Los derechos humanos en Venezuela están garantizados en la Constitución de 1999. La Defensoría del Pueblo es una de las instancias del Poder Ciudadano en Venezuela que tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en el país.
Para 2018, Venezuela fue reprobada con clasificación “D” por el Comité de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas en cuanto al cumplimiento de obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debido a que el Estado no envió el informe sobre los avances en las recomendaciones que hicieron en 2015.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció[¿cuándo?] una serie de violaciones de los derechos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante las manifestaciones, denuncia campañas de desprestigio contra periodistas por parte de las autoridades venezolanas y da cuenta del cierre de medios en distintas partes del país. Según el informe, “los ataques contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación durante las manifestaciones consistieron en ataques físicos (palizas y heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de plástico), detenciones arbitrarias e incautación o destrucción de sus equipos“. A partir de las entrevistas realizadas y de la información suministrada por organizaciones no gubernamentales, los encargados de la realización del documento explican que “en varias ocasiones, las fuerzas de seguridad confiscaron, rompieron o sustrajeron el equipo de trabajadores de los medios de comunicación”. Estas acciones violentas en contra de los profesionales de la comunicación “se vieron motivadas por la grabación de los actos de represión de las manifestaciones, y en particular de la detención de manifestantes”. Además se señala que “si bien las fuerzas de seguridad cometieron la mayor parte de las violaciones contra los periodistas, éstos también fueron blanco de ataques por parte de los manifestantes y partidarios tanto de la oposición como del Gobierno”.
La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Venezuela ha acusado al Gobierno de atacar a reporteros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) ―contrario al Gobierno de Maduro― indicó que en los primeros meses de las protestas se habían registrado 205 ataques contra 152 periodistas. Según El Nacional, el SEBIN ya había allanado las oficinas de reporteros y activistas de los derechos humanos en varias ocasiones. También se ha indicado que en ocasiones el SEBIN intimida a reporteros siguiéndolos en vehículos sin registro, y miembros de la agencia "observan sus hogares y oficinas, lugares públicos como panaderías y restaurantes, y les envían mensajes de texto a sus celulares". El 22 de abril, reporteros de La Patilla que estaban cubriendo los eventos en Santa Fe fueron retenidos por la Guardia Nacional. El equipo de reporteros fue acusado de ser "periodistas falsos", tuvieron que mostrar sus identficaciones a la Guardia Nacional y se le tomaron sus fotografías. Más tarde fueron liberados sin más complicaciones. En otro incidente, un fotógrafo de La Patilla fue atacado por la Policía Nacional, la cual trató de arrebatarle su cámara y golpearlo en la cabeza con la culata de una escopeta mientras cubría las protestas en Las Mercedes. Una semana después de haber sido atacado en Las Mercedes, el mismo periodista de La Patilla fue atacado nuevamente por la Policía Nacional, quien trató de quitarle su cámara mientras cubría las protestas en el barrio de Las Minitas en Baruta. Mientras cubrían las protestas el 14 de mayo, un grupo de reporteros dijo que fue atacado por la Guardia Nacional diciendo que les dispararon y que la Guardia Nacional trató de arrestar a uno de ellos. El 27 de mayo, un reportero de La Patilla fue atacado por tercera vez mientras cubría los incidentes en Táchira cuando recibió disparos de la Guardia Nacional. Dos reporteros resultaron heridos el 5 de junio luego de recibir un disparo de perdigones desde un vehículo de la Guardia Nacional. El incidente fue reportado al Coronel Rafael Quero de la Guardia Nacional, pero él negó que los hechos hayan sucedido. Equipo perteneciente a CNN fue "robado a mano armada" y posiblemente destruido por fuerzas gubernamentales. Aquellos que reportan sobre las manifestaciones se siente amenazados por el presidente Maduro, quien ha creado un "clima cada vez más asfixiante" para ellos. Las estaciones de televisión en Venezuela apenas han mostrado una cobertura en vivo de las manifestaciones y ha causado que muchos televidentes comiencen a ver
La Defensoría del Pueblo, en información suministrada al Acnudh el pasado 2 de agosto, reconoció que “la participación de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) en las manifestaciones se había justificado por tratarse de ‘eventos multitudinarios’ que rebasaban la capacidad de la policía”. En el informe, el equipo denuncia la existencia de una serie de instrumentos legales en Venezuela que contrarían lo establecido en la Constitución de la nación. “A pesar de la protección constitucional del derecho de reunión pacífica, las disposiciones legales y reglamentarias del país tipifican como delito las protestas e imponen restricciones indebidas que niegan la esencia de ese derecho”. Entre las leyes y sentencias que, según el informe, vulneran el derecho constitucional a la reunión pacífica y a la protesta están la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la Decisión Nº 276 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 24 de abril de 2014, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002 y el Código Penal Venezolano.
El 4 de julio de 2019, ACNUDH publicó un informe en donde se actualizaba la situación de los DDHH en Venezuela. En cuanto a la libertad de opinión y expresión el informe señala que el Gobierno de Maduro ha tratado de establecer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Añade el informe que entre 2018 y 2019 docenas de medios impresos han cerrado y el Estado clausuró emisoras de radio y obligó a las operadoras de cable el bloqueo de ciertos canales de televisión.
Hubo un aumento en el número de detenciones de periodistas, incluyendo periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o tuvieron que abandonar el país luego de su liberación.
Varios de los comunicadores sociales venezolanos han tenido que huir del país para poder desarrollar su profesión libremente sin censuras.
Asimismo dado la censura impuesta a los medios de comunicación, el internet y las redes sociales (RRSS) se han convertido en las fuentes de información.
Igualmente ACNUDH documentó que en los años recientes el Gobierno bloqueó por tiempo indefinido varios sitios web de noticias y así como el bloqueo frecuente de las RRSS.
También se documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en contra del Gobierno en las RRSS. Particularmente la ONG Espacio Público registró que en la última década hubo detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en RRSS.
El 13 de junio, funcionarios del SEBIN y CONAS irrumpieron en residencias en el Paraíso, Caracas, sin órdenes de allanamiento, disparándole al perro de uno de los vecinos en el proceso. El 13 de julio un hombre con síndrome de Asperger, Gianni Scovino, fue pateado y golpeado de forma reiterada por un grupo de policías y militares durante una manifestación en Lechería, quienes además lo arrestaron de manera arbitraria. El Ministerio Público se pronunció en contra de los hechos y Tarek William Saab condenó la detenión arbitraria, describiendo el trato como «cruel, inhumano y degradante».
De acuerdo al mismo informe, los grupos armados, pro gobierno o anti gobierno, dejaron un saldo de 31 víctimas de homicidio. El informe de ACNUDH destacó las acciones de lo que denominó como “colectivos armados“, término usado para llamar a los grupos armados progubernamentales que intimidan, amenazan y atacan a las personas consideradas como opositoras al gobierno, registrando casos en los que los funcionarios policiales y militares se retiraron del lugar una vez que los civiles armados llegaban. El informe también indicó, refiriéndose a los manifestantes opositores, que “el nivel de violencia de esos grupos se incrementó a medida que aumentaba el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. Según el comisionado, las cuatro personas que fallecieron por la acción de estos grupos fueron Amelina Carrillo, Orlando Figuera, Danny Subero y Héctor Anuel Blanco. El 20 de mayo de 2017, durante una protesta en, manifestantes opositores golpearon y prendieron en fuego a Orlando Figuera después de un enfrentamiento y de creer que intentaba robar. El 27 de mayo de 2017, durante el velorio de un protestante fallecido en el municipio Palavecino del estado Lara, un grupo de opositores linchó al oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Danny Subero. El informe reseña que la Defensoría del Pueblo informó que 23 personas resultaron heridas a consecuencia de ataques violentos perpetrados presuntamente por grupos antigubernamentales, asegurando que "el Gobierno ha denunciado actos de vandalismo, que incluyen, por ejemplo, quema de almacenes de alimentos, quemas de ambulancias y autobuses, y saqueos. Estos incidentes no estaban directamente relacionados con las protestas, pero reflejan la situación de malestar social y el alto nivel de violencia existentes en el país”
El 14 de septiembre de 2017 Tamara Sujú denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 289 casos de tortura, incluyendo incidentes durante las protestas y casos de torturas sexuales, durante la primera audiencia de la organización para analizar crímenes de lesa humanidad en el país.
El 26 de junio de 2019 Nicolás Maduro denunció un supuesto intento de golpe de Estado y magnicidio en su contra, en donde estarían involucrados 4 funcionarios militares y 2 policías, además de otras 8 personas. Uno de los supuestos implicados sería el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien sin orden judicial fue detenido por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Antes de la denuncia de Maduro, el militar ya había sido reportado como desaparecido el 21 de junio. El 29 de junio se dio a conocer que Acosta Arévalo habría fallecido, a causa de graves torturas. Tamara Sujú denunció vía Twitter que el capitán Acosta Arévalo habría sido torturado por los efectivos de la DGCIM que mantenían su custodia y que el 28 de junio él se presentó a la audiencia en los tribunales militares en silla de ruedas mostrando graves signos de tortura y casi sin poder gesticular palabras, pidiendo auxilio a su abogado. En otro tuit Sujú señaló que cuando se le preguntó al capitán Acosta Arévalo si había sido sometido a torturas, éste asintió con la cabeza ya que no podía pronunciar palabras.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe en junio de 2018 titulado "Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: Una espiral descendente que parece no tener fin", en donde se analizan las violaciones de distintos derechos humanos en Venezuela, mencionando con mucha frecuencia las detenciones arbitrarias. En el informe se denuncia que las autoridades del Estado realizan detenciones arbitrarias de manera selectiva contra personas que son consideradas como amenaza para el gobierno de Nicolás Maduro, o que manifiestan su disidencia o descontento con este. El informe señala que las fuerzas de seguridad pública, en especial los del servicio de inteligencia, realizan las detenciones selectivamente contra activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación, miembros de las fuerzas armadas, e incluso niños. Las víctimas con frecuencias era mantenidas incomunicadas en el tiempo en que permanecían detenidas.
También se encontraron violaciones al debido proceso, las cuales se agravaban cuando los detenidos, quienes en su mayoría eran civiles, fueron llevados ante tribunales militares; en estos casos los abogados enfrentaban dificultades para acceder a dichos tribunales y al expediente de sus clientes. Durante las detenciones, los agentes de seguridad pública rara vez mostraban orden judicial ni informaron a las personas del motivo de su detención, ni cumplían con el deber de informar a los detenidos de los cargos en su contra.
Las detenciones en algunos casos se convertían en desapariciones forzadas breves, puesto que las autoridades se negaban a informar a los familiares y abogados de las víctimas sobre su paradero. Inclusive se documentaron varios casos, en donde los detenidos permanecían incomunicados durante semanas o meses, como forma de castigo.
El ACNUDH también observó que las audiencias con frecuencia eran retrasadas injustificadamente, ya sea porque los procesados no eran trasladados a los tribunales desde su lugar de detención, ó por la ausencia injustificada de los jueces o fiscales.
Muchas de las víctimas que habían sido liberados condicionalmente enfrentaron con problemas importantes porque los procesos judiciales se prolongaban. En algunos casos, los procesados solicitaban a los tribunales información sobre las fechas de las audiencias y la respuesta de las autoridades judiciales era: "como terrorista, guarimbero, no tiene derechos".
El ACNUDH detalló en su informe de 2019, que desde 2016, el Gobierno así como las instituciones controladas por este, han promulgado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo a la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo la neutralización, represión y criminalización de la oposición política y los críticos al Gobierno. Esta tendencia aumentó desde 2016, después que la oposición política ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional.
El aparato de seguridad del Estado conformado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como los colectivos, han incurrido en diversos especies de delitos violatorios de los derechos humanos.
Las instituciones responsable de la protección de los derechos humanos, tales como el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales ni transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas víctimas y testigos. dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de estos delitos.
El informe del ACNUDH también denunció que estas políticas van acompañas de una retórica pública utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él. La oposición política, los activistas de derechos humanos y los periodistas, entre otros, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de "traidores" y "agentes desestabilizadores". Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal "Con el mazo dando", presentado por Diosdado Cabello, presidente de la polémica Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro.
Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles y restricciones a las ONG's para representar a víctimas de violaciones de derechos humanos.
En 2018-2019, se despidió y detuvo arbitrariamente a varios dirigentes sindicales y a muchos trabajadores que habían protestado en demanda de salarios y condiciones de trabajo decentes. Decenas de profesionales de la salud que protestaron por el estado en que se encontraba la salud en el país fueron despedidos y/o amenazados por sus superiores y algunos fueron detenidos arbitrariamente. Al personal universitario crítico al Gobierno se le amenazó con el impago de los salarios, se le impidió el acceso a sus centros de trabajo y viajar al extranjero e incluso en algunos casos hubo detenciones arbitrarias. Los defensores de derechos humanos fueron víctimas de campañas de difamación en los medios de comunicación progobierno, y sometidos a vigilancia, intimidación, hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias.
También se atacó a disidentes chavistas, a militares disidentes y a funcionarios públicos y empleados de empresas estatales a los que el Gobierno considera opositores.
Muchas de estas víctimas han reducido sus actividades, se han escondido o han tomado el camino del exilio.
La represión selectiva contra miembros de la oposición y líderes sociales infunde miedo al mostrar las consecuencias que puede acarrear el oponerse o meramente criticar al Gobierno o al expresar disentimiento.
En junio de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia levantó la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos a Juan Guaidó, presidente del Parlamento. Muchos de ellos fueron acusados por el Gobierno, de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación para delinquir, entre otros cargos, esto luego de que el 4 de agosto de 2018 ocurriera un intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro y el 30 de abril de 2019, Juan Guaidó llamara a las Fuerzas Armadas a la rebelión.
Los familiares de los opositores políticos son víctimas de persecución por motivos políticos. El ACNUDH documentó un creciente número de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente mujeres, de opositores políticos. Las víctimas son interrogadas sin la presencia de sus abogados y en algunos casos son maltratadas y torturadas. Estas detenciones son llevadas a cabo como instrumento para ejercer presión sobre los supuestos fugitivos, pero también como forma de castigo. Los familiares también son víctimas de amenazas de muerte, daños adicionales a sus familiares, vigilancia, intimidación y hostigamiento. Además, las víctimas son sometidas a violencia sexual, violencia de género y humillaciones durante sus visitas a los centros de reclusión, durante operaciones de seguridad y allanamiento de domicilios.
Según el gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio. Sin embargo, en el contexto de estas operaciones de seguridad, el ACNUDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad llevadas a cabo en vecindarios pobres.
Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las operaciones de seguridad denominada "Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)" implementadas entre 2015 y 2017. En la visita realizada por la ACNUDH a Venezuela en junio de 2019, las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un "escuadrón de la muerte" o un "grupo de exterminio". Según informes de ONG's, las FAES son causantes de centenares de muertes violentas.
El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES entre junio de 2018 y abril de 2019. Todos los familiares describieron un modus operandi similar. Según los relatos de los familiares, las FAES llegan en camionetas negras sin placas ni matrículas y bloquean los puntos de acceso en la zona. Visten de negro, sin ninguna identificación personal, con pasamontañas cubriendo sus rostros.También describen el porte de armas largas. Las familias de las víctimas describieron como las FAES irrumpían en sus casas, se apoderaban de sus pertenencias y ejercían violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FAES separaban a los hombres víctimas del resto de sus familiares antes de dispararles. Según sus familiares todas las víctimas recibieron uno o más disparos en el tórax.
Los familiares y testigos de los hechos reportaron que las FAES manipulaban las escenas del crimen y las pruebas para simular un enfrentamiento. Plantaron armas y drogas y dispararon sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que las víctimas se habrían "resistido a la autoridad". En muchos casos, las FAES llevaron a las víctimas al hospital, aunque éstas ya estaban muertas, aparentemente con el propósito de manipular los cuerpos y modificar la escena del crimen. Hubo casos, en donde las autoridades declararon que las víctimas eran delincuentes antes de que hubiese concluido la correspondiente investigación oficial.
El Gobierno cataloga estos homicidios como "resistencia a la autoridad". El número de decesos por las FAES fue muy alto. En 2018, el Gobierno reportó 5.287 muertes violentas en esta categoría, mientras que la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esta categoría. Entre el 1 de enero y 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por "resistencia a la autoridad", mientras que el OVV registró 2.124 muertes violentas de esta categoría. La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de estas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
El ACNUDH destaca los casos de seis hombres jóvenes ejecutados por las FAES en represalia por su participación en las protestas anti-gubernamentales de 2019. Estas ejecuciones extrajudiciales tuvo lugar durante allanamientos ilegales de domicilios después de las manifestaciones y siguieron el mismo modus operandi descrito anteriormente.
La mayoría de las víctimas de violaciones de DDHH señalados en el informe del ACNUDH de 2019, no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada. Según testimonio de los entrevistados, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema judicial. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.
Por ejemplo, las familias de las personas asesinadas en las protestas masivas de 2017 siguen enfrentando obstáculos generalizados a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría de las investigaciones. Además, las familias, principalmente las mujeres, han sido amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y la policía, y en algunos casos se han visto obligadas a abandonar el país. Las familias de los hombres asesinados durante los operativos de las FAES tampoco han recibido justicia. Ellas han enfrentado a múltiples obstáculos, entre ellos la renuncia de los fiscales al recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psico-social.
El ACNUDH evidenció factores de impunidad identificados en 2018, entre ellos la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad pública y de las fuerzas armadas con las investigaciones, la manipulación de las escenas del crimen y de las pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, las demoras injustificadas en las actuaciones judiciales,la elevada rotación de los fiscales y los jueces, asó como la inmunidad de facto de oficiales superiores.
La falta de independencia y la corrupción del Poder Judicial son también obstáculos importantes a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.
La Fiscalía General ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los delitos y la Defensoría del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones de DDHH. El ACNUDH también denuncia que el Fiscal General, designado por la polémica Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia.
La Constitución de 1999 protege la libertad de expresión y la libertad de prensa, estableciendo que la comunicación es libre y plural. Concretamente, el artículo 57 determina que:
En Venezuela se garantiza el acceso universal a la información y el Estado está obligado a permitirlo según el título III («De los derechos humanos y garantías, y de los deberes», cuyo artículo 108 reza:
El Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos dijo que, "Documentar las protestas ha sido un desafío para miembros de la prensa y ONGs ya que el Gobierno ha coartado el flujo de la información" y que los "Periodistas han sido amenazados y arrestados, y sus equipos han sido confiscados o sus materiales han sido borrados de los mismos".
El 28 de octubre de 2015, por votación mayoritaria, Venezuela fue prorrogado en su mandato como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
CNN.
La Constitución de 1999 establece en su artículo 59 que:
El gobierno suele respetar la libertad de culto; sin embargo, según el Departamento de Estado estadounidense, ciertos grupos religiosos, al igual que otros que también han criticado al gobierno, han estado sometidos a hostigamiento y discriminación. El gobierno ha hecho algunos intentos de limitar la influencia de los grupos religiosos en ciertas zonas geográficas, niveles sociales y corrientes políticas.
Además, el Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa promueve y mantiene la libertad religiosa, con especial énfasis en la libertad de conciencia.
En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), Venezuela ha firmado o ratificado:
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