Golpe de Estado de Pavía
El golpe de Estado de Pavía, o simplemente golpe de Pavía, fue un golpe de Estado que se produjo en España el 3 de enero de 1874, durante la Primera República y que estuvo encabezado por el general Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva cuya jurisdicción incluía Madrid. Consistió en la ocupación del edificio del Congreso de los Diputados por guardias civiles y soldados que desalojaron del mismo a los diputados cuando se estaba procediendo a la votación de un nuevo presidente del Poder Ejecutivo de la República en sustitución de Emilio Castelar que acababa de perder la moción de censura presentada por Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras y Nicolás Salmerón, líderes del sector del Partido Republicano Federal opuesto a la política «fuera de la órbita republicana» del republicano federal derechista Castelar. Precisamente el objetivo del golpe era impedir que Castelar fuera desalojado del gobierno, aunque como este tras el golpe no aceptó seguir en el poder por medios antidemocráticos, el general Pavía tuvo que reunir a los partidos contrarios a la república federal que decidieron poner al frente del gobierno nacional que promovía Pavía al líder del conservador Partido Constitucional, el general Francisco Serrano. Así se inició la segunda etapa de la República que se suele denominar «República Unitaria» o «Dictadura de Serrano».
El general Pavía en una intervención parlamentaria del 13 de marzo de 1875, es decir, después de producirse la Restauración borbónica, explicó con detalle el «acto del 3 de enero», como él designó al golpe de Estado que había encabezado —explicación que en 1878 publicó en forma de folleto—.
El 11 de febrero de 1873, al día siguiente de la abdicación de Amadeo I, el Congreso y el Senado, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República por 258 votos contra 32, pero sin definirla como unitaria o como federal, postergando la decisión a las futuras Cortes Constituyentes, y nombraron como presidente del Poder Ejecutivo al republicano federal Estanislao Figueras.
En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que a causa del retraimiento del resto de los partidos supusieron una aplastante victoria para el Partido Republicano Federal. Pero esta situación era engañosa ya que en realidad los diputados republicanos federales de las Constituyentes estaban divididos en tres grupos:
A pesar de esta división no tuvieron problemas en proclamar el 8 de junio la República Federal, una semana después de que se abrieron las Cortes Constituyentes bajo la presidencia del veterano republicano "intransigente" José María Orense, por 218 votos contra dos:
Cuando el presidente Figueras, que sufría una fuerte depresión por la muerte de su mujer, tuvo conocimiento de que los generales "intransigentes" Juan Contreras y Blas Pierrad preparaban un golpe de estado para iniciar la República federal "desde abajo", al margen del Gobierno y de las Cortes, temió por su vida y el 10 de junio huyó a Francia. Le sustituyó el republicano federal "centrista" Francisco Pi y Margall, que estableció como prioridad derrotar a los carlistas que ya llevaban más de un año alzados en armas, en la llamada Tercera Guerra Carlista, y la elaboración y aprobación de la nueva Constitución de la República Federal. Pero, enseguida, el gobierno de Pi y Margall se encontró con la oposición de los republicanos federales "intransigentes" porque en su programa no se habían incluido algunas de las reivindicaciones históricas de los federales como "la abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos repuestos en 1870 por ausencia de recursos". Pero sobre todo lo que reclamaban los "intransigentes" era que las Cortes, mientras se redactaba y aprobaba la nueva Constitución de la República democrática federal, se constituyeran en Convención de la cual emanaría una Junta de Salud Pública que detentaría el poder ejecutivo, propuesta que fue rechazada por Pi y Margall y por la mayoría de diputados "centristas" y "moderados" que apoyaban al gobierno.
La respuesta de los "intransigentes" a la política de "orden y progreso" del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, acusando al gobierno de haber contemporizado e incluso claudicado frente a los enemigos de la República Federal. A continuación los "intransigentes" exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal, formándose en Madrid un Comité de Salud Pública para dirigirla, aunque "lo que prevaleció fue la iniciativa de los federales locales, que se hicieron dueños de la situación en sus respectivas ciudades". Aunque hubo casos como el de Málaga en que las autoridades locales fueron las que encabezaron la sublevación, en la mayoría se formaron juntas revolucionarias. Dos semanas después de la retirada de las Cortes la revuelta era un hecho en Murcia, Valencia y Andalucía.
Para acabar con la rebelión cantonal Pi y Margall se negó a aplicar las medidas de excepción que le proponía el sector "moderado" de su partido, que incluía la suspensión de las sesiones de las Cortes, porque declaraba, con toda lógica, que los sublevados no hacían más que seguir la doctrina federalista "pactista" que él había proclamado. Confiaba en que la rápida aprobación de la Constitución federal —lo que no sucedió— y la vía del diálogo —la "guerra telegráfica" que ya le funcionó cuando la Diputación de Barcelona proclamó el Estado catalán— haría entrar en razón a los sublevados. No obstante no dudó en recurrir a la represión.
Como la política de Pi y Margall de persuasión y represión no consiguió detener la rebelión cantonal, el sector "moderado" le retiró su apoyo el 17 de julio votando a favor de Nicolás Salmerón. Al día siguiente Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato.
El lema del nuevo gobierno de Salmerón fue el «imperio de la ley», lo que suponía que para salvar la República y las instituciones liberales había que acabar con carlistas y cantonales. Para sofocar la rebelión cantonal tomó medidas duras como destituir a los gobernadores civiles, alcaldes y militares que habían apoyado de alguna forma a los cantonalistas y a continuación nombró a generales contrarios a la República Federal como Manuel Pavía o Arsenio Martínez Campos —lo que no le importó porque lo prioritario era restablecer el orden— para que mandaran las expediciones militares a Andalucía y a Valencia, respectivamente. "Además, movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil con 30 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el Ejecutivo. Autorizó a las Diputaciones a imponer contribuciones de guerra y a organizar cuerpos armados provinciales, y decretó que los barcos en poder de los cartageneros se consideraran piratas —lo que suponía que cualquier embarcación podía abatirlos estuviera en aguas españolas o no". Gracias a estas medidas fueron sometidos uno tras otro los distintos cantones, excepto el de Cartagena que resistiría hasta el 12 de enero de 1874.
Nicolás Salmerón renunció a su cargo porque no quiso firmar las sentencias de muerte de varios soldados acusados de traición, ya que era absolutamente contrario a la pena de muerte. Para sustituirle las Cortes eligieron el 7 de septiembre a Emilio Castelar. Inmediatamente Castelar consiguió de las Cortes la concesión de facultades extraordinarias para acabar tanto con la guerra carlista como con la rebelión cantonal y la suspensión de sus sesiones desde el 20 de septiembre de 1873 hasta el 2 de enero de 1874, lo que entre otras consecuencias supuso paralizar el debate y la aprobación del proyecto de Constitución federal.
Los poderes extraordinarios que obtuvo Castelar le permitieron gobernar por decreto, facultad que utilizó inmediatamente para reorganizar el cuerpo de artillería disuelto hacía unos meses al final del reinado de Amadeo I, llamar a los reservistas y convocar una nueva leva con lo que consiguió un ejército de 200 000 hombres, y el lanzamiento de un empréstito de 100 millones de pesetas para hacer frente a los gastos de guerra.
A finales de noviembre el gobierno de Castelar ordenó al general Ceballos, que dirigía el sitio de Cartagena tras la dimisión del general Arsenio Martínez Campos que lo había iniciado el 15 de agosto, que bombardeara Cartagena para "quebrantar el ánimo de los defensores o cuando menos molestarles, para no dar lugar a que permanezcan como han permanecido, completamente tranquilos". El bombardeo comenzó el 26 de noviembre de 1873 sin previo aviso y se prolongó hasta el último día del asedio, el 12 de enero de 1874, contabilizándose en total 27.189 proyectiles, "un verdadero diluvio de fuego", que causaron 800 heridos y doce muertos y destrozos en la mayoría de los inmuebles —sólo 28 casas quedaron indemnes—. Fue respondido por los cañones de los castillos de Cartagena y de las fragatas, pero fueron mucho menos efectivos dada la dispersión de las fuerzas gubernamentales que sitiaban la plaza por tierra. Tras la primera semana de bombardeo en que los sitiadores se percataron de que las defensas de Cartagena seguían intactas, el general Ceballos presentó la dimisión y el 10 de diciembre fue sustituido por el general José López Domínguez, que era también un general antirrepublicano y además era sobrino del general Serrano, el líder del conservador Partido Constitucional. En la entrevista que mantuvo en Madrid con Castelar este le insistió en que debía conseguir la rendición de Cartagena costara lo que costara antes del 2 de enero, la fecha prevista para la reapertura de las Cortes.
La política de Castelar de acercamiento a los constitucionales y a los radicales, los dos partidos liberales que habían sustentado la Monarquía de Amadeo I, encontró la oposición de los "centristas" de Pi y Margall, pero también la de los "moderados" que seguían a Nicolás Salmerón —que al principio habían apoyado al gobierno— porque creían que la República debía ser construida por los republicanos auténticos, no por los recién llegados —eran contrarios a hacer una «política fuera de la órbita republicana»—. Esta oposición aumentó cuando Castelar nombró a generales de dudosa afección a la República para los puestos más importantes —como Manuel Pavía, nuevo Capitán General de Castilla la Nueva, que incluía Madrid— y cuando cubrió los puestos vacantes de tres arzobispados a mediados de diciembre —Toledo, Tarragona y Santiago de Compostela—, lo que indicaba que había entablado negociaciones con la Santa Sede, restableciendo de facto las relaciones con ella, y que se oponía a la separación de la Iglesia y el Estado que defendían los republicanos. A ello se añadió un decreto de 22 de diciembre por el que se autorizaba a los gobernadores civiles a suspender periódicos sin necesidad de apercibimiento ni multa previa, y la supresión arbitraria de diputaciones y ayuntamientos, como el de Madrid cuyos concejales fueron sustituidos por otros más conservadores.
La primera muestra de que Salmerón había dejado de apoyar al gobierno de Castelar se produjo por esas mismas fechas cuando en la Diputación Permanente de las Cortes sus partidarios votaron junto a pimargallianos e "intransigentes" en contra de la propuesta de Castelar de que se celebraran elecciones para ocupar los escaños vacantes, por lo que fue rechazada. Esta votación planteó un grave dilema a Castelar, «decidirse entre los federales y los conservadores», tal como informó el embajador británico a su gobierno.
A raíz de la derrota parlamentaria de Castelar, Cristino Martos, líder de los radicales, y el general Serrano, líder de los constitucionales, que hasta entonces habían estado preparándose para las elecciones parciales que ya no se iban a celebrar, acordaron llevar a cabo un golpe de fuerza para evitar que Castelar fuera reemplazado al frente del Poder Ejecutivo por un voto de censura que previsiblemente iban a presentar Pi y Margall y Salmerón en cuanto volvieran a abrirse las Cortes el 2 de enero de 1874. El acuerdo entre Serrano y Martos preveía que el primero ocuparía la presidencia de la República y el segundo la presidencia del gobierno.
Cuando el 20 de diciembre Emilio Castelar tuvo conocimiento del golpe que se preparaba llamó a su despacho el 24 al capitán general de Madrid, el general Pavía, para intentar convencerle de que se atuviera a la legalidad y no participara en la intentona. En esa reunión, según relató después Pavía, este le pidió a Castelar que promulgara un decreto ordenando que continuasen suspendidas las Cortes y que «yo hubiera fijado en la Puerta del Sol con cuatro bayonetas», a lo que se negó rotundamente Castelar manifestándole que no se separaría un ápice de la legalidad. Sin embargo, como se preguntó más tarde Pi y Margall al conocer los hechos, ¿Por qué Castelar permitió que Pavía continuara con su proyecto de disolver por la fuerza las Cortes y no lo destituyó de forma fulminante de su puesto de máxima autoridad militar de Madrid? Pavía afirmó después que cuando salió de la reunión con Castelar se preguntó:«¿debo yo permitir que estalle la anarquía?» Una muestra de que el general Pavía no admitía la supremacía del poder civil sobre el Ejército, lo que le llevó a considerar que el golpe que tenía planeado dar era legítimo, se produjo unas semanas antes con motivo del entierro del diputado Ríos Rosas en el que pretendió situarse en el cortejo fúnebre inmediatamente detrás del Gobierno y por delante de la Mesa de las Cortes, teniendo que intervenir el propio Castelar para restablecer la prelación.
Una semana después, el 31 de diciembre, Castelar le escribió al general José López Domínguez, que dirigía el sitio de Cartagena —el último reducto de la rebelión cantonal—, para asegurarle que nunca se saldría de la legalidad y que abandonaría el poder si las Cortes así lo decidían, y también para que pedirle que se mantuviera fiel a la legalidad asegurándole que estaba resuelto a fundar la República «en el orden, a aumentar el Ejército y a salvar la disciplina y a todo aquello que puede darnos patria». El general López Domínguez le contesta el 2 de enero: «¿Podrá consentir este bizarro ejército que me enorgullezco en mandar, la ignominia de ver triunfantes a los insurrectos? [...] Temo que la Cámara pueda tomar un camino que su legalidad sea la deshonra de la patria». Después de leer esto Castelar no lo destituyó.
En aquellos momentos Castelar ya sabía que Nicolás Salmerón iba a sumarse al voto de censura porque el día anterior, 30 de diciembre (o el 26 de diciembre según otras fuentes), en la entrevista que había mantenido con él, Castelar no había aceptado las condiciones que le había puesto para seguir dándole su apoyo: sustituir a los generales que Castelar había nombrado por otros adictos al federalismo; revocación del nombramiento de los arzobispos; cese de los ministros más conservadores dando entrada en el gobierno a seguidores suyos; y discusión y aprobación inmediata de la Constitución federal. Ese mismo día 31 de diciembre Pi y Margall, Estanislao Figueras y Salmerón se reunieron para acordar presentar un voto de censura contra Castelar el día 2 de enero, aunque no llegaron a decidir quién lo sustituiría.
Cuando se reabrieron las Cortes a las dos de la tarde del 2 de enero de 1874 el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, antiguo partidario de Prim, con quien se había alzado en Villarejo de Salvanés, tenía preparadas a sus tropas para el caso de que Castelar perdiera la votación parlamentaria —además les había pedido a los dirigentes del Partido Radical y del Partido Constitucional que se reuniesen en una casa contigua al Congreso y que allí esperasen sus "órdenes"—. En el lado contrario batallones de Voluntarios de la República estaban preparados para actuar si vencía Castelar —de hecho, según Jorge Vilches, "los cantonales cartageneros habían recibido la contraseña de resistir hasta el 3 de enero, día en que siendo derrotado el Gobierno Castelar se formaría uno intransigente que «legalizaría» su situación y «cantonalizaría» España", aunque según otros autores no existe prueba documental de ello—. Al abrirse la sesión intervino Nicolás Salmerón para anunciar que retiraba su apoyo a Castelar porque su política se había salido de la «órbita de los principios republicanos» ya que pretendía incluir en el régimen al Partido Constitucional de Serrano que según él representaba a la «oligarquía militar» antirrepublicana —aunque esta vez admitía el acercamiento al Partido Radical de Cristino Martos—. Salmerón terminó su intervención con una frase que se hizo famosa: «Perezca la República, sálvense los principios» —lo que, según Jorge Vilches, quería decir que "si no se podía gobernar con los principios republicanos, se dejara la República a otros"—. Le respondió Emilio Castelar haciendo un llamamiento al establecimiento de la «República posible» con todos los liberales, incluidos los conservadores, y abandonando la "demagogia".
Pasada la medianoche se produjo la votación de la cuestión de confianza en la que el gobierno salió derrotado por 100 votos a favor y 120 en contra, lo que obligó a Castelar a presentar la dimisión, y a continuación se hizo un receso para que los partidos consensuaran el candidato que habría de sustituir a Castelar al frente del Poder Ejecutivo de la República. En aquellos momentos el diputado constitucional Fernando León y Castillo ya había hecho llegar el resultado adverso a Castelar al general Pavía a través del también constitucionalista Víctor Balaguer. Pavía dio entonces la orden de salir hacia el Congreso de los Diputados a los regimientos comprometidos y él personalmente se situó en la plaza frente al edificio con su estado mayor desde donde ordenó a dos ayudantes que comunicaran a Salmerón, presidente del Congreso de Diputados, la orden de disolución de la sesión de Cortes y el desalojo del edificio en cinco minutos. La Guardia Civil, que custodiaba el Congreso, se puso a las órdenes del general Pavía. Eran las siete menos cinco de la mañana del 3 de enero, cuando se estaba procediendo a la votación para elegir al candidato federal Eduardo Palanca Asensi.
Salmerón, al recibir la orden del capitán general en una nota entregada por uno de sus ayudantes en la que le decía «Desaloje el local», suspendió la votación y comunicó lo que estaba sucediendo, proclamando a continuación que las Cortes se declaraban en sesión permanente hasta que no fueran disueltas por la fuerza. Seguidamente intervinieron varios diputados pidiendo que Pavía fuera declarado fuera de la ley y que fuera sometido a un Consejo de Guerra propuesta que fue aceptada por el ministro de la Guerra, el general José Sánchez Bregua, que redactó un decreto en el que Pavía era destituido de su cargo y de todos sus honores y condecoraciones. "Salmerón, muy dignamente, preguntó a los diputados si debían dejarse matar sin abandonar sus escaños a lo cual respondieron muchos diputados afirmativamente". Pero cuando fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército entraron en el edificio del Congreso disparando tiros al aire por los pasillos los diputados lo abandonaron rápidamente. Se dijo que algunos diputados incluso se descolgaron por las ventanas para escapar, a los que Pavía, sorprendido, preguntó: «Pero señores, ¿por qué saltar por las ventanas cuando pueden salir por la puerta?».
El general Pavía nada más desalojar el Congreso envió un telegrama a los jefes militares de toda España en el que les pedía su apoyo al golpe, que Pavía llamaba "mi patriótica misión", "conservando el orden a todo trance". En el telegrama justificaba así lo que más tarde llamará "el acto del 3 de enero":
Uno de los primeros en responder al telegrama de Pavía fue el general López Domínguez que mandaba el ejército que sitiaba Cartagena:
El general Pavía intentó que se formara un "gobierno nacional" presidido por Emilio Castelar, pero a la reunión de los líderes políticos constitucionales, radicales, alfonsinos y republicanos unitarios que Pavía convocó con tal fin —los republicanos federales de Salmerón y de Pi y Margall y los "intransigentes" quedaron obviamente excluidos—, Castelar rehusó asistir al no querer mantenerse en el poder por medios antidemocráticos —"publicó el mismo día 3 una protesta contra las espadas militares y las bayonetas federales que habían acabado con la República. Días después, desde su periódico recién fundado, culpaba de la «dictadura militar» tanto a los golpistas como a los intransigentes y a los socialistas"—. En la reunión Pavía defendió la república conservadora y por eso impuso al republicano unitario Eugenio García Ruiz como ministro de la gobernación, mientras el alfonsino Antonio Cánovas del Castillo propuso que el gobierno fuera «innominado» para que preparase la restauración de la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, hijo de la reina destronada Isabel II, siendo apoyado por el constitucional Práxedes Mateo Sagasta, pero la negativa del también constitucional general Serrano, que acabó siendo nombrado jefe del nuevo gobierno, dejó a los alfonsinos al margen del mismo.
Estos hechos supusieron el final de facto de la Primera República, aunque oficialmente continuaría casi otro año más, con el general Francisco Serrano al frente —"nominalmente la República continuaba pero completamente desnaturalizada", afirma José Barón Fernández—. Como ha señalado María Victoria López Cordón, "la facilidad y la escasa resistencia con que Pavía terminó con la República federal, irrumpiendo con sus tropas en el Congreso, es el mejor exponente de la fragilidad de un régimen que apenas contaba con base para sustentarse".
El líder del partido alfonsino Antonio Cánovas del Castillo le comunicó a la reina exiliada Isabel II que «los principios democráticos están heridos de muerte» y que tan sólo es cuestión de «calma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía» lograr la restauración de la Monarquía borbónica.
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