República española en el exilio
Segunda República Española en el exilio es el nombre dado a las instituciones republicanas en el exterior que seguían representando al Estado español emanado de la Constitución de 1931 después de la victoria del bando sublevado en la guerra civil española. Estas instituciones mantuvieron la continuidad de la representación republicana de España entre 1939 y 1977, aunque carecieron de legitimación democrática, al no ser posible convocar elecciones, y no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Así lo manifestaba Manuel Azaña:
La sede de este gobierno en el exilio se ubicó primero en la Ciudad de México apenas concluida la guerra civil, y se trasladó luego, el 8 de febrero de 1946, a la capital francesa, París. El 21 de junio de 1977, con motivo de la proclamación de los resultados de las elecciones generales celebradas en España el 15 de junio anterior, anunciaba su disolución.
En la zona leal a la República se inició el 5 de marzo de 1939 un golpe de Estado encabezado por el coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, y apoyado por todas las fuerzas políticas que abogaban por poner fin a la guerra civil ya que la consideraban completamente perdida, y entre las que se encontraban los socialistas «antinegrinistas», encabezados en Madrid por Julián Besteiro, los anarquistas y los republicanos de izquierda.
El golpe «casadista» derribó al gobierno republicano del socialista Juan Negrín que defendía continuar resistiendo a pesar de que, tras la caída de Cataluña a principios de febrero de 1939, la situación de la República era desesperada. El golpe triunfó tras desencadenarse en Madrid una guerra civil dentro de la guerra civil entre las fuerzas «casadistas» y los comunistas que eran los únicos que apoyaban ya —junto con un pequeño sector del PSOE— la política de resistencia de Negrín. Se formó entonces un Consejo Nacional de Defensa que inició las conversaciones con el bando sublevado pero el Generalísimo Franco, como ya había reiterado en numerosas ocasiones, sólo aceptó la rendición incondicional del Ejército Popular Republicano. Así las tropas franquistas ocuparon Madrid, Valencia y toda la zona Centro-Sur, el último territorio español bajo la autoridad de la Segunda República Española, sin encontrar apenas resistencia. Fue el final de casi tres años de guerra.
El lunes 27 de febrero de 1939, un mes antes de que acabara la guerra, Francia y Reino Unido reconocieron de iure al gobierno de Franco como el gobierno legítimo de España, tras obtener unas vagas e imprecisas garantías de que no se ejecutaría a los «españoles no delincuentes», a pesar de que dos semanas antes se había promulgado la Ley de Responsabilidades Políticas que retrotraía las responsabilidades de los republicanos a antes del inicio de la guerra, concretamente al 1 de octubre de 1934. Al día siguiente, martes 28 de febrero, se hacía oficial la renuncia a la Presidencia de la República de Manuel Azaña y se abría el proceso de su sustitución provisional por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio —ambos se encontraban en Francia—, tal como establecía el artículo 74 de la Constitución republicana de 1931 («...el presidente del Parlamento asumirá las funciones de la presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días, conforme a lo establecido en el artículo 68 [«El presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de diputados... elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto...»], y se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria»).
El 3 de marzo se reunía en París la Diputación Permanente de las Cortes republicanas para confirmar a Martínez Barrio como presidente interino de la República, aunque según lo acordado por la misma este sólo detentaría el cargo con el objetivo de liquidar, con el menor daño y sacrificio posibles, la situación de los españoles. Antes de aceptar, Martínez Barrio envió un radiograma a Negrín ese mismo día pidiéndole la conformidad del gobierno con la política establecida por la Diputación Permanente y así regresar a España, acompañado del general Vicente Rojo Lluch que se había ofrecido a hacerlo.
El gobierno de Negrín aceptó «siempre que no existieran persecuciones ni represalias» por parte de los vencedores, pero el radiograma nunca llegó a su destino, interceptado probablemente por el coronel Casado —las comunicaciones de la Posición Yuste pasaban por los servicios en Madrid, controlados por Casado—, consciente de la importancia y significación del mensaje que ponía en peligro sus planes. Así que, al no recibirse el mensaje del gobierno, Martínez Barrio ni asumió el cargo ni regresó a España junto con el general Rojo, y la presidencia de la República continuó vacante. Según la diputada comunista Dolores Ibárruri, Martínez Barrio puso como condición para aceptar el cargo que el gobierno de Negrín modificara su política para la consecución inmediata de una «paz honorable de todos los españoles».
El 27 de julio se reunió de nuevo la Diputación Permanente de las Cortes republicanas en París y, a propuesta del socialista Indalecio Prieto —que aglutinaba a todos los sectores «antinegrinistas»—, aprobó una resolución, de discutible constitucionalidad, según la cual consideraba al gobierno de Negrín como «inexistente», es decir, como disuelto. La resolución aprobada contenía una frase «un tanto misteriosa» que parecía dejar la puerta abierta a una negociación con las democracias occidentales y con Franco: «Completamos nuestro pensamiento, declarando que si hubiera posibilidad legal y realidad práctica de gobierno, no sería, a nuestro juicio, conveniente su existencia como tal por razones obvias de tipo nacional e internacional». Además, se otorgaba a sí misma el control de los recursos financieros de la República —las cuentas bancarias abiertas en bancos extranjeros y el «tesoro del Vita» que había sido llevado a México—.
Para administrarlos, se creó la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), controlada de facto por Indalecio Prieto. De hecho, la JARE compitió en la ayuda a los refugiados republicanos con el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE), creado por Negrín nada más acabar la guerra civil, y constituía por tanto «otro intento de desalojar a Negrín de sus últimas posiciones de poder». La creación de la JARE se justificó oficialmente con el argumento de que el SERE estaba dando preferencia a los dirigentes y militantes comunistas y a los «negrinistas» en sus ayudas para facilitar el viaje a América de los refugiados que vivían en Francia.
El control de la JARE y de sus recursos financieros provenientes del «tesoro del Vita», le proporcionó a Indalecio Prieto un poderoso instrumento para imponerse a los «negrinistas» en el seno del PSOE y de la UGT y en el conjunto del exilio republicano cuyo epicentro real estaba en México. El primer paso lo dio en mayo de 1940 cuando el comité nacional de la UGT encabezado por el «prietista» Belarmino Tomás decidió disolver la comisión ejecutiva de mayoría «negrinista» y sustituirla por otra presidida por el propio Belarmino Tomás. El paso siguiente fue excluir a Juan Negrín, exiliado en Londres, y a los «negrinistas» Ramón González Peña y Ramón Lamoneda de la comisión ejecutiva del PSOE.
Desalojados los «negrinistas» de las dos ejecutivas socialistas, Prieto se centró en conseguir apoyos para su propuesta de que la única forma de derrocar a Franco era mediante una alianza entre el exilio republicano y los monárquicos apoyada por los potencias democráticas, singularmente Gran Bretaña. Un acuerdo que sólo se podría alcanzar adoptando una política moderada que obligaría a los republicanos a aceptar inicialmente la restauración de la monarquía o cuando menos a renunciar al restablecimiento de la República sin modificación alguna y que pasaría por la celebración de un referéndum para que el pueblo español decidiera la forma de gobierno. Posiblemente la primera vez que Prieto formuló esta propuesta fue en un mitin celebrado en La Habana el 11 de julio de 1942, pero inicialmente no consiguió el apoyo ni siquiera de sus propios partidarios socialistas. La ejecutiva «prietista» de la UGT manifestó su compromiso con la Constitución republicana de 1931, y la ejecutiva del PSOE, también «prietista», declaró unos meses más tarde que «sólo bajo la condición expresa de volver a instaurar la República y los principios que ésta estableció, se avendría el partido a deliberar con otras representaciones de colectividades exiliadas constituidas».
Por su parte, el socialista Juan Negrín estaba exiliado en Gran Bretaña desde junio de 1940, donde el gobierno le prohibió realizar actividades políticas, por lo que permaneció aislado del núcleo del exilio republicano español, que se encontraba en México (véase exilio republicano español en México). Negrín se siguió considerando como el legítimo presidente del gobierno de la Segunda República Española, tal como lo expresó en un discurso del 18 de julio de 1942 en el Holborn Hall de Londres. En el mismo, también hizo un llamamiento a la unidad de la oposición antifranquista, abandonando los «trapilleos de baja estofa política y viles navajeos personales», para alcanzar «un régimen de tolerancia y confraternización» basado en «la reconciliación de todos, absolutamente todos, los españoles», que sería «el mejor tributo a todos los que han sufrido y han muerto. ¡A todos! ¡A unos y otros! ¡Todos son nuestros hermanos!». Sin embargo, según Enrique Moradiellos, «el llamamiento de Negrín no tuvo eco decisivo más allá de los círculos del exilio cercanos a su figura y línea política durante la propia guerra civil».
El 14 de abril de 1940, noveno aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, Diego Martínez Barrio hizo público un manifiesto, titulado «A todos los españoles», en el que constataba que el Frente Popular, creado a finales de 1935 y del que su partido Unión Republicana había formado parte, ya no existía, por lo que proponía que se restableciera la legalidad emanada de la Constitución de 1931, pero que a continuación se consultara al país sobre la forma de gobierno, para alcanzar así la «reconciliación nacional» —un término que será utilizado en los años 1950 por el Partido Comunista de España (PCE)— que permita «librar a España del yugo extranjero» —en referencia a la supuesta dominación italiana y alemana en la España de Franco—.
Exactamente un año más tarde apareció un nuevo manifiesto con el mismo título, pero que iba firmado por Martínez Barrio como presidente de Acción Republicana Española, una nueva organización que había conseguido aglutinar a la inmensa mayoría de los políticos más destacados de los tres partidos republicanos —Unión Republicana, Izquierda Republicana y Partido Republicano Federal— del exilio en América —y unos meses más tarde también de Gran Bretaña, donde la ARE estableció una delegación— y a prominentes militares del Ejército Popular de la República. Este manifiesto difería del primero en que ya no se contemplaba la celebración de un referéndum para determinar la forma de gobierno, sino que insistía en la legitimidad de la Segunda República Española, aunque adoptando un tono muy moderado. Acababa haciendo un llamamiento a las democracias occidentales para que ayudaran a derribar a Franco, porque «sin una España libre no será posible una Europa libre».
Así pues, el punto fundamental en que divergían la propuesta de la ARE y la de Indalecio Prieto era que la primera propugnaba la reconstrucción de un gobierno republicano que se presentara a los aliados como alternativa a Franco, mientras que el segundo defendía la celebración de un referéndum sobre la forma de gobierno para atraerse el apoyo de los monárquicos.
El 26 de febrero de 1939, un mes antes de que acabara la guerra civil, la CNT, junto con la FAI y la FIJL, constituyó en Francia el Movimiento Libertario (ML), por lo que a partir de entonces las tres organizaciones anarquistas actuaron conjuntamente, en particular en cuanto a la asistencia a los miles de refugiados anarcosindicalistas. Sin embargo, los anarquistas que seguían combatiendo en la zona Centro-Levante denunciaron que en el consejo del ML nacional sólo estaban representados los anarquistas catalanes y aragoneses, y que estaba dominado por los que se oponían a los «colaboracionistas» —los partidarios de seguir participando en las instituciones republicanas —, paradójicamente encabezados por anarquistas que habían detentado cargos en el Estado o en la Generalidad de Cataluña, como Germinal Esgleas o su compañera Federica Montseny.
En la primavera de 1942, el Movimiento Libertario del exilio vivió una grave crisis al estallar las tensiones latentes desde el final de la guerra entre los «colaboracionistas», encabezados por Juan García Oliver y Aurelio Fernández, y los «apolíticos», que apoyaban al consejo nacional con sede en París que encabezaban Esgleas y Montseny. En la reunión que mantuvieron en México, los primeros presentaron un documento para su discusión titulado «Ponencia» pero salieron derrotados, por lo que decidieron formar su propia organización, una nueva CNT, que contó como órgano de prensa el periódico CNT, mientras que el portavoz de los «anticolaboracionistas» fue Solidaridad Obrera.
La invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, iniciada el 22 de junio de 1941, dio un vuelco a la línea política mantenida por la Komintern y por el PCE desde la firma del pacto germano-soviético en agosto de 1939. La Segunda Guerra Mundial dejó de ser considerada una «guerra imperialista» en la que el pueblo español no debía intervenir (conforme a la doctrina emanada del Pacto Mólotov-Ribbentrop) para convertirse, desde junio de 1941, en una guerra de agresión de los nazis para «liquidar, uno a uno, a todos los países libres», entre los que los comunistas incluían a la Unión Soviética, «para conseguir sus anhelos de hegemonía en el mundo», tal como se explicaba en un artículo publicado en Nuestra Bandera que llevaba el significativo título de «Hagamos de toda España un gran frente contra Franco y contra Hitler». En consecuencia, el PCE propuso el 1 de agosto de 1941 la formación de una «Unión Nacional de todos los españoles contra Franco, los invasores italo-germanos y los traidores» que aglutinaría a todos los españoles sin distinciones, por lo que el llamamiento no sólo iba dirigido a la izquierda, excluidos los que «han procedido siempre como agentes descarados fascistas» (en referencia a los «casadistas»), sino también a los militares monárquicos y a todos los elementos conservadores que quisieran apartarse de la política franquista.
El primer fruto de esta nueva doctrina fue la Unión Democrática Española (UDE), constituida en México en febrero de 1942 e integrada por el PCE y los sectores «negrinistas» del PSOE y la UGT, de Izquierda Republicana (IR) y la Unión Republicana (UR) —agrupados en la Unidad Republicana Española—, el Partido Republicano Federal (PRF) y la Unió de Rabassaires. Por su parte, los comunistas catalanes del PSUC formaron en mayo su propia UDE con el nombre de Aliança Nacional de Catalunya (ANC), en la que participaron los libertarios Juan García Oliver y Aurelio Fernández Sánchez —mientras que el Movimiento Libertario no participó en la UDE— y Josep Calvet, secretario general de la Unió de Rabassaires. La ANC acordó reconocer al presidente de la Generalidad en el exilio, Josep Irla, como la más alta autoridad constitucional catalana.
Sin embargo, en septiembre de 1942 el PCE dio un nuevo giro a su política al hacer público un manifiesto, que fue difundido por Radio España Independiente (que el año anterior había iniciado sus emisiones desde la URSS), en el que ya no se mencionaba ni el gobierno de Negrín ni la Constitución de 1931 y, en su lugar, se proponía la celebración de «elecciones democráticas» para constituir una «asamblea constituyente que elabore la carta constitucional que garantice la libertad, la independencia y la prosperidad de España». Según Harmurt Heine, este nuevo viraje respondía a la política de Iósif Stalin de considerar a la península ibérica «como parte indiscutible de la esfera de influencia de Occidente o, mejor dicho, de Gran Bretaña». Juan Negrín respondió a este mensaje rompiendo con los comunistas, lo mismo que con los republicanos refugiados en Gran Bretaña. Así, en febrero de 1943 la UDE se disolvió. Sin embargo, los socialistas y los republicanos «negrinistas», a diferencia del propio Negrín, no rompieron completamente sus vínculos con el PCE.
El gobierno de Euskadi siguió actuando en el exilio francés, pero la invasión alemana obligó al lehendakari José Antonio Aguirre a esconderse durante más de un año en Bélgica y en Berlín, hasta que consiguió un pasaporte que le permitió abandonar Alemania. Mientras tanto, Manuel de Irujo, refugiado en Londres, fue quien asumió el liderazgo del nacionalismo vasco, y el 11 de julio de 1940 creó el Consejo Nacional de Euzkadi (CNE), que adoptó un programa claramente independentista, rechazando el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 aprobado por las Cortes republicanas. El gobierno británico no apoyó el proyecto independentista de Irujo porque ponía en riesgo su política de «apaciguamiento» respecto a Franco, y para sabotearlo puso en marcha una campaña de difamación contra él. En cuanto José Antonio Aguirre reapareció —consiguió llegar a Argentina a finales de 1941—, retomó la dirección del nacionalismo vasco y desautorizó el proyecto independentista de Irujo, aunque mantuvo como condición ineludible para la participación del PNV en cualquier organismo de la oposición antifranquista el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi.
En cuanto al gobierno catalán, el presidente de la Generalidad Lluís Companys fracasó en su intento de formar uno nuevo en el exilio, así que optó por nombrar un Consell Nacional de Catalunya integrado por personalidades relevantes de la vida pública y bajo la presidencia de Pompeu Fabra. Tras la capitulación de Francia ante los alemanes, Companys fue detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas. Fue sometido a un consejo de guerra sumarísimo que lo condenó a muerte: fue fusilado en el castillo de Montjuic el 15 de octubre de 1940. La presidencia de la Generalidad la asumió entonces el vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña, Josep Irla.
Un mes y medio antes de la ejecución de Companys, se había constituido en Londres otro Consell Nacional de Catalunya (CNC), presidido por Carles Pi i Sunyer, que, al igual que el Consejo Nacional de Euzkadi, reivindicó la independencia de Cataluña, integrada en una confederación ibérica formada por cinco o seis estados soberanos, y rechazó, por tanto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 y la Constitución republicana del que emanaba. El CNC fue reconocido como máxima autoridad política catalana en el exilio por las Comunidades Catalanas que se formaron en diversos países latinoamericanos, de las cuales la principal era la Comunitat Catalana de México, que también apoyaron su propuesta independentista. También fue reconocido por el Front Nacional de Catalunya que, fundado a finales de 1939, era la única organización nacionalista catalana que desarrollaba una actividad clandestina en el interior.
Sin embargo, la unidad del nacionalismo catalán duró poco tiempo. En cuanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Acció Catalana Republicana (ACR) se reorganizaron en el exilio, volvieron a defender la vigencia del Estatuto de 1932. El conflicto estalló cuando en el otoño de 1942 llegó a México Miquel Santaló con el mandato del president Josep Irla de constituir una delegación de la Generalidad con el rango de gobierno catalán en el exilio, lo que chocaba frontalmente con el CNC, que desde su fundación se había presentado como gobierno de facto de Cataluña. Así, ninguno de sus miembros se integró en la delegación de la Generalidad de Cataluña.
Diego Martínez Barrio, presidente Unión Republicana y de la ARE, tomó la iniciativa para intentar lograr la unidad de todas las fuerzas antifranquistas del exilio y, por medio de Josep Andreu Abelló, le hizo llegar a los socialistas de Indalecio Prieto la propuesta de formar una junta que integrase a todas las personalidades de la oposición republicana. Los socialistas aceptaron, y el 11 de noviembre se reunieron, en el domicilio de Abelló en la Ciudad de México, Prieto y Albar, por los socialistas; Martínez Barrio y Gordón Ordás, por Unión Republicana; Carlos Esplá y Pedro Vargas Guerendiain, por Izquierda Republicana; Andreu Abelló, por Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Gimpera, por Acció Catalana Republicana, y Telesforo Monzón y Julio de Jáuregui, por el PNV —estos últimos se acabaron retirando de las conversaciones, porque no se reconoció el derecho de autodeterminación del «pueblo vasco»—.
Los debates se centraron en las propuestas contradictorias de Martínez Barrio y de Prieto, pues mientras el primero defendía que el objetivo de la junta debía ser el restablecimiento de la República, el segundo abogaba por la celebración de un referéndum que decidiera la forma de gobierno y atraerse así a los monárquicos que no apoyaban a Franco. Finalmente, se llegó a una posición intermedia entre las dos alternativas, lo que permitió el nacimiento de la Junta Española de Liberación (JEL), proclamada el 20 de noviembre y presidida por Martínez Barrio. Constituía «la primera alianza relativamente amplia de las fuerzas republicanas en el exilio» desde el final de la guerra civil, y actuó ante los aliados de la Segunda Guerra Mundial como si fuera un gobierno provisional. Pero la JEL no aglutinaba a todas las fuerzas antifranquistas, ya que habían quedado fuera de ella el PCE y los socialistas y republicanos «negrinistas».
El PCE y los anarquistas buscaban forzar la situación en el interior de España, y no atendieron las gestiones de Martínez Barrio, considerando posible la caída de Franco después de que sus mayores aliados (la Alemania nazi y la Italia fascista) habían sido totalmente vencidos en la guerra. En cambio, los comunistas y sus aliados acusaban que la mayor parte de los republicanos se definían por una política de "atentismo" (galicismo derivado de attentisme, que significa inclinación a esperar), lo cual implicaba esperar la "caída espontánea" de Franco sin realizar actos de gran envergadura para conseguirlo, apreciando que el derrumbe del franquismo era inevitable tras las derrotas de Mussolini y Hitler.
Especialmente el PCE contaba con un contingente armado respetable, basado en antiguos guerrilleros españoles que habían luchado dentro de la Resistencia Francesa; el PCE también había patrocinado la Unión Nacional Española desde noviembre de 1942 como "frente antifranquista" bajo la dirección del PCE, pero otros partidos republicanos no se unieron a la misma. Sin desanimarse, en el verano de 1944 la jefatura del PCE, dirigida por Jesús Monzón, planificó que el maquis comunista del PCE penetrase en suelo español para iniciar un "levantamiento revolucionario armado" de gran alcance contra el franquismo, partiendo de sus bases en Francia. Este plan se denominó "Operación Reconquista de España".
La Operación "Reconquista de España" empezó el 19 de octubre de 1944 con la entrada de 4000 guerrilleros españoles al Valle de Arán, en el extremo noroeste de Cataluña, pero el ataque fue repelido por fuerzas gubernamentales tras unos días de lucha, sin que estallase el "levantamiento revolucionario" esperado, y las columnas del maquis del PCE debieron retornar a Francia. La jefatura más ortodoxa del PCE, liderada por Santiago Carrillo, destituyó a Monzón por este fracaso y mantuvo sólo algunos reductos de maquis antifranquista en España, considerando que era un grave error promover una revuelta armada a gran escala cuando la dictadura franquista aún era potente. El firme rechazo de la URSS a patrocinar guerrillas comunistas en suelo español -para no incomodar a Gran Bretaña ni a Francia- obligó al PCE a abandonar paulatinamente la lucha en el maquis, cesando todo su apoyo a ésta en 1948.
A principios de noviembre de 1944 corrió la noticia por la Ciudad de México de que Juan Negrín —que seguía considerándose el presidente de iure del gobierno republicano en el exilio— se disponía a viajar a la capital mexicana desde Londres, lo que provocó que Martínez Barrio reuniera urgentemente el 10 de noviembre a la Diputación Permanente, para comunicarles a sus miembros que iba a convocar a las Cortes republicanas con el objetivo de crear rápidamente un gobierno o un organismo que ejerciera sus funciones. Sin embargo, los socialistas «prietistas» se opusieron aduciendo que la iniciativa era «prematura», aunque en realidad el motivo principal era que Prieto mantenía su proyecto de alcanzar un acuerdo con los monárquicos, para lo que quería trasladarse a Francia en cuanto la situación bélica lo permitiera, además de que a la reunión de las Cortes asistirían Negrín y los socialistas y republicanos que le apoyaban, así como el pequeño grupo de socialistas «caballeristas», encabezados por Ángel Galarza Gago, que también respaldaban a Negrín.
Pero en una nueva reunión de la Diputación Permanente, celebrada el 15 de noviembre, sí que aceptaron la propuesta de que la sesión de las Cortes se celebrara el 10 de enero de 1945 para constituir un Consejo Nacional de la República Española, a condición de que en él estuvieran Prieto y Fernando de los Ríos, en representación de los socialistas, Álvaro de Albornoz y José Giral, por los republicanos, y Lluís Nicolau d'Olwer, por los nacionalistas catalanes y vascos, además de los presidentes José Antonio Aguirre y Josep Irla. Por su parte, el PCE dio un nuevo viraje y abandonó su política de «unión nacional» —que implicaba rechazar la Segunda República— manifestando que sus diputados acudirían a la reunión de las Cortes en la que darían su apoyo a Negrín y que se abstendrían de votar si este no asistía. El PNV también comunicó que sus diputados asistirían, lo que provocó la dimisión de Manuel de Irujo como portavoz de la minoría vasca, al estar en desacuerdo con la decisión.
El 1 de diciembre de 1944 Martínez Barrio se desplazó a Washington para intentar conseguir el apoyo del Departamento de Estado a su iniciativa, y allí anunció que se iba a formar un gobierno provisional de la República española, que se instalaría en España en cuanto cayera el régimen franquista, tras la previsible derrota de Alemania. Ante el anuncio hecho por Martínez Barrio, Juan Negrín escribió desde Londres, donde se encontraba exiliado desde el final de la guerra civil, que él era todavía el presidente del gobierno de la República y que no se podía acordar nada sin que estuviera presente.
La reunión de los diputados republicanos en México tuvo lugar el 10 de enero de 1945. Estuvieron presentes 72, de los 205 que vivían en el exilio (104 aún residían en España y 88 habían muerto en la guerra, 60 ejecutados por el bando sublevado y 28 por el bando republicano). Fue la primera reunión de las cortes de la República en el exilio, y se celebró en el Club Francés de la capital mexicana, y se rindió allí un homenaje a los 127 diputados que habían muerto en la guerra o a consecuencia de ella. Como sólo asistieron 72 diputados —aunque otros 49 se adhirieron por escrito—, los socialistas «prietistas» arguyeron que no existía el quórum suficiente para dar validez a la reunión, por lo que en la segunda sesión, prevista para el 17 de enero, no se podría aprobar la formación del Consejo Nacional de la República Española. Añadieron que boicotearían las sesiones de las cortes si en ellas participaban los diputados comunistas y aquellos «que, habiendo obtenido su acta de legislador en nombre de nuestro Partido, no se mantuvieran dentro de la disciplina de éste», aludiendo directamente a los socialistas «negrinistas» y a los «caballeristas», que por su parte habían pedido que no se celebrase una nueva sesión de las Cortes hasta que no llegase Juan Negrín a México. En consecuencia, la proyectada sesión del día 17 quedó aplazada sine die.
Así pues, cuando se celebró la Conferencia de Yalta, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, no existía algo parecido a un gobierno provisional republicano. En la misma, los "Tres Grandes" (Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña) acordaron «que todos los países liberados y los que actuaron en la órbita del nazismo elijan libremente a sus gobiernos por medio de elecciones libres», lo que suponía una amenaza directa para el régimen franquista. Tras conocerse el acuerdo, la Junta Española de Liberación hizo público el 14 de febrero un manifiesto en el que pedía que los aliados «quitaran de en medio el obstáculo de la dictadura franquista», para que España pudiera integrarse en las Naciones Unidas. De hecho, el 10 de marzo de 1945 el presidente Roosevelt informó a su embajador en Madrid, Norman Armour, que «nuestra victoria frente a Alemania conllevará el exterminio del nazismo e ideologías afines», por lo que «no hay lugar en las Naciones Unidas para un gobierno fundado en los principios del fascismo». Inmediatamente, Armour comunicó al ministro de Asuntos Exteriores español el contenido de la carta de Roosevelt.
Así, el régimen franquista quedó excluido de la Conferencia de San Francisco que daría nacimiento a la ONU, y a la que sí fueron invitados como observadores políticos republicanos del exilio. Asistieron Juan Negrín, Julio Álvarez del Vayo, último ministro de Asuntos Exteriores de la República, el lehendakari José Antonio Aguirre, así como nacionalistas catalanes que, en nombre del Consell Nacional de Catalunya y de las Comunitats Catalanes, entregaron a los delegados de las grandes potencias un memorándum sobre el «caso de Cataluña». También asistieron, en representación de la Junta Española de Liberación, Indalecio Prieto, Félix Gordón Ordás, Antoni Maria Sbert y Álvaro de Albornoz. El 19 de junio la Conferencia aprobó una resolución a propuesta del delegado mexicano y apoyada por los delegados francés y estadounidense, en la que se condenó a todos los regímenes que habían surgido gracias al apoyo de la Alemania nazi y de la Italia fascista, en referencia a la dictadura franquista.
Las Cortes exiliadas se reunieron de nuevo el 20 de agosto de 1945 en la Sala de Cabildos del Zócalo de la Ciudad de México. En la reunión se procedió a la promesa de Diego Martínez Barrio como Presidente interino y, en sus reuniones del 7 al 9 de noviembre de 1945 en la Ciudad de México, a dar su voto de confianza al nuevo gobierno de José Giral.
Giral reunió un gran conjunto de fuerzas políticas desde el PCE con Santiago Carrillo hasta Castelao (galleguista) y Rafael Sánchez-Guerra (republicano conservador). No obstante, la unidad republicana no existía: una importante corriente socialista, la de Indalecio Prieto, buscaba contactos con los monárquicos de José María Gil-Robles para derrocar a Franco con apoyo de los aliados occidentales, y lo mismo hacía un grupo de la CNT alegando que la forma de Estado podría decidirse en un referéndum no necesariamente próximo, pues el principal objetivo era expulsar del poder al régimen de Franco antes que calcular combinaciones gubernamentales a futuro.
El Gobierno de Rodolfo Llopis (febrero de 1947) no prescindió del PCE, como hubiera querido Indalecio Prieto y su ala del PSOE, y resulta todo lo plural que se podía, estando representadas organizaciones de todo el arco parlamentario, desde el PNV vasco a la CNT. Una de sus decisiones es encargar a Trifón Gómez el inicio de contactos con el príncipe Juan de Borbón, que no tuvieron éxito. El PSOE abandonó el gobierno republicano en julio del mismo año y no retornaría a este, para intentar desvincularse de los comunistas (que por su parte están saliendo de todos los gobiernos de Europa Occidental, en plena Guerra Fría).
La entrevista entre Indalecio Prieto y José María Gil-Robles, patrocinada por Gran Bretaña en octubre de 1947, no consigue una aproximación clara entre izquierdas y derechas opuestas a Franco y causa problemas a los monárquicos próximos a la dictadura franquista, que aún esperaban contar con el apoyo de Gil-Robles para su causa. Contradictoriamente, el príncipe Juan de Borbón se reúne con Franco en el yate Azor para confiarle la educación de su hijo Juan Carlos de Borbón al mismo tiempo que permite la firma del Pacto de San Juan de Luz entre el PSOE y la Confederación de Fuerzas Monárquicas (ambos eventos ocurridos en agosto de 1948, con cinco días de diferencia), aunque Juan de Borbón rehusó reconocer acuerdo alguno con el PSOE y desautorizó a los monárquicos que lo habían acordado.
Al mismo tiempo que el pacto entre los monárquicos y el PSOE se hacía público, el PCE decidía (octubre de 1948) poner fin a las actividades del maquis, reconociendo que era inviable acabar con el régimen franquista mediante la lucha armada y optando por otra política más eficaz, aunque tampoco resolutiva, que vendrá en llamarse de reconciliación nacional, incluyendo la infiltración en los sindicatos verticales patrocinados por el franquismo. Todo ello mostraba que dos de las principales corrientes de exiliados (la del PCE y la del PSOE) actuarán definitivamente sin contar con la República en el exilio. Esta posición continuó a pesar de que el Pacto de San Juan de Luz, ratificado por el congreso del PSOE (Toulouse, 1951), nunca se hace efectivo.
Pese a la escasa simpatía de los Estados Unidos por el régimen de Franco, la negativa de la ONU en 1946 al ingreso de la España franquista en su seno no había generado el inmediato reconocimiento del gobierno republicano en el exilio como autoridad legítima y representante de España, lo cual enfría los ánimos de los exiliados.
México fue el primer Estado en reconocer como legítimo al gobierno en exilio de la II República española formado en agosto de 1945. Tal decisión se mantuvo hasta 1977, cuando se restablecen relaciones diplomáticas entre México y España, pero en la práctica los vínculos comerciales y culturales entre ambos países se desarrollaron sin sobresaltos. Similar colaboración otorgó México a los exiliados españoles desde su acogida por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, dándoles facilidades para establecerse en suelo mexicano.
Los países de Europa Oriental bajo influencia soviética (Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania) rehusaron a establecer relaciones diplomáticas con la España franquista y reconocieron a la República Española en el exilio tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Pese a ello, la Unión Soviética nunca emitió un reconocimiento oficial y cuando el PCE se apartó del gobierno republicano, los países de Europa Oriental retiraron su reconocimiento a la República Española en el exilio, alegando que la ONU tampoco la reconocía. Una excepción fue Yugoslavia, que reconoció hasta 1977 a la II República Española como único gobierno legítimo de España, aunque tal situación no generó mayores consecuencias debido a la escasa relación efectiva entre ambos países.
Con las primeras tensiones de la Guerra Fría (como el Bloqueo de Berlín), el aislamiento del régimen franquista empieza a ser descartado por Estados Unidos, quien en pleno auge de la Doctrina Truman está dispuesto a otorgar ayuda financiera y política a todo país que se oponga al comunismo soviético. En 1950, en plena Guerra de Corea, el gobierno de Francisco Franco consigue el apoyo de los Estados Unidos para revocar la prohibición de establecer delegaciones diplomáticas y luego posteriormente ingresar en la ONU como país miembro (lo cual la España franquista consigue el 14 de diciembre de 1955). A partir de entonces, el gobierno republicano en el exilio pierde toda opción de ser siquiera tomado en cuenta —ya ni siquiera reconocido— por los Estados Unidos y por los países aliados de este en Europa Occidental y en otras partes del mundo.
Para entonces, el régimen franquista se ha posicionado como aliado de los EE. UU. en su anticomunismo, explotando la posición geográfica de España en el Mediterráneo y en el Atlántico, mientras el franquismo termina de suprimir los últimos vestigios exteriores de su antigua adhesión al fascismo. Este hecho consigue que el apoyo al franquismo como gobierno de facto de España genere una aceptación de jure de esta situación y los apoyos internacionales al franquismo se fortalecen hasta romper el aislamiento internacional de posguerra, en perjuicio del gobierno republicano en el exilio. Esto empieza notablemente, por el apoyo de la Santa Sede a España (mantenido desde 1939 y plasmado en el Concordato de 27 de agosto de 1953) y luego con los pactos de asistencia bélica celebrados entre España y Estados Unidos (el 26 de septiembre del mismo año), asegurados además con una visita oficial del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower a España en diciembre de 1959.
Los dos gobiernos sucesivos de Álvaro de Albornoz (agosto de 1947-1951) son abandonados por el PSOE y el PCE, sólo cuentan con ministros republicanos de centro, y carecen de apoyos masivos entre los exiliados, manteniendo a Diego Martínez Barrio como presidente de la República al ser él quien recibió el cargo de Azaña -último Presidente en ejercicio en suelo español- en los últimos días de la guerra civil. Mientras tanto las Naciones Unidas y sus principales miembros (EE. UU., URSS, Gran Bretaña) simplemente ignoran al gobierno republicano en el exilio, el cual ya cumple más de diez años fuera de España.
En paralelo, la España franquista a inicios de la década de 1950 da síntomas de graves problemas económicos, pero no de "descomposición interna" y la teoría del atentismo queda desmentida en los hechos, siendo cada vez más difícil para los exiliados confiar en la caída "espontánea" de Franco. Tal sentimiento se refuerza cuando la ONU admite como integrante a la España franquista en 1955, cuando ya prácticamente todas las grandes potencias mundiales reconocían al régimen de Franco en la práctica.
Durante todo el periodo se siguieron sucediendo formalmente presidentes de la II República española y nombrando presidentes del gobierno. También mantuvieron su continuidad en el exilio los gobiernos autonómicos vasco y catalán.
Sin apoyo del PSOE ni el PCE, y con las fuerzas antifranquistas de derecha adheridas a la restauración monárquica al lado de Juan de Borbón, dos grupos notablemente disminuidos como la Izquierda Republicana y la Unión Republicana son los únicos partidos que sostienen al gobierno de la República en el exilio; este a su vez reduce su tamaño desde inicios de la década de 1950 y elimina diversas carteras ministeriales que empiezan a carecer de sentido al alejarse la posibilidad real de la caída pronta del franquismo.
Las necesidades políticas urgieron a que la Izquierda Republicana y la Unión Republicana se fusionaran en 1959 para fundar la Acción Republicana Democrática Española o ARDE, con un programa consistente en la supresión de la dictadura franquista y transición a un sistema democrático, el "final auténtico" de la guerra civil, el restablecimiento de las libertades, y la celebración de unas elecciones libres en las que los españoles decidieran su forma de gobierno (con lo cual se rechazaba la imposición inmediata de una monarquía constitucional a la muerte de Franco). Desde sus inicios la ARDE trató de cooperar con otros grupos antifranquistas establecidos en España, pero la realidad era que su presencia e influencia resultaron muy escasas.
A partir de la década de 1950 las instituciones republicanas, aunque persisten en su funcionamiento efectivo en sus núcleos de México y París, dejan de tener importancia fuera del conjunto de exiliados, pues ni contarán en las relaciones internacionales ni serán tenidas en cuenta por los grupos principales de la oposición al franquismo (menos aún entre los auspiciados por el PSOE o el PCE) que surgen en la década de 1960. De hecho, a partir de 1960 el gobierno en el exilio carece de relación real con los grupos opositores a Franco salvo entre los mismos círculos de exiliados y con algunas figuras intelectuales (como Luis Jiménez de Asúa, él mismo Presidente de la República en el exilio a partir de 1962 tras la muerte de Martínez Barrio), manteniendo muy escasos vínculos efectivos con movimientos políticos dentro de España. Desde 1962, el cargo de presidente de las Cortes en el exilio coincidirá en la persona de los sucesivos presidentes de la II República española, para evitar que la líder comunista Dolores Ibárruri, elegida Vicepresidenta de las Cortes durante la Guerra Civil española, pudiera presidirlas.
La salida de la dictadura franquista tuvo que esperar largos años hasta la propia muerte de Franco en 1975, la Transición, y las elecciones de 1977, en las que sólo dos temas, la "República" y la "unidad de España", estaban vetados en las propuestas por la Ley de la Reforma Política de Adolfo Suárez para los partidos que quisieron presentarse, lo cual anulaba por completo las esperanzas de la ARDE, la reducida organización política que aún entonces era el sustento del gobierno republicano en el exilio. El mismo PCE fue legalizado en abril de 1977 y, en una famosa rueda de prensa, el líder comunista Santiago Carrillo prescindía de la bandera tricolor republicana para aceptar la bandera roja y gualda.
Tras un largo periodo de escasa relevancia en la década de 1970, la República en el exilio se pronuncia después de las elecciones del 15 de junio de 1977 tras casi 38 años de permanencia fuera de España. Poco después de estas elecciones, el último presidente de la República en el exilio, José Maldonado, junto con Fernando Valera Aparicio, el último presidente del Consejo de Ministros, emiten una Declaración de la Presidencia y del Gobierno de la República Española en el exilio el 21 de junio de 1977, en París.
En dicho texto, los líderes de la República en el exilio reafirman la legalidad institucional emanada de la Constitución de 1931 y la validez de los procesos electorales de 1931, 1933 y 1936, mantenida durante el exilio, «con el especial designio de devolverle al pueblo el libre ejercicio de los derechos cívicos». Elogian que las urnas —pese a tener su origen en la legalidad franquista— marquen «un nuevo proceso que crea una nueva legitimidad democrática», al tiempo que señalan la no participación de los partidos republicanos en las elecciones y la «no correspondencia equitativa» entre el número de votos y escaños asignados.
Los líderes de la República en el exilio acaban manifestando que:
Con ello, el gobierno republicano en el exilio se disuelve oficialmente junto con todas sus instituciones, sin reconocer expresamente a la monarquía instaurada en 1975 pero aceptando implícitamente la validez y legitimidad de las elecciones de 1977 y explícitamente la democracia surgida de ellas.