Camarada Arenas nació en Melilla.
Manuel Pérez Martínez, conocido con el alias de Camarada Arenas (Melilla, 1944) es el secretario general del Partido Comunista de España (reconstituido). Actualmente se encuentra preso en Aranjuez, donde cumple condena por varios delitos de terrorismo, al ser considerado miembro de la Comisión Política de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) en tanto que secretario general de su brazo político. No obstante, el propio Pérez Martínez siempre ha negado su pertenencia a los GRAPO, admitiendo solo su militancia en el PCE(r).
Manuel Pérez Martínez nació en Melilla en 1944, en el seno de una familia de clase obrera. A los pocos años, se trasladaría junto a su familia al Pozo del Tío Raimundo, un barrio obrero de Madrid.
Comenzó su militancia política en la década de 1960, lo que le llevaría por primera vez a la cárcel. Tras su salida de prisión, se incorpora a la Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE), disidente de la línea eurocomunista del PCE de Santiago Carrillo.
El 8 de junio de 1975 participa en el I Congreso Reconstituyente del que surgiría el PCE(r). En este Congreso es elegido como secretario general. Se le acusó de ser miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Acusado de no impedir atentados del GRAPO, él declaró que "no tenía nada que ver con la utilización de la lucha armada", ni vinculación orgánica al GRAPO.
Con respecto a la relación entre los GRAPO y el PCE(r), Arenas cuenta que declaró en la Audiencia Nacional:
Actualmente se encuentra preso en la cárcel de Aranjuez (Madrid). Ya estuvo en prisión desde 1977 a 1984y lleva preso desde el año 2000, cuando fue detenido otra vez en París, junto a otros miembros del PCE(r) y los GRAPO.Se considera a sí mismo un preso político, al igual que todos los militantes del PCE(r) que se encuentran en su misma situación. En 2009 fue condenado por el Tribunal Supremo a siete años de cárcel por el secuestro y desaparición de Publio Cordón, sentencia confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2012 la Audiencia Nacional lo condenó a diecisiete años de cárcel junto con Fernando Silva Sande y María Victoria Gómez por un delito de «estragos terroristas», al ser considerados culpables de la colocación de una bomba en una empresa de trabajo temporal de Madrid en 1998.
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