La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también conocida como Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado interno en Colombia. Su presidente es el abogado Eduardo Cifuentes Muñoz, designado en noviembre de 2020 por el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, está vigente en Colombia desde marzo de 2017 cuando fue aprobado en el Senado y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016. Su competencia no puede superar los veinte años.
Su creación fue pactada en el marco de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP como sistema de rendición de cuentas con el objetivo principalmente de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer “en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos” para poner punto final a más de medio siglo de conflicto armado.
En este acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado que son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos, y que la transición del conflicto armado a la paz en Colombia se hará garantizando el derecho de las víctimas a la justicia.
Desde su creación, la JEP ha sido cuestionada por los casos que investiga relacionados con el conflicto armado con las FARC que incluyen presuntos crímenes de lesa humanidad, especialmente por el partido político de derecha Centro Democrático (presidido por el expresidente Álvaro Uribe), quien afirma que estos crímenes no deben ser objeto de amnistía y que la JEP "dará impunidad" a quienes cometieron crímenes atroces. También es cuestionada por algunos escándalos que involucran contratos sin cumplimiento de requisitos y sobornos a fiscales de la JEP para favorecer ciertos casos, por lo que Uribe propone derogar esta Jurisdicción Especial de Paz. Sin embargo, varios sectores políticos, sociales, civiles e incluso internacionales han rechazado las acaloradas críticas al tribunal, señalando que el ex presidente lo hace para garantizar su impunidad, pues consideran que en varios de los delitos que ahora estudia la JEP, lo incluyen como actor principal.
El acuerdo sobre la justicia transicional fue el resultado de largas discusiones entre el gobierno y los abogados de la guerrilla en La Habana y Bogotá en el marco de las negociaciones de los acuerdos de paz, que habían comenzado en julio trabajando bajo el ultimátum de Santos para alcanzar tal acuerdo en noviembre a más tardar. Ante un callejón sin salida en La Habana, los negociadores delegaron el trabajo a un grupo de seis respetados juristas: el abogado español Enrique Santiago, el político conservador Álvaro Leyva, el defensor de los derechos humanos Diego Martínez, el exjuez Manuel José Cepeda, el profesor Douglass Cassel y rector de la Universidad de Notre Dame y de la Universidad Externado de Colombia Juan Carlos Henao; los primeros tres seleccionados por las FARC-EP, los últimos tres por el gobierno.
Para septiembre, el equipo de seis tenía un texto listo para ser anunciado en La Habana. El 23 de septiembre de 2015 el gobierno de Colombia y las FARC-EP llegaron a un acuerdo histórico sobre justicia transicional denominado Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP Rodrigo Londoño viajaron a La Habana para el anuncio del acuerdo. La delegación presidencial incluyó al presidente del Congreso y senador Luis Fernando Velasco, al presidente de la Cámara de Representantes Alfredo Deluque, al senador y líder liberal Horacio Serpa, al senador Antonio Navarro Wolff (guerrillero desmovilizado del M-19) y al senador Iván Cepeda, así como Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda, ex jueces del Tribunal Constitucional que habían participado en la elaboración del acuerdo. La reunión terminó con un apretón de manos improvisado entre el presidente Santos y Timochenko, logrado por el presidente cubano, Raúl Castro. Simultáneamente con el acuerdo, el gobierno también anunció que se firmaría un acuerdo final dentro de los seis meses o antes del 23 de marzo de 2016.
El acuerdo del 23 de septiembre sobre justicia transicional fue considerado el más importante en el proceso de paz hasta la fecha, ya que resolvió uno de los temas más complicados mediante una fórmula satisfactoria tanto para la guerrilla como para el gobierno, combinando justicia restaurativa con sentencias alternativas para guerrilleros y agentes del Estado que han cometido crímenes de lesa humanidad con amnistía para los responsables de crímenes políticos. Con el acuerdo, el proceso de paz se consideró "irreversible".
El anuncio fue aclamado internacionalmente. El secretario de Estado, John Kerry, elogió efusivamente el acuerdo, y sus palabras fueron transmitidas por el jefe negociador de las FARC-EP, Iván Márquez. Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, "señaló con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías para crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la inmunidad para los crímenes más graves". Sin embargo, Human Rights Watch criticó el acuerdo y dijo que eximiría a los responsables de los peores abusos de pasar un solo día en la cárcel, opinión compartida por expresidente Álvaro Uribe. En Colombia, el anuncio fue recibido con cauto optimismo. Según una encuesta de Ipsos en octubre el optimismo en el proceso de paz aumentó del 29% al 46% desde julio, aunque la mayoría de los encuestados continuaron dudando del compromiso de las FARC-EP con la paz y oponiéndose a su participación política.
Tras la firma de los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016 el Acto Legislativo Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió en norma Constitucional tras aprobarse en el Senado el 14 de marzo de 2017 con 60 votos a favor y 2 en contra.
Los objetivos de la Jurisdicción son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón del mismo, en particular aquellos que constituyan graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.
Se trata de un sistema de rendición de cuentas que, además, tendrá la tarea de esclarecer y sancionar las conductas cometidas “en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos”. En el acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en medio de la guerra que “son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos”.
Según el Alto Comisionado para la Paz los objetivos de la JEP son:
La JEP estará integrada por Magistrados principalmente colombianos, sin perjuicio de una participación minoritaria de extranjeros, y estará compuesta por cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva:
La JEP se aplica a todos quienes habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, cometieron delitos en el contexto y en razón de este. En este sentido, la Jurisdicción se aplicará a:
Se denominan así a los casos prioritarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP):
Desde su conformación, la JEP ha sido cuestionada debido a los casos que investiga relacionados al conflicto armado y con las FARC-EP que incluyen presuntos delitos de lesa humanidad. Sobre todo por el partido de derecha Centro Democrático. Presidido por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y el presidente de la república, del mismo partido político, Iván Duque Márquez, quienes manifiestan que estos delitos no debieran ser amnistiables y la JEP lo que hará es "darle impunidad" a aquellos que cometieron delitos atroces. También es cuestionada por algunos escándalos que involucran contratos sin el cumplimiento de requisitos y sobornos a fiscales de la JEP para favorecer ciertos casos, por lo que Uribe propone derogar esta Jurisdicción Especial de Paz. Sin embargo, varios sectores políticos, sociales, civiles nacionales e internacionales, han rechazado las acaloradas críticas del expresidente al tribunal, señalando que el ahora senador lo hace con el fin de garantizar su impunidad, pues consideran que en varios de los delitos ahora estudiados por la JEP, lo incluyen a él como un actor principal .
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Jurisdicción Especial de Paz (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)