Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es el nombre que recibe el presupuesto público en España. Son considerados la ley más importante que un gobierno promulga en un año y determinan su política en la mayor parte de los ámbitos, además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado en ese año.
Los aspectos básicos de los PGE están definidos por el artículo 134 de la Constitución española de 1978.
Los Presupuestos Generales del Estado tienen carácter anual, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal (administración central, sin incluir administración de la seguridad social, ni administraciones territoriales) y en ellos se consigna el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. España fue pionera en términos de transparencia en 1978 por la introducción de esta obligación respecto a los beneficios fiscales. Dado que estos son equivalentes a una subvención indirecta, se pueden considerar gasto y por tanto deben estar recogidos en el presupuesto.
Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
El Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. El objetivo es que el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Esta prórroga tiene alguna excepción: no afecta a créditos aprobados para actividades que finalizaron en el ejercicio cuyo presupuesto se prórroga. En la práctica, cuando un gobierno no consigue el apoyo parlamentario para aprobar el presupuesto, lo más habitual es la celebración de elecciones anticipadas puesto que es muy difícil gobernar y tomar decisiones de política económica con un presupuesto prorrogado.
El límite de gasto establecido en el presupuesto no es absoluto. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Estos proyectos de ley deben ser aprobados por el parlamento. El parlamento también puede presentar una proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos (gasto) o disminución de los ingresos presupuestarios pero esta propuesta requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación.
El artículo 135 de la constitución, introducido en el año 2011, establece los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. Entre ellos se establece que los créditos para pagar la deuda pública tienen prioridad absoluta sobre el resto de gastos. Incluso aunque el presupuesto no incluya previsión de gasto en pago de deuda, si existen deudas el crédito para ese gasto se entiende automáticamente introducido en el presupuesto de forma virtual por este artículo de la constitución. Los principios establecidos en este artículo se desarrollan en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El objetivo de estabilidad presupuestaria es presentado por el Gobierno y se establece cada tres años de acuerdo a previsiones de crecimiento económico. Cada año debe elaborarse un plan presupuestario plurianual por tres años en el que se tenga en cuenta el objetivo de estabilidad.
En España, durante la democracia, se ha consagrado como práctica relativamente habitual la no presentación de unos PGE en tiempo y forma, así como su consiguiente no aprobación antes del 1 de enero. Concretamente, los años que en democracia ha habido este incumplimiento son los siguientes:
La constitución española no dice nada acerca de cómo deben ser los presupuestos de las comunidades autónomas. La aprobación de los presupuestos autonómicos no está sometida a ningún tipo de tutela por parte de la Administración General del Estado.
El artículo 142 de la constitución establece que los municipios tienen autonomía financiera. Sin embargo, las corporaciones locales no pueden aprobar presupuestos. Solo cuentan con las denominadas ordenanzas fiscales, que no tienen rango de ley. Los tributos locales se regulan en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece unas bases mínimas y que da bastante libertad a los municipios para que desarrollen esas bases.
La estructura básica de los presupuestos locales, a diferencia de la de los autonómicos, sí está establecida por el Gobierno. Las entidades locales no pueden presentar déficit presupuestario según el artículo 135 de la constitución.
El proyecto se prepara anualmente por el Ministerio de Hacienda (Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos), a través, entre otras, de las siguientes direcciones generales:
El proyecto se aprueba en el Consejo de Ministros. El Gobierno los presenta ante el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración del año. El Congreso de los Diputados vota en primer lugar su admisión genérica o las enmiendas a la totalidad, que de prosperar suponen su devolución al gobierno. Superado ese trámite, la capacidad de alteración por enmiendas parciales está sujeta a la no alteración del equilibrio presupuestario. Posteriormente pasan al Senado, que hace una segunda lectura, pero cuya capacidad de alterarlos es muy limitada, con una última remisión al Congreso. Posteriormente son sancionados por el rey y publicados en el Boletín Oficial del Estado con rango de ley ordinaria.
En el caso de que no se aprueben se prevé la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior. Dentro de los presupuestos generales se incluyen los de la Seguridad Social, los del patrimonio cultural y otros organismos autónomos. Los presupuestos de las Comunidades Autónomas y de los municipios se organizan de modo independiente, pero tienen que sujetarse a un marco regulador común, por ejemplo en la fijación del déficit público. La legislación de la Unión Europea, los presupuestos de esta y el intercambio de diversos pagos y cobros con las distintas administraciones públicas españolas, también suponen diferentes limitaciones de la capacidad y autonomía presupuestaria nacional de España.
en coalición
en coalición
Aprobados a mediados de 2012
en coalición
Aprobados a mediados de 2017
aprobación de los PGE 2017. Se prorrogaron los PGE del 2016.
en coalición
Aprobados a mediados de 2018
y al cambio de gobierno. Los presupuestos aprobados fueron elaborados por el Partido Popular.
Prorrogados PGE 2018
El Presidente del Gobierno convocó elecciones generales tras la falta de mayoría parlamentaria.
Prorrogados PGE 2018
en coalición
Acorde a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos los Presupuestos Generales del Estado y el PIB (en millones de euros), así como la proporción del primero respecto al segundo, en los últimos años han sido:
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