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Impuesto al valor agregado



El IVA (impuesto al valor agregado, impuesto sobre el valor menorado y el valor añadido o impuesto sobre el valor añadido) es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor como impuesto regresivo,[1]​ aplicado en muchos países y generalizado en la Unión Europea.

El IVA es un impuesto indirecto,[2][3]​ no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios). Las cuentas de IVA que existen en la contabilidad son:

Los vendedores intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a otros vendedores que los precedieron en la cadena de comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), y debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco, obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de estas a la contabilidad en la empresa.

El siguiente ejemplo muestra la mecánica simplificada, con un IVA generalizado del 10 %.

Como se ve en el ejemplo, todo el monto acumulado del impuesto (10+5+5+4=$24) es soportado por el consumidor final (F), pero ha sido percibido en varias etapas intermedias. Percepción (A+B+C+D) = impuesto pagado por el consumidor final.

El siguiente cuadro muestra las tasas vigentes en algunos países, incluyendo, en su caso, las tasas diferenciales. Estas últimas suelen implicar reducciones de la alícuota para determinados bienes y servicios (en general, bienes de consumo básicos) o ciertas categorías de personas; o aumentos en la alícuota (en general, para bienes suntuarios).

El IVA ha sido criticado porque recae sobre los consumidores finales de los productos. Algunos críticos lo consideran un impuesto regresivo, lo que significa que los pobres pagan más (como porcentaje de sus ingresos) que los ricos.[39]​ Los defensores argumentan que relacionar las alícuotas con los ingresos es un estándar arbitrario, y que el IVA es de hecho un impuesto proporcional en el que la gente con mayores ingresos pagan más al consumir más.[40]​ La regresividad efectiva del IVA puede también verse afectada cuando diferentes clases de bienes son gravadas a diferentes tasas.[39]​ Algunos países han reducido los impuestos sobre la renta a contribuyentes de bajos recursos e implementado transferencias directas para reducir el impacto de este impuesto sobre los pobres.[41]



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