Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro (n. Cartagena, 3 de abril de 1956) es un expolítico español. Fue alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del Grupo Popular en la oposición en el Congreso.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante en 1984. Está casado, tiene dos hijas y un hijo, que falleció el 2 de agosto de 2011 a causa de una patología que padecía de nacimiento. Es suegro del empresario Luis Iglesias.
Zaplana, que contrajo matrimonio con Rosa Barceló, hija de un conspicuo empresario hotelero de Benidorm, desembarcó en Alianza Popular (AP) proveniente de la Unión de Centro Democrático (UCD). Ya refundada AP como el Partido Popular (PP), en 1991 llegó a la alcaldía de Benidorm tras plantear una moción de censura contra el equipo de gobierno del PSPV-PSOE, ganada gracias al apoyo de una concejala tránsfuga de dicho partido, Maruja Sánchez, conocida popularmente como «la Bienpagá». Durante la investigación del caso Naseiro, Zaplana fue grabado en una comprometedora conversación telefónica con Salvador Palop, aunque la defensa logró la nulidad de la escucha.
En 1995 fue candidato del PP después de arrebatar la presidencia del partido al posteriormente senador Pedro Agramunt. Ganó las elecciones autonómicas por mayoría simple, y gracias al denominado «pacto del pollo» con Unión Valenciana, por el que la formación regionalista llevaría a su cabeza de lista, Vicente González Lizondo, a la presidencia de las Cortes autonómicas, consiguió la presidencia de la Generalitat Valenciana. En 1999 consiguió la mayoría absoluta y renovó como Presidente.
Durante su mandato trató de promocionar la imagen exterior de la Comunidad Valenciana por medio de campañas de publicidad como la que le vinculó al cantante Julio Iglesias. El acuerdo entre la administración valenciana y Julio Iglesias acabó en los tribunales dentro del conocido caso Ivex, que investigó el saqueo del Instituto Valenciano de la Exportación. Una de las piezas de esta causa se cerró con la condena a prisión de los directivos de esta sociedad pública.
La idea de los grandes proyectos y los grandes eventos, que su sucesor Francisco Camps llevó al paroxismo, comenzó con él. La mayoría de aquellos grandes sueños se convirtieron, con el paso del tiempo, en auténticas pesadillas para las arcas públicas.
El parque temático, ubicado sobre 450 hectáreas de terreno que había sido pasto de incendios forestales junto a Benidorm, ciudad de la que había sido alcalde, fue inaugurado en 2000 por el entonces príncipe Felipe. No resultó el foco de atracción turística que Zaplana había prometido y supuso un fiasco económico gigantesco. Acabó vendido en 2012 a la empresa Aqualandia por 67 millones de euros. La Generalitat Valenciana y las cajas de ahorros autóctonas perdieron 377 millones en la aventura.
La construcción de Terra Mítica, además, centró uno de los primeros casos de corrupción instruidos en los juzgados valencianos durante la etapa de gobierno del PP. Un proceso que culminaría 15 años después, en abril de 2016, con la condena del excuñado de Zaplana, Justo Valverde, que fue responsable de contratación, a cuatro años y 10 meses, el exdirector técnico Antonio Rincón y una veintena de empresarios contratistas, entre ellos Vicente Conesa, que fue sentenciado a 23 años, por estafa y fraude a la Hacienda pública.
Zaplana fue llamado a Madrid por el presidente del Gobierno, José María Aznar. Fue presidente de la Generalitat Valenciana hasta el 24 de julio de 2002, cuando dejó la jefatura del gobierno valenciano para desempeñar el cargo de ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, dejando la presidencia a José Luis Olivas. Poco después fue nombrado también portavoz del Gobierno. Estando en este puesto, se cometieron los atentados del 11 de marzo de 2004 y tuvo la responsabilidad de las controvertidas comunicaciones oficiales sobre los atentados, junto al ministro del Interior Ángel Acebas. Tras las elecciones del 14 de marzo de 2004, cuando el PP pasó a la oposición en el Parlamento español, Zaplana se convirtió en el portavoz del principal partido de la oposición en el Congreso, donde formuló varias preguntas parlamentarias, en la misma línea de las "teorías de la conspiración" sobre la actuación de la justicia y las fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación del atentado. Tras las elecciones del 9 de marzo de 2008 anunció que dejaba su cargo para «fomentar la renovación», pero sin abandonar su escaño. Sin embargo, poco después, el 29 de abril, renunció a su puesto de diputado y su retirada "temporal" de la política para trabajar como delegado para Europa del Grupo Telefónica donde cobrará casi un millón de euros al año.[cita requerida]
Desde 2012 hasta mayo de 2018 Eduardo Zaplana fue adjunto al secretario general de la multinacional española Telefónica.
En 2008 fundó la empresa de asesoramiento Decuria Consulting.
Fue detenido el 22 de mayo de 2018, acusado de presunto blanqueo de capitales y cohecho en el marco de la Operación Erial. Telefónica suspendió su relación laboral tras conocerse este hecho. El 24 de mayo de 2018 ingresó en el Centro Penitenciario de Picasent. Esta medida cautelar de prisión preventiva fue recurrida por la defensa del expolítico, pero desde el juzgado se desestimó entonces la solicitud de excarcelación por motivos de salud argumentándose que no se encontraba en «una cárcel del medievo».
Las penurias físicas aparentemente padecidas por Zaplana en prisión, enfermo de leucemia desde 2015 y que le llevaron a ingresar en el Hospital de la Fe de Valencia, motivaron en diciembre de 2018 diversas peticiones para que el reo preventivo no regresara a prisión por «humanidad» y por «compasión» provenientes, por ejemplo, de Arnaldo Otegi, Ximo Puig, Pablo Iglesias y José María Aznar.
A estas peticiones de excarcelación por principios humanitarios se han sumado exministros de UCD, PSOE y PP, así como se han presentado miles de firmas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando la libertad de Zaplana. En la prensa de ámbito nacional y local se han publicado artículos favorables a dejar libre al expolítico, rubricados por distinguidos periodistas entre quienes destacan Luis María Ansón, Juan R. Gil y Elisa Beni.. Dentro del ámbito académico también se produjeron manifestaciones favorables.
Por su parte, en enero de 2019 la Fiscalía se ha opuesto a que se levante la medida cautelar de prisión preventiva.
El 7 de febrero de 2019 fue decretada su puesta en libertad tras ocho meses y medio en prisión preventiva. En octubre de dicho año se filtraron las prueba judiciales del caso. En el informe final hecho público en 2020 se apuntan, entre otros términos que "la suma total de fondos que se abonan en productos bancarios radicados en Luxemburgo y titulados por Imison asciende a 11.209.028 euros".
Escribe un comentario o lo que quieras sobre Eduardo Zaplana (directo, no tienes que registrarte)
Comentarios
(de más nuevos a más antiguos)