordinada, reduciéndola a un mero instrumento de placer sexual para el cliente. Estas feministas creen que muchos clientes usan los servicios de prostitutas porque disfrutan del "viaje de poder" que deriva del acto y del control que tienen sobre la mujer durante la actividad sexual.(MacKinnon, 2009)
La prostitución es vista por estas feministas como el resultado de un orden social patriarcal que subordina las mujeres a los hombres y donde la desigualdad entre los géneros está presente en todos los aspectos de la vida. Estas feministas creen que la prostitución es muy perjudicial para la sociedad, ya que refuerza la idea de que las mujeres son objetos sexuales que existen para el disfrute de los hombres, que pueden ser "compradas" y que pueden ser "utilizadas" únicamente para la gratificación sexual de los hombres. Las abolicionistas argumentan que cuando una sociedad acepta la prostitución, envía el mensaje de que es irrelevante cómo se siente la mujer durante el sexo o cuáles serán las consecuencias del sexo para ella, y que es aceptable que un hombre participe en actividades sexuales con una mujer que no lo disfruta y que podría forzarse mental y emocionalmente para poder sobrellevar la situación; la normalización de tales encuentros sexuales unilaterales puede afectar negativamente la forma en que los hombres se relacionan con las mujeres en general y puede aumentar la violencia sexual contra las mujeres.(MacKinnon, 2009).
Algunas feministas, en particular muchas que apoyan la abolición de la prostitución, ven la venta de sexo como un posible efecto posterior de la violencia contra las mujeres. Quienes apoyan esta posición citan estudios de violencia experimentada por mujeres en la prostitución antes de ingresar a la prostitución. La mayoría (60 % a 70 %) fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas, 65 % fueron violadas, la mayoría antes de los 15 años, y muchas mujeres jóvenes y niñas ingresan a la prostitución directamente de la atención estatal, al menos en Inglaterra, Noruega, Australia y Canadá.
Los abolicionistas de la prostitución también citan similitudes entre la prostitución y la violencia contra las mujeres. Farley, Lynne y Cotton (2005) sostienen que la prostitución se parece más a una agresión porque involucra de manera similar un patrón de comportamiento coercitivo y de control —por parte de proxenetas, procuradores y traficantes, así como clientes— que resulta en el control de las mujeres en la prostitución. La investigación realizada por Giobbe (2005) encontró similitudes en el comportamiento de proxenetas y agresores, en particular, mediante el uso de aislamiento social forzado, amenazas, intimidación, abuso verbal y sexual, actitudes de propiedad y violencia física extrema. Algunas prostitutas sostienen que la prostitución tiene similitudes con la violación porque es una forma de sexualidad que está totalmente controlada por el cliente, ya que la violación es una forma de sexualidad en la que el violador controla la interacción, sin tener en cuenta los deseos, el bienestar físico o dolor emocional de la víctima.(Whisnant y Stark, 2004)
Las abolicionistas adoptan un enfoque interseccional para comprender las relaciones de poder involucradas en la prostitución. Es decir, consideran que la prostitución está atravesada por múltiples formas de poder social opresivo, no solo por el sexismo contra las mujeres. Algunos analistas sobre temas de derechos humanos relacionados con la prostitución, como Sigma Huda en su informe para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también adoptan este enfoque:
En todos los países la mayoría de las prostitutas suelen ser inmigrantes. En España, el 90 % son extranjeras.Como el crimen organizado funciona de manera internacional y no todos los países de Europa son abolicionistas, por ejemplo, cuando se aprobó la ley abolicionista en Francia en 2016, aumentó el número de prostitutas en Alemania, sobre todo en las fronteras con Francia.
Existen diferentes modelos jurídicos para la prostitución, por ejemplo, el prohibicionismo, el abolicionismo, el reglamentarismo y el regulacionismo. A su vez el abolicionismo puede ser radical, clásico o mixto.
El prohibicionismo suprime penalmente la prostitución y la considera un delito. El prohibicionismo, liderado por cristianos que defienden el concepto de la familia cristiana, es una corriente moralista conservadora anti-prostitución que considera que la prostitución es un pecado que atenta contra la noción de familia occidental y cristiana. Suprime la prostitución oficializada o estatal, impone una condena moral a las prostitutas y supone la criminalización de las mismas. La moral sexual católica condena la prostitución por pecaminosa, tanto para la mujer como para el varón prostituyente o cliente, ya que peca también quien paga por obtener placer sexual de otro. La prostitución es considerada un desorden moral grave, porque cuando alguien vende su cuerpo, «vende su alma». Es un criminal todo aquel que busca los servicios de una prostituta.«La prostitución no sólo destruye vidas, matrimonios y familias, sino que también destruye el espíritu y el alma de una manera que conduce a la muerte física y espiritual». Si la prostitución es considerada una actividad inmoral, es un vicio al cual el estado debe prohibir y las prostitutas, no sus clientes, deben ir a la cárcel.
El abolicionismo radical, a diferencia del prohibicionismo, no toma en cuenta el criterio moral, sino que enfatiza el punto de vista de la prostituta como víctima de la dominación sexual masculina. La prostituta no debe ser castigada sino resocializada. ONG como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida se ocupan de estos temas. La idea es que los mercados dependen de los compradores para que funcionen y proponen reprimir a quienes se auto-atribuyeron el derecho de comprar el cuerpo de otras personas y usarlos para satisfacción propia.
El modelo sueco es el mejor ejemplo de abolicionismo radical. Hasta ahora, mostró que cuando los compradores se arriesgan a ser castigados, el número de varones que compran personas prostituidas disminuye y los mercados locales de la prostitución se vuelven menos lucrativos. La ley sueca considera que la prostitución es un mecanismo de opresión y de objetivación de la mujer. Según una investigación en Suecia, solicitada por el gobierno sueco, las mujeres prostituidas o en situación de prostitución vivían inmersas en un mundo de violencia y opresión, de drogas y de crímenes, de poder y de sujeción. Según el informe de evaluación de la Ley de abolición de la prostitución de 2016 en Francia, publicado en 2020 con entrevistas a todos los implicados en la aplicación de la ley (prefectos, policías, fiscales, delegados de los derechos de la mujer, asociaciones de base, grupos de presión, ONGs, trabajadores de la Justicia y de asuntos sociales), donde se aplica el modelo abolicionista radical la ley funciona y disminuye la trata de personas. El abolicionismo radical cree que las mujeres que se prostituyen de forma voluntaria son una minoría demasiado pequeña. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) afirma que en Europa, una de cada siete así llamadas «trabajadoras sexuales» han sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas.
El abolicionismo clásico, no impone una condena moral a las mujeres en situación de prostitución. Este abolicionismo cuestiona la estigmatización de las mujeres en situación de prostitución por considerar que vulnera sus derechos, y critica los aspectos de misoginia y opresión de esta actividad en la cual generalmente mujeres y niñas son objetos y varones son clientes. Como ejemplo de este tipo de abolicionismo, Sonia Sánchez y Alika Kinan son dos activistas argentinas que estuvieron en situación de prostitución.
El abolicionismo mixto es moderado porque asume que la prostitución es una realidad, y diferencia prostitución voluntaria de trata y busca garantizar los derechos de las mujeres en situación de prostitución. Considera que hay que desalentar la demanda sexual, apoya la criminalización del cliente, con la idea de controlar al consumidor —«sin cliente no hay putas» es el eslogan—, pero cuestiona las deficiencias del sistema penal. No criminaliza a la mujer que llega a prostituirse, señala la importancia de garantizar los derechos de las mujeres en situación prostitución y propone distinguir la trata de personas de la prostitución supuestamente voluntaria, sin ignorar ni minimizar los efectos negativos de la prostitución y su importancia en la economía tanto individual como social. Esta corriente jurídica cree que la prostitución en sí misma es una actividad indeseable pero que no es razonable perseguir a quienes salen más perjudicadas y son explotadas por otros para satisfacer sus deseos.
El reglamentarismo, en cambio, utiliza un sistema de control sanitario y policial, que es ejercido únicamente sobre las prostitutas y no sobre los clientes consumidores, con el objetivo de prevenir contagios masivos de enfermedades venéreas. La prostitución es permitida en ciertas zonas delimitadas.
El regulacionismo sostiene que la industria del sexo no es sinónimo de misoginia ni de desigualdad sexual y que las mujeres ingresan voluntariamente en la prostitución. Considera que la ausencia de regulación es lo que, en realidad, genera clandestinidad y que es esta la que expone a las llamadas trabajadoras sexuales a encontrarse más vulnerables frente a las diversas formas de violencia y opresión. El regulacionismo quiere que la prostitución sea considerado un trabajo como cualquier otro y que las prostitutas gocen de derechos como cobertura médica y jubilación, como cualquier trabajador. Organizaciones como Ammar, Colectivo Hetaira y OTRAS sostienen esta postura.
El regulacionismno busca la despenalización del trabajo sexual. El abolicionismo se opone al regulacionismo porque considera que potencia la trata de personas. Un estudio en 150 países demostró que aquellos en los cuales la prostitución estaba legalizada y regulada por el estado, se potenciaba la trata de personas para explotación sexual. Considera que el regulacionismo no toma en cuenta la coerción o la manipulación y que cree ingenuamente que la prostitución es una elección voluntaria de la mujer o persona (varón, travesti, transexual etc) sin tomar en cuenta su vulnerabilidad o falta oportunidades. Considera, además, que la demanda genera más trata de personas.
El regulacionismo] defiende la prostitución como un trabajo, reclamando para quienes la ejercen los mismos derechos que cualquier trabajador y el reconocimiento de sus necesidades específicas, por ejemplo, una atención médica adaptada. El abolicionismo también es opuesto a la despenalización de la prostitución (modelo neozelandés), reconoce la prostitución como un trabajo y establece medidas protectoras sin obligar a las profesionales del sexo a registrarse como tal.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sostiene, en su artículo 6, que los estados partes deberá tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer. Considera que la trata de mujeres y la prostitución forzada son formas de violencia contra las mujeres. Sostiene que las causas fundamentales de la trata con fines de explotación sexual están directamente vinculadas al sistema social de la prostitución. Que la prostitución y la explotación sexual generan el tráfico de personas. También se afirma que los perpetradores gozan de una impunidad generalizada y que las mujeres son objeto de formas extremas de violencia. Por eso proponen desalentar la demanda sexual como forma de prostitución para desmantelar el sistema que utiliza a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los estados no tienen potestad para controlar, perseguir, someter a exámenes médicos, registrar o cobrar impuestos a las personas que estén en situación de prostitución y sí están obligados a perseguir a proxenetas y tratantes, como a generar políticas públicas para quienes quieran salir de la prostitución. También establece que se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, aun con el consentimiento de tal persona. Sería anacrónico hablar de abolicionismo antes del compromiso de Josephine Butler en 1870. Sin embargo, es posible identificar, en la historia de las sociedades, corrientes de pensamiento o personajes cuya actitud hacia la prostitución era una forma de abolicionismo antes de tiempo: la condena de la prostitución como institución contraria a la dignidad humana, la negativa a penalizar a las personas prostituidas y la lucha contra la clientela.
La Declaración de Viena sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1993, reconoce la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. La trata de personas se ha vuelto un tema prioritario para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ya que las cifras conocidas dicen que hay cientos de miles de mujeres y niñas que son víctimas de la trata para explotación sexual a través de fronteras internacionales.
La Resolución del Parlamento Europeo del 5 de abril de 2011, sobre prioridades y esbozo de un nuevo marco político para luchar contra la violencia contra las mujeres, sostiene que, dado que la violencia de género, predominantemente de varones contra mujeres, es un problema estructural y generalizado en toda Europa y, considerando que la violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de violaciones de derechos humanos, que incluyen la prostitución y la trata de mujeres y niñas, el Parlamento Europeo reconoce el grave problema de la prostitución en la Unión Europea y solicita que se realicen más estudios sobre la prostitución ya que llama la atención el preocupante aumento de la trata de personas en Europa, e insta a miembros a tomar medidas combatir esa práctica.
El profeta Oseas en el siglo VIII a. C. denuncia la prostitución que se desarrolla en los dos reinos hebreos. Asocia la prostitución con la idolatría, dando una dimensión teológica a su denuncia. Sin embargo, se casa con una prostituta, Gomer. Él no la acusa, sino a los clientes, sacerdotes y gobernantes de su prostitución.
Agustín de Hipona, en el siglo V prohibió a su diócesis asistir a los juegos donde era bien sabido que habría tráfico prostibulario en el lugar. En el mismo sermón, recordó las palabras de Jesús declarando que "las rameras van delante de vosotros [los sacerdotes y los ancianos del templo] el reino de los cielos" Mateo 21.31
Desde 1542 hasta 1548, Ignacio de Loyola fundó la Casa de Santa Marta en Roma. La prostitución florece en la Roma del siglo XVI. Sus críticos lo acusan por querer «deshacerse» de la prostitución en Roma. Para ello, abre una casa donde, para ingresar, las prostitutas deben indicar su situación, especialmente si están casadas o solteras. Después de un retiro predicado por Ignacio, pueden elegir regresar con sus esposos, casarse o convertirse en monjas. Ignacio reclutaría a los candidatos entre los cortesanos de Roma. Ante la hostilidad de la sociedad de la época y la indiferencia de la reciente Compañía de Jesús, la misión de reintegración de Casa Santa Marta fue abandonada poco después de que Ignacio cumpliera con sus responsabilidades en esta fundación.
La Comuna de París cierra los burdeles en varios distritos de París , tanto que muchas personas prostituidas hacen causa común con los revolucionarios.
En 1840, Flora Tristán denunció en un capítulo titulado Mujeres Públicas de su libro Paseos por Londres el funcionamiento de las redes de proxenetas y burdeles de Londres. Describió amargamente las vejaciones, maltratos y denigrantes condiciones de vida de miles de mujeres jóvenes y niñas. Alejadas de sus familias, eran retenidas en los burdeles; primero los importantes y, a medida que su salud se resentía, eran trasladadas a otros de más baja categoría. Menos de diez años después, morían a causa de múltiples enfermedades.
Tristán entiende a la prostitución como la «más horrorosa de las plagas que produce la desigual repartición de los bienes de este mundo» haciendo culpables a los industriales de la época y su hipócrita moral corrompida por la riqueza generada por el nuevo modelo económico liberal y descriminalizando a las prostitutas. «¡Por ello, que esta monstruosidad sea imputada a vuestro estado social y que la mujer sea absuelta!»
La propuesta de Tristán se aleja tanto del prohibicionismo como del regulacionismo:
En Europa, la mayoría de los estados son abolicionistas. En Lituania y Rumania, Finlandia, Irlanda del Norte y el Reino Unido, la prostitución es ilegal y son prohibicionistas, La prostitución está legalizada y regulada en los Países Bajos, Alemania, Austria, Grecia, Hungría y Letonia. Dinamarca, Italia y España adoptaron algunas medidas de reconocimiento jurídico.
En los Países Bajos, la regulación y la legalización aumentó la trata de personas sin mejorar las condiciones de las prostitutas.| En los Países Bajos la trata de personas ha aumentado y dos tercios de las prostitutas son inmigrantes extranjeras en situación de vulnerabilidad. La policía holandesa estima que entre el 50 % y el 90 % de las mujeres del barrio rojo probablemente sean víctimas de la explotación sexual y trata de personas. El estado tiene la premisa de que las trabajadoras y los trabajadores del sexo puedan hacer frente a sus derechos como los demás trabajadores y se arreglan solos, con la consecuencia de las condiciones laborales quedan exclusivamente en mano de los empleadores, es decir, los dueños de los prostíbulos. Las prostitutas ejercen, supuestamente, como autónomas y no en relación de dependencia, por lo que no logran los beneficios del trabajo en blanco. Los burdeles son legales, pero la calidad de vida de las prostitutas no solo no ha mejorado sino que ha desmejorado y la prostitución clandestina sigue existiendo. En los Países Bajos, un estudio mostró que la mayoría de las prostitutas no eran toleradas en las calles por lo que se veían empujadas a ejercer en los prostíbulos, el 95 % de ellas trabajaban sin contrato como autónomas, a pesar de trabajar en prostíbulos y del alto nivel de control de su trabajo por parte de los operadores de dichos prostíbulos, la mayoría de las prostitutas no tenían derecho a ninguna prestación de servicios sociales ni seguridad social ni de salud, y el bienestar emocional de ellas había disminuido, según todas las variables que evaluaron por lo que la angustia de las mujeres era mayor.En los Países Bajos, las mujeres continúan con el estigma de puta y el seguro médico lo tienen que pagar en forma privada. Aunque la legalización supuso un mayor control sobre la actividad, la prostitución ilegal sigue siendo mayoritaria y esas mujeres reciben con mayor frecuencia abuso, violencia e insalubridad.
En Grecia, que es un país reglamentarista, el Estado justifica la intervención en la regulación de la actividad y la obligatoriedad de los controles por motivos de salud pública y de seguridad ciudadana, y habilita el ejercicio de la prostitución solamente en prostíbulos registrados. Está prohibido el trabajo sexual sin licencia para ejercerlo. En Grecia la prostitución clandestina continúa funcionando. Una encuesta realizada en ese país encontró que muchas mujeres jóvenes trabajaban en la industria sexual para escapar de la pobreza, a causa de un desempleo prolongado, el consumo de drogas y la exclusión social.
Argentina es un país abolicionista en donde las mujeres en situación de prostitución no deben ser perseguidas, la prostitución a título personal no es delito, pero sí lo son el proxenetismo y los burdeles. En los prostíbulos de ejerce de manera clandestina. México sigue el modelo reglamentarista.
El regulacionismo cuestiona al abolicionismo porque considera que lo que llaman trabajo sexual está mal visto por un tema moral, de puritanismo y que negarle a la actividad su condición y dignidad de trabajo es una violencia simbólica contra las mujeres que eligen vivir libremente su sexualidad. Los que apoyan el regulacionismo insisten en la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre lo que quieren hacer con su cuerpo y sobre su sexualidad, que el trabajo sexual es voluntario y la mujer decide en total libertad del uso que quiere hacer de su cuerpo, que no todo trabajo sexual es trabajo forzado,mientras que los abolicionistas consideran que el acuerdo para vender sexo nunca puede ser voluntario ya que y que, por lo tanto, la prostitución en general equivale a la explotación sexual. El regulacionismno busca la despenalización del trabajo sexual.
Varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, critican el modelo abolicionista y apoyan la despenalización de la prostitución. La opinión de estas organizaciones, basada en informes sobre el terreno, es que sancionar la demanda de prostitución empuja a las trabajadoras sexuales a la clandestinidad y empeora su estigma. A su vez, la GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women), afirma que la abolición del comercio sexual no resolverá las condiciones que originan la trata de blancas.
El abolicionismo es criticado porque, según ellos, implicaría la criminalización de las trabajadoras sexuales. En algunos países abolicionistas, como Suecia, Noruega o Irlanda, las trabajadoras sexuales sufren deportaciones, desahucios e incluso penas de prisión por culpa de las leyes abolicionistas.
La afirmación abolicionista que relaciona más violaciones con la despenalización de la prostitución, es refutada en estudios formales como el de Rhode Island y Holanda, que recogen una correlación inversa, es decir, la despenalización de la prostitución tuvo el efecto de disminuir claramente los delitos sexuales.
En Irlanda, país abolicionista, cerca del 56 % de trabajadoras sexuales declara que las leyes abolicionistas han vuelto su trabajo más peligroso. Mientras que en Nueva Zelanda, país que aplicó la despenalización de la prostitución, más del 90 % de trabajadoras sexuales aseguran que la despenalización les ha permitido acceder a derechos que antes no tenían. Esto según dos encuestas de los ministerios de Justicia de ambos países.
Clara Serra, política feminista y responsable del Área de Mujer e Igualdad del Consejo Ciudadano estatal de Podemos, criticó el modelo abolicionista, razonando que «incluso si persigues al cliente, al final haces que las propias prostitutas se vean obligadas a negociar en peores condiciones y a esconderse de la policía, y que la policía sea el enemigo». Clara además protestó contra la actitud de los grupos abolicionistas, acusándolos de censurar a las trabajadoras sexuales y afirmando que «Una cosa es desear un mundo sin prostitución y otra muy distinta es querer impedir que mujeres prostitutas hablen en la universidad. Hace falta haber olvidado muchas cosas fundamentales para demostrar semejante grado de intolerancia».
Durante la crisis por el coronavirus (COVID-19) de 2020, María José Barrera y Mariano Beltrán, activistas por el feminismo y los derechos humanos, firmaron un artículo especialmente crítico con el abolicionismo. En el artículo afiman que los derechos de las prostitutas son aún más importantes durante la pandemia, y piden aumentar estos derechos mediante la despenalización del trabajo sexual. Afirman que «Los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sexuales tienen que ser no solo defendidos, sino también promocionados. Y en esa defensa de la dignidad, el abolicionismo ni está ni se le espera; las posturas abolicionistas no hacen otra cosa que ahondar en el estigma».
Según la teoría abolicionista, en la mayoría de los casos, la prostitución no es una opción consciente y calculada. Sostiene que la mayoría de las mujeres que se convierten en prostitutas lo hacen porque fueron obligadas o coaccionadas por un proxeneta o víctimas del tráfico de personas.
Esta teoría no concuerda con los informes oficiales más recientes. La UNOD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito) publicó un estudio en 2010 "Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual", según el cual el porcentaje de mujeres ejerciendo la prostitución de forma forzada sería una de cada siete (14 % del total).
En la misma línea, en España, el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) formado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil (entre otros), recopiló en los años 2013 y 2014 datos oficiales, publicados en el “Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual”. En las páginas 37 a 39 de dicho informe oficial, se indica que unas 14 000 trabajadoras sexuales entre un total de 45 000 (es decir, un 31 %) estarían “en riesgo de encontrarse en situación de trata”, por lo que las mujeres realmente forzadas a ejercer la prostitución en España serían menos del 31 % del total.
Desde la perspectiva abolicionista, el verdadero consentimiento en la prostitución no es posible. Las abolicionistas creen que no se puede decir que alguien pueda estar realmente de acuerdo con su propia opresión y que ninguna persona debería tener el derecho de consentir a la opresión de otros.
Esto no se corresponde con la opinión general de las asociaciones de trabajadoras sexuales, que afirman que sí hay consentimiento en la prostitución. Argumentan que el abolicionismo utiliza muestras sesgadas, que tienen en cuenta únicamente a las víctimas de trata, olvidando que la prostitución es mayoritariamente consentida y que las medidas abolicionistas afectarían negativamente a todos los tipos de prostitución.
Las abolicionistas de la prostitución ven a la prostitución como una forma de violencia masculina contra las mujeres, las niñas y los niños. (Farley et al., 1998) Este entendimiento es la principal raíz teórica de los llamamientos para despenalizar la prostitución —en su mayoría mujeres– pero continúa criminalizando a quienes los prostituyen, incluidos clientes, proxenetas, procuradores y traficantes. Del mismo modo, en otras formas de violencia contra las mujeres, las feministas contra la violencia esperan que las mujeres golpeadas, violadas, incididas, hostigadas y amenazadas no sean castigadas por los delitos cometidos contra ellas, mientras que los autores masculinos, en su mayoría conocidos por las víctimas, sean criminalizados de acuerdo con la ley.
Una de las razones esgrimidas por el abolicionismo para oponerse a la prostitución, es que es una práctica que conduce a graves efectos negativos a largo plazo para las prostitutas, como trauma psíquico, estrés, depresión, ansiedad, automedicación a través del consumo de alcohol y drogas, trastornos de la alimentación y un mayor riesgo para sí misma incluido el suicidio.
Estas razones chocan con la opinión de varias organizaciones como la OMS y Amnistía Internacional. Estas organizaciones, basándose en informes sobre el terreno, afirman que el abolicionismo empeora el estigma asociado al trabajo sexual, y señalan este estigma como el causante de los costes psicológicos mencionados. Estas organizaciones piden la mejora de las condiciones de trabajo mediante la despenalización de la prostitución (modelo neozelandés), para reducir los contagios de enfermedades como el VIH, y dar acceso de las trabajadoras sexuales a los programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS).
En 1999, Suecia se convirtió en el primer país en ilegalizar la compra de servicios sexuales, pero no la venta (el cliente comete un delito, pero no la prostituta). Se aprobaron leyes similares en Noruega (en 2009), en Islandia (en 2009).
La Universidad de Lund (Suecia) investigó los efectos de la aplicación de la ley abolicionista, entre 2005 y 2010, publicando unos resultados muy negativos: la prostitución no bajó, sólo se expandió a otros territorios, y el riesgo de las trabajadoras sexuales a ser asaltadas y violadas aumentó significativamente.
A día de hoy el gobierno de Suecia aún no ha aportado una demostración estadística que concluya que la ley ha supuesto una disminución del número de hombres que pagan por sexo, así como una reducción de la trata con fines de explotación sexual.
Varios estudios aseguran que el modelo sueco ha sido un fracaso. Estos estudios afirman que el efecto de la ley ha sido volver la prostitución una actividad más clandestina y, en consecuencia, ha hecho que las condiciones de trabajo de las personas que se prostituyen sean más peligrosas.
El debate sobre prostitución -según algunos autores- tiende a reducirse únicamente a dos modelos, el abolicionista y el regulacionista, dando por sentado que estas son las únicas alternativas.
Las asociaciones de trabajadoras sexuales critican esta actitud argumentando que hay otros modelos posibles. Sugieren el modelo neozelandés (despenalización) como el más indicado para hacer valer sus derechos y disminuir el estigma asociado al trabajo sexual. Paula Sánchez, del Colectivo Hetaira, explica que «cuando se cuestiona el modelo sueco [abolicionista] automáticamente se pasa a señalar los horrores del modelo alemán [regulacionista], porque como el bipartidismo español, o eres de uno o eres del otro. Pues miren, en algo estamos de acuerdo: no queremos una regulación, queremos derechos, preferimos el modelo neozelandés».
Organizaciones que trabajan en derechos humanos y en apoyo a mujeres mujeres prostituidas como la Asociación para Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAM) denuncian sin embargo que la prostitución es una forma de esclavitud moderna, que está relacionada de manera habitual con la trata de personas siendo uno de los negocios más lucrativos en Europa con beneficios estimados de 3.000 millones de dólares al año y que la prostitución «no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la marginación, la dificultad económica y la cultura sexista y patriarcal».
Los teóricos marxistas y las feministas socialistas y comunistas se han situado en bloque en contra de la prostitución. Marx y Engels entendían que era una ignominiosa forma de abuso y violencia contra el sexo femenino. Engels (1884) sostiene que «desmoraliza mucho más a los hombres que a las mujeres. La prostitución, entre las mujeres, no degrada sino a las infelices que caen en sus garras y aun a estas en grado mucho menor de lo que suele creerse. En cambio, envilece el carácter del sexo masculino entero» esto es, que no puede ser considerado un trabajo sino una forma de violencia que envilece también la humanidad de los varones.
Pero no es esta la única vez que Engels se manifiesta al respecto. En Principios del comunismo sostiene:
Para Engels la existencia de la prostitución es absolutamente incompatible con los principios comunistas porque supone una dominación y una explotación de personas convertidas en objetos, negando su dignidad, autonomía y humanidad.
Marx y Engels también defienden la abolición conjunta de los sistemas prostibularios y de propiedad burguesa en el propio Manifiesto comunista, donde afirman que «fácil es comprender que, al abolirse el régimen actual de producción, desaparecerá con él el sistema de comunidad de la mujer que engendra, y que se refugia en la prostitución, en la oficial y en la encubierta.»(Marx y Engels, 1848)
El objetivo de los activistas abolicionistas era la disminución de la demanda artificial de sexualidad comercializada. La adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de diciembre de 1949 de la Convención sobre la Prevención de la Trata de Personas y la Explotación de Otros ha sido considerada, entre otras cosas, como resultado de los esfuerzos transnacionales de los abolicionistas desde fines del siglo XIX.
El objetivo de la Convención era prevenir la trata internacional con fines de prostitución y trabajo sexual, e incluye un artículo considerado abolicionista porque persigue la prostitución voluntaria (artículo 1)(Dolinsek, 2016). La presencia de este artículo abolicionista ha provocado el rechazo de la mayoría de países al Convenio de 1949, siendo ratificado únicamente por 9 estados. En contraste, el Protocolo de Tráfico (2000), que también persigue la trata pero sin incluir medidas abolicionistas, ha sido ratificado por 171 estados.
El movimiento abolicionista propiamente dicho nace de la reacción a la alineación del Reino Unido sobre la regulación higienista de la prostitución como en Francia, por medio de las Contagious Diseases Acts, en la década de 1860. En 1869, bajo la dirección de Josephine Butler, se organiza un movimiento de mujeres de inspiración cristiana que condena la reglamentación: la Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Acts
Estos edictos decretaban que las prostitutas podían ser detenidas y obligadas a someterse a exámenes médicos obligatorios. Esta reglamentación estaba orientada a combatir las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, no se preveía control alguno para los clientes masculinos de las prostitutas.
La International Abolitionist Federation fue fundada por Josephine Butler en Ginebra en 1875. El nombre "abolicionismo" es una referencia deliberada al movimiento antiesclavista de los Estados Unidos: Butler se opuso a la esclavitud legal y sexual de las mujeres, que ella creía haber culminado en la prostitución y el "tráfico de esclavos blancos".
Estas acciones internacionales se materializan con la redacción del Convenio internacional para la represión del tráfico de esclavos blancos, en París el 4 de mayo de 1910.
Sin embargo, ocultas en este debate a fines del siglo XIX y principios del XX, hubo formas de violencia sexual dentro y fuera de la prostitución que afecta a mujeres no blancas, ya sea en los Estados Unidos o en áreas coloniales. Los debates y las políticas se caracterizaron por supuestos racistas sobre la hipersexualidad de las mujeres negras y su supuesta propensión "natural" a la prostitución, por un lado, y la construcción de la inocencia femenina de las mujeres blancas, por el otro.(Dolinsek, 2016)
En Suecia, que ilegalizó la compra de servicios sexuales en 1999, ha habido protestas contra la ley, especialmente después del asesinato de Eva Marree Kullander Smith. Los servicios sociales suecos retiraron a Eva la custodia de sus hijos por ser trabajadora sexual, incluso aunque su expareja había mostrado ya comportamientos amenazantes. Poco después, en julio de 2013, Eva era asesinada por su expareja mientras visitaba a su hijo. El documental francés Là où les putains n'existent pas ("Donde las putas no existen") describe el caso de Eva.
En Noruega, las organizaciones de ayuda a las prostitutas critican la ley abolicionista de 2009, alegando que las empuja a la clandestinidad y aumenta su exposición a amenazas y actos violentos.
En Francia, país abolicionista desde 2016, varias organizaciones de ayuda a las prostitutas, así como Médicos del Mundo Francia, se han manifestado en contra de la nueva ley abolicionista. Argumentan que la ley se anuncia como protectora pero no protege, deteriorando las condiciones de trabajo de las prostitutas. Según el diario francés Le Figaro, el problema es que, para mantener y proteger a su clientela, las prostitutas se han visto obligadas a "esconderse aún más", exponiéndose "a mayores riesgos".
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