El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, dio por finalizada la guerra hispano-estadounidense y por él España abandonó sus demandas sobre Cuba, que declaró su independencia. Filipinas fue oficialmente entregada a los Estados Unidos por veinte millones de dólares, y Guam junto con Puerto Rico se convirtieron también en propiedades estadounidenses.
Aunque durante las negociaciones España intentó incluir numerosas enmiendas, finalmente no tuvo más remedio que aceptar todas y cada una de las imposiciones estadounidenses, puesto que había perdido la guerra y era consciente de que el superior poderío armamentístico estadounidense podría poner en peligro otras posesiones españolas en Europa y África.
El tratado se firmó sin la presencia de los representantes de los territorios invadidos por Estados Unidos, lo que provocó un gran descontento entre la población de esas nuevas colonias, especialmente en el caso de Filipinas, que acabaría enfrentándose contra los Estados Unidos en la guerra filipino-estadounidense.
El Tratado de París de 1898 se considera el punto final del Imperio español de ultramar y el principio del periodo de poder colonial de los Estados Unidos.
La guerra hispano-estadounidense había tenido un desenlace rápido y previsible, debido a la superioridad armamentística estadounidense. A fines de julio de 1898, y todavía en plena guerra, España comenzó a negociar el fin de las hostilidades mediante el embajador francés en Washington D. C., Jules Cambon.
España temía que el conflicto se trasladara al otro lado del Atlántico y se pusieran en peligro las islas Canarias, las islas Baleares y las demás posesiones españolas en el norte de África y la Guinea Española.
Los miembros de la delegación estadounidense eran: William R. Day, William P. Frye, Cushman Kellogg Davis, George Gray y Whitelaw Reid. Curiosamente, y en contra de las más elementales normas democráticas, la delegación contaba con tres senadores (quienes lógicamente habrían de votar más tarde a favor de la ratificación de sus propias propuestas).
La delegación española contaba con los siguientes diplomáticos: Eugenio Montero Ríos, Buenaventura Abárzuza Ferrer, José de Garnica, Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, Rafael Cerero, además del citado diplomático francés, Jules Cambon.
Las negociaciones se llevaron a cabo en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Durante la primera sesión, el 1 de octubre de 1898, los españoles pidieron que antes de ponerse oficialmente en marcha las conversaciones, se devolviera la ciudad de Manila al gobierno español, ya que había sido capturada por los estadounidenses horas después de la firma del protocolo de paz en Washington. Los norteamericanos se negaron a considerar esta circunstancia.
Durante casi un mes, las negociaciones giraron en torno a Cuba. Los dirigentes de EE. UU. temían que tras la larga campaña propagandística llevada a cabo en los medios de comunicación de EE. UU., la opinión pública se volviera en su contra si hubieran pretendido anexionarse la isla, como hicieron con Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Otro tema que se puso sobre la mesa de negociaciones fue la deuda nacional cubana, que ascendía a más de cuatrocientos millones de dólares. España se negó a aceptarla, pero al final no tuvo otra opción y la responsabilidad de la deuda tuvo que ser asumida por España.
Tras el final de las conversaciones sobre asuntos cubanos, Estados Unidos también impuso que España entregaría a Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos.
Los negociadores se centraron entonces sobre la cuestión de las Filipinas, con los miembros de la delegación española albergando inocentemente la esperanza de ceder solo Mindanao y las islas de Sulú, manteniendo bajo administración española el resto del archipiélago. Pero los estadounidenses se negaron rotundamente porque sospechaban que las islas no transferidas a EE. UU. podría ser vendidas a otras potencias (como Alemania o Japón) o que España podría utilizarlas para lanzar desde ahí alguna futura disputa para recuperar las islas que se entregaran a EE. UU.[cita requerida]
Tras un breve debate, la delegación estadounidense ofreció veinte millones de dólares el 21 de noviembre y exigió una respuesta en un plazo de 48 horas. Eugenio Montero Ríos se sintió insultado y dijo airadamente que él podría responder de inmediato, pero la delegación estadounidense abandonó la mesa de conferencias. Cuando las dos partes se reunieron de nuevo, la reina María Cristina había telegrafiado ya su aceptación de los términos. Montero Ríos recitó la respuesta oficial:
Se empezó a trabajar en la conclusión del tratado el 30 de noviembre y fue finalmente firmado el 10 de diciembre de 1898.
El siguiente paso tras la firma del tratado fue la ratificación legislativa. Aunque en Madrid, las Cortes rechazaron el tratado, la reina regente procedió a firmarlo, pese a estar inhabilitada para ello claramente por el artículo 55 de la Constitución española de 1876.
En Estados Unidos el tratado también encontró una fuerte oposición, ya que según se discutió en el Senado de los Estados Unidos, en realidad no hacia otra cosa que oficializar la sustitución de un imperio por otro. Los republicanos generalmente apoyaban el tratado, mientras que los que se oponían o querían derrotar al tratado o excluir la disposición que estipulaba la adquisición de Filipinas. Los demócratas en general también favorecieron la expansión, particularmente los demócratas del sur. Una minoría de demócratas también favoreció el tratado sobre la base de poner fin a la guerra y conceder la independencia a Cuba y Filipinas.
Sin embargo, el polémico tratado fue finalmente aprobado el 6 de febrero de 1899 por 57 a 27 votos, tan solo un voto más de la mayoría de dos tercios necesaria. Solo dos republicanos votaron en contra de la ratificación, George Frisbie Hoar de Massachusetts y Eugene Pryor Hale de Maine. El senador Nelson W. Aldrich se había opuesto a la entrada en la guerra hispanoamericana, pero apoyó a McKinley cuando comenzó. Jugó un papel central en la obtención de dos tercios de la aprobación por el Senado del Tratado de París.
España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla, les impone el Derecho Internacional, para la protección de vidas y haciendas.
España entrega a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.
España entrega a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas, que comprende las islas situadas dentro de las líneas siguientes: (sigue definición de coordenadas del territorio filipino).
Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares (20 000 000 USD) dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente tratado.
Los súbditos españoles, naturales de la península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos; y además tendrán el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad: a falta de esta declaración, se considerará que han renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir.
Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso.
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