La Presidencia de Fernando de la Rúa aconteció desde su asunción el 10 de diciembre de 1999 hasta su renuncia, debió finalizar su mandato el 10 de diciembre de 2003, producida el 21 de diciembre de 2001. De la Rúa ganó las elecciones junto a Carlos Álvarez con el 48.37 % de los votos; 10 millones de argentinos lo eligieron. Argentina se encontraba durante una fuerte crisis que terminaría colapsando al país y produciría el suceso más crítico en la democracia contemporánea.
El 10 de diciembre de 1999, Fernando De la Rúa juró como 26° Presidente de la Nación Argentina en el Congreso de la Nación Argentina y luego se dirigió para recibir de su antecesor Carlos Menem la Banda Presidencial de la Argentina y el Bastón presidencial. En las calles la gente se amontonó en la Plaza de Mayo, arrojó papelitos al coche presidencial e interrumpió el tránsito.
Su hijo mayor, Antonio De la Rúa, fue nombrado asesor de imagen para la campaña publicitaria de su padre. Camino a la elección, reunió un grupo de amigos políticos que la prensa denominó Grupo Sushi encargado del marketing político.
El mismo era asistido por Enrique Nosiglia, liderado por Antonio y estaba integrado por su hermano Aíto De la Rúa, Patricia Bullrich, Fernando de Santibañes, Andrés Delich, Cecilia Felgueras, Darío Lopérfido y Hernán Lombardi, entre otros. Cuando triunfó De la Rúa, dichos miembros integraron cargos en el Gabinete de Ministros.
Para fines de 1999, cuando asumió el Gobierno Fernando de la Rúa, estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo. El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los siguientes:
Fernando de la Rúa optó por el segundo camino. El Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional.
El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro recesivo.
El año 2000 no fue sencillo para el nuevo Gobierno, ya que el estallido de la burbuja «punto com» en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de financiación (que llegaban al 14 % anual en dólares) y agravó todavía más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal.
El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les hiciera perder sus ahorros.
En el 2000 Machinea impulsó la Ley de Flexibilización Laboral que recortó sueldos y jubilaciones de estatales, ocasionando el malestar de la población.
En octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1038 millones en noviembre de 2000.
A comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El «blindaje financiero» finalmente se aprobó en el mes de diciembre del 2000 y alcanzó una suma cercana a los 38 000 millones de dólares con un interés del 8% anual , sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.
El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado. una economía destruida por el incremento de las importaciones y las escasas exportaciones durante la gestión de Carlos Menen.[cita requerida]
Sin embargo, el «blindaje» solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001 debido a una persistente fuga de divisas. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina.
En ese contexto se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy.
En marzo Machinea renunció al Ministerio de Economía ya que «el blindaje financiero» había fracasado. Ante esto asumió Ricardo López Murphy que inmediatamente anunció un fuerte ajuste fiscal: el mismo pretendía un recorte del 5 % del presupuesto para la educación, bajar jubilaciones, postergar el pago de sueldos, privatizar el Banco Nación y reducir gastos en Salud; la sociedad argentina que se encontraba conmovida por el suicidio de René Favaloro, evitó las impopulares medidas del ministro y éste debió renunciar ante la solicitud del presidente, tan sólo 15 días después de su asunción.
Ante la critica situación De la Rúa nombró como nuevo ministro a Domingo Cavallo, el mismo que había impulsado la Ley de Convertibilidad del Austral, su asistente fue Federico Sturzenegger. Para entonces el país ya se encontraba ahogado por el déficit presupuestario.
Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del Gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el Gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.
Se aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque esta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado «megacanje» tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.
El Gobierno a su vez buscaba bajar el déficit aumentando impuestos y recortando servicios sociales, lo que a su vez generaba mayor recesión y un aumento en el déficit, que debía ser cubierto con más deuda y mayores recortes. Las dudas sobre la capacidad de pago del país y sobre la continuidad de la convertibilidad comenzaron a reflejarse un una creciente fuga de depósitos bancarios.A pesar de las medidas, en marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. En enero de 2001 había depósitos por US$ 85 000 millones. Para marzo se habían perdido más de 5 000 millones.
La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16 000 millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3500 millones de dólares. Durante la primera semana de julio de 2001, la provincia de Buenos Aires y otras provincias fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los 3000 millones de dólares y requirieron apoyo del Gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminó haciendo un préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la licitación de letras del Tesoro nacional determinó una tasa de corte del 16 % anual para plazos de 180 días.
En el mes de mayo de 2001, Cavallo había logrado convencer a los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar una Ley de Crédito Público que permitiera la afectación de impuestos como garantía de la deuda, con lo que el megacanje podría haber incluido a todas las deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de todos los gobernadores justicialistas, el Gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, llamó por teléfono al presidente De la Rúa para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley de Crédito Público, este le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no contaba con el apoyo de la UCR.
En julio de 2001 el Congreso aprobó la Ley de «Déficit Cero», que preveía reducciones de gastos primarios por parte de las provincias y la Nación, equivalente a 6000 millones de dólares anuales. Según este plan la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13 % que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socio-económica que vivía el país.
Existían dudas sobre el éxito del plan, derivadas de la caída de la recaudación impositiva que se había producido durante el cuarto trimestre de 2001. Como financiamiento puente para un eventual déficit transitorio de las provincias durante los primeros meses de 2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas provinciales (LECOPs), las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que serían rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y normalizada la recaudación impositiva.
El número y contenido de los discursos opositores creó tal imagen que el Director Gerente del FMI decidió declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3000 millones de dólares pactados para la reestructuración de la deuda, el país debería dar muestras de suficiente «unidad política».
Cavallo creó el megacanje: un mecanismo mediante el cual Argentina (que no podía pagar la deuda) cambió títulos, con tasas de interés del 5 %, por otros con una «mejor financiación» a largo plazo. Lo cierto es que los nuevos títulos tenían un interés del 18 % pero resultaba práctico porque se buscaba más tiempo, esto generó una grave pérdida de competitividad de la Argentina.
Domingo Cavallo junto a Federico Sturzenegger firmó el Decreto 648/01 que habilitó la operación del megacanje. Según los expertos, el Megacanje aumentó el monto de la deuda en 53 mil millones de dólares sumado capital e intereses. Por esta operación fue procesado por la justicia Argentina en el marco de la causa por el Megacanje de De La Rúa, junto al banquero estadounidense David Mulford, prófugo de la Justicia.Los resultados del Blindaje y el Megacanje causó un aumento del endeudamiento externo. Antes de esta operación hacia finales del año 2000, la deuda externa del país ascendía a los 80.000 millones de dólares. Con posterioridad al Megacanje, la deuda externa aumentaría hasta los 88.000 millones de dólares y para el año 2003 alcanzaría 102.000 millones de dólares. Antes del Megacanje, Argentina debía pagar en el período 2001-2031 por los vencimientos de su deuda un valor que alcanzaba los 60.500 millones de dólares. Luego del Megacanje, ese valor se incrementaría en un 63% y llegaría a los 98.400 millones de dólares. Además, la deuda pública total pasaría de los 124.400 millones de dólares a los 126.600 millones de dólares. Por su parte, los intereses de la deuda treparían de 82.300 millones de dólares hasta los 120.700 millones de dólares.
En noviembre la Subdirectora del FMI, Anne Osborn Krueger, anunció que Argentina no recibiría más dinero y esto provocó el pánico bancario.
Ante la desesperante situación caótica, el 3 de diciembre Cavallo anunció una drástica medida: el Corralito. El propio Ministro anunció la medida por televisión y se encargó de explicarla: por semana no se podría retirar más de 250 pesos.
Las restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y que fueron popularmente denominadas como el «corralito», afectaron a mucha gente, especialmente a los sectores bajos y a aquellos que operaban en la economía informal que siempre habían utilizado dinero en efectivo. El día 14 de diciembre, Cavallo canceló las letes (letras del tesoro) por casi 770 millones de dólares. Para cancelar esta obligación el país realizó un aporte en efectivo por 409.7 millones, mientras que los restantes 360 millones de dólares se financiaron a través de la emisión de nuevos títulos, que fue absorbido, de manera compulsiva, por las propias AFJP. Para evitar a toda costa el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el FMI una postergación de pago de otros 900 millones de dólares adicionales que debía realizar el país en los próximos días. Sin embargo, esta cancelación del 14 de diciembre de 2001 fue el último pago de deuda que realizó la Argentina.
En enero de 2000, el gobierno de la Alianza envió al congreso el proyecto de ley de reforma laboral que disponía entre otros puntos:
El gobierno consiguió el apoyo del secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, para la aprobación de ley. Esto provocó que un sector opositor de la central obrera, liderado por Hugo Moyano, convocara a un congreso que lo declaró como el nuevo secretario general, lo cual no fue aceptado por Daer provocando la fractura de la organización. Moyano llamó a una movilización en contra de la ley pero descreía de su aprobación ya que la Alianza solo contaba con mayoría en Diputados, mientras que en el Senado debía negociar con el peronismo, que se mostraba en contra de la reforma.
Sin embargo, el 26 de abril de 2000 el proyecto obtuvo media sanción del Senado, luego de que el oficialismo aceptó una serie de cambios propuestos por el peronismo. Estos cambios incluyeron entre otros la inclusión de una cláusula que impedía rebajar el salario básico por dos años.
El 11 de mayo la ley fue sancionada en la Cámara baja con un total 121 votos en favor, 84 expresiones negativas y dos abstenciones. La mayoría de los votos opositorios provinieron del Partido Justicialista y del sector de la Alianza que respondía al FREPASO.
Hugo Moyano declaró que el 29 de mayo a la prensa que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, en un encuentro en el gremio de Obras Sanitarias para discutir la ley le había afirmado: «para convencer a los senadores tenemos la Banelco». Flamarique negó las afirmaciones de Moyano, primero en forma oral y luego en cartas enviadas a cada uno de los senadores. En declaraciones posteriores Moyano ratificó lo dicho y pidió la renuncia de Flamarique.
El escándalo desató una crisis política que desembocó en la renuncia del vicepresidente argentino, y a la vez presidente del Senado, Carlos Álvarez, lo cual creó un marco de incertidumbre que impactó profundamente en el gobierno que se venía debilitando y finalizaría en medio de la crisis económica de 2001.
El 6 de octubre de 2000, se produce la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez a su cargo, denunciando corrupción en la administración de la Rúa y en el Senado nacional.
Entre octubre de 2000 y el mismo mes de 2001, Patricia Bullrich ocupó el cargo de ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, siendo la primera mujer en el cargo. Asumió tras la renuncia de Alberto Flamarique, quien se vio involucrado en el escándalo de corrupción para aprobar la Ley de Reforma Laboral conocido como «la Ley Banelco».
A mediados del año 2000, Juri se hizo muy notorio por criticar acerbamente la gestión del Ministro de Educación, Juan Llach; en particular la decisión de recortar el presupuesto nacional de educación en un 20%, siendo el primer rector de una Universidad en hacerlo públicamente. Tras la renuncia de Llach, en septiembre de ese año, el presidente Fernando de la Rúa nombró a Juri en su reemplazo. Fue muy bien recibido por la comunidad universitaria, aunque no por ello se detuvieron las manifestaciones en contra de la política económica restrictiva que llavaba adelante el gobierno nacional.
Tras la renuncia de Juri como ministro de Educación, debido a su desacuerdo con el recorte presupuestario a las universidades dispuesto por Ricardo López Murphy, Andrés Delich es designado como su sucesor.
Siendo ministro de Educación pidió que “la Justicia vaya a fondo” para investigar a los dirigentes de Franja Morada que usaron en beneficio propio planes de trabajo para desocupados dados por Fernando de la Rúa, respecto a la investigación sobre los consejeros universitarios de Franja Morada que fueron beneficiados con planes de empleo y admitió que los programas sociales “han sido utilizados muchas veces en forma clientelística”.
Con su llegada a la titularidad del ministerio, debió enfrentar la crisis que se provocó con el recorte, que derivó en un paro docente total y universidades tomadas. Postuló la posible instauración de restricciones para el ingreso en carreras muy demandadas COMO Medicina y un posible arancelamiento.
En 2000, bajo iniciativa del entonces secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, se creó la empresa Sistema Nacional de Medios Públicos SE (SNMP). El SNMP estaba integrado por Canal 7, Radio Nacional y la agencia de noticias nacional Télam.
Su primer director fue Mario Cella, quien, hasta aquel momento, dirigía Radio Nacional. Lopérfido pasó a ser coordinador de la empresa. Al asumir Lopérfido la emisora vivía una situación de extrema gravedad, con un pasivo de más de 70 millones de pesos. La programación y producción del canal quedaon a cargo de Rodolfo Hermida, mientras que la producción quedó a cargo de Luciano Olivera -allegado a Lopérfido- y Emilio Cartoy Díaz.
Fue oficialmente creada el día 10 de diciembre de 1999 por medio de la Ley 25.233 para la asunción de Fernando de la Rúa.
En 1999, tras la victoria de Fernando De la Rúa en las elecciones presidenciales, Rodríguez Giavarini es nombrado Canciller el 10 de diciembre de ese año.
Con respecto a la cuestión Malvinas, se diferenció de la postura de su antecesor en el cargo, Guido Di Tella, quien había planteado una política de "seducción" hacia los isleños. Rodríguez Giavarini declaró que las islas eran "territorio de la Argentina" por lo que "desconocemos plenamente a ese gobierno" (refieriéndose al gobierno de la isla). En enero de 2000 mantuvo una reunión con el canciller británico, Robin Cook, quien declaró que "existen muchos acuerdos entre el Reino Unido y la Argentina y un solo desacuerdo significativo: las Malvinas".
En lo referente a la integración regional, Rodríguez Giavarini elogió al Mercosur que permitió multiplicar por cuatro las exportaciones de Argentina a sus socios y se mostró a favor de la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La relación con los Estados Unidos fueron calificadas como "sólidas y fuertes", siguiendo la política desarrollada por Di Tella. Desde el inicio de su gestión se propuso reconstruir la relación con Perú, muy dañada por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia (acontecida durante el gobierno anterior).
En junio del año 2000 Rodríguez Giavarini fue denunciado penalmente junto al entonces Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, y el Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Mariano Maciel, por presuntas irregularidades en el trámite de detención y extradición de militares argentinos reclamados por el juez español Baltazar Garzón, por presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal Argentino. También fue criticado y posteriormente denunciado por la autorización de ejercicios militares de las fuerzas armadas de Estados Unidos en territorio argentino. Ambas acusaciones fueron luego desestimadas por falta de fundamento.
La mala administración de Fernando De la Rúa provocó que en las elecciones legislativas de octubre de 2001 el opositor Partido Justicialista se hiciera con la mayoría de ambas cámaras del Congreso y que los miembros de la Unión Cívica Radical se molesten con su líder, a tal grado de alejarse del mismo. El apoyo popular se había perdido.
El día 19 de diciembre de 2001 debía conformarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el tratamiento del presupuesto nacional correspondiente al año 2002. Sin embargo, esa fecha amaneció con saqueos y disturbios en todo el país, principalmente en el conurbano bonaerense, donde la inacción policial fue evidente. A dicha comisión se presentaron los legisladores justicialistas, pero los radicales se ausentaron todos, boicoteando el tratamiento del Presupuesto.
Esa mañana un grupo de dirigentes de la Unión Industrial Argentina, entidad liderada por Ignacio de Mendiguren, habría convencido al presidente de la UCR y gobernador del Chaco, Ángel Rozas, sobre la conveniencia de abandonar la convertibilidad y pesificar la economía.[cita requerida]
Por la tarde, dirigentes de la UCR, entre ellos el senador y expresidente Raúl Alfonsín, se reunieron con Fernando de la Rúa, para plantearle la inmediata necesidad de que renunciara todo su gabinete. Domingo Cavallo y todos los ministros del Gobierno debieron abandonar sus cargos ese mismo día.
La tarde del 19 de diciembre la tensión explotó, comenzó con bocinazos en Buenos Aires y luego la gente salió a las calles a golpear sus cacerolas al grito de: «¡Que se vayan todos!». Dicho tumulto se propagó por todo el país y los saqueos se multiplicaron.
La respuesta del Presidente fue ordenar el despeje de Plaza de Mayo por medio de la fuerza. La represión causaría 227 heridos y la muerte de 9 personas.
Esa noche el Grupo Sushi ya enterado de que había muertos pero sin conocer la cantidad, se reunió en la Quinta de Olivos para tratar de encontrar una solución, De la Rúa se fue a dormir a las 23 como todos los días y Enrique Nosiglia avisó por teléfono que se asistiría a la improvisada junta.
A las 22, una muchedumbre se concentró afuera de la casa del Ministro Domingo Cavallo, exigiendo su renuncia. Cavallo se comunicó con De la Rúa quien esquivó el tema y ordenó hablarlo al día siguiente, por lo que el Ministro se acostó, pero a las 6:00 a. m. recibió un llamado de Armando Caro Figueroa: se aceptaba su renuncia, la misma había sido decidida por el Grupo Sushi.
La madruga del 20 de diciembre el Grupo Sushi recibió personalmente la noticia de Nosiglia: se iba, habían acordado con el Peronismo que ese día el Presidente renunciaría. Nosiglia le ordenó al hijo mayor del mandatario llamar a su padre, Antonio siguió la orden pero no pudo despertarlo, horas más tarde el Grupo Sushi se desmanteló: De la Rúa había quedado aislado, solo su hijo mayor se quedó para comunicarle la noticia.
Esa la mañana el Presidente le ofrece el puesto de Ministro de Economía a Adalberto Rodríguez Giavarini pero este lo rechaza, se desconoce a quien más le ofertó el cargo: nadie lo aceptó.
El Presidente dio una conferencia de prensa donde convocó a una reunión de emergencia con los Gobernadores de la Provincias, ninguno aceptó la invitación.
El 20 de diciembre de 2001, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del presidente radical, Fernando de la Rúa. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo. Las centrales obreras, por su parte, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado.
Aferrado al escaso sector radical que todavía le respondía, De la Rúa intentó convocar al justicialismo, para crear un Gobierno de unidad nacional. El rechazo del peronismo decidió al presidente a presentar su renuncia al parlamento a las 19:45 horas de aquel 20 de diciembre de 2001. Apenas en la mitad de su mandato constitucional, Fernando de la Rúa debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero.
Con la crisis de diciembre de 2001, Argentina, el 23 de diciembre del mismo año entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa que ascendía a 144 000 millones de dólares.
A las 19:30 De la Rúa agradeció al fotógrafo presidencial y le pidió una última foto en su despacho, aquí firmó el decreto 1682/2001 que enmarcó el actuar policial bajo conmoción interior, autorizando implícitamente la represión bajo su responsabilidad. Con un sollozo plasmó su renuncia en un manuscrito dirigido a Ramón Puerta y la dejó sobre su escritorio, luego recogió una Constitución de la Nación Argentina y abandonó su oficina. Su carta decía:
Subió a la terraza por un elevador privado donde un helicóptero Sikorsky S-76 Spirit lo esperaba sin aterrizar, el Presidente corrió hacia él y abordó con la ayuda de sus custodios. La imagen del aeronave abandonando el edificio en el caluroso y nublado atardecer, con el líder del país caído y bajo un vocerío de insultos, quedó plasmada para siempre en la memoria de los argentinos.
El 21 de diciembre De la Rúa llegó a Casa Rosada a las 9:00, aún seguía siendo Presidente porque la Asamblea Legislativa no había aprobado su renuncia, ingresó caminando y estuvo dos horas: se reunió con el Presidente español Felipe González y firmó su último decreto, donde derogó el estado de sitio.
Para Fernando De la Rúa, el sector del peronismo liderado por Eduardo Duhalde y el mismo radicalismo que respondía a Raúl Alfonsín dieron un golpe de Estado. Tal versión de los hechos es compartida, entre otros, por Darío Lopérfido y Domingo Cavallo. Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida.
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