Década Infame
Se conoce como Década Infame al período de la historia de la Argentina que comienza el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado cívico-militar que derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de estado militar que derrocó al presidente conservador Ramón Castillo.
El nombre le fue dado por el periodista nacionalista José Luis Torres,, y ha sido ampliamente utilizado para denominar al período en la historiografía cercana tanto al radicalismo, como al peronismo, y el socialismo. La etapa también ha sido denominada como "restauración neoconservadora",, período de "restauración política” o "restauración conservadora”, "república conservadora” y "la República imposible" (1930-1945)
El período comienza con una dictadura cívico-militar "provisional" de corte fascista, avalada por la Corte Suprema y al mando del general radical José Félix Uriburu (1930-1932), quien entregó el poder al general Agustín P. Justo (1932-1938), candidato una alianza denominada la Concordancia (radicales antipersonalistas, conservadores, socialistas) como resultado de un sistema electoral de dudosa ilegitimidad, que también dejó en cuestión la legitimidad de su sucesor, el radical Roberto Marcelino Ortiz (1938-1942), quien falleció y fue sucedido por su vicepresidente, el conservador Ramón S. Castillo (1942-1943), derrocado por la llamada "Revolución del 43".
Durante este período, los gobiernos buscaron impedir que la Unión Cívica Radical pudiera volver al gobierno, mediante proscripciones y fraude electoral. Frente a la crisis del sistema mundial de libre comercio en 1930, Argentina negoció el controvertido pacto Roca-Runciman con el Reino Unido, que garantizó la continuidad de las exportaciones de carne, a cambio de importantes concesiones económicas de parte de la Argentina, entre las que se destacó el cuasi-monopolio de las exportaciones para las empresas inglesas, la creación del Banco Central de la República Argentina bajo control de los capitales y bancos británicos y la concesión de todos los medios de transporte público de la ciudad de Buenos Aires a una empresa mixta denominada Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el aislacionismo comercial de las grandes potencias contribuyó finalmente a iniciar el desarrollo industrial vía la sustitución de importaciones. La política económica se volvió estatista, creándose gran cantidad de organismos estatales reguladores (Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, etc.) y empresas públicas (Fabricaciones Militares, Altos Hornos Zapla, etc.). En esas condiciones creció notablemente el sector industrial y la clase obrera, alimentada por una migración masiva del campo a la ciudad y de las provincias hacia Buenos Aires. En 1943 las exportaciones industriales superaron a las exportaciones agropecuarias por primera vez en la historia argentina.
La Argentina, nacida en 1810, atravesó sus primeros 70 años de vida sumida en continuas guerras civiles, a través de las cuales se forjaron las bases de la Argentina moderna: una organización política federal; un sistema económico basado en la exportación de materias primas –primeramente lana y luego carne y granos– y la importación de productos manufacturados; un sistema de servicios públicos y comercio de capitales europeos, principalmente británicos; y un modelo cultural en que coexistían una Iglesia Católica influyente y un laicismo apoyado en la influencia europea, especialmente francesa. El sistema político se cristalizó a partir de 1880 en un régimen conservador, que presenció un acelerado crecimiento económico y promovió quejas por el escaso desarrollo de las libertades políticas.
El sistema conservador entró en una serie de crisis sucesivas a principios del siglo XX, que desembocaron en la sanción de la reforma electoral, que permitía la participación de las mayorías. Contra lo que sus promotores esperaban, la reforma llevó al gobierno a la Unión Cívica Radical, bajo el liderazgo del presidente Hipólito Yrigoyen; este llevó adelante algunas reformas económicas y sociales, que de todos modos no cuestionaban el modelo agroexportador. El sector conservador y varios grupos dentro del mismo Partido Radical se opusieron a esas reformas, frenando muchas de ellas en el Congreso de la Nación Argentina, donde el radicalismo nunca tuvo mayoría.
El sucesor de Yrigoyen fue Marcelo T. de Alvear, que se apartó de la conducción yrigoyenista y se apoyó en la vertiente "antipersonalista" de la UCR; su gobierno llevó adelante varias obras públicas y se vio favorecido por la bonanza económica mundial. En 1928 fue nuevamente elegido presidente Yrigoyen, que se rodeó de grupos jóvenes y reformistas, que esperaban llevar adelante una política mucho más audaz en lo económico y social. La Gran Depresión y la feroz oposición tanto de los conservadores como de los antipersonalistas frustraron esos intentos.
A fines de la década aparecieron varios periódicos de inspiración fascista, aunque más ligados ideológicamente a la dictadura de Primo de Rivera en España que a la Italia fascista. Grupos de choque organizados por empresarios, tales como la Liga Patriótica, actuaron durante la década de 1920, principalmente como fuerza de choque contra los sindicatos. Varios altos oficiales organizaron Logias militares, en un principio para sustraerse a la politización a que los sometía el radicalismo, pero posteriormente para organizar su propia agenda política.
La crisis económica llevó, a principios de 1930, a una convergencia entre la oposición, gran parte del Ejército y los grupos de extrema derecha en la intención de derrocar a Yrigoyen. El presidente, visiblemente envejecido, pretendía controlar cada detalle de la administración, pero no controlaba siquiera las decisiones políticas más generales. La prensa –especialmente los diarios La Prensa y Crítica– apoyaba cualquier iniciativa en contra del gobierno, y se hacía eco de las versiones más absurdas para desgastarlo; por su parte, los nacionalistas tenían cada vez más difusión a través de diarios como Fronda y La Nueva República.
En el mes de agosto de 1930, la opinión pública ya sabía que se estaba gestando un golpe de estado; Yrigoyen rechazaba esa posibilidad, pero incluso estaba claro quiénes eran los jefes: los generales José Félix Uriburu –Inspector General del Ejército que había sido desplazado por el presidente– y Agustín Pedro Justo, exministro de Guerra de la Nación. Fuera de estos dos, el golpismo contaba con la promesa de apoyo de oficiales de bajo rango y unos pocos coroneles. Ante el desorden imperante de los oficiales golpistas, Justo se limitó a apoyar críticamente. En los primeros días de septiembre, estudiantes y líderes socialistas coparon la vía pública, reclamando la renuncia de Yrigoyen para evitar el golpe de estado; el gobierno garantizó la libertad de prensa y de reunión, con lo que facilitó los planes de sus enemigos. El presidente estaba de licencia, y el vicepresidente Enrique Martínez, que conspiraba contra él, no acertaba a tomar ninguna decisión; el único decreto que alcanzó a firmar fue una medida de censura contra la prensa opositora, que llegó demasiado tarde.
La crisis económica mundial de 1929 llamada Gran Depresión tuvo un profundo impacto en la Argentina. Afectó primero económicamente ya que el 80% de los ingresos fiscales en Argentina provenían del comercio exterior. La crisis creó una situación de tensión social, con bajas de sueldo, aumento del desempleo; es decir, una contracción de la economía. Y esto generó también, en el plano político, un contexto en el cual se produce el golpe de 1930. La Crisis de 1929 fue un factor que creó una situación de tensión, de malestar sobre la economía, en términos sociales y de preocupación e incertidumbre en los sectores económicos dominantes y esto contribuyó a crear este clima. En América Latina en general hubo una crisis de sistemas democráticos prácticamente en toda la región.
Por otra parte, la enseñanzas sociales de la Iglesia católica de la época estaban basadas en la encíclica Rerum Novarum de 1891, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras, dejaba patente su apoyo al derecho laboral de «formar uniones o sindicatos», reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada y discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría corporativismo. Recién a partir de 1931 el Papa Pío XI condenó al fascismo y propuso llevar a la práctica los principios de la recta razón y de la filosofía socialcristiana.
Las posturas nacionalistas surgidas por imitación de lo ocurrido en Italia con Benito Mussolini, que apoyaban la implantación de un corporativismo, provocaron la división del Partido Popular y su disolución. Fue entonces cuando los nacionalistas católicos apoyaron al semanario La Nueva República, opositor al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen que, en plena Gran Depresión mundial de 1929, fue muy criticado por una serie de intervenciones a provincias por decreto y asesinatos de opositores, entre ellos el del Senador Lencinas, que produjeron el debilitamiento de la democracia y desencadenaron el golpe militar dirigido por el general José Félix Uriburu.
En la mañana del 6 de septiembre, Uriburu se puso al frente de las tropas y oficiales del Colegio Militar de la Nación y marchó sobre el centro de Buenos Aires. Las tropas a sus órdenes eran apenas 2000 soldados y cadetes, pero a medida que avanzaba se le fueron reuniendo gran cantidad de civiles; no encontró resistencia hasta llegar frente al Congreso, donde un tiroteo dispersó la columna. Acompañado por unos pocos oficiales, siguió camino hasta la Casa Rosada, donde forzó la renuncia del vicepresidente. Yrigoyen huyó a La Plata, donde entregó su renuncia al comandante de un regimiento. Fue arrestado, recluido en la isla Martín García, y su casa fue saqueada.
Uriburu se nombró a sí mismo presidente provisional y lanzó una proclama, redactada por Leopoldo Lugones y corregida por el coronel José María Sarobe. Decretó la disolución del Congreso y asumió el poder legislativo junto al ejecutivo; también decretó la intervención federal de todas las provincias, con dos excepciones: Entre Ríos y San Luis, únicas provincias gobernadas por conservadores. Su gabinete de ministros estaba formado por miembros del viejo Partido Conservador, la mayoría de ellos con experiencia como funcionarios, pero alejados de la función pública desde la asunción de Yrigoyen, hacía catorce años.
Muy pocos fueron los que se opusieron; apenas algunos estudiantes y el decano de la Facultad de Derecho, el socialista Alfredo Palacios, que renunció a su cargo. Por su parte, tanto el disperso Partido Conservador como el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista Independiente reconocieron de inmediato al dictador.
El expresidente Marcelo T. de Alvear, quien residía en Francia al momento del golpe de Estado, apoyó al mismo en un primer momento, como consecuencia también de la situación que le pintaron sus correligionarios -en mayoría antipersonalistas- en gran parte le nublaron el juicio, al describirle una situación mucho más caótica de lo que realmente era.
La Corte Suprema se negó a rechazar al gobierno provisional ante el pedido de varios dirigentes radicales; por el contrario, el 10 de septiembre firmó una acordada que reconociendo la existencia de "un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social". Esta decisión dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto.
Uriburu básicamente representó en aquel momento ante todo un nacionalismo católico neocorporativista. Inclusive el proyecto de constitución neocorporativa que tenía Uriburu y sus sectores era un sistema neocorporativo mixto. Querían que hubiera una cámara corporativa, por ejemplo, con representación de sindicatos, empresarios y otra cámara con representación política. Ideológicamente era tributario del nacionalismo católico, que desde los años ’20 venía creciendo en Argentina.
Centenares de dirigentes radicales fueron arrestados, y algunos de ellos enviados a la cárcel de Ushuaia. La dictadura prohibió todo tipo de manifestación pública y decretó la ley marcial para cualquiera que fuera sorprendido incurriendo en cualquier delito, incluso un delito ordinario. También fueron prohibidas las huelgas, que pasaron a ser consideradas delitos graves.
El plan económico del gobierno provisional era, en realidad, continuación del de Yrigoyen; frente a la Depresión, este había decretado la inconvertibilidad del peso. Uriburu decretó el control de cambios, para evitar la salida del oro que aún permanecía en las arcas del estado. Estableció un estricto cuadro de prioridades para el gasto público, con la intención de no entrar en cesación de pagos de la deuda externa. Además debió hacer frente a retrasos de pagos a los empleados públicos en que había incurrido el gobierno, para lo cual se crearon nuevos impuestos a las transacciones, a los réditos y a la nafta, y se aumentaron las tasas de los servicios públicos prestados por el Estado.
El Banco de la Nación Argentina otorgó créditos a los productores de maíz para que retuvieran sus cosechas, ya que la tendencia a venderla cuanto antes deprimía los precios. Todas las obras públicas quedaron congeladas, con la sola excepción de elevadores de granos, que concesionó a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a la que también favoreció para que compitiera con las empresas exportadoras en la comercialización de granos al exterior; estas medidas evitaron que la caída de los precios –muy importante desde el estallido de la crisis– fuera aún más pronunciada. En cambio no logró obligar a las empresas ferroviarias a bajar las tarifas para el transporte de granos.
Uriburu juró respetar la Constitución Nacional y la Ley Sáenz Peña, y en su discurso invitó a la población a corregir los "abusos" del yrigoyenismo a través de las urnas. Pero ese discurso se debía al apoyo que había necesitado del sector "liberal" dirigido por Justo y Sarobe. Con el paso de los días, volvió a sus ideales autoritarios y corporativistas en sus discursos y en el nombramiento de autoridades. Aspiraba a reemplazar la Constitución y el sistema democrático por otro, completamente distinto, en que no fuera el voto individual el que decidiera el rumbo político, sino la opinión de corporaciones, en particular las corporaciones patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un actor menor, y que además debía ser sometido a una limpieza ideológica. Los discursos mencionaban continuamente la necesidad de restaurar el orden, la propiedad y las jerarquías. Sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina consideraba que la clave del sistema político propuesto era el Ejército, y no organizaciones paramilitares.
El dictador propuso la fundación de un Partido Nacional, al que deberían adherirse los demás partidos, aunque estaban excluidos el radicalismo yrigoyenista y posiblemente el Partido Socialista. La invitación fue rechazada por todos, salvo algunos grupos conservadores. Uriburu se había adelantado a convocar a elecciones para gobernador de Buenos Aires, confiando en presentar una candidatura única del Partido Nacional frente a los radicales; cuando su proyecto fracasó, no pudo retractarse.
En el mes de abril, de 1931 se celebraron las elecciones bonaerenses, con un resultado imprevisto: el candidato radical Honorio Pueyrredón obtuvo el triunfo, cuando el gobierno consideraba al radicalismo "fuera de la historia", y aun cuando no realizó campaña electoral, ni apoyo de la prensa. Pese a que en el Colegio Electoral el radicalismo quedó varios votos por detrás y debía negociar con los socialistas para alzarse con la gobernación, el gobierno entró en pánico y la mayoría de los ministros presentó la renuncia. Uriburu reorganizó el gabinete, nombrando ministros del sector "liberal". El 8 de mayo suspendió el llamado al colegio electoral provincial, y nombró gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires a Manuel Ramón Alvarado.
Pocas semanas más tarde estalló una revolución en la provincia de Corrientes, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar; aunque fue rápidamente reprimida, dio a Uriburu la excusa que buscaba: clausuró todos los locales de la UCR, arrestó a docenas de dirigentes y prohibió a los colegios electorales elegir políticos vinculados directa o indirectamente con Yrigoyen; Pueyrredón había sido ministro de Yrigoyen, lo que significaba que no podía ser elegido, pero además fue expulsado del país junto con Alvear. Además suspendió las elecciones de gobernadores planeadas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el mes de septiembre llamó a elecciones para el mes de noviembre, y poco después anuló las elecciones en Buenos Aires.
El experimento corporativista había fracasado, pero aun así, horas antes de entregar el gobierno a su sucesor, Uriburu declararía que "el voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido."
Ya desde los días posteriores al golpe de estado habían comenzado reuniones entre los partidos antiyrigoyenistas, que llevaron a la formación de una Federación Nacional Democrática, de la que formaron parte los partidos conservadores de todas las provincias –desde la disolución del Partido Autonomista Nacional, unos 25 años antes, los conservadores eran una alianza tácita entre partidos provinciales– junto con la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Uriburu había tratado de forzar la reunión de un Partido Nacional, que englobara también a los demócrata progresistas, pero su jefe, Lisandro de la Torre ya estaba enfrentado con la dictadura, a pesar de que inicialmente la había apoyado.
La derrota frente al radicalismo llevó a los conservadores a la formación de un partido unificado, que se formó finalmente con el nombre de Partido Demócrata Nacional; con excepción de una pequeña fracción de la democracia progresista –en la que descollaba el exgobernador de la provincia de Salta, Robustiano Patrón Costas– todos sus miembros pertenecían a los partidos conservadores: entre ellos Julio Argentino Roca (hijo) y Guillermo Rothe del Partido Demócrata de Córdoba, Manuel Fresco y Rodolfo Moreno del poderoso Partido Conservador de Buenos Aires, Ricardo Videla y Gilberto Suárez Lago del Partido Liberal de Mendoza, entre muchos otros. La UCR antipersonalista y el socialismo independiente no aceptaron formar parte del mismo partido, pero en cambio formaron con este una alianza llamada Concordancia.
Todos estuvieron de acuerdo en llevar como candidato a la presidencia al general Justo; los socialistas independientes y los antipersonalistas pretendieron nombrar un compañero de fórmula no conservador, pero el PDN logró imponer la candidatura del hijo del general Roca. Esta negativa de los conservadores llevó a la UCR de Entre Ríos (Antipersonalista) a llevar como candidato a Francisco Barroetaveña. Por su parte, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista se presentaron como "Alianza Civil", llevando como candidatos a Lisandro de la Torre - Nicolás Repetto. El radicalismo no estaba prohibido, en sentido estricto, pero sí tenía prohibido presentar candidatos que hubieran ejercido cualquier cargo en las presidencias de Yrigoyen, lo que les vedaba las candidaturas conocidas; de modo que el Comité Nacional del radicalismo anunció la abstención electoral.
Las elecciones del 8 de noviembre de 1931 estuvieron viciadas de fraude electoral en las provincias de Buenos Aires y Mendoza, pero en las demás provincias esto no fue necesario: con solo dos excepciones –Entre Ríos y Santa Fe– triunfó ampliamente gracias a la proscripción del radicalismo. Justo obtuvo 607 765 votos (237 electores); en Capital Federal y Santa Fe, los votantes radicales apoyaron respectivamente al socialismo y la democracia progresista, de modo que De la Torre consiguió 436 125 votos (122 electores), mientras Barroetaveña obtenía 156.904 votos (12 electores).
Los gobiernos provinciales quedaron en manos de los conservadores, con excepción de Santiago del Estero, donde el radicalismo se unió e impuso a Juan Bautista Castro; Entre Ríos, donde el radical antipersonalista Luis Etchevehere retuvo el gobierno provincial para su partido; y Santa Fe, donde fue elegido el demoprogresista Luciano Molinas.
Luego del fracaso del ensayo neocorporativista nacionalista católico de José Félix Uriburu gobernó la Argentina una alianza política que se denominó la "Concordancia" que fue una alianza política formada entre el Partido Demócrata Nacional (también conocido simplemente como Partido Conservador), la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Esta alianza gobernó el país entre 1932 y 1943, a través de los presidentes Agustín P. Justo (1932-1938), Roberto M. Ortiz (1938-1940) y Ramón Castillo que debió completar el período por muerte del presidente Ortiz (1940-1943).
Agustín P. Justo asumió como presidente el 20 de febrero de 1932. Además de la convulsión política debida al golpe debió hacer frente a los resultados de la Gran Depresión, que había acabado con el superávit comercial y terminado con las ventajas comparativas del intercambio comercial por el cierre de mercados donde se colocaban los productos exportables del país.
Durante su mandato, la oposición radical, que había declarado la abstención electoral ante la ilegitimidad del régimen, fue muy marcada. En 1933 se produjeron en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Misiones alzamientos radicales que se saldaron con más de mil detenidos. Yrigoyen, gravemente enfermo, fue devuelto a Buenos Aires y mantenido bajo arresto domiciliario; moriría el 3 de julio, y su entierro en el cementerio de la Recoleta sería ocasión de una manifestación multitudinaria. En diciembre, en ocasión de la reunión de la convención nacional de la UCR, un alzamiento conjunto de militares y políticos se desató en Santa Fe, Rosario y Paso de los Libres. José Benjamín Ábalos, exministro de Yrigoyen, y el coronel Roberto Bosch fueron detenidos por el alzamiento, y los convencionales y dirigentes del partido encarcelados en Martín García. Alvear, antiguo padrino de Justo, se exiliaría, mientras que otros serían retenidos en el penal de Ushuaia
El primer ministro de Hacienda de Justo fue Alberto Hueyo; su gestión estuvo marcada por las restricciones a todos los gastos públicos, aunque paralelamente se llevó adelante una política de inversión pública; el área donde las inversiones se hicieron más notables fue el de transportes, donde se creó la Dirección Nacional de Vialidad, a cuyo frente se encontraba el ingeniero Justiniano Allende Posse. La misma, sostenida por un impuesto de dos centavos sobre litro de nafta, construiría la red troncal de rutas nacionales, muchas de las cuales serían pavimentadas.
Invitó a Otto Niemeyer a la Argentina, pero este prefirió pactar con el enviado presidencial, que era el vicepresidente Julio Argentino Pascual Roca. Hueyo se enfrentó con este, que estaba dispuesto a ceder en todo a las pretensiones de Gran Bretaña a cambio de recuperarla como mercado para las exportaciones argentinas. En particular, se opuso a la pretensión británica de controlar el tipo de cambio, ya que este control obligaría a la Argentina a endeudarse. También se opuso a conceder ventajas aduaneras a Gran Bretaña sin contrapartida. La firma del Pacto Roca-Runciman en mayo de 1933 empeoró las relaciones de Hueyo con el resto del gabinete, hasta que este finalmente renunció en el mes de agosto.
Uno de los más controvertidos sucesos del mandato de Justo fue la firma del Pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña en 1933. Los británicos habían adoptado, en la conferencia de Ottawa de 1932, medidas tendientes a favorecer la importación procedente de sus colonias y dominios, dañando seriamente a los hacendados argentinos.
El tratado suscitó escándalo, pues el Reino Unido aseguró a la Argentina solo un cupo inferior al de sus dominios, de 390.000 toneladas anuales de carne, a cambio de cuantiosas concesiones para las empresas británicas. El 85% de la exportación debía realizarse a través de frigoríficos británicos, las tarifas de los ferrocarriles operados por el Reino Unido no se regularían, no se fijarían derechos aduaneros sobre el carbón, se daría tratamiento especial a las empresas británicas con inversiones en Argentina y se reducirían los precios de la exportación. No menos problemáticas resultaron las declaraciones del vicepresidente Roca.
El senador por Santa Fe Lisandro de la Torre del Partido Demócrata Progresista fue uno de los principales opositores al tratado y denunció los delitos que bajo su amparo estaban cometiendo las empresas frigoríficas inglesas y el gobierno, llevando a la apertura de una investigación por parte del Senado que le ganó el apodo de "Fiscal de la Patria". La investigación tendría un desenlace trágico el 23 de julio de 1935, cuando el senador demócrata-progresista Enzo Bordabehere, fue asesinado de tres balazos en pleno recinto del Senado por un matón relacionado con el oficialismo, en el intento de asesinar a de la Torre. El hecho ha sido tema de la película Asesinato en el Senado de la Nación.
El pacto Roca-Runciman fue denunciado unilateralmente en 1936 por el Reino Unido; las tratativas para sostenerlo desembocaron en la firma de otro tratado, el Malbrán-Eden, que fijó fuertes aranceles a la importación de carnes argentinas en Gran Bretaña.
En 1933 Justo dispuso la reincorporación de la Argentina a la Sociedad de Naciones.
Frente a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el gobierno de Justo a través de su canciller Carlos Saavedra Lamas, intentó movilizar a los gobiernos de la región en contra de la doctrina Monroe, promovida por el gobierno de los Estados Unidos. Sus iniciativas llevaron en 1933 a la firma del llamado Pacto antibélico Saavedra Lamas. Luego de arduas y complejas tratativas el 7 de junio Bolivia y Paraguay suscribieron finalmente dos protocolos dando fin a la guerra para terminar firmando en 1938 el Tratado de Paz, Amistad y Límites. Por sus gestiones en el conflicto Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel de la Paz en 1936.
La sustitución de Alberto Hueyo por el socialista independiente Federico Pinedo como ministro de Hacienda, marcaría un cambio en la política del gobierno. La intervención gubernamental en la economía se hizo más marcada, creándose la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, y poco tiempo más tarde, con el asesoramiento del economista inglés Otto Niemeyer, el Banco Central de la República Argentina.
El gobierno de Justo se caracterizó por iniciar en Argentina la construcción de un Estado intervencionista en la economía. En 1934 se legisló la recaudación centralizada de los impuestos. Se crearon la Junta Reguladora de Vinos, las de Granos y Carnes, y la Dirección Nacional de Parques Nacionales. El 6 de junio de 1935, con un diseño del británico Otto Niemeyer, se creó el Banco Central de la República Argentina dirigido por Raúl Prebisch. Se creó la Corporación de Transportes, destinada a proteger los servicios ferroviarios y tranviarios en manos británicas de la competencia plantada por los colectivos.
Ese mismo año se realizó el primer censo industrial, que fijó en 600.000 la cantidad de trabajadores ocupados en la actividad. Se sancionaron leyes regulando la actividad bancaria y las inversiones. Las condiciones ofrecidas para el asentamiento de capitales extranjeros fomentaron la industrialización, sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde se radicaron alimentarias (Adams, Royal, Suchard, Quaker), de caucho (Firestone), eléctricas (Eveready, Osram, Philco) y textiles (Ducilo, Sudamtex). Las primeras grandes empresas argentinas comienzan a cobrar importancia, como Di Tella, que fabricará electrodomésticos y automóviles.
En 1935 Marcelo T. de Alvear volvió de su exilio llevando al fin de la abstención electoral. La decisión obligaría a la Concordancia a apelar nuevamente al fraude y la represión para evitar la derrota en las urnas.
El 1 de mayo de 1936 la UCR convocó a un acto multitudinario, en el que por primera vez se reunieron todos los partidos de la oposición y el movimiento obrero. Ese mismo año la presión sindical obtuvo la sanción de la Ley 11.729 de contrato de trabajo para el sector servicios.
Ese mismo año, las divisiones en el seno del radicalismo se acentuaron por influjo del escándalo por la concesión de la Compañía Hispano-Americana de Electricidad (CHADE), que había sido acusada de sobornar a políticos conservadores y radicales para obtener la concesión, incluyendo al entonces ministro de Hacienda y futuro presidente Roberto M. Ortiz.
Alvear representaba el principal obstáculo a la continuación de la Concordancia. La Concordancia le opuso la candidatura del radical antipersonalista Roberto M. Ortiz y el conservador Ramón Castillo. En septiembre se realizaron las elecciones, en las que los incidentes con muertos y heridos, así como la intervención policial contra los fiscales de la oposición, fueron frecuentes; varias provincias estaban intervenidas, entre ellas Catamarca, al frente de la cual Justo había colocado al ultranacionalista y filonazi Gustavo Martínez Zuviría. Las cruciales provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza quedaron en manos de la Concordancia, que finalmente consagró a Ortiz como presidente.
Alvear hablaba al respecto de los conservadores:
Para las elecciones de 1937, la Concordancia apeló masivamente al fraude electoral, al que los dirigentes conservadores llamaron "fraude patriótico", ya que consideraban que violar la ley estaba justificado si con eso evitaban el regreso del radicalismo. Algunas de las prácticas más generalizadas consistían en aceptar votos múltiples de libretas electorales, generalmente retenidas por los patrones a sus empleados, o por los "punteros" políticos a cambio de favores; el rechazo sistemático de fiscales de los partidos opositores; urnas con doble fondo, repletas de votos desde antes de iniciarse los comicios; sustitución de sobres; y rechazo de los votos de quienes se sabía que iban a votar por la oposición.
Roberto M. Ortiz fue el primer civil en ocho años en revestir la banda presidencial. Intentó impulsar una serie de reformas que permitieran establecer un régimen democrático, quiso desmantelar el aparato montado por Agustín P. Justo y trató de obtener por todos los medios elecciones limpias para el que lo sucediera. Una de las medidas más controvertidas de su mandato fue la circular secreta antisemita firmada en 1938 por el canciller también radical antipersonalista José María Cantilo, que ordenó "a cónsules argentinos en Europa negar visados a 'indeseables o expulsados', en alusión a ciudadanos judíos de ese continente".
Poco después de que asumiera como presidente, Ortiz enfermó seriamente de diabetes, enfermedad que luego lo dejaría completamente ciego. En 1940, la incapacidad física de Ortiz le impediría ejercer la presidencia, por lo que pidió licencia y fue reemplazado en la función por el vicepresidente Ramón Castillo, quien finalmente asumiría como presidente en 1942, ante la muerte de Ortiz.
Ramón Castillo había sido Gobernador interventor de la provincia de Tucumán durante la gestión de facto de José Félix Uriburu. Debido a la enfermedad de Ortiz, desde 1940 estaba efectivamente a cargo del Poder Ejecutivo.
Continuó la política exterior de su predecesor, manteniendo la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial. Creó la Flota Mercante del Estado. Tomó otras medidas de similar corte nacionalista, como la revocación de la concesión del puerto de Rosario, en manos de un operador francés, la nacionalización de la británica Compañía Primitiva de Gas, la creación de la Dirección de Fabricaciones Militares y la apertura de los Altos Hornos Zapla.
Llevó a cabo una política abiertamente autoritaria, disponiendo de las carteras ministeriales con soltura y disolviendo el Consejo Deliberante de Buenos Aires ante las denuncias de corrupción en el mismo.
A partir de que Estados Unidos fuera atacado por Japón en 1941 y obligado a salir de su neutralismo frente a la Segunda Guerra Mundial, la potencia del norte comenzó a presionar duramente a los países latinoamericanos para hacer lo mismo. La oposición entre los partidarios de combatir en la Segunda Guerra Mundial o mantener la neutralidad, se acentuó. Por su parte, el control del Ejército y su apoyo al gobierno se volvió cada vez más precario desde la muerte del general Agustín P. Justo el 11 de enero de 1943.
Como venía sucediendo desde la dictadura del general Uriburu, frente a las elecciones venideras (1943) el presidente Castillo había comenzado a organizar un fraude en gran escala para imponer la fórmula conservadora integrada por Robustiano Patrón Costas y Manuel de Iriondo. Las conocidas inclinaciones aristocráticas y autoritarias de Patrón Costas, así como su posición pública favorable a hacer ingresar a la Argentina a la Segunda Guerra Mundial, movilizaron a sectores de los más diversos orígenes.
El presidente Ramón Castillo había enfrentado varias conspiraciones militares e intentos fallidos de golpe de Estado y en ese momento se estaban produciendo varias conspiraciones cívico-militares (como la del GOU, la que llevaban adelante el radical Ernesto Sanmartino y el general Arturo Rawson, las operaciones que llevaba adelante el radical unionista Emilio Ravignani, etc.). Sin embargo el golpe del 4 de junio de 1943 no fue previsto por nadie y se realizó con una gran dosis de improvisación y, a diferencia de todos los golpes que se produjeron en el país, casi sin participación civil.
El hecho concreto que desencadenó el golpe militar fue la renuncia que el presidente Castillo le exigió el 3 de junio a su ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez, por haberse entrevistado el 26 de mayo con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical que le ofrecieron la candidatura a presidente en las elecciones que se avecinaban, encabezando la Unión Democrática, una alianza que el ala moderada del radicalismo (los unionistas) estaba tratando por entonces de concretar junto al Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista con apoyo del comunismo.
El golpe se decidió el día anterior en una reunión en Campo de Mayo dirigida por los generales Arturo Rawson y Pedro Ramírez. Tiene interés histórico mencionar que no participaron de esa reunión ni el general Edelmiro Farrell ni el coronel Juan Domingo Perón, quienes serían más adelante los conductores máximos de la Revolución del 43; Farrell porque se excusó de participar del grupo golpista por razones personales cuando fue invitado por el general Rawson, y Perón porque no pudo ser hallado.
Durante esta época, se estiló el uso de la picana eléctrica y la persecución de la oposición, para asesinarlos y posteriormente esconderlos en galpones abandonados donde posteriormente fueron encontrados cientos de cadáveres.
En la madrugada del 4 de junio salió de Campo de Mayo, al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza militar de 8.000 soldados encabezada por los líderes del levantamiento: los generales Arturo Rawson y Elbio Anaya, los coroneles Emilio Ramírez y Fortunato Giovannoni y el teniente coronel Tomás A. Ducó. Al llegar a la Escuela de Mecánica de la Armada, en el barrio de Núñez, la columna fue atacada por fuerzas leales atrincheradas allí, resultando del combate 30 muertos y 100 heridos. Rendida la ESMA el presidente Castillo se embarcó en el rastreador Drummond con orden de alejarse en dirección a Uruguay, dejando sola la Casa Rosada donde ingresaron los generales Juan Pistarini, Armando Verdagauer, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, y los almirantes Sabá H. Sueyro y Guisasola, quienes recibieron a la columna rebelde poco después del mediodía, asumiendo el general Arturo Rawson como presidente.
El triunfo de los insurrectos resultó innegable, y Castillo desembarcó al día siguiente en La Plata, donde firmó su renuncia.
En un primer momento todas las fuerzas políticas y sociales apoyaron el golpe, con mayor o menor entusiasmo, con la única excepción del Partido Comunista. Lo mismo sucedió con Gran Bretaña y Estados Unidos que recibieron el golpe «con gritos de satisfacción», según refiere Sir David Kelly, embajador británico en Argentina en ese momento. La embajada alemana, por el contrario, quemó sus archivos el día anterior.
En 1939 la Argentina crea transitoriamente para asistir a una invitación noruega a la Comisión Nacional del Antártico mediante el decreto N° 35821, pero por el decreto N° 61852 del 30 de abril de 1940 pasó a ser un organismo permanente con el objeto de intensificar las investigaciones en la zona. Se realizaron exploraciones, tareas científicas, relevamiento de terreno y balizamiento.
El 6 de noviembre de 1940 Chile estableció por decreto los límites de sus reclamaciones antárticas.
La Argentina protestó formalmente por el decreto chileno mediante nota del 12 de noviembre de 1940, rechazando su validez y expresando una potencial reclamación a la misma área. A su vez, el Reino Unido protestó el 25 de febrero de 1941.
En octubre de 1941 el Instituto Geográfico Militar argentino publicó mapas que mostraban la extensión de la futura reclamación argentina entre los 25° O y 75° O.
En enero de 1942 la Argentina, de acuerdo con la teoría de los sectores polares, declaró sus derechos antárticos entre los meridianos 25º y 68º 24' Oeste (el de punta Dungeness). Lo que dio lugar a un memorándum de respuesta del Gobierno chileno del 3 de marzo de 1942, reservando sus derechos.
La Argentina realizó en la isla Decepción su toma de posesión formal del territorio continental antártico el 8 de noviembre de 1942, mediante la colocación de un cilindro que contenía un acta y una bandera dejados allí por una expedición al mando del capitán de fragata Alberto J. Oddera. En enero de 1943 personal del barco británico HMS Carnarvon Castle destruyó las evidencias de la toma de posesión argentina, plantó la bandera británica y envió a Buenos Aires el acta. El 5 de marzo de ese año el buque argentino ARA 1° de Mayo removió la bandera británica.
La película de María Luisa Bemberg Miss Mary (1986) se desarrolla en esta época, mostrando la hipocresía y los convencionalismos sociales excesivos de la oligarquía dominante.
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