El Next Generation EU (NGEU) es el fondo masivo de recuperación de la Unión Europea (UE) de 750 mil millones € (en precios constantes de 2018) acordado el 21 de julio de 2020 por el Consejo Europeo, después de que cuatro días de negociación, para apoyar a los Estados miembros de la Unión golpeados por la pandemia de COVID-19. El fondo NGEU se extiende a los años 2021–2023 y está ligado al presupuesto de la UE de 2021-2027 (MFF). Los paquetes comprensivos del NGEU y MFF alcanzará el tamaño de 1824,3 miliardos de €.
El acuerdo NGEU es algo sin precedentes en la historia de la UE, ya que la misma emitirá vínculos o bonos soberanos europeos para asignar subvenciones y préstamos a sus Estados miembros, pagándolos mediante la generación de recursos propios, a través de los impuestos directos, lo que se considera el primer paso hacia una integración fiscal en Europa.
En marzo de 2020, el gobierno italiano criticó la supuesta falta de solidaridad de la UE con Italia. Italia solicitó al mecanismo de Protección civil de la Unión Europea (UE) el envío de ayudas, pero hasta el 11 de marzo de 2020 ningún país europeo había respondido. El Representante Permanente de Italia ante la Unión Europea, Maurizio Massari, escribió: "desafortunadamente, ni un solo país de la EU ha respondido a la solicitud." Inicialmente Francia y Alemania prohibieron la exportación de mascarillas y otros suministros, por lo que se recibió ayuda en Italia desde China, Rusia y Cuba antes que de Europa. Sin embargo, ese mismo mes, los hospitales alemanes comenzaron a atender a pacientes italianos y franceses con COVID-19, y en abril el gobierno alemán asumió por su cuenta el tratamiento médico de pacientes europeos que necesitaban asistencia respiratoria y que se encontraban internados en sus hospitales. El costo de los servicios sanitarios a estos pacientes alcanzaría inialmente cerca de 20 millones de euros, indicó el ministro de Salud de Alemania.
Por otra parte, aunque el 7 de marzo algunos políticos europeos, como Marine Le Pen de Francia, habían pedido que se cerraran temporalmente las fronteras internas de la Unión Europea, la comisión para el 13 de marzo seguía rechazando la idea de suspender la zona de libre circulación del espacio Schengen e introducir controles fronterizos con Italia. El 9 de marzo, el primer ministro checo, Andrej Babiš, declaró que "los países europeos no pueden prohibir la entrada de ciudadanos italianos al espacio Schengen. La única forma posible es que el primer ministro italiano pida a sus conciudadanos que se abstengan de viajar a otros países del Unión Europea".
A partir de finales del primer trimestre de 2020, varios de los Estados miembros de la Unión se confrontaron a la crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19. El impacto mediático generado por la situación, precipitó a los gobiernos nacionales y a las instituciones europeas a una situación sin precedentes, que en marzo, llevó a que los Estados miembros aceptaran la recomendación emitida por la Comisión Von der Leyen sobre lo que deberían hacer para restringir la entrada en el territorio a los residentes extracomunitarios. Casi al mismo tiempo, la Comisión lanzó su primera reserva de material médico con el fin de repartirlo a los Estados de la Unión más afectados por la pandemia.
En abril se sucedieron numerosas acciones políticas en respuesta a la crisis. En primer lugar reaccionó el Banco Central Europeo (BCE) con un programa de compra de títulos para evitar el colapso de los mercados de deuda, lo que contribuyó a estabilizar la situación financiera. Entonces, tras ser aprobada por primera vez la denominada “cláusula general de salvaguarda” prevista para escenarios de graves crisis generalizadas que afecten a la eurozona, la Comisión pudo levantar los límites que fijaba el pacto de estabilidad y crecimiento. De esta forma se autorizó a los gobiernos nacionales a inyectar en la economía tanto dinero “como fuese necesario”. A dicha flexibilización se añadieron también los cambios en la autorización de ayudas públicas, ya que la normativa permitió otorgar hasta 800.000 euros por compañía en forma de subvención directa o ventajas fiscales. De manera complementaria, el Eurogrupo logró un acuerdo la segunda semana de abril que estableció los detalles de la primera red de seguridad comunitaria contra los efectos de la pandemia.
Pero el anuncio más destacado llegó el 18 de mayo de 2020, cuando en una rueda de prensa Merkel y Macron presentaron un plan para la UE en el marco de la crisis de la pandemia. Este impulso se integró con varias acciones institucionales de las semanas anteriores, y sirvió de base al plan recuperación económica (Next Generation EU) presentado por Von der Leyen la semana siguiente. Empero, el anuncio conjunto de Merkel y Macron fue impulsado por un fallo del Tribunal Constitucional de Alemania, que días antes había puesto en duda la independencia del Banco Central Europeo (BCE) para mantener a flote las economías de los miembros más vulnerables de la organización, así como la gobernabilidad de la UE. Hasta entonces, Merkel —quien ocho años antes, en el punto más álgido de la crisis del euro, aseguró que no habría eurobonos “mientras yo viva”— se había opuesto a la propuesta de Macron para crear un fondo que obligaría a los 27 a aumentar la deuda de forma conjunta.
En diciembre de 2020, la vacuna Tozinameran contra COVID-19 logró la autorización de comercialización en la UE. BioNTech, el laboratorio al origen de la vacuna, había recibido más de 9 millones de euros de financiación de la UE para la investigación durante la década precedente. Además, en junio fue beneficiario de un préstamo de 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), respaldado por la UE. Esto ayudó al laboratorio alemán a ampliar sus capacidades de fabricación y a suministrar la vacuna a nivel mundial.
En el plano internacional, durante el mes de mayo la Comisión lanzó la "Respuesta mundial al coronavirus", una acción que “persigue el acceso universal a vacunas, tratamientos y tests de coronavirus asequibles”. En la primera jornada del evento quedó cubierto el objetivo monetario de 7400 millones de euros, más de la mitad de los cuales procedían de la UE y sus Estados miembros. Este “maratón mundial de donantes”, dio paso al lanzamiento de una campaña denominada Global Goal: Unite for our Future que culminó el 27 de junio con una cumbre mundial de donantes, presidida por Von der Leyen, que recaudo 6.150 millones de euros.
El fondo único de recuperación NGEU, creado finalmente en la Cumbre Europea de julio de 2020, pretende reparar al menos una parte de los daños causados por la pandemia del COVID-19, al tiempo que apoya los objetivos ecológicos y digitales de la Unión a largo plazo.
El NGEU está limitado en el tiempo: el 70 % de las subvenciones proporcionadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) se comprometerán en los años 2021 y 2022. El 30 % restante se comprometerá en 2023. Las claves de asignación para los años 2021-2022 son la tasa de desempleo y para el 2023 la pérdida acumulada del Producto interno bruto real observada durante el periodo 2020-2022.
El dinero prestado en nombre de la UE se destinará a 390.000 millones de euros en subvenciones de ayuda y 360.000 millones de euros en préstamos de mayor duración, y se devolverá en 2028-2058. El paquete parece grande, pero tendrá un efecto fiscal neto en toda la eurozona de apenas un 1 % anual. Se destinarán 672.500 millones de euros al programa de reconstrucción de la UE tras la crisis de 19 años como instrumento principal, y los 77.550 millones restantes a través de los programas existentes de la UE.
Se destinan 5 miliardos de € para contrarrestar los efectos imprevistos de la salida del Reino Unido de la UE (Brexit) en los Estados miembros de la Unión.
Se aplicará un objetivo climático global del 30 % al importe total de los gastos del MFP y del NGEU, en cumplimiento del Acuerdo Climático de París y en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, la iniciativa emblemática para hacer frente a la emergencia climática
El NGEU es un impulso a una política fiscal europea unificada. La UE buscará fuentes de ingresos directos. Como primer paso, a partir de 2021 se introducirá un nuevo recurso propio basado en los residuos de envases de plástico no reciclados. En los años siguientes se prevé la utilización de recursos propios adicionales para el reembolso de los préstamos de la NGEU..
Con la salida del Reino Unido de la UE, también se esperaba que se eliminara la ventaja de los descuentos nacionales en la UE. Pero en lugar de esto, el acuerdo presupuestario ofrece a Alemania y a los llamados “Cuatro Frugales” (Dinamarca, Países Bajos, Austria y Suecia), reembolsos aún mayores, en total 53.200 millones de euros para el período presupuestario 2021-2027, financiados por todos los Estados miembros de la Unión en función de su Renta Nacional Bruta (RNB).
El NGEU menciona la importancia del Estado de Derecho, pero sigue siendo vago o impreciso. Se evita cualquier condicionalidad relativa a los gobiernos de Polonia y Hungría, señalados de incumplir reiteradamente el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.
Para recibir apoyo del FRR, los Estados miembros de la Unión -evaluados técnicamente por la Comisión Europea- deben presentar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PRR), que incluyan objetivos, hitos y costes estimados. Finalmente, el Consejo Europeo aprobará políticamente las propuestas por mayoría cualificada.
El PRR debe describir la forma en que cada Estado miembro pretende utilizar estas inversiones para contribuir a las prioridades verdes y digitales previstas por la Comisión. Para ello, se han fijado dos objetivos: El 37 % del gasto debe canalizarse hacia las acciones verdes y el 21% hacia las digitales. Los Estados miembros deben cumplir el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050.
La fecha límite para la presentación de los planes de recuperación y resiliencia es el 30 de abril de 2021. Se anima a los Estados miembros a presentar un anteproyecto de plan a partir del 15 de octubre de 2020.
La Secretaría General de Fondos Europeos se creó el 31 de diciembre de 2020, siendo una de las últimas reformas de la Administración General del Estado de dicho año. Durante todo ese año, se aprobaron numerosas medidas y reformas tanto de ámbito sanitario como económico y, en concreto, en el ámbito presupuestario supranacional se aprobó por parte de la Unión Europea el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para dar respuesta a la pandemia y, en el ámbito nacional, los presupuestos generales del Estado para 2021.
Estas importantes medidas conllevaban enormes movilizaciones de recursos económicos, lo provocó que se aprobase el Real decreto-ley 36/2020 con medidas urgentes para reformar la Administración Pública, en concreto, creando órganos y planes para la ejecución de los fondos europeos previstos en dicho Mecanismo para España. Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reformó el Departamento de Hacienda creando este nuevo órgano directivo con rango de subsecretaría con el objetivo de «que la persona titular de la misma cuente con el rango jerárquico adecuado para llevar a cabo una mejor interlocución con las Instituciones europeas y pueda coordinar adecuadamente las actuaciones que en esta materia se implementen con el resto de departamentos ministeriales».
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