La licitación, en términos empresariales, es el proceso reglado mediante el cual una organización da a conocer públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan, evalúa estas ofertas y selecciona una de ellas. Esta palabra también puede referirse a un proceso de subasta.
La Real Academia Española define licitación como «acción y efecto de licitar», y licitar como:
La licitación, a secas, es por tanto siempre pública y competitiva. Cuando en español se escribe "licitación pública" o "licitación pública competitiva", "pública" y "competitiva" son epítetos (adjetivos retóricos que no añaden información). Lo mismo cuando se escribe "proceso de licitación" (la palabra lleva implícito el sentido de proceso).
Asimismo en la Wikipedia en español el artículo Contratación pública está redirigido a Contrato público. Y tampoco son lo mismo. La contratación pública (que puede llevarse a cabo mediante licitación, pero también por otros medios, como la adjudicación directa), aunque finalmente se plasme en un contrato público, no es solo ese contrato, igual que estudiar una carrera universitaria no es solo el título que certifica haberla estudiado.
Concurso público es sinónimo de licitación. En cambio subasta pública suele referirse a un proceso en el que se adjudican bienes (por ejemplo, incautados judicialmente) al mejor postor.
Existe también la licitación restringida, en la que solo se invita a participar a determinadas empresas seleccionadas previamente, mientras que en la licitación a secas puede participar de entrada cualquier empresa, aunque, ya durante el proceso, pueden ser descartadas las que no cumplan los requisitos fijados. La diferencia es importante, porque la empresa que en una licitación se considere injustamente descartada puede recurrir ante los tribunales.
Por último, el carácter público (en su sentido de difusión general) de la licitación no quiere decir que solo el sector público pueda emplearla. Es un procedimiento usado corrientemente por grandes empresas privadas para contratar a otras firmas.
En inglés (idioma fundamental en las licitaciones, pues las más importantes suelen publicarse en él) call for bids (CFB), call for tenders (CFT), invitation to tender (ITT, a menudo acortado en tender o tendering, especialmente en inglés británico), request for tender (RFT), invitation for bid (IFB) y competitive bidding process (CBP) son sinónimos de licitación. La razón para esta proliferación se encuentra en la palabra inglesa bid, que se usa como sustantivo (oferta, puja) y como verbo (ofrecer, pujar), y es muy general. Por eso, cuando en inglés se quiere decir licitación, se restringe ese término general escribiendo alguno de los sinónimos anteriores. Pero la traducción al español de competitive bidding process no es proceso de licitación competitiva, sino simplemente licitación.
Para mayor dificultad, en la Wikipedia inglesa Tendering (licitación) está redirigido a Procurement (aprovisionamiento). Y no son lo mismo. La licitación es un método de aprovisionamiento reglado y público. Hay otros métodos de aprovisionamiento.
Existen asimismo las páginas Call for bids, Invitation for bid (está en discusión dejar solo la primera de estas dos y redirigir la segunda a la primera) y Request for tender (que debería seguir el mismo camino que Invitation for bid). La página de referencia es Call for bids, a la que esta página de Licitación está enlazada, pero que no es traducción de ella.
Del latín lĭcitatĭo, -ōnis ("subasta"), derivada a su vez del verbo licēre ("permitir").
Cada país tiene sus propias reglas de licitación, y a veces, según el objeto, o el monto, pueden ser distintas dentro del mismo país. Sin mencionar que una empresa privada puede también llevar a cabo una licitación perfectamente justa y transparente diseñando sus propias reglas. Pero en general se pueden distinguir las siguientes fases:
Debe destacarse que los pliegos de condiciones obligan tanto al convocante como a los oferentes: las empresas que se presentan deben cumplir las condiciones establecidas, pero el convocante no las puede cambiar durante la licitación (desde la convocatoria hasta la adjudicación) y está obligado a adjudicar el contrato a la empresa ganadora. No puede anular la licitación porque resulte ganadora una empresa que no es de su gusto, o porque no gane la que el convocante habría preferido.
Sí que puede anularse una licitación porque nadie se haya presentado, o ninguno de los presentados cumpla las condiciones establecidas. Ahora bien, si nadie se presenta, esto suele querer decir que el precio de salida (el fijado por el convocante, a partir del cual los oferentes presentan mayores o menores descuentos) era demasiado bajo, o las condiciones demasiado exigentes.
Asimismo, si un oferente comete un error (por ejemplo, presentar documentos fuera de plazo) esto le puede suponer quedarse fuera del proceso, que continúa. Pero si el convocante comete un error (por ejemplo, no respeta la normativa en cuanto al mínimo de días entre la difusión de la convocatoria y el fin del plazo de presentación de ofertas), esto puede suponer que toda la licitación se anule y deba comenzarse de nuevo desde cero. También puede ser causa de nulidad que quien elaboró los pliegos de condiciones no tenía competencia para ello.
Cada fase de la licitación puede ser objeto de fraude:
La OCDE ha publicado en español los Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas. Por su parte el Observatorio de la Contratación Pública propone un decálogo para prevenir la corrupción en las licitaciones. Entre el amplio número de recomendaciones se pueden citar las siguientes:
La función de los alertadores o denunciantes se considera clave en la lucha contra la corrupción. En Europa se puede destacar la página Digiwhist (del inglés whistleblower), o el Corruption Research Center de Budapest, que divulgan, elaboran tecnología y publican métodos para revelar riesgos de corrupción en los contratos públicos en 35 países.
En 2019 el G20 ha publicado su Compendio de buenas prácticas para promover la integridad y la transparencia en el desarrollo de infraestructuras. En él aboga por un enfoque integral para evitar la corrupción en las licitaciones: desde la definición inicial de las necesidades hasta el castigo a los corruptos, pasando por la valoración de las ofertas y la prevención del conflicto de interés. Da numerosos ejemplos de organismos y estructuras de diferentes países que se han mostrado eficaces contra el fraude.
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