El defensor del pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos, en su caso, legislativo de ese mismo Estado.
Algunos autores[¿quién?] defienden que la Justicia de Aragón, nacida a finales del siglo XII d. C. e inicios del XIII d. C., es el precursor del defensor del Pueblo. Para otros, procede de la figura del procurador o protector universal de todos los indígenas de las Indias de 1516. Por fin, ciertos autores sitúan su origen en la Constitución Sueca, que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial; de allí la popularidad de su nombre en sueco, ombudsman.
En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo y en algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos. En los países francófonos suele llamarse Defensor de los derechos (en francés: Défenseur des droits).
En España su denominación depende de cada autonomía: por ejemplo, en las regiones catalanófonas se trata del Síndic de Greuges, mientras en Aragón su denominación es la tradicional: Justicia de Aragón. Del mismo modo, existen diferencias entre el ombudsman y el Defensor del Pueblo en España, ya que mientras que el ombudsman fue diseñado para supervisar la Administración pública, el Defensor del Pueblo utiliza esta supervisión como instrumento para defender los derechos y libertades fundamentales, tal y como se desprende del artículo 54 de la Constitución española y de su ubicación dentro del Capítulo IV del Título I.
La legitimación democrática del Defensor del Pueblo es indudable, pues en todos los casos procede de la elección parlamentaria, con mayoría cualificada y tras debate público sobre la figura del candidato. Sin embargo, es independiente del Parlamento, el cual no puede enviarle instrucciones ni cesarlo, salvo por causas tasadas. Se ha señalado en los derechos humanos que la efectividad de esta figura queda limitada por su incapacidad de imponer coactivamente sus decisiones a las autoridades concernidas. Su capacidad de control reside sobre todo en la razonabilidad o persuasión de sus argumentos, por lo que adquiere un carácter más político que judicial. Sin embargo, la experiencia demuestra que buena parte de sus recomendaciones suelen ser atendidas por los poderes públicos.
En algunos países, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para presentar acciones o recursos ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, en su caso.
El Defensor del Pueblo se ha desarrollado especialmente en el continente americano, siguiendo el modelo español. Las instituciones del continente se agrupan desde 1995 en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, una organización muy activa en la defensa de los derechos humanos en la región, que publica anualmente un importante Informe sobre derechos humanos.
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