Punta Peuco nació en Chile.
El Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, más conocido como Penal de Punta Peuco, es un complejo penitenciario chileno, ubicado en la comuna de Til Til, donde están detenidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Está bajo la administración de Gendarmería de Chile.
Fue creado en 1995 por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya que en ese entonces se necesitaba un lugar para que cumplieran su condena los implicados en el caso Letelier, el general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza. El Decreto 580 del 14 de junio de 1995, que crea el recinto, fue firmado por la ministra de Justicia Soledad Alvear;sin embargo, ello correspondía al ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, quien se opuso al proyecto y presentó su renuncia al presidente, la que finalmente no fue aceptada.
En 2004 fue creado el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, con el fin de descomprimir el Penal de Punta Peuco, siendo varios de sus reclusos derivados al nuevo penal. Sin embargo, el 29 de septiembre de 2013 fue cerrado el Penal Cordillera por el entonces presidente Sebastián Piñera, y los condenados que habitaban ese recinto fueron trasladados nuevamente a Punta Peuco.
Algunos de los condenados que están o han estado reclusos en el penal Punta Peuco son:
El recinto cuenta con piezas individuales en cuatro módulos —«Alfa», «Beta», «Gamma» y «Delta»—, cada uno con living, cocina y ducha. Cada habitación tiene una cama de 1 y 1/2 plazas y baño con inodoro. Los internos pueden hacer ingreso de electrodomésticos y equipos de radio, televisores (con acceso a televisión satelital) y computadores. Existe un patio común, con módulos donde se realizan charlas, práctica de kinesiología y donde existe una biblioteca, además de una multicancha y cancha de tenis.
Las condiciones del recinto han sido criticadas por informes del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido a la situación de privilegio en que vivirían los internos, en comparación al resto de los complejos penitenciarios del país. Por ello, se ha propuesto en varias ocasiones la clausura de este penal, sobre todo desde el cierre del Penal Cordillera en 2013.
En los últimos días del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el ministro de Justicia Jaime Campos se negó a firmar un decreto de cierre del penal. Dicha situación valió críticas de parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en contra de la ya entonces expresidenta, pues durante los 4 años de su administración en repetidas ocasiones prometió el cierre, intentando dicha situación a solo días de la transmisión del mando, ante lo cual la organización aseguró que Bachelet "nunca tuvo la intención" de gestar el cierre del recinto.
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