La Defensoría Pública en Ecuador es un órgano autónomo de la función judicial, que provee defensa legal gratuita a aquellas personas que no pueden contratar los servicios para su propia defensa legal. Según la Constitución de la República del Ecuador, no existe restricción frente a las materias o instancias donde se puede proveer este servicio y la institución debe tener acceso a los mismos recursos equivalentes a los de la Fiscalía General del Estado (Ecuador).
La institución se adopta en Ecuador por primera vez en 2008, con la adopción de Constitución de Ecuador de 2008. Hasta la actualidad, la institución carece de una ley que la regule de manera directa y específica, por lo que a pesar de ser autónoma, depende de leyes generales para operar. En septiembre de 2019, la Defensoría Pública entregó a la Asamblea Nacional de Ecuador una propuesta de ley que regule directamente a la institución.
La autoridad máxima de la institución es el Defensor Público General, cargo que solo puede ser ocupado por un ecuatoriano, con título de abogado, y que haya ejercido la profesión por al menos diez años con probidad notoria. El Defensor Público General es elegido para un periodo de seis años sin posibilidad a reelección, mediante un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Las competencias del Defensor Público General están definidas por el Código Orgánico de la Función Judicial:
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