El estatus político del Sahara Occidental y la cuestión de su soberanía son objetos de controversia. Es uno de los diecisiete integrantes de la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización, y aunque para la ONU la potencia administradora sigue siendo España, lo cierto es que al retirarse del territorio en 1976 este país renunció a la administración del Sahara Occidental y a toda responsabilidad internacional sobre el territorio. Su soberanía es reclamada actualmente por el Reino de Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, que se disputan el control de la totalidad del territorio.
La Corte Internacional de Justicia, a través de la opinión consultiva del 16 de octubre de 1975, estableció por unanimidad que el Sahara Occidental en el momento de su colonización por España no era un territorio sin dueño (terra nullius) y que ni Marruecos ni Mauritania tenían derechos de soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental. Además, dictaminó que seguía, por tanto, siendo de aplicación la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales:
No obstante, el mismo dictamen recogía:
Lo que sirvió de pretexto a Marruecos para organizar la Marcha Verde, cuyo resultado fue la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, que entró en vigor por la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, por la que España llevó a cabo la liquidación efectiva de su administración en el territorio del Sahara Occidental.
El 26 de febrero de 1976, coincidiendo con la salida de los últimos militares del territorio, España comunicó al secretario general de la ONU que a partir de dicha fecha daba por terminada su presencia en el territorio del Sáhara y hacía constar que a partir de ese momento se consideraba exenta de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del territorio puesto que había cesado su participación en la administración temporal establecida para el mismo.
Un día después de haber puesto fin a la presencia española en el Sahara Occidental, el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) proclamó el 27 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como un gobierno en el exilio, pues el territorio del Sahara Occidental se dividió de facto entre Marruecos y Mauritania a raíz de la invasión militar de ambos países y el posterior acuerdo marroquí-mauritano de Rabat que fijó las fronteras el 14 de abril de ese año. Por este acuerdo, Marruecos se anexionó los dos tercios ubicados en el norte de la zona en una línea que iba del norte de Dajla hacia Zuérate, a pesar de la presión del ejército convencional saharaui y sus comandos de guerrilla a lo largo de todo el desierto. El 5 de agosto de 1979, Mauritania renunció en los Acuerdos Argel a sus pretensiones en el Sahara Occidental, y cuando evacuó sus tropas su territorio fue ocupado por las tropas marroquíes, no obstante, Mauritania mantuvo una guarnición en La Güera para evitar el avance marroquí sobre Cabo Blanco.
Marruecos trató de parar los éxitos militares y diplomáticos del Frente Polisario. Por un lado emprendió en 1981 la construcción de un muro defensivo con minas antipersona que divide actualmente el territorio del Sáhara Occidental, y por el que a través de sucesivas ampliaciones le permite controlar las tres cuartas partes al oeste del mismo. La porción oriental, prácticamente deshabitada, está controlada por el Frente Polisario, excepto la ciudad de La Güera controlada por Mauritania. Por otro lado, Marruecos trató de impedir la entrada de la RASD en la OUA: en la XVII cumbre en Freetown (agosto de 1980) lo pudo impedir, pero en la XVIII cumbre en Nairobi (junio de 1981), el rey Hasán II de Marruecos anunció que aceptaba el referéndum de autodeterminación como medio de solución del conflicto armado, para así impedir la entrada de la RASD en la organización. No fue así, la OUA se implicó en esta vía y en consecuencia admitió a las RASD en el Consejo de Ministros de la OUA en febrero de 1982. Marruecos consiguió boicotear la XIX cumbre en Trípoli (agosto de 1982) y no puedo ser reasumida hasta junio de 1983 en Adís Abeba, siempre que se excluyera a la RASD, pero en la XX cumbre en Adís Abeba (noviembre de 1984) finalmente se llevó a cabo la incorporación de la RASD y Marruecos se retiró de la organización, ya que no podía admitir la existencia y legitimidad de la RASD.
La Guerra del Sahara Occidental entre Marruecos y RASD proseguía mientras tanto, pero el agotamiento militar llevó a ambas partes a iniciar las negociaciones y el 30 de agosto de 1988 aceptaron por separado la propuesta de la OUA y la ONU para el cese del fuego y celebración de un referéndum con dos propuestas, o independencia o integración en Marruecos. Del resultado de las negociaciones resultó el Plan de Arreglo que se materializó en las resoluciones 658 (1990) y 690 (1991), por las que establecía el poner fin al conflicto con un cese del fuego —que se estableció posteriormente para el 6 de septiembre de 1991—, la realización de un referéndum de autodeterminación para elegir «entre la independencia y la integración con Marruecos» tomando como base el censo realizado por España en 1974, y la creación de la Misión para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) con el cometido de actualizar el censo de votantes, vigilar la reducción de las tropas marroquíes del territorio y llevar a cabo la realización del referéndum para enero de 1992.
La MINURSO fue la encargada de establecer el censo de votantes, y para ello tomó como base el censo realizado por los españoles en 1974, pero tal censo se había llevado a cabo con rapidez, con errores dada la dificultad de registrar a la población nómada (que suponía un 20% en esa época), pero además el censo español detallaba la cabila de los censados, y en una de esas categorías se introducía un campo (H) para las cabilas de origen marroquí, y es aquí donde Marruecos se negó a aceptar esa lista y trató de introducir 170 000 nuevos votantes sobre la base que habían sido beduinos obligados a huir del colonialismo, como el de la Operación Écouvillon. Esto se materializó con la introducción de nueva población en el Sahara Occidental con el pretexto de «facilitar» su identificación, además de mantener sus tropas en el territorio y obstaculizar la labor de la MINURSO. Los mecanismos de establecimiento del censo se dilataron a lo largo de la década con interrupciones e incluso de acusaciones de debilidad de MINURSO ante Marruecos.
Tras los acuerdos de Houston de septiembre de 1997 —formalizado en la resolución 1133 (1997)—, el proceso de identificación se reanudó en diciembre, para hacer el referéndum el 31 de julio de 2000. MINURSO finalizó el censo provisional en diciembre de 1999 y lo publicó el 17 de enero de 2000, en él constaba que los saharauis con derecho a voto eran 86 412, pero Marruecos introdujo 131 038 apelaciones de modo que el referéndum se volvía a paralizar. Ante esto, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan expresó el 17 de febrero de 2000 en su informe S/2000/131 al Consejo de Seguridad, sus dudas a que se celebrara un referéndum y que si este llegare a producirse y no fuera aceptado por la parte perdedora no existía ningún poder coercitivo para aplicarlo. Así mismo, planteó en su informe S/2000/683 de 12 de julio de 2000, la posibilidad de alternativas al proceso del referéndum y buscar la solución por la vía política.
En la conferencia de Berlín de septiembre de 2000 Marruecos cambió el rumbo de los acontecimientos y ofreció discutir con el Frente Polisario una solución fuera del Plan de Arreglo, en la que garantizaba la autonomía al territorio del Sahara Occidental. En junio de 2001 el Secretario General de Naciones Unidas presentó en su informe S/2001/613 al Consejo de Seguridad el «Acuerdo Marco sobre el estatuto del Sahara Occidental» (denominado informalmente como Plan Baker I, por James Baker, enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas). El Plan Baker I establecía una solución política en la que como máximo durante cinco años Marruecos y la «población del Sahara Occidental» compartirían competencias en el territorio, por la parte saharaui, los habitantes que habían estado residiendo en el territorio desde 1998, más los refugiados de los campos de Tinduf establecidos en la lista de repatriación de ACNUR del año 2000, elegirían una Asamblea legislativa sobre competencias en la región (educación, impuestos, agricultura, minería, pesca, industria…) pero con leyes que respetasen la Constitución de Marruecos, mientras que Marruecos se encargaría de las fronteras, relaciones exteriores, defensa, o de seleccionar a los jueces, y también se extendería la moneda, bandera o servicios de comunicación postal y telecomunicaciones sobre el Sahara Occidental. Antes del término de cinco años se llevaría a cabo un referéndum en el participarían los residentes en el territorio un año antes ese tiempo. A diferencia del plan de Arreglo no se planteaba un referéndum sobre la independencia del territorio sino sobre su estatus. Tanto Argelia como el Frente Polisario rechazaron este Plan, mientras que Marruecos se mostró receptivo y dispuesto a estudiarlo.
A pesar de los intentos para acercar posturas, el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad S/2002/178 de 19 de febrero de 2002, reflejaba el estancamiento de la situación. De nuevo, con el apoyo del Consejo de Seguridad, James Baker planteó una reforma del Acuerdo Marco, que fue presentada por el Secretario General ante el Consejo de Seguridad en su informe S/2003/565 de 23 de mayo de 2003, es el Plan de Paz para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”, denominado informalmente como Plan Baker II. Este plan Baker II establecía una Autoridad del Sahara Occidental, en la que le mantenía las competencias de la Asamblea legislativa del Plan Baker I así como las de Marruecos sobre el Sahara Occidental, pero establecía diferencias, así la Asamblea legislativa pasaba a ser elegida o por el censo provisional de diciembre de 1999 o por la lista de repatriados establecida por ACNUR en octubre de 2000, y sus disposiciones acorde con las normas de derechos humanos reconocidos internacionalmente, y Marruecos ya no designaría los jueces para los tribunales del Sahara Occidental y no podría llevar las relaciones exteriores concernientes al Sahara Occidental sin consultárselo a la Autoridad del Sahara Occidental. Entre los cuatro y cinco años de aplicarse este Plan se llevaría a cabo un referéndum en el que los votantes podrían ser o los ya incluidos en el censo provisional de diciembre de 1999, o los que figuraban en la lista de repatriados de ACNUR de octubre de 2000 o los que llevaran residiendo fehacientemente desde diciembre de 1999 y corroborados por Naciones Unidas; las opciones a elegir serían la independencia, la integración plena en Marruecos, y la posibilidad de añadir otras opciones convenidas entre Marruecos y la Autoridad del Sahara Occidental. Este plan fue aceptado por el Frente Polisario en julio de 2003 pero fue rechazado por Marruecos en abril de 2004.
Ante el fracaso del Plan Baker II, James Baker renunció y la situación en el Sahara Occidental permaneció estancada hasta que el 11 de abril de 2007, Marruecos presentó su «tercera vía», una propuesta de autonomía para el territorio en la que permitiría una autonomía local para el ámbito administrativo, económico, fiscal, cultural, infraestructuras y medioambiental, a la vez que mantendría la soberanía marroquí, que junto con la bandera y moneda abarcaría la explotación de recursos naturales, relaciones exteriores, defensa, poder judicial, o cuestiones religiosas y constitucionales, y una vez acordado se votaría; mientras, el Polisario presentó su propuesta e indicó que el Sahara Occidental es un proceso de descolonización que solo puede resolverse ejerciendo el derecho a la autodeterminación a través de un referéndum popular con opción a la independencia, por ello se mantenían de acuerdo con el plan Baker II, estableciendo unas garantías para los intereses marroquíes a través de una relación económica y comercial con Marruecos en el caso de alcanzar la independencia.
Peter van Walsum, el nuevo enviado personal del Secretario General, renunció a redactar un nuevo plan de paz, porque Marruecos rechazaría cualquier proyecto que incluyera la independencia, punto que sería inaceptable para la ONU, por lo que dejó el asunto a la vía política. La resolución 1754 (2007) del Consejo de Seguridad llamó a las partes a iniciar negociaciones sin precondiciones para buscar una solución política. Las Negociaciones de Manhasset tuvieron en cuatro sesiones entre junio de 2007 y marzo de 2008, pero no hubo avances en vista de las irreconciliables posturas sobre la aceptación/denegación de la autodeterminación como vía de finalizar el conflicto, puesto que las actuaciones en esas negociaciones las partes en conflicto se limitaron a reafirmar sus posiciones y expresar a van Walsum sus propuestas, pero sin debatirlas y sin contactar entre ellos.
Ante las conclusiones de Peter van Walsum ante el Consejo de Seguridad el 21 de abril de 2008 de que la independencia del Sahara Occidental no era una opción realista y que el Polisario debía renunciar a la misma a pesar de que tenía la legalidad internacional. El Frente Polisario pidió al Secretario General su sustitución o abandonaría las conversaciones con Marruecos.
Walsum fue cesado en agosto de 2008 y Christopher Ross, el nuevo enviado personal del Secretario General, fue preparando reuniones con las dos partes de una manera informal (con Argelia y Mauritania asistiendo como observadores) en nueve rondas desde agosto de 2009 hasta marzo de 2012 pero solo se centraron en cuestiones secundarias y no en solucionar el conflicto. Desde entonces Christopher Ross ha reorientado su actuación en incluir a miembros de la sociedad civil, líderes políticos o disidentes, en mejorar las relaciones entre Marruecos y Argelia y en llevar a cabo una diplomacia itinerante e indirecta en los países de la zona.
Para la ONU el Sahara Occidental es un territorio no autónomo desde 1965 por la resolución 2072 (XX) de la Asamblea General, y España sigue siendo potencia administradora del territorio. Así lo establece un informe jurídico (documento S/2002/161) dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fechado el 29 de enero de 2002, en su sexto párrafo:
Ningún país reconoce formalmente la anexión marroquí, como admite el Informe del Secretario General de la ONU sobre la situación relativa al Sahara Occidental (19 de abril de 2006):
De acuerdo con esto, la Audiencia Nacional de España se declaró competente para investigar la actuación de las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos contra los habitantes del asentamiento Gdeim Izik, instalado en las afuera de El Aaiún por las Protestas en el Sahara Occidental de 2010-2011, sobre la base que España es la potencia administradora del Sahara Occidental de iure aunque no de facto, y por tanto debe dar «dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso».
La posición oficial de Marruecos en este sentido es que la totalidad del Sahara Occidental es una parte integral de Marruecos. El gobierno marroquí se refiere al Sahara Occidental como "Sahara Marroquí", "provincias saharianas", "provincias del sur" o simplemente "Sahara". El reclamo de Marruecos sobre el territorio se basa en el hecho de que el Sahara Occidental forma parte del Gran Marruecos. La monarquía marroquí reclama que históricamente los lazos económicos, religiosos y militares entre Marruecos y los consejos tribales saharauis demuestran que Marruecos siempre ha ejercido la autoridad sobre el Sahara Occidental.
Marruecos también cita los esfuerzos conjuntos militares entre los saharauis y el Ejército Marroquí de Liberación del Sur contra los españoles en la década de 1950. Además, existen numerosos vínculos culturales e históricos entre los pueblos del sur de Marruecos y el pueblo del Sahara Occidental. Estos han sido enfatizados por los marroquíes para fortalecer sus reclamos territoriales.
Teniendo en cuenta que en la actualidad hay cientos de miles de marroquíes viviendo en el Sahara Occidental y que el gobierno marroquí ha ofrecido la autonomía al territorio, Marruecos se opone firmemente a una posible independencia para los saharauis. La posición de Marruecos es que cualquier mención de la independencia es inaceptable, ya que esto subvierte la integridad territorial del Estado marroquí. Marruecos considera que el conflicto emana más bien de la rivalidad histórica entre Argelia y Marruecos y el generoso apoyo que Argelia le ha proporcionado al Frente Polisario, que de cualquier legítimo deseo saharaui por la libertad o la independencia.
En 2007, Marruecos presentó su propuesta de solución al conflicto del Sahara Occidental ante las Naciones Unidas, pidiendo un referéndum que permitiría a los residentes del Sahara Occidental a votar en convertirse en una región autónoma del Reino. El gobierno marroquí insiste en que la autonomía es la solución más realista, basándose en el control que ya ejerce sobre gran parte de la región y sus demandas históricas sobre Sahara Occidental.
Para Marruecos el Sahara Occidental se ha convertido en un factor integrador en la política interior marroquí, sirviendo además de una excusa para mantener ciertas medidas represivas. Además, a Marruecos también lo mueven razones económicas (fosfatos, pesca y probablemente petróleo). Aunque ningún país reconoce oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, Marruecos cuenta con el respaldo de Francia y algunos países árabes, así como de elementos en el gobierno de Estados Unidos.
El Frente Polisario ha basado sus objetivos reales en la consecución del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como vía para la consecución de la independencia, basando sus reivindicaciones en el derecho internacional derivado de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de su Asamblea General y las decisiones del Tribunal Internacional de la Haya. Sin embargo, Marruecos considera que el Frente Polisario es un "títere" de Argelia, país con el que ha mantenido una rivalidad por varios años.
El diario nacional estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo el 11 de agosto de 2019 sobre el Sáhara Occidental, que establece la posición de los Estados Unidos sobre el conflicto al afirmar que "Washington no apoyaría un plan destinado a crear un nuevo estado en África".
En febrero de 2020, Israel pidió a Estados Unidos que reconociera la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental si el estado árabe normalizaba las relaciones con Israel. Días después, Estados Unidos anunció que no iba a reconocer la soberanía marroquí en el territorio saharaui. En diciembre de 2020, no obstante, el presidente Donald Trump anunció que reconocería la soberanía marroquí sobre el territorio.
Por otra parte, el Frente Polisario y el gobierno de la RASD denunció que no le correspondía a Trump esta decisión y denunciando la "flagrante violación" de la Carta de Naciones Unidas y de las decisiones al respecto tomadas por organizaciones y tribunales internacionales. Añadió que "la decisión de Trump no cambia en nada la naturaleza jurídica de la cuestión saharaui, ya que la comunidad internacional no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, lo que sigue siendo propiedad exclusiva del pueblo saharaui”.
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