Francisco Javier de Urquía nació en Alicante.
Francisco Javier de Urquía (Alicante, 1969), es un juez español.
Se licenció en Derecho por la Universidad de Alicante en 1993. En 1998 entra en la carrera judicial. Tras pasar por los juzgados de Barcelona, Elche, Talavera de la Reina (Toledo) y Vélez-Málaga, entre otros destinos, es destinado al Juzgado de Instrucción 2 de Marbella (Málaga) en 2004. El exjuez está separado y es padre de un niño. De Urquía es hijo de Faustino de Urquía Gómez, expresidente de la Audiencia Provincial de Alicante.
En agosto de 2008 fue condenado por el Tribunal Superior andaluz a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800€ como autor de un delito de prevaricación. En abril de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en cambio, entendió que no había delito de prevaricación y sí de cohecho, por lo que le condenó a 21 meses de suspensión del cargo y a una multa de 73.800€, la mínima que contempla la ley. Los firmantes de la sentencia fueron los magistrados Carlos Granados, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Maza, Luciano Varela Castro y Joaquín Delgado. En mayo de 2010 es nuevamente juzgado en el juicio que se sigue en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra cuatro personas, entre ellas De Urquía, de nuevo por cohecho y prevaricación. Tras un juicio plagado de irregularidades que recoge la misma sentencia, la misma fue confirmada en su práctica totalidad por el Tribunal Supremo. El día 28 de diciembre de 2011, la sentencia del Tribunal Supremo ha dado a conocer que se ha estimado el recurso de De Urquía contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial de impedir su regreso al servicio activo, pues vuelve a la actividad judicial.
En marzo de 2012 el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por el TSJA por el delito de cohecho, por lo que deberá de cumplir (dado que tiene antecedentes penales) una condena de dos años de cárcel y 7 años de inhabilitación; y redujo la multa impuesta por el delito de prevaricación (a alrededor de 9.000 €) manteniendo los 10 años de inhabilitación. El 6 de marzo de 2012 el Consejo General del Poder Judicial le expulsó de la carrera judicial.
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