Caso Malaya es el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, dirigida por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas —cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.— llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados, y ramificaciones en localidades como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles.
En julio de 2012, el sumario principal del caso quedó visto para sentencia, y también la causa secundaria por blanqueo de capitales. El caso Malaya se juzgó en la Audiencia de Málaga, con sentencia condenatoria, celebrándose la vista del recurso de casación en julio de 2014 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encontrándose pendiente de la sentencia de casación. La causa por blanqueo de capitales ha concluido con una sentencia condenatoria, que fue confirmada por el Tribunal Supremo.
Se denomina así por el método de tortura malayo o de la gota china, en la se inmoviliza al preso y le cae una gota de agua cada cinco segundos produciéndole daños en la piel pero también la imposibilidad de dormir.
En marzo de 2005, las investigaciones de la operación policial Ballena Blanca, que sirvió para desmantelar la mayor red de blanqueo de dinero del país, consiguieron que se interceptaran unas conversaciones telefónicas relacionadas con casos de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Un año después, se disuelve el Ayuntamiento de Marbella y se constituye una comisión gestora presidida por Diego Martín Reyes. Posteriormente a esta comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella y tras la llegada de la normalidad democrática la Junta de Andalucía le retira las competencias urbanísticas en base al artículo 31.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía según la redacción de la Ley de noviembre de 2005 «por afección grave de las competencias autonómicas en materia de ordenación y planeamiento, según lo contemplado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)», según comunicó la consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta.
La primera fase de la Operación Malaya tuvo lugar el 29 de marzo de 2006, y se desarrolló en las ciudades de Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia, saldándose con 29 detenidos y la incautación de bienes por un valor de 2600 millones de euros. En la operación participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Fue iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, después de que el fiscal general Conde-Pumpido crease una delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga.
Entre los detenidos se encontraban:
Las incautaciones de los detenidos no pasaron desapercibidas por la opinión pública: la policía intervino durante esta fase de la Operación Malaya numerosas obras de arte —entre las que destaca un cuadro de Joan Miró que colgaba en la pared de un cuarto de baño—, joyas y metales preciosos, dinero en efectivo, ordenadores, furgonetas, armas de fuego, cajas de seguridad, material electrónico, un helicóptero, una ganadería de toros completa y una de caballos, entre otros bienes.
Como consecuencia del ingreso en prisión de la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Tomás Reñones —exjugador y capitán del Atlético de Madrid—, se convirtió en el alcalde en funciones, aunque solo hasta el 7 de abril de 2006, fecha en la que el Consejo de Ministros del Gobierno central disuelve al Ayuntamiento de Marbella en una medida sin precedentes. A partir de este momento el Ayuntamiento de Marbella pasa a estar gobernado por una comisión gestora hasta las elecciones municipales de mayo de 2007, siendo su presidente el abogado Diego Martín Reyes, propuesto por el PSOE.
La segunda fase de la operación, conocida como Operación Malaya II, tuvo lugar el 27 de junio de 2006. 300 agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco actuaron esta vez en Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, Madrid y Pamplona, deteniendo a 30 personas, entre las que se encontraban trece exconcejales del Ayuntamiento de Marbella, constructores y promotores. De entre estos detenidos cabe mencionar a:
Durante la operación policial, Lucía Aguilera, esposa de Miguel Jiménez, uno de los exconcejales detenidos, y que fue secretaria de Jesús Gil durante más de diez años, sufrió un infarto que provocó su muerte unas horas después.
La realización de esta parte de la segunda fase de la Operación Malaya fue posible gracias a la documentación hallada durante los registros de las dependencias municipales de Marbella y otros inmuebles intervenidos en la primera fase, así como de los archivos contenidos en los ordenadores incautados.
El 17 de julio de 2006 tuvo lugar un fuerte despliegue policial que la gran mayoría de los medios de comunicación confundió con una tercera fase de la operación. En esta ocasión los agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a cinco personas entre Marbella y Málaga:
El 26 de julio de 2006, la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Marbella dos querellas contra José Antonio Roca, Julián Muñoz y el abogado de este, José María del Nido, que era además presidente del Sevilla Fútbol Club, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
La tercera fase —Operación Malaya III— comenzó a primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 2006 con un gran dispositivo policial, y se saldó con la detención de once personas, acusadas de blanqueo de dinero y cohecho. Los arrestados fueron:
El sumario quedó incoado el 17 de julio de 2007 y días más tarde, el 23 de julio, 86 personas fueron procesadas con lo que se cerró la primera parte de la instrucción. En 2013 se hizo pública la sentencia condenando a 52 de los procesados. En 2015 el Tribunal Supremo redujo a 48 el número de condenados y modificó algunas de las penas. Las más elevadas fueron las del cabecilla de la trama Juan Antonio Roca —17 años de prisión— y la de Marisol Yagüe —exalcaldesa de Marbella, cinco años y medio de prisión—.
En un procedimiento aparte por blanqueo de capitales fueron condenadas seis personas:
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