Monarquía Hispánica, históricamente denominada Monarquía Católica o Monarquía de España, se refiere al conjunto de territorios con sus propias estructuras institucionales y ordenamientos jurídicos, diferentes y particulares, y que se hallaban gobernados por igual por el mismo soberano, el rey de España, a través de un régimen polisinodial de Consejos. El monarca español actuaba como rey —o en su caso con el correspondiente título—, según la constitución política de cada reino, estado o señorío, y por tanto, su poder formal variaba de un territorio a otro, pero actuaba como monarca de forma unitaria sobre todos los territorios de la monarquía.
La Monarquía incluía las Coronas de Castilla —con Navarra y los territorios de Indias— y Aragón —con Sicilia, Nápoles, Cerdeña y el Estado de los Presidios—, Portugal y sus territorios ultramarinos entre 1580 y 1640, los territorios del Círculo de Borgoña excepto 1598-1621 —Franco Condado, Países Bajos, más aparte Charolais—, el Milanesado, el marquesado de Finale, las Indias Orientales Españolas y el África española.
Su extensión temporal es utilizada de forma diversa según la voluntad del autor que use la expresión: usualmente entre el comienzo del reinado conjunto de los Reyes Católicos en 1479 —también puede retrasarse su comienzo al inicio del reinado de Felipe II— y el final con los tratados de Utrecht y Baden (1713-1714) y los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), que produjeron una ruptura en el sistema implantando una mayor homogeneidad y centralización política, relegando el sistema polisinodial.
La Monarquía española nació en 1479 de la unión dinástica de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón por el matrimonio de sus respectivos soberanos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos. Desde entonces la monarquía católica, como fue conocida después de la bula papal de Alejandro VI de 1494, fue agregando diversos "Reinos, Estados y Señoríos" en la península ibérica, en el resto de Europa y en América hasta convertirse bajo los reyes de la Casa de Austria en la Monarquía más poderosa de su tiempo. En 1580 Felipe II incorporó a la Monarquía el reino de Portugal con lo que toda España —en una de las acepciones que adquiría este término entonces, aunque era también común, desde los Reyes Católicos, la identificación de España con las coronas de Aragón y Castilla— quedó bajo la soberanía de un único monarca. Como advirtió Francisco de Quevedo en España defendida, obra publicada en 1609, «propiamente España se compone de tres coronas: de Castilla, Aragón y Portugal».
En cuanto a su estructura, la Monarquía hispánica era una monarquía compuesta en la que los "Reinos, Estados y Señoríos" que la integraban estaban unidos según la fórmula aeque principaliter (o 'unión diferenciada'), "bajo la cual los reinos constituyentes continuaban después de su unión siendo tratados como entidades distintas, de modo que conservaban sus propias leyes, fueros y privilegios. «Los reinos se han de regir, y gobernar —escribe Solórzano— como si el rey que los tiene juntos, lo fuera solamente de cada uno de ellos» [...] En todos estos territorios se esperaba que el rey, y de hecho se le imponía como obligación, que mantuviese el estatus e identidad distintivos de cada uno de ellos". El respeto de las jurisdicciones territoriales no impidió un refuerzo de la autoridad y poder regio del monarca en cada reino en particular. A pesar del respeto y autonomía jurisdiccional, existía una política o directriz común que había de obedecerse encarnada por la diplomacia y la defensa, y en la que la Corona de Castilla ocupaba la posición central y preeminente sobre los demás.
Desde época de los Reyes Católicos se renovó un sentimiento de restaurar la Hispania romana o visigoda, que los reyes de León habían evocado con el título de Imperator totius Hispaniae, y los mismos reyes hicieron difusión de la recuperación de la antigua Hispania bajo el mismo monarca:
La elección imperial de Carlos V supuso un cambio de orientación política, para liderar un Imperio universal cristiano, basado en establecer relaciones pacíficas entre la Cristiandad para guerrear contra el infiel, de lo que resultó la imposibilidad de crear un sistema de gobierno para el conjunto de sus territorios patrimoniales heredados; de esta manera, cada territorio mantuvo su administración particular ante las ausencias de su soberano. En España, a su regreso en 1522, llevó a cabo una reforma e implementación del sistema polisinodial vigente. Entre 1555 y 1556, Carlos I abdicó los territorios patrimoniales en su hijo Felipe II, pero este no regresó a España hasta 1559 hasta no resolver la cuestión de la guerra con Francia dejada pendiente por su padre. Desde entonces se impuso la política desde los intereses españoles que eran al fin y al cabo la base económica y humana para llevar a cabo los designios de la monarquía española, defensora de la fe católica.
El monarca de los reinos españoles pasó a serlo también en los Países Bajos, Borgoña e Italia, de forma que la monarquía hispánica se constituyó como una unión de distintas entidades políticas territoriales, no solo de la península ibérica, sino también de Europa y fuera de Europa, teniendo así un carácter supranacional, pero en la que no había unidad jurisdiccional, y por tanto, el monarca respetaba las distintas jurisdicciones particulares de sus respectivos territorios.
La Monarquía católica española quedó fundamentada pues, en su carácter confesional, supranacional, y que España, como ubicación de la corte, fuera el elemento central y primordial.
Felipe II estableció un gobierno y una capital permanentes, así como desarrolló el sistema polisinodial. Con lo que a pesar de que en España no hubiera unidad jurisdiccional en su constitución interna, sin embargo sí existía una cierta unidad política que englobaba a todo el conjunto de esos territorios, a través de un aparato institucional dependiente del monarca, con instituciones distintas y superiores a los reinos de la Monarquía, y que fueron el sistema polisinodial de Consejos, el valido, los secretarios y los embajadores:
Aunque no se realizó la unión jurídica, y en el interior de sus reinos los Reyes Católicos nunca usaron oficialmente el título de Reyes de España, desde el exterior se conoció a los Reyes Católicos como Reyes de España desde finales del siglo XV, como soberanos de una potencia internacional con una voz en el exterior, respaldada por un poder económico y militar.
La separación de la también hispánica Portugal en 1640 y la pérdida de los territorios europeos por el Tratado de Utrecht en 1714 terminó haciendo restringir el concepto de España, en el que ya no estaba incluido Portugal. Desde el siglo XVIII, con la dinastía Borbón, suele utilizarse el término España y Monarquía española con mucha mayor frecuencia. Constitución Política de la Monarquía española fue el nombre que se escogió para titular el texto de la Constitución de Cádiz de 1812.
En esta unión política de diversos reinos y territorios, unidos en torno al monarca, pero conservando sus respectivas entidades jurídicas se planteó el problema de la intitulación del soberano.
Los Reyes Católicos establecieron en la Concordia de Segovia el gobierno conjunto de Castilla, así como la titulación. La intitulación era la heredada de sus predecesores, con la salvedad que se estableció la titulación de ambos reyes de forma conjunta y alternándose los títulos castellanos y aragoneses. Esta intitulación muestra que Fernando e Isabel rechazaron fundir las dos coronas de Castilla y Aragón en una única corona de España, dado el régimen jurídico tan distinto entre ambas, especialmente en la Corona de Aragón, cuyos reinos eran contrarios a la pérdida de su identidad jurídica.
Hernando del Pulgar indica que en el Consejo real existían partidarios de que los Reyes Católicos adoptasen el título de Reyes de España, ya que ambos se habían convertido en reyes de casi toda España. Un poco anterior a Hernando de Pulgar, Rodrigo Sánchez de Arévalo indicaba que la legitimidad de rey de España correspondería a los reyes de Castilla, como directos descendientes de los visigodos, además que la corona de Castilla ocupaba la mayor parte de lo que era Hispania.
Pero esta titulación fue rechazada. José María Maravall lo atribuye a la conveniencia de no dificultar con ello las relaciones diplomáticas con la Corona de Portugal, en tanto en cuanto la denominación de España englobaba también a Portugal, denominación que aún tenía vigencia incluso en época de la Guerra de Sucesión, cuando el monarca portugués entró a favor del archiduque Carlos. El historiador Joseph Perez, sin dejar de manifestar la improcedencia de utilizar, de manera formal, el título Rey de España, no contraviene en expresar la identificación común que en aquellos tiempos se hacía de España, y de la monarquía española, con la doble corona de Castilla-Aragón, en contraposición a Portugal. Así mismo, Perez indica que ya desde los Reyes Católicos, en el extranjero, se utilizaba el término España en relación con la unión de las Coronas de Castilla y Aragón.
En los Tratados publicados en la gazeta de Madrid, nacida a mediados del siglo XVII, es fácil encontrar la utilización del título Rey de España, así como una distinción del concepto de España con respecto a Portugal
La fórmula de la intitulación diplomática se fijó de forma más estable a partir de 1555-1556, tras las abdicaciones de Carlos V, que dejaban a su hijo Felipe II todos sus territorios, que no habían sido cedidos anteriormente.
Estos títulos variaban de un territorio a otro, y sufrieron pocas variaciones: entre 1554-1558, Felipe II fue monarca de Inglaterra jure uxoris, de modo que incorporó los títulos de los monarcas ingleses; y entre 1580-1668, los monarcas españoles, añadieron los títulos portugueses, aunque desde la Restauração de 1640, ya no reinaban en Portugal. Por otra parte, entre los títulos se incluían aquellos que son de procedencia dinástica, heredados de sus antecesores, como rey de Jerusalén, duque de Atenas y Neopatria o archiduque de Austria.
En esta diversidad de jurisdicciones y de títulos, la denominación de las Españas es la expresión que refleja por un lado la pluralidad de reinos y territorios de España originada en la Edad Media tras la desaparición de la Hispania antigua, por otro lado manifestaba un ideal político de restaurar y unir esa Hispania tras la finalización de la Reconquista en época de los Reyes Católicos. Las menciones a la Hispania antigua se refieren no tanto a la Hispania romana, sino más bien a la Hispania visigoda, ya que la Hispania romana había pertenecido al Imperio romano, y no existía interés en resaltar dependencia alguna con el Sacro Imperio Romano Germánico, al cabo heredero del Imperio romano; mientras que la Hispania visigoda había sido un reino unido, independiente y cristiano, y en definitiva el objetivo de la restauración de Hispania.
En relación con esto, aparece la denominación en monedas y medallas como Hispaniarum rex (rey de las Españas), con formulaciones incluso más lapidarias y rimbombantes: Philippus II catholicus, Hispaniarum Rex et Indiarum Nouiq' Orbis Monarcha Potentissimus.
El título de Reyes Católicos fue concedido de forma personal a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón por Alejandro VI en la bula Si convenit, expedida el 19 de diciembre de 1496 y redactada tras un debate en el Colegio Cardenalicio (2 de diciembre, con el consejo directo de tres de los cardenales —Oliviero Carafa de Nápoles, Francesco Todeschini Piccolomini de Siena, y Jorge da Costa de Lisboa—) en el que por primera vez recibieron el nombre de rey y reina de las Españas y en el que se barajaron y descartaron otros posibles títulos (defensores o protectores), las razones que el texto de la bula invoca para la concesión del título son:
En la bula Pacificus et aeternum de 1 de abril de 1517, el papa León X concedió el mismo título de rey católico al rey Carlos I, con lo que se le legitimaba el título real asumido por Carlos de forma ilegal.
Pero después Carlos I asumió el título más importante de emperador, y cuando lo sucedió su hijo Felipe II este recuperó el título de rey católico, y sus sucesores también lo siguieron utilizando, ya que así se evitaban cometer un error de derecho, porque no existía jurídicamente un reino de España, así como evitar herir la identidad nacional de los súbditos de sus diferentes dominios. Tras la abdicación del emperador Carlos V, los territorios de su sucesor, Felipe II, abarcaban territorios en Europa, por tanto, esta monarquía no era estrictamente hispánica, en tanto que incluía otras naciones como las italianas o borgoñona. Así pues, la designación del soberano como monarca católico no procede únicamente del título otorgado a los Reyes Católicos, sino de también para identificar de una manera común y válida a todas las naciones que formaban parte de la misma Monarquía.
La denominación de «católico» responde a una emulación entre las distintas monarquías autoritarias que se estaban formando en Europa Occidental: los reyes de Francia ya utilizaban el título de «rey cristianísimo» (Francia era la fille ainée de l'Eglise, la «hija mayor de la Iglesia»). En 1521 Enrique VIII de Inglaterra obtuvo el de «defensor de la Fe» (Defensor Fidei), por un libro polémico contra Lutero, Assertio septem sacramentorum, escrito con el auxilio de Tomás Moro.
Otra vertiente del nombre es su contribución a la idealización del pasado imperial en el pensamiento reaccionario español, a partir del carlismo (que acaba haciéndose sinónimo de «tradicionalismo» y denomina su versión de la monarquía como «Monarquía tradicional» o «católica») y de la aportación esencial de Marcelino Menéndez y Pelayo a finales del siglo XIX. Esta tendencia se sustanciará en el programa político de la derecha durante la segunda república (CEDA, Falange) y contribuirá a la ideología nacionalcatólica del franquismo. Incluso Juan de Borbón, que podía considerarse la oposición monárquica al franquismo, unía los epítetos «tradicional» y «católica» a su ideal de monarquía liberal en su Manifiesto de Lausana de 1945.
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