El golpe de Estado de 1981, también conocido por el numerónimo 23F, fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. Los hechos principales sucedieron en las ciudades de Madrid y Valencia.
En Madrid, a las 18:23 horas, un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo del Gobierno y diputado de la Unión de Centro Democrático (UCD). Los diputados y el Gobierno de España al completo fueron secuestrados en su interior.
La ciudad de Valencia fue ocupada militarmente, en virtud del estado de excepción proclamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III región militar. Dos mil hombres y cincuenta carros de combate fueron desplegados en las calles de la ciudad.
A las 21 horas de ese mismo día, el diario El País pone en la calle una edición especial posicionándose contra el Golpe con el titular en primera plana: «El País, con la Constitución». A la una de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos, se dirigió a la nación por televisión para situarse en contra de los golpistas y defender la Constitución española. Poco después, Milans dio la orden de regresar a sus unidades a los contingentes militares que ocupaban Valencia. El secuestro del Congreso terminó a mediodía del día 24.
El Tribunal Supremo condenó a 30 años de cárcel a Milans, Tejero y Alfonso Armada como principales responsables del golpe de Estado, que finalmente fueron reducidas por penas de entre uno y siete años, menos la de Tejero que duró quince años. En total doce miembros de las Fuerzas Armadas, diecisiete miembros de la Guardia Civil y un civil fueron condenados. Menos Tejero, todos los miembros fueron indultados o puestos en libertad antes del año 1990.
La muerte del dictador Francisco Franco en 1975 marcó el inicio de la Transición española. En noviembre de 1975 Juan Carlos I fue proclamado rey de España y en 1976 Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno. En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas. El país dejó atrás treinta y siete años de dictadura franquista y se convirtió en un estado democrático con la Constitución de 1978 como norma fundamental. Tras las primeras elecciones constitucionales, Suárez formó su tercer Gobierno en abril de 1979.
Con la muerte de Franco y la disolución de las cortes franquistas, teniéndose como inevitable la transformación hacia la democracia, desde el propio régimen tomaron posiciones ante el cambio. No obstante, o por ello, fue un proceso azaroso, no exento de dificultades, jalonado por diversas conspiraciones y tramas golpistas que confluyeron en el 23F. Desde un primer momento, la Transición española contó con la clara oposición de sectores relacionados con el régimen franquista que la vieron como una amenaza para sus privilegios.
En este contexto se enmarca el golpe de Estado de 1981. Cuatro elementos generaron una tensión permanente:
Los primeros síntomas de malestar en el ejército aparecieron en abril de 1977. Con motivo de la legalización del Partido Comunista de España (PCE) el día 9 de abril, Sábado Santo, dimitió el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, y el Consejo Superior del Ejército emitió una nota en la que manifestaba su disconformidad con dicha legalización, aunque la acatase.
En noviembre de 1978 tuvo lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, una intentona golpista que planeaba un golpe de Estado contra el Gobierno de Suárez. Pretendía frenar las reformas políticas que estaba llevando a cabo el Gobierno antes de la celebración del referéndum de la Constitución en diciembre de 1978. Su principal responsable, Antonio Tejero, fue condenado a siete meses de prisión. Tejero protagonizó años más tarde el golpe de Estado de 1981.
El 1 de febrero de 1981, el Colectivo "Almendros" publicó en el periódico El Alcázar un artículo claramente golpista. El periodista Emilio Romero Gómez publicó días antes del golpe un artículo en el diario ABC en el que criticaba duramente al dimitido Adolfo Suárez, defendía la necesidad de «un golpe de timón» y proponía al general —posteriormente implicado en el golpe— Alfonso Armada como posible candidato a presidente del Gobierno.
Mientras crecía la voluntad golpista en sectores del ejército y de la derecha, el Gobierno de Adolfo Suárez progresó en el inicio de la década hacia una profunda crisis, que durante 1980 se volvió cada vez más insostenible. Entre los principales acontecimientos destacaron la dimisión en enero del ministro de Cultura, Manuel Clavero, la remodelación del Gobierno en mayo, la moción de censura presentada contra Suárez por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a finales de mayo, la dimisión en julio del vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, que produjo una nueva remodelación en septiembre, y la elección en octubre de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón como portavoz del grupo parlamentario centrista, candidato alternativo al oficial, Santiago Rodríguez-Miranda, promovido por Suárez.
La debilidad creciente de Suárez en el seno de su propio partido propició la presentación de su dimisión como presidente del Gobierno y presidente de la Unión de Centro Democrático (UCD) el 29 de enero de 1981. En su intervención televisiva Suárez aseguró que no quería que la democracia fuera un paréntesis en la historia de España. Del 2 al 4 de febrero, los reyes viajaron al País Vasco y visitaron la Casa de Juntas de Guernica, donde los diputados de Herri Batasuna les recibieron con un fuerte abucheo y varios incidentes. El 6 de febrero apareció asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, que había sido secuestrado unos días antes por ETA militar, mientras se seguía sin noticias de otro industrial secuestrado, Luis Suñer.
En medio de este tenso clima, se pusieron en marcha los procesos de sustitución de Suárez. Entre los días 6 y 9 de febrero tuvo lugar el segundo Congreso de la UCD en Mallorca, donde el partido apareció descompuesto. Agustín Rodríguez Sahagún fue elegido presidente del partido. Tras una ronda de contactos con los líderes de los partidos políticos, el rey Juan Carlos I designó a Leopoldo Calvo-Sotelo candidato a presidente del Gobierno el 10 de febrero de 1981.
En este enrarecido escenario, el 19 de febrero de 1981 empezó la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, donde Calvo-Sotelo presentó su propuesta de Gobierno. En la votación del día 20 no obtuvo la mayoría absoluta necesaria, por lo que debía producirse una nueva votación cuarenta y ocho horas después, el día 22 de febrero, tal como establece el artículo 99.3 de la Constitución española. Como el 22 de febrero era domingo, el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, decidió aplazar la segunda votación al lunes, 23 de febrero. Este último es el día que elegirían los golpistas para su tentativa de golpe de Estado. Una tentativa en la que iban a confluir las voluntades de un golpe duro, promovido por el teniente general Milans del Bosch y uno blando promovido por el general Armada, en aquel momento hombre de confianza del rey.
23 de febrero
24 de febrero
A las seis en punto de la tarde del 23 de febrero de 1981 empezó la segunda votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, presidido por Landelino Lavilla. El primer diputado en votar fue José Manuel García Margallo. A las 18:23 horas, cuando iba a emitir su voto el diputado socialista Manuel Núñez Encabo, se inició la Operación Duque de Ahumada, en referencia al fundador de la Guardia Civil. Según el plan trazado, un grupo de doscientos guardias civiles, subfusil en mano, irrumpió en el hemiciclo del Congreso de los Diputados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero. Este, desde la tribuna, gritó «¡Quieto todo el mundo!» [sic] y dio orden de que todos se tirasen al suelo.
Como militar de más alta graduación allí presente y como vicepresidente del Gobierno, el teniente general del Ejército de Tierra Gutiérrez Mellado se levantó, se dirigió al teniente coronel Tejero y le ordenó que se pusiera firme y le entregase el arma. El presidente del Gobierno Adolfo Suárez hizo ademán de ayudar a Gutiérrez Mellado. Tras un brevísimo forcejeo de Gutiérrez Mellado con varios guardias civiles, Tejero efectuó un disparo al aire que fue seguido por unas ráfagas de los subfusiles de los asaltantes. En un informe realizado en diciembre de 1981 por el Arquitecto Conservador se identificaron un total de 37 señales, de las cuales 23 estaban en la bóveda del Hemiciclo y 14 en la galería de tribunas. Estos disparos provocaron algunos orificios en el techo del hemiciclo, cuyas esquirlas provocaron heridas leves en un diputado y algún invitado en la tribuna. Sin inmutarse, con los brazos en jarras, el anciano teniente general permaneció indiferente al sonido de las armas. Mientras la mayor parte de los diputados obedecía las órdenes de Tejero, el diputado Santiago Carrillo y el presidente Suárez se mantuvieron sentados en sus escaños. Entonces, Tejero se dirigió a Gutiérrez Mellado, le zarandeó y agredió por la espalda, sin conseguir que el teniente general cayera al suelo. Finalmente, Gutiérrez Mellado volvió a su escaño.
Casi todos los diputados permanecieron tendidos en el suelo hasta alrededor de las 18:30, cuando se incorporaron en sus asientos. Posteriormente, el capitán de la Guardia Civil Muñecas Aguilar se dirigió a la tribuna de oradores y anunció que debían esperar hasta la llegada de la «autoridad competente, militar, por supuesto». Insistió en que estuvieran todos tranquilos.
Carmen Fernández de Córdoba y Calleja, sobrina del teniente general Gutiérrez Mellado, que estaba embarazada de gemelos, se considera la primera civil a la que permitieron abandonar el hemiciclo, .
Hacia las 19:35, el presidente Suárez se levantó del banco azul y pidió hablar con el que mandaba la fuerza. Se oyeron unos gritos y un guardia civil pidió tranquilidad a los diputados, amenazando con la metralleta. Uno de los asaltantes dijo: «Señor Suárez, permanezca en su escaño». El presidente comenzó a hablar cuando alguien gritó: «¡Se sienten, coño!». Tradicionalmente se atribuye esta frase al teniente coronel Tejero, aunque probablemente la pronunciara el teniente Ramos Rueda.
Pedro Francisco Martín, operador de Televisión Española, grabó más de media hora del momento, aportando al mundo un documento audiovisual de valor incalculable sobre la tentativa de golpe de Estado. Las imágenes del Congreso no se emitieron en directo, solamente por el circuito interno de Televisión Española. Se estaban grabando para darlas en diferido y se esperó hasta que el Congreso fuera desalojado para emitirlas en televisión. Con la toma del hemiciclo y el secuestro de los poderes ejecutivo y legislativo, se intentaba conseguir el llamado vacío de poder, sobre el cual se pretendía generar un nuevo poder político.
A las 19:40 horas, Tejero cogió por el brazo al presidente Suárez, y ambos salieron del hemiciclo. Se dirigieron al cuarto de ujieres, donde Suárez pidió a Tejero que explicara «qué locura es ésta». Tejero se limitó a decir que era «todo por España». Ante la insistencia de Suárez, Tejero le replicó: «Tú ya no eres presidente de nada». Pasadas las 20:00 horas, otros cinco asistentes al Pleno fueron separados del resto: el vicepresidente del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado; y cuatro importantes diputados: el líder de la oposición y secretario general del PSOE, Felipe González; el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra; el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo; y el ministro de Defensa y presidente de la UCD, Agustín Rodríguez Sahagún.
El diario El País, casi inmediatamente posterior al asalto del Congreso, decide lanzar una edición especial de repulsa al Golpe (primera de las siete ediciones que lanzó). Dos horas después, a las 21 horas, el diario estaba en la calle con el titular: «Golpe de Estado. El País, con la Constitución». Recuadrado, también en primera plana, se lee:
Aquella noche es recordada como «la noche de los transistores», debido a que la Cadena SER continuó emitiendo y una buena parte de la población la pasó conectada a la radio siguiendo los acontecimientos. Mariano Revilla —técnico— y Rafael Luis Díaz —cronista de la Cadena SER— relataron el asalto desde el interior del Congreso y consiguieron dejar micrófonos conectados para grabar el sonido ambiente.
Poco después de la entrada de Tejero al Congreso y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el capitán general de la iii región militar, Jaime Milans del Bosch. Este desplegó la División Motorizada Maestrazgo, con dos millares de hombres y cincuenta carros de combate, a las calles. Los efectivos se desplegaron desde el puerto de Valencia hasta el centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o las Cortes valencianas. La ocupación, que recibía el nombre de Operación Turia, era clave para que otras regiones militares se incorporasen al golpe de estado.
Hacia las siete de la tarde, las emisoras de radio valencianas comenzaron a emitir un comunicado de Milans del Bosch en el que declaraba el estado de excepción. Milans intentó convencer a otros militares de secundar la acción.
Aquella noche la ciudad estuvo rodeada de militares con blindados y otros camiones del ejército que habían salido de las bases de Bétera y Paterna. Una columna blindada se dirigió a la base aérea de Manises para convencer a su comandante de que se sumase al golpe, pero este no solo no lo hizo, sino que amenazó incluso con desplegar dos cazas equipados con misiles aire-tierra contra los tanques, optando estos por regresar.
Cerca de dos horas después del asalto al Congreso de los Diputados, Juan García Carrés le transmitió lo siguiente al teniente coronel Tejero: la ii región militar (Sevilla), la iii (Valencia), la iv (Barcelona) y la v (Zaragoza) se habían sublevado y apoyaban el nombramiento de Jaime Milans del Bosch como presidente del Gobierno.
Poco después le dijo que la i (Madrid) y las Capitanías Generales de Baleares y de Canarias eran dudosas. La vii región militar (Valladolid) y el jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo, capitán general Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó, le transmitieron al rey que estaban a su disposición para lo que él quisiera.
La v región militar (Zaragoza) adquiere una importancia especial porque ese día se encontraban en la capital aragonesa varias unidades de la División Acorazada Brunete realizando prácticas de tiro. Pero ninguno de estos capitanes generales apoyaría firmemente el golpe. El único capitán general que se sublevó fue Jaime Milans del Bosch, quien con la asistencia del Teniente Coronel Pedro Más Oliver y al Coronel Diego Ibáñez Inglés, sacó 1800 hombres, decenas de vehículos militares y 40 tanques a las calles de Valencia.
Sin embargo, según una nota publicada por el periódico El País, al parecer escrita durante el golpe por el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, la situación de las capitanías era la siguiente:
A las nueve de la noche, un comunicado del Ministerio del Interior informaba de la constitución de un gobierno provisional con los subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado, para asegurar la gobernación del Estado y en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor. Entretanto, otro general golpista, Torres Rojas, fracasaba en su intento de suplantar en el mando de la División Acorazada Brunete al general Juste, jefe de la misma, abortándose la pretensión de ocupar los puntos estratégicos de la capital, entre ellos la sede de Radio y Televisión, y la difusión de un comunicado relatando el éxito del golpe.
La negativa del rey Juan Carlos I a apoyar el golpe permitió abortarlo a lo largo de la noche. El propio monarca se aseguró mediante gestiones personales y de sus colaboradores la fidelidad de los mandos militares, aunque algunas fueran ambiguas, como por ejemplo la respuesta del capitán general de Baleares, Manuel de la Torre Pascual (amigo personal de Pedro Mas Oliver, teniente coronel ayudante de campo de Milans del Bosch) al presidente del Consejo General Interinsular (CGI) Jerónimo Albertí: «Estamos atentos pero tranquilos, aunque dispuestos a sacar las tropas a la calle, si la situación lo requiere». También destacó la actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, quien poco antes de las diez de la noche transmitía a toda España por las emisoras de Radio Nacional y Radio Exterior una alocución donde llamaba a la tranquilidad. Hasta la una de la noche tuvieron lugar gestiones desde el Hotel Palace, en los alrededores del Congreso, lugar elegido como centro de operaciones por el general Aramburu Topete, entonces director general de la Guardia Civil (teniendo bajo sus órdenes directas a mandos del Cuerpo, como el coronel jefe de Madrid Constantino Gómez González) y el general Sáenz de Santa María, a su vez director general de la Policía Nacional.
El monarca también contó con la ayuda de Sabino Fernández Campo, en aquel momento secretario general de la Casa del Rey, que ayudó al rey realizando llamadas a diversos sectores militares como capitanías generales, estado mayor, etcétera.
El general Alfonso Armada formaba parte del plan golpista. Armada había sido nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército semanas antes del asalto al Congreso y había sido un hombre de confianza del rey. Armada quería dar un golpe blando emulando al golpe que llevó a cabo el general francés De Gaulle en 1958. El objetivo de Armada no era acabar con la monarquía ni con la democracia, sino convertirla en un sucedáneo de democracia.
Tras el asalto al Congreso de Tejero y la ocupación de Valencia de Milans del Bosch, Armada pretendía acercarse al rey para ofrecerse como solución y reconducir el golpe en supuesto beneficio del país y de la Corona. Pretendía comparecer en el Congreso como enviado del rey para proponer un Gobierno de compromiso presidido por él mismo. Sin embargo, su plan se vio truncado: el secretario del rey, Sabino Fernández Campo, no permitió que Armada acudiera al Palacio de la Zarzuela, impidiendo que ejerciera su influencia sobre el monarca.
Ante la imposibilidad de entrar en la Zarzuela, Milans llamó a Armada hacia las diez de la noche y le propuso una variante del plan original: que Armada acudiera al Congreso y negociara el previsto Gobierno de unidad a cambio de la liberación de los diputados y la revocación del estado de excepción de Milans del Bosch. Armada llamó a la Zarzuela para pedir su apoyo al plan. Fernández Campo le prohibió hablar en nombre del rey, pero no le impidió acudir al Congreso.
A las 23:50 horas, Alfonso Armada se presentó en el Congreso con un doble objetivo: convencer al teniente coronel Tejero para que depusiera su actitud y asumir él mismo el papel de jefe del Gobierno a las órdenes del rey, en actitud claramente anticonstitucional. Pero Armada, siendo la «autoridad competente» esperada por Tejero no le propone una junta militar presidida por Milans, o un Gobierno en el que Milans fuera ministro de defensa, sino una lista de políticos de todos los partidos, con el propio Alfonso Armada como presidente del Gobierno, Felipe González como vicepresidente para Asuntos Políticos, los socialistas Gregorio Peces-Barba (Justicia), Enrique Múgica (Sanidad) y Javier Solana (Transportes) y entre los representantes del Partido Comunista a Jordi Solé Tura en Trabajo y a Ramón Tamames en Economía, que formarían un Gobierno de concentración. En este Gobierno estarían también presentes: el aliancista Manuel Fraga (Defensa), los centristas Pío Cabanillas (Hacienda), José Luis Álvarez Álvarez (Obras Públicas), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Educación), y Agustín Rodríguez Sahagún (Industria); el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat (Comercio), el director de la Agencia EFE, Luis María Ansón (Información), el abogado Antonio Garrigues Walker (Cultura), el banquero José María López de Letona (Vicepresidente para Asuntos Económicos), José María de Areilza (Asuntos Exteriores), y dos militares: el general José Antonio Sáenz de Santamaría (Autonomías) y el general Manuel Saavedra Palmeiro (Interior).
Ante la propuesta de Armada, Tejero le respondió airadamente: «Mi general: yo no he asaltado el Congreso para esto». Tras una agria discusión, el teniente coronel despachó violentamente al general Armada sin dejar que se dirigiera a los diputados. Perdida toda opción sobre su «solución», Armada salió del Palacio de las Cortes y dijo refiriéndose a Tejero: «este hombre está completamente loco».
Más tarde, cuando fueron descubiertos los planes de Armada, sería relevado de su puesto de Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército por su implicación en la trama golpista. No obstante, el propio Armada ha negado que propusiera tal Gobierno o que quisiera dar un «golpe blando».
A la una y catorce minutos de la madrugada del día 24 de febrero se emitió a través de la primera cadena de televisión un mensaje del rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos. El mensaje había sido grabado una hora antes en el despacho del rey en el Palacio de la Zarzuela. El rey se dirigió a la nación para situarse contra los golpistas, defender la Constitución, llamar al orden a las fuerzas armadas en su calidad de comandante en jefe y desautorizar a Milans del Bosch. A partir de ese momento, el golpe se da por fracasado.
«Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
»Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.»
Hacia la 1:00 de la madrugada, el teniente general Milans del Bosch recibió la llamada del Rey ordenándole retirar las tropas. Poco después, Milans dio la orden de regresar a sus unidades a los contingentes militares que ocupaban Valencia. A las 5:45 la Capitanía General de la III Región Militar hizo un comunicado en el que anulaban las medidas de estado de excepción.
Por otro lado, Tejero resistió hasta el mediodía del día 24. Hacia las 10:00 horas se permitió la salida de las diputadas del Congreso de los Diputados. A las 10:30, Tejero negoció con Armada las condiciones de su rendición. Las condiciones incluían la salida de Tejero sin la presencia de periodistas y que los guardias de rango inferior hasta teniente no serían juzgados. La Zarzuela dio su conformidad al acuerdo. Este pacto se conoce como el pacto del capó, ya que se firmó sobre el capó de un Land Rover.
A mediodía se incorporaron al Hemiciclo los diputados que la noche anterior habían sido obligados a abandonarlo. Seguidamente, se procedió a desalojar el Congreso de los Diputados y a las 12:15 todo había terminado.
Nada más producirse el asalto al Congreso, el golpe fue condenado con toda dureza por los países de la Comunidad Económica Europea, con quienes España estaba negociando una adhesión que se produciría finalmente en 1986. De entre todos los estados miembros conviene destacar por su energía la protesta del Reino Unido y especialmente la reacción de la entonces primera ministra, Margaret Thatcher, que calificó la sublevación militar como «un acto terrorista».[cita requerida]
Por su parte, Estados Unidos se mantuvo oficialmente neutral en cuanto al proceso. Sin embargo, durante el juicio, Tejero afirmó que «tanto el gobierno de EE. UU. como el Vaticano habían sido sondeados por el general Armada». Tras la entrada de Tejero en el Hemiciclo, el secretario de Estado norteamericano, el general Alexander Haig, se limitó a decir que «El asalto al Congreso de los Diputados es un asunto interno de los españoles», lo que le valió severas críticas internacionales.Una vez fracasado el golpe, Estados Unidos cambió el tono de sus declaraciones radicalmente: «Tenemos que congratularnos de que en España haya triunfado la democracia».
Según Santiago Carrillo, el Vaticano «también conocía lo que iba a pasar». El día 23 el episcopado español se encontraba reunido en asamblea plenaria, pero no realizó declaraciones hasta el día 24, cuando condenó el golpe ya fracasado. También según Carrillo, un asistente a la asamblea, que no era obispo sino cura, trató de conseguir que ese mismo día la asamblea hiciera una declaración contra el golpe y a favor de la Constitución, pero no lo logró.
Tras el golpe quedaron algunos interrogantes, especialmente referidos al papel que jugó cada uno de los principales golpistas y especialmente a las intenciones y apoyos de Armada. Las consecuencias más destacadas fueron el inicio de un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), posteriormente declarada parcialmente inconstitucional, y que la monarquía salió poderosamente reforzada entre la población y los medios políticos.
El juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar comenzó el 19 de febrero de 1982. El 3 de junio se hizo pública la sentencia del conocido como Juicio de Campamento.
La sentencia del Consejo de Guerra fue recurrida en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tanto por las defensas como por el Ministerio Fiscal, que la consideró excesivamente benévola. Tras la vista de los recursos, el Tribunal Supremo hizo pública la sentencia firme, cuyo ponente fue el Magistrado Luis Vivas Marzal, el 28 de abril de 1983. En la sentencia del Supremo se acogieron sustancialmente los recursos del Ministerio Público, defendidos por el Teniente Fiscal, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, incrementando de forma relevante las penas impuestas al General Armada y a otros acusados, siendo condenados a 30 años de reclusión, como principales responsables del golpe de Estado, Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina.
La trama civil del golpe nunca fue investigada de modo riguroso, siendo el único civil condenado el exdirigente de los Sindicatos Verticales de la dictadura franquista Juan García Carrés.
Asimismo, no ha sido suficientemente aclarado el papel desempeñado por el comandante del entonces denominado CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia, José Luis Cortina, absuelto en el juicio por falta de pruebas, si bien el capitán Gómez Iglesias, un subordinado suyo, fue condenado por organizar la llegada de los guardias civiles asaltantes al Congreso utilizando vehículos, placas de matrícula falsas y equipos de transmisiones pertenecientes a la escuela de agentes operativos del CESID.
Por su parte, el general Carlos Alvarado confesó tras la prescripción de los delitos juzgados por el 23-F su participación en el intento de golpe de estado.
La identidad del popularmente conocido como «Elefante Blanco», el militar promotor del golpe al que Tejero esperaba en el Congreso de los Diputados para hacerse cargo del gobierno fue durante un tiempo motivo de especulación. Sin embargo los hechos y personas parecen claros. A las doce y media de la noche del 24 de febrero el General Armada dio la contraseña a los guardias civiles que custodiaban la entrada al Congreso: "Duque de Ahumada". Tejero acude inmediatamente y se cuadra ante el general, sin duda aliviado por la llegada de la autoridad militar esperada. Sin embargo cuando el General Armada le muestra la lista con el Gobierno de Unidad en la que figuran destacados políticos socialistas y el propio Santiago Carrillo se niega a aceptarlo. Tras una conversación de una hora que incluyó una infructuosa llamada (que está grabada) del General Armada al General Milans del Bosch para que hiciera entrar en su razón al Teniente Coronel Tejero el general Armada se va sin conseguir su propósito.
Para algunos, como el senador Iñaki Anasagasti o Pilar Urbano, el rey, presionado por la ofensiva de ETA, conocía los preparativos aunque se echó atrás en el último momento al intuir violencia. Hay que recordar que Armada, el cerebro del golpe, era muy amigo y padrino de Juan Carlos, había sido Secretario de la Casa Real durante años de lo que se valió para hacer creer a otros militares que el golpe tenía la aquiescencia de la Zarzuela.
Sin embargo, en el libro del coronel Antonio J. Candil titulado 23-F. El golpe del Rey publicado en 2020, se narra que «Elefante Blanco» en realidad no hacía alusión a ninguna divinidad ni a un personaje del estamento militar en concreto, sino que se referiría a un club nocturno de copas, un bar de citas eróticas situado en los bajos del que entonces era el cine Coliseum de Madrid situado en la Gran Vía madrileña. Club al que el capitán José Luis Cortina, entonces comandante y hombre clave del espionaje del CESID, habría llevado a Juan Carlos siendo este último aún príncipe en alguna de las escapadas nocturnas que solían llevar a cabo. Sería entonces José Luis Cortina, quien informaría a Tejero el 21 de febrero de 1981 del nombre en clave que se referiría a Juan Carlos como guía del golpe. Antonio J. Candil conocería todos estos datos porque en ese momento, él mismo se encontraba en segundo curso en la Escuela de Estado Mayor del Ejército de Madrid, y conoció personalmente a la mayor parte de los implicados, e incluso estuvo a las órdenes de algunos de ellos.
Los treinta condenados en el juicio fueron los siguientes:
Hubo tres procesados absueltos:
HAGO SABER
Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la Capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la Región de mi Mando hasta tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte S.M. el Rey.
En consecuencia,
DISPONGO
Artículo 1.º- Todo personal afecto a los Servicios Públicos de Interés Civil queda militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la Ley.
Artículo 2.º- Se prohíbe el contacto con las Unidades Armadas por parte de la población civil. Dichas Unidades repelerán sin intimidación ni previo aviso todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima energía.
Igualmente repelerán agresiones contra edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte, Servicios de agua, luz y electricidad, así como dependencias y almacenes de primera necesidad.
Artículo 3.º- Quedarán sometidos a la Jurisdicción Militar y tramitados por procedimientos sumarísimos todos los hechos comprendidos en el Artículo anterior, así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los Agentes de la Autoridad. Los de desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal, cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca. Igualmente los de tenencia ¡lícita de armas o cualquier otro objeto de agresión.
Artículo 4.º- Quedan prohibidos los lock-outs o huelgas. Se considerará como sedición el abandono del trabajo siendo principales responsables los dirigentes de sindicatos y asociaciones laborales.
Artículo 5.º- Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a cuatro personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social.
Artículo 6.º- Se establece el Toque de Queda desde las veintiuna a las siete horas, pudiendo circular únicamente dos personas como máximo durante el citado plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios.
Artículo 7.º- Sólo podrán circular los vehículos y transportes públicos, así como los particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas únicamente las Estaciones de Servicio y Suministro de Carburantes que diariamente se señalen.
Artículo 8.º- Quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos.
Artículo 9.º- Todos los Cuerpos de Seguridad del Estado se mantendrán bajo mi Autoridad.
Artículo 10.º- Igualmente asumo el poder judicial y administrativo, tanto del Ente Autonómico como de los Provinciales y Municipales.
Artículo 11.º- Estas Normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de S.M. el Rey o de la Superioridad.
Este Bando surtirá efectos desde el momento de su publicación.
Por último se espera la colaboración activa de todas las personas patriotas amantes del orden y de la paz, respecto a las instrucciones anteriormente expuestas.
Por todo ello termino con un fuerte:
¡VIVA EL REY! ¡VIVA POR SIEMPRE ESPAÑA!
Valencia, 23 de febrero de 1981
EL TENIENTE GENERAL
HAGO SABER
Que recibidas instrucciones dictadas por S.M. El Rey y garantizando el orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta Región de mi mando,
DISPONGO
Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de Febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este comunicado.
Quiero agradecer a todas las Autoridades, Entidades, Corporaciones, particulares y medios de comunicación social, la colaboración prestada y la comprensión de los motivos que produjeron la decisión transmitida en mi anterior comunicado.
Igualmente, ante la imposibilidad de hacerlo personal o individualmente, quiero agradecer en nombre propio y en el de esta Capitanía General cuantas adhesiones y ofrecimientos he recibido.
Al propio tiempo informo que las unidades militares seguirán adoptando el despliegue y medidas de seguridad pertinentes que les permita una pronta y eficaz actuación si fuera necesario, para garantía de la paz, orden y seguridad ciudadana.
En todo momento, la intención de este Mando ha sido y es el Servicio de España, el respeto a la Ley bajo el mando supremo de S.M. El Rey (Q.D.G.) cuya adhesión inquebrantable queda patente hoy más que nunca.
¡VIVA EL REY! ¡VIVA SIEMPRE ESPAÑA!
Valencia, 24 de Febrero de 1981
EL TENIENTE GENERAL
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