Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego
El Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego fue una institución pública desconcentrada creada en Argentina por el decreto 1880/2011 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del 17 de noviembre de 2011, publicado el 21 de ese mes en el Boletín oficial, que establecía como algunos de sus objetivos la reivindicación de las figuras históricas apoyadas por el revisionismo histórico en Argentina. El instituto fue cerrado en diciembre de 2015, por decisión del presidente Mauricio Macri.
Cada dos años, el instituto otorgaba los "premios José María Rosa" al historiador, ensayista o pensador argentino que más se haya destacado en la investigación, elaboración y divulgación de la historia revisionista nacional, y el "premio Jorge Abelardo Ramos" a quien se haya destacado, dentro de Iberoamérica en la historia revisionista del continente.
El decreto de creación dispone que la finalidad del Instituto será
Dicha institución, siguiendo los fundamentos de su creación, se abocará
En los considerandos del decreto se enumeran como los «mayores exponentes del ideario nacional, popular, federalista e iberoamericano» a
y dispone que el Instituto también estudiará la trayectoria de otros próceres iberoamericanos como
Son sus competencias, según lo estipulado en el decreto de creación,
b) La elaboración de publicaciones y organización de eventos culturales, viajes, seminarios, congresos, jornadas, reuniones académicas y de investigación científica, tanto en su sede como en establecimientos educacionales, civiles y centros de cultura del país.
c) La colaboración con las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales y con las instituciones de enseñanza oficiales y privadas, para enseñar los objetivos básicos que deben orientar la docencia para un mejor aprovechamiento y comprensión de las acciones y las personalidades de las que se ocupará el Instituto como, asimismo, el asesoramiento respecto de la fidelidad histórica en todo lo que se relacione con los asuntos de marras.
d) La creación de museos, archivos y registros documentales, biográficos, bibliográficos, iconográficos, numismáticos, filatélicos y similares, como así también, la realización de concursos y cursos literarios, históricos y musicales, entre otros, pudiendo otorgar distinciones y premios, dentro y fuera del país.
e) La administración de los premios creados en el artículo 2º de la presente medida.
f) La cooperación con autoridades, instituciones y personas respecto del contexto histórico y de la conservación y seguridad de los establecimientos, edificios, lugares históricos, obras de arte y demás elementos rescatados o que se recuperen en el futuro, vinculados con el objetivo del Instituto.
g) El estudio y registro de la toponimia y demás denominaciones relacionadas, como así también de todo lo referente a efigies, distintivos y emblemas.
h) La puesta en marcha de un banco de datos, archivo gráfico, biblioteca, hemeroteca, cinemateca y videoteca, sin invadir la jurisdicción de otras instituciones científicas o historiográficas.
i) La realización de estudios, investigaciones, cursos, conferencias, seminarios y publicaciones acerca de la participación de la mujer y los sectores populares en la vida política, económica, social, y cultural de nuestro país.
El mismo día de publicación del decreto el Instituto designó «presidenta honoraria» a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y le entregó una distinción que reafirmó tal decisión, una réplica en miniatura de uno de los cañones que libró la batalla de la Vuelta de Obligado.
La medida de Cristina Kirchner provocó desde su sanción una fuerte crítica de reconocidos historiadores, que cuestionaron por lo menos tres puntos de la iniciativa. Advierten con preocupación que la tarea estará a cargo de divulgadores de la historia y no de científicos reconocidos en la materia. Señalan además que se ignora aún si el objetivo real no será incorporar estos nuevos relatos históricos en los programas de las escuelas secundarias. Y alertan, en consecuencia, sobre la posibilidad de que esta operación impulsada por la Casa Rosada tenga como meta la instauración de un «pensamiento único» del pasado.
Los historiadores Mirta Zaida Lobato, Hilda Sábato y Juan Suriano emitieron un comunicado criticando la creación del instituto:
El historiador Luis Alberto Romero al comentar el decreto de creación afirmó que mediante el mismo se está adoptando la versión revisionista del pasado como doctrina oficial del Estado y, al mismo tiempo que se descalifica a los historiadores formados en sus universidades, elige a un grupo de personas carentes de calificaciones para que esclarezcan la «verdad histórica» y luego la inculquen con métodos que recuerdan a las prácticas totalitarias. El presidente del instituto les restó importancia a los cuestionamientos y dijo que no se pretende hacer «un texto que se estudie en los colegios». Explicó que la finalidad del instituto será promover, mediante becas, la investigación, el estudio y la difusión de «otra» historia: «Es una manera distinta de ver la historia, porque los hechos existen, están en el rango de lo objetivo, y después viene la interpretación de las circunstancias».
La historiadora María Sáenz Quesada afirmó: «El instituto, en coincidencia con la conmemoración de la Vuelta de Obligado, tiene más relación con la política que con la historia».
A principios de 2014, Pacho O'Donnell renunció a la presidencia del Instituto; posteriormente renunciaron también algunos de sus principales miembros e historiadores, como Hernán Brienza, Hugo Chumbita y Felipe Pigna.
En diciembre de 2014, Pacho O’Donnell propuso cerrar el Instituto Dorrego y afirmó:
Víctor Jorge Ramos le respondió:
Por su parte, el 31 de diciembre de 2014, el Instituto ―cuya presidencia estaba ejerciendo Luis Launay― publicó una solicitada en uno de cuyos puntos expresó:
Por decreto 269 publicado en el Boletín Oficial el 4 de enero de 2016, el presidente Mauricio Macri disolvió el Instituto y dispuso que los recursos humanos, materiales y financieros del instituto se transferirán al Ministerio de Cultura. Entre los fundamentos de la decisión se expresó que "no es función del Estado promover una visión única de la historia ni reivindicar corriente historiográfica alguna sino, por el contrario, generar las condiciones para el ejercicio libre e independiente de la investigación sobre el pasado".
El último presidente del Instituto, Víctor Ramos, criticó la medida afirmando:
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