Celso Manuel Gamboa Sánchez (1976) es un político y abogado costarricense. Ex-ministro de Seguridad y exmagistrado de la Sala III del Poder Judicial. Gamboa es actualmente uno de los co-imputados en el caso judicial apodado El Cementazo. Gamboa es también el representante legal del gobierno venezolano de Nicolás Maduro en Costa Rica.
Gamboa es Licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en criminología. Tiene estudios en seguridad informática por la Organización de los Estados Americanos, así como el Programa Internacional de Liderazgo en el Departamento de Seguridad Local de Washington y contra el lavado de dinero por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como en derecho penal.
Fue profesor de Maestría en la Universidad Autónoma de Monterrey en delitos informáticos, profesor-instructor de la Escuela Judicial y el Organismo de Investigación Judicial y en la Universidad Latina de Costa Rica impartiendo el curso de derecho procesal penal.
Gamboa fue Viceministro de seguridad pública durante la administración de Laura Chinchilla, luego el 3 de mayo de 2011 es nombrado Viceministro de la Presidencia y Director de Inteligencia y Seguridad el 8 de mayo de 2014. Otros cargos que ha ejercido han sido; Comisionado antidrogas, Fiscal adjunto de Limón, Fiscal adjunto de San José, Fiscal adjunto de Alajuela y Fiscal adjunto de Cartago. En 2014 se le nombra Ministro de Seguridad titular en el gobierno de Luis Guillermo Solís, cargo al que renuncia el 3 de febrero de 2015 para asumir como fiscal adjunto del Ministerio Público bajo la autoridad del fiscal Jorge Chavarría. La Asamblea Legislativa de Costa Rica le nombra con 43 votos Magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia el 10 de febrero de 2016. Cargo del que es luego suspendido por tres meses por parte de la Corte Plena por su involucración en el escándalo del Cementazo el 19 de octubre de 2017, para luego ser destituido por el Parlamento a petición de la Corte el 10 de abril de 2018.
Gamboa tuvo seis investigaciones administrativas por sus accionar como fiscal que incluyeron la desaparición de una causa contra el alcalde de San José y candidato presidencial liberacionista Johnny Araya Monge, desestimación de cargos contra dos alcaldes del Partido Liberación Nacional, atención de un recurso de casación interpuesto por el Movimiento Libertario que no le correspondía, etc.
Gamboa también es co-imputado en el caso por tráfico de influencias que sigue la Fiscalía General dirigida por Emilia Navas Aparicio, por los vínculos amistosos que sostendría Gamboa con el empresario cementero Juan Carlos Bolaños a quien presuntamente habría beneficiado utilizando su influencia, y pesan sobre él cargos por presuntos abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, cohecho y prevaricato.
A raíz de estas acusaciones la Asamblea Legislativa le retiró la inmunidad de la que gozaba como magistrado y luego le destituyó del cargo. Durante la discusión del tema los diputados del Partido Acción Ciudadana Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero Campos denunciaron que Gamboa les contactó privadamente asegurando que si no se le destituía el renunciaría voluntariamente para aceptar un cargo de trabajo para Google en México. Google luego negó que tal oferta laboral se hubiera hecho.
En 2019 trascendió que Gamboa fue escogido como representante legal del gobierno de Venezuela presidido por Nicolás Maduro en Costa Rica.
Gamboa es apuntado como la persona tras el blog de denuncia política El Infierno en Costa Rica que se identificaba bajo el pseudónimo de "El Chamuko" y que anunció su retiro tras el escándalo del Cementazo.
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