El Plan Zeta es el nombre atribuido en Chile a un supuesto compendio de planes menores de partidarios del gobierno de Salvador Allende y colaboradores extranjeros, para llevar a cabo un autogolpe con el fin de imponer a la fuerza un gobierno marxista. La supuesta existencia de estos planes fue divulgada por los militares que perpetraron el golpe de Estado de 1973.
Oficiales de inteligencia que colaboraron con Fidel Castro y el Estado cubano declasificaron la existencia de planes de neutralización contra el Ejército de Chile como una medida de anticipación a un eventual golpe de Estado por parte de estas contra el gobierno de Salvador Allende. Domingo Amuchástegui ideó y recomendó el plan al gobierno de la Unidad Popular, sin embargo, Allende lo rechazaría. Cabe señalar que partidarios del gobierno como Carlos Altamirano eran contrarios al gobierno en el tema de la violencia política, por lo que muchos militantes socialistas sí eran favorables a la lucha armada.
Juan Vivés, exagente de la Seguridad del Estado del régimen de Castro, reveló en su libro «El Magnífico» la existencia de estos planes que solo los altos mandos cubanos tenían conocimiento y constituyen «uno de los secretos mejor guardados del comunismo cubano».
Los archivos desclasificados de la CIA a partir de 1999[cita requerida] revelan el plan comunicacional de la dictadura militar sirvió como propaganda a su favor, ya que su divulgación fue una operación de guerra psicológica de los militares chilenos, específicamente de la Armada de Chile, en que impusieron la lógica del «ellos o nosotros» para justificar la represión y violaciones a los derechos humanos llevados a cabo durante la dictadura militar. Federico Willoughby-MacDonald, colaborador de la dictadura militar, descartaría plenamente con posterioridad la versión oficial divulgada por el gobierno, denunciándolo como una «falsedad».
Los últimos archivos desclasificados de Estados Unidos[cita requerida] señalan que la versión oficial sería una operación de bandera falsa para justificar el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. De cualquier forma, el Plan Z dejó su estela. Una es que en las semanas posteriores al golpe se convirtió en un honor -una suerte de certificado de buen opositor para quienes habían impulsado el Golpe- aparecer en la lista de objetivos políticos. Otra es que el plan fue un tema recurrente en los interrogatorios a los detenidos, como ha dicho el abogado de derechos humanos Roberto Garretón. Ese es el cargo más grave contra el Libro Blanco: que en su afán por explicar la toma del poder por parte de los militares en razón a la existencia de un contragolpe, justificaron -consciente o inconscientemente- la represión brutal que vino después.
De acuerdo con declaraciones del año 2010 efectuadas por el economista y exagente cubano Domingo Amuchástegui, exmiembro del Departamento Liberación Nacional al mando de Fidel Castro, a mediados de 1972, ante la posibilidad de un golpe de Estado en Chile y el rechazo del presidente Salvador Allende de entregar armas a los trabajadores chilenos ubicados en los cordones industriales, Castro habría propuesto tomar la iniciativa y eliminar físicamente de forma preventiva a oficiales de las Fuerzas Armadas de Chile en posiciones clave de mando y comunicaciones. Sin embargo, la propuesta sería desechada por Castro, ante la negativa de Allende.
Juan Vivés declasificó secretos de la inteligencia cubana en su libro «El Magnífico» en donde detalla que era «uno de los secretos mejor guardados del comunismo cubano».
Por otra parte, el ex guerrillero cubano Jorge Masetti a través de la siguiente declaración confirma todo lo que menciona Domingo Amuchástegui y Juan Vivés
La existencia de un «Plan Z» fue utilizada como una de las justificaciones del Golpe de Estado, y jugó un papel determinante en la radicalización de los militares y civiles partidarios de la dictadura militar, que temiendo ser víctimas de crímenes alevosos por los izquierdistas, impusieron la lógica de "ellos o nosotros"("ellos" nos iban a matar, pero "nosotros" nos adelantamos y le dimos el trato que nos tenían preparado).
Según el Libro blanco, el Plan Z fue entregado a los máximos dirigentes de la Unidad Popular el 25 de agosto de 1973. Sobre quienes elaboraron Zeta, se especulaba en su origen que fueron:
El Libro blanco, en su capítulo dos, reproduce los supuestos documentos que figuraban en el Plan Z: seis hojas tamaño oficio, mecanografiadas a espacio doble, las cuales tienen un extenso número 2 cubriendo toda la página, sin dificultar su lectura. Esta sería una medida de seguridad para reconocer alguna posible copia o filtración.
El documento está organizado en tres etapas del "Plan de movilización y operaciones para un golpe de estado", las que se aplicarían en los siguientes casos:
El primer paso de "Zeta", independiente de los motivos que provocaran su puesta en marcha, consistía en la eliminación física de los altos mandos militares nacionales, provinciales y jefes de unidades de las "fuerzas enemigas". Los comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, serían asesinados en La Moneda por miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales, escolta de seguridad de Allende), durante el almuerzo oficial que ofrecería el gobierno con motivo del "Día de las Glorias del Ejército"; en este, Allende declararía que tiene una llamada urgente saliendo de la Sala del Comedor en La Moneda, llegando los miembros del GAP y asesinando a los comensales. Simultáneamente, extremistas vestidos con uniformes militares, matarían a todos los oficiales en el Parque Cousiño, donde estarían formados para participar en la Parada Militar. "Las unidades militares descabezadas serán rápidamente controladas por los elementos leales que hemos logrado infiltrar en sus organizaciones".
Posteriormente, se tomaría control de los cuarteles y naves de guerra por parte de células paramilitares identificados como NPE-3Z. Se cortarían las carreteras para evitar la comunicación terrestre entre las ciudades y se sabotearían las líneas férreas y aeropuertos. Se hostilizaría con guerrilleros a las tropas regulares del ejército en desplazamiento; a su paso, las atacarían bandas de mineros, campesinos, etc. Los planes anexos consistían en la eliminación física de civiles opositores al gobierno de Allende. La destrucción de edificios como la sede de la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el diario "El Mercurio" y locales políticos opositores. La inmovilización de barrios identificados con la derecha chilena, para su posterior exilio o ejecución, junto a la puesta en marcha de sistemas de seguridad para la protección de Allende y dirigentes nacionales de la Unidad Popular.
Luego del Golpe de estado que derrocó a Allende, la Junta Militar enfrentó una serie de críticas internacionales. Las imágenes de La Moneda ardiendo y los arrestos masivos, han fijado la imagen de la Junta. En esas circunstancias, el general Augusto Pinochet señaló a la prensa la existencia del Plan Zeta.
Según la investigación del periodista Francisco Herreros, la existencia de este supuesto plan fue revelada el 17 de septiembre de 1973, mediante su filtración por parte del servicio de inteligencia de la Armada a Julio Arroyo Kuhn, corresponsal en Concepción de los diarios El Mercurio y Las Últimas Noticias. La noticia fue difundida en dichos medios de comunicación social.
El primer anuncio oficial lo realizó el coronel Pedro Ewing Hodar, el 22 de septiembre de 1973, al denunciar el hallazgo en la caja fuerte del subsecretario del Interior Daniel Vergara, los documentos de la Unidad Popular que revelaban detalles de un golpe de estado. Estos documentos fueron publicados el 30 de octubre por la Secretaría General de Gobierno, durante el dictadura militar, como parte del "Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile" preparado por el historiador Gonzalo Vial Correa con la estrecha supervisión del almirante Patricio Carvajal.
Una seguidilla de informaciones periodísticas sobre arsenales y escuelas de guerrillas, eventualmente lo "avalaron": «Comunistas y socialistas serían los ejecutores: 600 familias iban a ser asesinadas en Concepción»; «Marxistas Proyectaban la Destrucción de Limache»; «Planes Siniestros Alentaban Marxistas en Zona Salitrera»; «Otra Escuela de Guerrillas se Descubrió en Nueva Imperial».
A los miembros de la Junta les indignan las versiones sobre la situación del país en el extranjero. En pocos días, las imágenes de la Moneda ardiendo quedan en el subconsciente colectivo mundial. Pero los militares deciden contraatacar. El 30 de octubre de 1973, en una ceremonia oficial, el coronel Pedro Ewing Hodar, el nuevo secretario general de Gobierno, presentará el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, que en los planes iniciales se enviará a líderes de opinión de todo el mundo. Pero todavía no estaba escrito.
Ninguno de sus autores, reconoce su participación. La excepción es el historiador Gonzalo Vial Correa, quien en 11 de septiembre de 1973 dirigía la revista Qué Pasa. Sede opositora dura a Allende, era del Grupo Portada, una empresa formada a fines de los 60 de propiedad, entre otros, de los economistas Emilio Sanfuentes y Pablo Baraona. Creada en 1971, la integraban también los abogados Cristián Zegers, Jaime Martínez y Hermógenes Pérez de Arce. La versión que ha dado Vial es que él, a través de intermediarios, planteó a la junta la necesidad de escribir un libro blanco para explicar los motivos del Golpe militar. Hoy se sabe que quien recibió el ofrecimiento fue el almirante Patricio Carvajal, pieza central del golpe y primer ministro de Defensa del régimen. Vial comenzó a trabajar, y lo hizo con sus hombres del Grupo Portada. Todos ellos, afirma Pérez de Arce, «pueden considerarse coautores» del texto.
El texto fue monitoreado desde la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). En la Oficina de Planificación había sido nombrado Roberto Kelly, exoficial de la Armada y uno de los hombres que había planificado con Merino el golpe. Vial pidió que le entregaran documentos secretos de la UP, que habían ido surgiendo de La Moneda y la Casa presidencial de Tomás Moro, así como de allanamientos. Su afán era, según ha dicho en privado, que el libro tuviese una cuota de novedad que lo volviera más interesante. En esas gestiones surge hoy un nombre nuevo: José Radic Prado, excapitán de la Armada, amigo de Kelly. El personaje, que años después sería nombrado subsecretario de Pesca, ocupaba el cargo de jefe administrativo de Odeplán. Pero su rol principal era, más que eso, servir de "enlace" entre los militares y los editores de Qué Pasa. Para obtener los papeles, Radic contaba con una orden firmada por Carvajal. Hoy, con 80 años, recuerda haber conseguido documentos en unidades militares, la CORFO, y el Banco Central. Uno de los documentos era una carta de Fidel Castro a Allende, que luego entraría en el libro "Pedía los documentos y se los enseñaba a Gonzalo Vial, que trabajaba mucho en su casa, recuerda.
Vial, que también concurría a Odeplán a hablar con Radic y consultar los papeles almacenados en una oficina, trabajaba con varios colaboradores. Uno de ellos era Fernando Bravo Valdivieso, abogado asesor de El Mercurio y cercano a Hernán Cubillos. Cada capítulo terminado caía en manos de Radic, quien se los mostraba al almirante Carvajal. Este pedía correcciones, antes de autorizar su publicación.
El 22 de septiembre de 1973, el coronel Ewing llamó a los periodistas al Ministerio de Defensa. Junto al secretario de Prensa de la junta, Federico Willoughby-MacDonald, anunció el hallazgo del Plan Z (este posteriormente denunciaría su falsedad). Se trataba de un documento encontrado en la oficina del subsecretario del Interior de Allende, Daniel Vergara. Era un plan que buscaba llevar a cabo un contragolpe el 19 de septiembre, el día de la Parada Militar. La operación, según los uniformados, contemplaba eliminar a los comandantes en jefe de las FF.AA., así como a una veintena de líderes de la oposición. El objetivo, decía Willougby-MacDonald, era "desatar la guerra civil". Pero la prensa no publicó los documentos ni las nóminas.
La existencia del documento, sin embargo, llegó a oídos de Vial. El historiador ha dicho en privado, para desmentir que el Plan Z fuese una pieza de propaganda falsa, que él y sus colaboradores tuvieron que insistir ante Radic para conseguir la autorización de publicarlo. Lo cierto es que los autores del Libro Blanco no consiguieron su objetivo: en la versión final del texto, sólo podrán narrar someramente los detalles del Plan Z.
Los documentos con los "comandos", así como las supuestas nóminas de personas a ser asesinadas, nunca se publicaron, ni tampoco se conoció el resultado de una investigación al respecto. Eso ha hecho que muchos duden no sólo de la posibilidad de que alguien fuese a efectuar una operación de esas características, sino también de la existencia misma de los documentos.
Quienes aprobaron el derrocamiento de Allende, se basaban en su creencia en la existencia de grupos combatientes de extrema izquierda que pretendían llevar el país a una dictadura comunista. Así algunos dirigentes de la Democracia Cristiana, como Patricio Aylwin en una entrevista señalaron:
Quienes rechazan las denuncias del Libro blanco, señalan en que este incurre en muchas contradicciones:
La CIA recibió también información sobre el "Plan Z", supuestamente elaborado por la coalición de la Unidad Popular de Allende a fines del Gobierno de éste para asesinar a figuras importantes del medio político y militar opuestas a su agenda de izquierda. Cuando afloraron por primera vez las alegaciones de la existencia del "Plan Z", la CIA señaló que probablemente, la versión que analizaron, se trataba de una desinformación manipulada por la Junta para mejorar su imageny ofrecer una justificación de sus actividades. Las acusaciones de que los informes sobre el "Plan Z" formaban parte de una operación conjunta entre la CIA y Chile no son ciertas, si bien oficiales del ejército con quienes la CIA tenía contacto antes del golpe de 1973 participaron en la redacción del "Libro Blanco", en el que las alegaciones de la existencia del "Plan Z" constituían una pieza central.
El telón de fondo histórico arroja una importante luz sobre las políticas, las prácticas y lo que se percibía como la urgencia principal en aquel entonces. La revolución cubana y el afloramiento de los partidos comunistas en América Latina había traído la Guerra Fría al Hemisferio Occidental. Miles de oficiales del ejército chileno vinieron a los Estados Unidos para entrenarse, lo que incluyó presentaciones acerca del impacto del comunismo mundial en su propio país. Después de que Allende obtuviera la mayoría simple en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, existía el consenso en los más altos niveles del Gobierno de los Estados Unidos de que una presidencia de Allende dañaría gravemente los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Los esfuerzos de los Estados Unidos en apoyo de las fuerzas anticomunistas en Chile se remontan a finales de los años 50 y reflejan la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por extender su influencia en el Tercer Mundo. La creciente fuerza de la izquierda chilena, junto con la continua fragmentación de las fuerzas políticas moderadas y conservadoras, aumentaron la preocupación en los Estados Unidos a lo largo de los años 60 y 70, queriendo evitar la emergencia de "otra cuba" en el Hemisferio Occidental. Según el Informe de la Comisión Church, en su reunión con el director de la CIA, Richard Helms, y el fiscal general, John Mitchell, del 15 de septiembre de 1970, el presidente Nixon y su consejero en Seguridad Nacional, Henry Kissinger, ordenaron a la CIA impedir que Allende se hiciera con el poder. "No les preocupaban los riesgos que esto entrañaba", según las notas de Helms. Además de la acción política, Nixon y Kissinger, según dichas notas, ordenaron medidas para "hacer crujir la economía". Estas actitudes propias de la Guerra Fría persistieron durante la era Pinochet. Después de que Pinochet llegara al poder, determinados políticos de alto nivel se mostraron reticentes a criticar las violaciones a los derechos humanos, llamando al orden a los diplomáticos estadounidenses que instaban a dedicar mayor atención al problema. La ayuda y ventas militares de los Estados Unidos aumentaron significativamente durante los años de mayores abusos de los derechos humanos. Según un Memorándum de Conversación previamente desclasificado, Kissinger, en junio de 1976, indicó a Pinochet que el Gobierno de los Estados Unidos era afable a su régimen, si bien Kissinger recomendó que hubiera cierto progreso en el asunto de los derechos humanos para mejorar la imagen de Chile en el Congreso de los Estados Unidos.
En respuesta a la Sección 311 de la Ley de Autorización en Materia de Inteligencia («Intelligence Authorization Act», en inglés) para el Año Fiscal 2000 (de aquí en adelante «Enmienda Hinchey»), la Comunidad de Inteligencia (CI), dirigida por el Consejo Nacional de Inteligencia, revisó una serie de archivos relevantes de la CIA de ese período, básicamente a partir de recientes búsquedas documentales; estudió gran número de informes del Congreso concernientes a las actividades en Chile en los años 60 y 70; leyó las memorias de figuras clave, incluidas las de Richard Nixon y Henry Kissinger; revisó el archivo histórico oral de la CIA que se encuentra en el Centro de Estudios de Inteligencia; y, consultó con funcionarios de inteligencia en retiro que estuvieron directamente involucrados.
Los informes de Estados Unidos desclasificados sobre la represión en Chile desmienten la versión oficial presentada como el principal argumento por parte de los militares para justificar el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende, en 1973.
Según algunos de esos documentos secretos, nunca habría existido un denominado Plan Zeta, por el que militantes armados de izquierda habrían pretendido tomar el poder y acabar con las instituciones democráticas.
Así lo informó el diario La Nación, basándose en el análisis de los documentos de los archivos secretos de Estados Unidos entregados en Santiago y Washington por veinte funcionarios de la Cancillería de Chile.
El supuesto Plan Zeta era una operación militar de partidarios de la Unidad Popular -la coalición que sostenía a Allende- que pretendía instaurar una dictadura de izquierda con apoyo de la guerrilla internacional, según afirmaban los militares que acompañaron a Augusto Pinochet en su golpe, el 11 de septiembre de 1973.La operación también preveía el ingreso ilegal de armas al país para apoyar a la guerrilla con la intención deliberada de sumir a Chile en el caos.
Tras el golpe de septiembre de 1973, la CIA suspendió la financiación para nuevas operaciones encubiertas pero continuó con algunos proyectos de propaganda ya en marcha, incluyendo ayuda para los medios de comunicación comprometidos con generar una imagen positiva de la Junta Militar. Individuos chilenos que habían colaborado con la CIA pero que no actuaban bajo la dirección de la misma contribuyeron a la preparación del "Libro Blanco", un documento con el que se buscaba justificar el derrocamiento de Allende. Contenía la alegación de que los militantes de izquierdas tenían un plan secreto, el "Plan Z", para asesinar al alto mando en los meses anteriores al golpe, cosa que la CIA creyó ser probablemente una desinformación proveniente de la Junta.
Sin embargo, posteriormente agentes de la Inteligencia cubana confirmarían la existencia de estos planes, como es el caso de Domingo Amuchástegui y Juan Vivés declasificando uno de los secretos mejores guardados por el Estado cubano.
Todos los planes Zeta del mundo han sido elaborados por las inteligencias navales de los países de origen.
El Plan Z de la Alemania nazi fue el rearme naval de Adolf Hitler, y fue la pesadilla de la Oficina de Inteligencia Naval en los 1930s y 40.
Las armadas con doctrina naval angloamericana dentro de las cuales se cuentan la chilena y la argentina usan la referencia Plan Z para actividades cubiertas como la misión secreta naval argentina a la Antártida o la operación naval japonesa de ataque a Pearl Harbor, también de Inteligencia Naval se llamó Plan Zeta Frente a la antigua doctrina naval japonesa consistente en atraer a la flota norteamericana hacia el Japón desangrándola mediante ataques submarinos para luego batirla y destruirla con los acorazados, Yamamoto, que creía en la eficacia de los portaaviones como arma ofensiva, planeó atacar y destruir la flota del Pacífico en su propia base mediante un ataque basado en los portaaviones. Venciendo las resistencias del Estado Mayor, Yamamoto diseñó y ejecutó el denominado "Plan Z", que se llevó con gran secreto. Los pilotos de los portaaviones ensayaron el lanzamiento de torpedos en aguas poco profundas y los bombarderos en picado mejoraron su precisión en una bahía similar a la de Pearl Harbour.
El caso más interesante que se estudia es el intento de ataque japonés por el Pacífico central. En él contemplaba el ataque a los altos mandos aliados en el Pacífico por medio de ataques comandos para descabezar su Alto Mando y posteriormente atacar. En esos momentos el futuro Almirante José Toribio Merino estaba embarcado en el USS Corritore según sus memorias.
En entrevista al historiador Gonzalo Vial Correa (uno de los creadores del Libro Blanco y funcionario de la Dictadura militar) , este afirma la existencia de tal documento.:
El Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile fue editado tras el golpe de Estado de 1973 por la Secretaría General de Gobierno. En este libro se denunciaba la supuesta existencia del denominado «Plan Zeta», un plan para llevar a cabo un autogolpe, por parte del gobierno de Salvador Allende. Una de las etapas del plan era asesinar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y sus familiares.
El 30 de octubre de 1973, en una ceremonia oficial, el coronel Pedro Ewing Hodar, secretario general de Gobierno, presentó el Libro Blanco, el cual fue preparado por el historiador Gonzalo Vial Correa con la estrecha supervisión del almirante Patricio Carvajal.
En entrevista al 2.º Jefe del Aparato Militar del PS Renato Moreau en Documental de Televisión Nacional de Chile año 2003 "Cuando Chile Cambio de Golpe", si bien comienza señalando la falsedad del plan Z, posteriormente en el desarrollo de dicha entrevista, reconoce que el Plan Z fue construido a partir de documentos originales del PS y que la rúbrica y códigos encriptados de tales documentos son propios de su repartición paramilitar. La inteligencia naval habría utilizado estos documentos como fuentes para reconstruir el Plan Z.
En una entrevista realizada por la televisión alemana a Domingo Amuchástegui, este afirma haber diseñado el Plan Z, como una violenta estrategia preventiva ante la posibilidad de un golpe de estado fascista. Según la entrevista, el plan habría sido enviado por Fidel Castro a Salvador Allende, pero este lo habría rechazado. Esta declaración contradice los informes de CIA y la declaración de Federico Willoughby-MacDonald que acusaban a los militares chilenos de haber confeccionado el plan, y confirma lo declarado por el exagente cubano Juan Vives.
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