H.R. 4437

H.R. 4437 (Ley para el control de la inmigración, el antiterrorismo y la protección de las fronteras de 2005 -- The Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 2005) fue una iniciativa aprobada por la asamblea legislativa de Estados Unidos el 16 de diciembre de 2005 con 239 votos a favor y 182 en contra. También se conoce como "Sensenbrenner Bill" (proyecto de ley Sensenbrenner), pues su patrocinador en la cámara de representantes fue James Sensenbrenner. Este proyecto de ley se encuentra actualmente (3 de abril de 2006) en consideración por parte del senado estadounidense, tras las enmiendas propuestas por el Comité Judicial del Senado.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, incluyendo las enmiendas, contiene los siguientes estatutos, entre otros:

[1] [2]

Sería un delito “ayudar” a inmigrantes ilegales a «permanecer en los Estados Unidos … a sabiendas de o en abierto rechazo del hecho que tal individuo es un inmigrante que carece de la autorización legal para residir o permanecer en los Estados Unidos». [1] Además, el tiempo de encarcelamiento que se aplica a un inmigrante ilegal se aplicaría también a quienquiera que «conscientemente ampare o ayude» aquel inmigrante «a reingresar a los Estados Unidos». [2] Mientras estas cláusulas posiblemente tienen como intención sólo blanquear a coyotes, tal como están redactadas incluyen a cualquier organización caritativa, iglesia o vecino de un inmigrante ilegal que lo ayude a permanecer en los Estados Unidos, por ejemplo, al proveerle alimento, ropa o abrigo. Las leyes vigentes ya prohíben «la ayuda y el amparo» a los inmigrantes ilegales. Este proyecto de ley, sin embargo, está específicamente elaborado con vistas a aumentar el cumplimiento de las leyes contra el tráfico de seres humanos.

Una amplia gama de grupos que luchan en pro de los inmigrantes y justicia social, organizaciones humanitarias y religiosas, al igual que grupos como los adeptos de La Raza, se oponen a la versión del proyecto de ley de la Cámara de los Representantes. Entre las críticas planteadas por los grupos opositores figura el hecho de que la legislación que ha sido propuesta afectará injusta y severamente a más de 11 millones de inmigrantes ilegales y aquellos que se asocien a ellos, que incluye medidas que crean barreras sustanciales a la política comunitaria, y que supone el proyecto de ley antiinmigración más draconiano en más de un siglo. Cuando se discute este proyecto de ley, es importante recalcar que el proyecto de ley no específica a ningún grupo en particular sobre cualquier otro grupo; la promulgación del proyecto de ley afectaría a todos los forasteros ilegales viviendo dentro de los Estados Unidos. El hecho de que la mayoría de las protestas hasta la fecha han venido mayormente de centros poblacionales mexicanos e hispanos se debe al hecho que los mexicanos serían el mayor grupo de inmigrantes ilegales en el país. Los detractores del proyecto de ley dicen que éste incluye medidas que violarían los derechos humanos de quienes buscan asilo al privarles de las protecciones legales, criminalizando su estatus mientras no esté bajo su control, y al dramáticamente limitar su acceso a servicios esenciales. Asimismo redefiniría a los inmigrantes indocumentados como criminales, y puniría a quienquiera fuera culpable de ayudarles. También crearía una serie de penas mínimas para una variedad de ofensas, incluyendo algunas que expondrían trabajadores humanitarios, maestras de escuela pública, trabajadores religiosos, y otros cuya única meta es brindar ayuda y amparo a penas obligatorias mínimas de cinco años de encarcelamiento. Del otro lado del debate, se asevera que vivir ilegalmente en los Estados Unidos es un crimen, y que este proyecto de ley sólo pretende poner en vigor códigos migratorios que llevan mucho tiempo sin ser acatados. Los partidarios del proyecto de ley insisten que incrementará la seguridad fronteriza al poner más agentes de inmigración y aduana en la frontera, ayudando así a disminuir cualesquier entrada posible en el país por terroristas, y que la promulgación de la ley podrá ayudar a contrarrestar el narcotráfico y el tráfico de seres humanos desde México a los Estados Unidos al privar los traficantes de fuentes y contactos en el lado estadounidense de la frontera.

Millones de individuos, tanto inmigrantes ilegales y residentes legales que los apoyan, protestaron la legislación, aseverando que podrá separar familias y resultar en la deportación masiva. Sus líderes han llamado al Congreso a que apruebe un proyecto de ley que permita a individuos actualmente indocumentados y no autorizados a residir legalmente en el país recibir estatus legal o amnistía. En la actualidad, el senado de los Estados Unidos tiene varios proyectos de ley atravesando su comité que han suprimido algunas de las provisiones de H.R. 4437, como las partes que declaran que la presencia ilegal es un delito y penalizan la ayuda a los inmigrantes ilegales. Asimismo, muchas ciudades y condados han adoptado posiciones formales en oposición al proyecto de ley. Líderes sindicales también se han opuesto al proyecto de ley, aunque el movimiento sindical se encuentra dividido entre los partidarios de un programa de trabajadores invitados y los partidarios de la amnistía para los que residen actualmente en condición irregular, dos de las provisiones que están contenidas actualmente en algunos de los proyectos de ley en el senado. El Proyecto de los Minutemen ha tomado el partido de que el apoyo al proyecto ley H.R. 4437 es el primer paso hacia el control de la frontera. Asimismo, muchos ciudadanos se oponen a los inmigrantes ilegales y sus exigencias por amnistía o estatus legal. El lunes 1 de mayo fue “un día sin inmigrantes”, durante el que los inmigrantes ilegales y quienes los apoyan fueron alentados a abstenerse de comprar lo que fuera y faltar al trabajo o a la escuela. Su meta era impactar la economía y demostrar a la ciudadanía hasta qué punto depende de la inmigración ilegal. Resultó en por lo menos un millón de manifestantes por todo el país, aunque algunas fuentes estiman que más de dos millones de manifestantes fueron a las calles. Marchas tuvieron lugar en Los Ángeles, Nueva York, Chicago e incluso en ciudades menores en Pensilvania, Virginia y Carolina del Norte. Muchedumbres en Los Ángeles se calcularon alrededor de 600.000 personas para las dos marchas del boicot. Tras la segunda mayor huelga en Chicago, se estimó que alrededor de más de 400.000 personas tomaron las calles para mostrar su apoyo a la reforma migratoria.

1. ^ H.R. 4437, Section 202, amending 274(a)(1)(C), THOMAS (Library of Congress) 2. ^ H.R. 4437, Section 205, THOMAS (Library of Congress)

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