Cortes de Medina del Campo de 1302. Cortes del reino de León celebradas en la ciudad de Medina del Campo entre los meses de mayo y junio de 1302, durante el reinado de Fernando IV de Castilla.
Fueron las primeras Cortes convocadas por Fernando IV de Castilla desde que alcanzó la mayoría de edad, y en ellas se puso de manifiesto una vez más, según afirman diversos historiadores, la «prudencia y habilidad política» de la reina María de Molina, madre de Fernando IV.
A las Cortes de Medina del Campo de 1302 acudieron los magnates, prelados y hombres buenos de las villas y ciudades de los reinos de León, Toledo y las Extremaduras, ya que los representantes del reino de Castilla se negaron a acudir a ellas y se reunieron poco después en las Cortes de Burgos de 1302.
En las Cortes de Medina del Campo, en las que fue declarada la mayoría de edad del rey Fernando IV, estuvieron presentes el rey, la reina María de Molina, los infantes Juan, Enrique y Pedro, Don Juan Manuel, Alfonso de Valencia, Juan Núñez II de Lara, el infante Alfonso de Portugal, y el magnate gallego Fernando Rodríguez de Castro.
Y también asistieron, según consta en el ordenamiento de las Cortes, los maestres de las órdenes de Calatrava y del Temple, el prior de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, y numerosos ricoshombres, magnates, infanzones, caballeros, hombres buenos, y los representantes de los concejos de los reinos de León, Toledo y las Extremaduras. Por parte del estamento eclesiástico acudieron, entre otros, Gonzalo Díaz Palomeque, arzobispo de Toledo, primado de España, y canciller mayor de Castilla, y los obispos de Ávila, Sigüenza, Coria, Osma y Astorga. Los representantes de los concejos concedieron cinco servicios a Fernando IV, siendo uno de ellos para el propio rey y los cuatro restantes para pagar las soldadas de los nobles.
La Crónica de Fernando IV señala que, durante las Cortes de Medina del Campo de 1302, el infante Juan de Castilla, tío de Fernando IV, y Juan Núñez II de Lara, señor de Lara, intentaron indisponer al rey con su madre, la reina María de Molina, acusándola de mala administración durante el período de la minoría de edad del rey, y de haberse apoderado de importantes sumas de dinero, aunque posteriormente se demostró la falsedad de dichas acusaciones cuando Nuño, abad de Santander y canciller de María de Molina, revisó e hizo público el estado de las cuentas de la reina, quien no sólo no se había apropiado de los fondos de la Corona, sino que había contribuido con sus propias rentas al sostenimiento de la monarquía. Por otra parte, consta que la reina María de Molina afirmó que:
Además, la Crónica de Fernando IV, refiriéndose a la austeridad de la reina María de Molina, señala que «non fincó con ella más de un vaso de plata con que bebía, e comía en escudillas de tierra», aunque el historiador César González Mínguez señala que esa imagen de «absoluta pobreza» es probablemente falsa y, tal vez, un simple recurso retórico para exaltar la figura de la reina y la honradez de su gestión económica.
Durante el enfrentamiento entre Fernando IV y su madre, el obispo de Ávila, Pedro González de Luján, actuó como emisario entre los procuradores del reino y la reina María de Molina, y debido a la hostilidad que Fernando IV demostraba a su madre, los procuradores comunicaron a la reina madre que, si ella lo creía conveniente, abandonarían la reunión de Cortes, regresarían a sus lugares de origen, y se reunirían posteriormente donde ella creyera más conveniente, pero la reina no aceptó la propuesta a fin de no debilitar la posición de su hijo ni el prestigio de la monarquía.
Mientras se celebraban las Cortes de Medina del Campo, falleció el rey Muhammad II de Granada y fue sucedido en el trono por su hijo, Muhammad III de Granada, quien atacó el reino de Castilla, conquistó la localidad jiennense de Bedmar y algunos castillos cercanos, y se apoderó de un cuantioso botín. Y cuando Fernando IV tuvo conocimiento de ello, aprobó en las Cortes algunas medidas en favor de los que vivían en la frontera con el reino nazarí de Granada.
Se conservan tres copias del ordenamiento de las Cortes de Medina del Campo, siendo una de ellas la que se envió a la ciudad de Astorga, fechada el día 1 de junio de 1302, otra a Cuéllar, fechada el día 4 de junio del mismo mes, y la tercera fue la remitida a la ciudad de Segovia, que fue publicada por Antonio Benavides Fernández de Navarrete en el tomo II de las Memorias de Fernando IV de Castilla, y también por la Real Academia de la Historia en el primer tomo de las Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, publicado en 1861. El manuscrito original de esta última copia se encuentra en el Archivo Municipal de Segovia, y fue transcrito por Pascual de Gayangos y Arce, historiador y académico de la Real Academia de la Historia.
Por otra parte, el historiador José Sánchez-Arcilla Bernal destaca que al alcanzar Fernando IV la mayoría de edad, se produjo un cambio sustancial en el modo de responder a las peticiones de los procuradores, pues en las Cortes de Valladolid de 1295 el infante Enrique de Castilla, que fue tutor del rey durante su minoría de edad, tuvo que jurar «sobre los evangelios y la cruz» que guardaría y respetaría las disposiciones aprobadas en dichas Cortes. Y sin embargo, el mismo historiador destaca que en estas Cortes de Medina del Campo desapareció ese compromiso o pacto entre los procuradores y el monarca, y fue sustituido por disposiciones reales en forma de «mercedes», que eran convertidas por el rey en un ordenamiento, a pesar de que los acuerdos alcanzados en las Cortes «carecían de valor normativo» y eran simplemente normas con «carácter general que el monarca mandaba respetar».
Según consta en un documento otorgado el día 21 de junio de 1302, poco después de que finalizaran las Cortes de Medina del Campo, el papa Bonifacio VIII envió una carta a Fernando IV en la que le animaba a reconciliarse con sus parientes, los infantes de la Cerda, que se encontraban en guerra con Fernando IV desde que comenzó a reinar, y como emisarios del papa actuaron el arzobispo de Toledo y Simón Girón de Cisneros, obispo de Sigüenza, pero Fernando IV se opuso a la reconciliación, argumentando que sus parientes continuaban haciéndole la guerra y devastando su reino, aunque el rey declaró que «recibía con afecto» la propuesta del pontífice.
El arzobispo de Toledo, Gonzalo Díaz Palomeque, se opuso a que se impusieran tributos a los vasallos de la Iglesia, y el día 12 de noviembre de 1302 Fernando IV concedió a dicho prelado la mitad de los servicios que se recaudaran entre los vasallos del arzobispado de Toledo, reservándose el rey la otra mitad. Además, el rey se vio obligado a intervenir nuevamente en el pleito que mantenían el concejo de Illescas y el arzobispo de Toledo, a pesar de que el día 11 de mayo de 1302 el rey había emitido una sentencia favorable al arzobispo y al cabildo catedralicio de Toledo.
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