La crisis económica española se inició en 2008 y concluyó en el año 2014, de acuerdo con los datos de la contabilidad nacional, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la economía española tardó bastantes más años en recuperar los niveles previos a la crisis de algunas de las variables más importantes como el desempleo. Además la salida de la crisis se produjo a costa de un crecimiento de la desigualdad. Esta crisis se enmarca dentro de la denominada Gran Recesión que afectó a la mayor parte de países del mundo, en especial a los países desarrollados.
El comienzo de la crisis mundial supuso para España la explosión de otros problemas: el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del desempleo en España, de lo que derivó el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo así como cuestionar el sistema político exigiendo una renovación democrática. El movimiento social más importante fue el denominado Movimiento 15-M, surgido en mayor medida por la precariedad y las condiciones económicas de las clases media y baja; dos consecuencias de la crisis financiera. La drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas de gasto llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de las administraciones autonómicas y municipales, la corrupción política, el deterioro de la productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo fueron otros de los problemas que también contribuyeron al agravamiento de la crisis. La crisis se extendió más allá de la economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y sociales.[cita requerida]
El origen de esta crisis, enmarcada en el contexto de una crisis económico-financiera mundial, estuvo fuertemente influida por el fuerte ajuste de la industria de la construcción tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Se considera que la burbuja inmobiliaria empezó a finales de los años noventa, durante el gobierno de José María Aznar.
El abaratamiento del precio de la vivienda unido al desempleo conllevó que muchos ciudadanos no pudieran hacerse cargo de sus hipotecas, ni aun vendiendo sus inmuebles. Esta situación se produjo debido a que en zonas donde los precios se habían "inflado" mucho, el precio de la vivienda era inferior al de la deuda hipotecaria contraída. Así, numerosos embargos de locales y segundas residencias, así como desahucios de primeras viviendas se llevaron a cabo durante este período de crisis. Aunque al comienzo de la crisis (2008) se lanzaron 27 000 ejecuciones hipotecarias, en 2017 se contabilizaron 600 000 personas desahuciadas.
Debido a la falta de recursos energéticos propios, España tradicionalmente ha importado todo su petróleo del exterior por lo que la crisis energética de los años 2000 produjo una tendencia inflacionista. En junio de 2008 la inflación acumulada en los últimos trece años era del 5 %. La abrupta caída entre 2003 y 2008 del precio del petróleo junto con el pinchazo confirmado de la burbuja, hicieron temer un riesgo de deflación, España alcanzó en 2009 la tasa de inflación más baja en los últimos 40 años, y en marzo de 2009 hubo por primera vez deflación desde que existen datos registrados.
En octubre de 2010, la economía seguía contrayéndose al tiempo que aumentaba de nuevo la inflación. Entre 2011 y 2012, los precios subieron un 3,5 %, esta subida combinada con medidas de austeridad y un alto desempleo impactaron negativamente en el nivel de vida de los españoles. Al mismo tiempo los salarios medios decrecieron y el poder de compra se redujo notablemente.
El sistema bancario español se consideraba por muchos analistas económicos como uno de los más sólidos entre las economías de Europa Occidental y de los mejor equipados para soportar una crisis de liquidez, debido a la política bancaria restrictiva que obligaba a mantener un porcentaje de reservas alto. Sin embargo, este análisis resultó ser incorrecto por otros factores, durante la burbuja inmobiliaria en España esta política se relajó y el regulador, el Banco de España, actuó con omisión. El sistema contable de "aprovisionamiento contable" practicado en España no supera los estándares mínimos del International Accounting Standards Board, esto permitió dar una apariencia de solidez mientras el sistema se hacía vulnerable.
Contrastando fuertemente con otros países como Irlanda, la única nacionalización de importancia fue tardía. Previamente el gobierno había fomentado con dinero público una concentración bancaria. Dado que España tenía la red de oficinas bancaria más densa de Europa, esto llevó a un gran número de empleados "sobrantes" a aumentar el desempleo.
El FROB, redenominado Autoridad de Resolución Ejecutiva actuó como fondo de rescate y en su informe de diciembre de 2019, contabilizando las ayudas del FROB, Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la Sareb, señala que se han gestionado procesos de rescate de entidades del sistema bancario que representaban el 38,3 % del total de depósitos cubiertos en las siguientes entidades con los importes en millones de euros: Bankia (22 424), Caixa Catalunya (Catalunya Banc) (12 599), Caja de Ahorros del Mediterráneo (12 474), NovaCaixaGalicia (9404), Banco de Valencia (6103), Caja Castilla-La Mancha (4215), Sareb (2192), Unnim (1997), BMN (1645), Banco CEISS (1559), Cajasur (1192), Banca Cívica (977), Caja3 (407), Banco Gallego (245) y Liberbank (124).
El desempleo, que marcaba un mínimo histórico durante la primavera de 2007 con 1,76 millones de personas (un 7,95 % de la población activa), pasó a registrar un máximo histórico en el primer trimestre de 2013 con más de 6 200 000 parados (un 27,16 %), con un paro juvenil (desempleados menores de 25 años) de más de 960 000 personas (57,2 %). Si se consideran las cifras de paro del primer trimestre de cada año se tiene la siguiente serie:
Por otra parte, el descenso del paro no fue acompañado de un aumento de la ocupación, sino que se debió a la pérdida de población activa, ya que entre 2008-2016 tuvo un descenso importante. Las cifras de variación interanuales (de enero a enero) según el INE son las siguientes:
El producto interior bruto (PIB) registró un decrecimiento continuado durante el último semestre de 2008 que provocó que, por primera vez en quince años, España entrase en una recesión de la que no salió hasta el segundo trimestre de 2010; si bien brevemente, ya que el PIB volvió a caer a partir de 2011. Esta serie de recesiones provocaron que el PIB per cápita de España pasase de ser el 105 % de la media de la Unión Europea en 2006 a representar un 95 % de la misma en 2013.
Crecimiento interanual del PIB en España (base 2010)
La inflación interanual alcanzó un máximo histórico[cita requerida] del 5,3 % en julio de 2008 debido al incremento del precio del petróleo y, tras ocho meses de caídas, entró por primera vez desde que se tienen registros en una deflación que se prolongó durante otros ocho meses (de marzo a octubre de 2009), llegando a marcar un pico negativo del –1,4 %.
A lo largo de la segunda mitad del año 2007, los precios empezaron a aumentar de forma considerable, situando la variación anual del IPC en diciembre de ese año en el 4,2 %. Sin embargo, un estudio realizado por Caixa Catalunya aseguraba que la variación de los precios de alimentos básicos y de la energía fue del 7,9 %, los productos de consumo habitual fueron los que experimentaron un mayor aumento, en especial la leche (31,0 %), la gasolina (16,2 %), el pan (14,4 %) y los huevos (9,6 %).
Los precios no dejaron de aumentar hasta julio de 2008, donde el IPC marcó el 5,3 %, su nivel más alto desde 1992. Tras ocho meses consecutivos de caídas, el IPC entra en números negativos en marzo de 2009, coincidiendo con el retroceso del precio del petróleo y con el abaratamiento de algunos alimentos. Es la primera vez, desde que se calcula este indicador en España (1961), que se registra un descenso de los precios.
La deuda pública, que en 2007 representaba un 36,1 % del PIB, se duplicó en tres años, situándose en el 60,1 % en 2010, en 2013 alcanzó el 93,4 % del Producto Interior Bruto. En cambio, la prima de riesgo con respecto al bund alemán comenzó a dispararse durante el verano de 2011 hasta la cifra récord de 416 puntos, acrecentando los temores de un posible rescate económico de la UE a España, como los llevados a cabo en Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre. La prima de riesgo marcó récord en el verano de 2012 desde la entrada de España en el euro anotando 616 puntos básicos respecto al bono alemán a 10 años.
El ratio de morosidad alcanzó los niveles más altos desde que se empezó a utilizar dicho indicador en 1962, superando los alcanzados durante la Crisis económica de 1993 en España. A mayo de 2014, el ratio máximo se ha registrado en diciembre de 2013, con un valor de 13,62 %. Ello a pesar de que el traspaso de activos tóxico a la Sareb a finales de 2012 redujo dicho ratio en prácticamente un punto básico. En enero de 2014, el Banco de España modificó el sistema de cálculo del ratio de morosidad al dejar de considerar a los Establecimientos Financieros de Crédito como entidades de crédito; lo que causó un ligero descenso en febrero.
Los efectos de la crisis económica empezaron a evidenciarse al inicio del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras negar la crisis en sus comienzos, y después de invertir enormes cantidades de dinero público en planes de choque contra la crisis (inyección de 100 000 millones de euros en avales para la banca, 50 000 millones de euros en el denominado Plan-E), Zapatero tomó medidas económicas alejadas del programa electoral con el que concurrió a las elecciones: congelación de pensiones, reducción del salario de los empleados públicos, retirada de medidas estrella de la legislatura anterior (cheque-bebé, deducción de 400 euros en el IRPF), además de una reforma laboral que provocó el rechazo sindical y patronal y que condujo a una huelga general.
El 9 de agosto de 2007, es la fecha que los analistas señalan como el inicio de la crisis económica a escala mundial. Ese día, como consecuencia de la crisis de las hipotecas subprime, se produjeron las primeras quiebras importantes de entidades financieras estadounidenses dedicadas al crédito hipotecario y a la titulización de activos. En Europa, uno de los principales bancos, el BNP Paribas, suspendió varios fondos de inversión por la falta de crédito en el sistema. La venta masiva de títulos de otros sectores llevada a cabo por las entidades financieras para obtener liquidez provocó que las bolsas de todo el mundo sufran fuertes caídas. Ante esta situación, la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra acordaron de forma coordinada inyectar 400 000 millones de euros para generar liquidez.
Por esas fechas, en España, la situación económica empezaba a alertar sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ya en abril de 2007, el grupo inmobiliario Astroc sufría el mayor crash de la bolsa española, y en octubre de ese año, otro grupo inmobiliario, Llanera, presentaba suspensión de pagos.
En cambio, la situación política de ese momento era de pre-campaña electoral, con la vista puesta en las elecciones generales de marzo de 2008. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Pedro Solbes al frente del Ministerio de Economía, proponía medidas de gran calado social y de alto impacto económico, como el cheque-bebé en julio de 2007 (2500 euros por cada nuevo hijo nacido), al mismo tiempo que se aseguraba que la situación económica española se encontraba «en la Champions League de la economía mundial».
A principios de 2008, durante los últimos meses de la primera legislatura de Zapatero, se dieron a conocer varios datos que alertan sobre un notable deterioro de la situación económica española. La inflación subía hasta niveles no vistos en doce años, lastrada por el encarecimiento del petróleo y los alimentos básicos; el desempleo empezaba a elevarse con casi cuatrocientos mil parados más que al comienzo de la legislatura; se observaban caídas en el consumo de los hogares, las ventas del comercio al por menor, el índice de producción industrial, la matriculación de vehículos, el número de hipotecas concedidas, la recaudación por IVA, etc. Solbes ve «enormemente exagerado» decir que España está en crisis, aunque asegura que el país no volverá a tener superávit hasta 2011.
Desde el gobierno se tendía a relativizar los datos económicos adversos y a negar de forma tajante cualquier indicio de crisis económica. Zapatero calificaba en varias ocasiones de «antipatriotas» a aquellos que alertaban de una posible crisis económica. Al mismo tiempo continuaba haciendo promesas electorales de gran impacto económico, como la devolución de 400 euros a todos los contribuyentes del IRPF en caso de ser reelegido. Sin embargo, el deterioro de la economía no pasaba desapercibido y desde el gobierno se comenzaba a utilizar el término "desaceleración" para referirse al inicio de la crisis sin nombrarla.
Tras una campaña electoral en la que uno de los eslóganes principales del PSOE era «Por el pleno empleo. Motivos para creer», Zapatero ganó las elecciones de marzo de 2008, aunque no con mayoría absoluta. El primer plan de medidas que aprobó el nuevo gobierno para atenuar la desaceleración de la economía española fue una inyección de 10 000 millones de euros, 6000 de ellos destinados a la rebaja tributaria de 400 euros prometida antes de ganar las elecciones. Pedro Solbes, que siguió inicialmente como ministro de Economía y Hacienda a petición de Zapatero, empezó a mostrar discrepancias sobre el gasto del gobierno y reconocía que esta deducción agotaba el margen de maniobra para tomar nuevas medidas a corto plazo.
Durante los meses siguientes se fueron conociendo más datos de destrucción de puestos de trabajo y de caídas de afiliación a la seguridad social. El gobierno tuvo que rebajar sus previsiones de crecimiento económico para 2008, pero mantenía que «en 2009 saldremos del bache». Zapatero seguía sin reconocer la crisis económica, a la que denominaba «desaceleración transitoria ahora más intensa» o «debilidades económicas», y destacaba los logros económicos conseguidos durante la legislatura anterior sin descartar la aplicación de nuevas medidas de estímulo. A finales de mayo de 2008, el euríbor superó por primera vez el 5 %, lo que suponía un encarecimiento de la cuota mensual de las hipotecas.
A finales de junio de 2008, Zapatero admite en un discurso ante grandes empresarios que existen «dificultades serias» con una economía «de crecimiento débil e inflación alta», y reconoce que la economía española va a crecer «por debajo del 2 %», cuando el cálculo oficial es del 3,3 %. Para suavizar las consecuencias del ajuste en la construcción, la pérdida de empleo y la subida del petróleo, Zapatero anuncia un «plan de austeridad» de 21 puntos con el que el gobierno busca ahorrar 250 millones de euros. Entre las medidas más significativas se encuentran la reducción del 70 % de la oferta de empleo público y la congelación del salario de 403 altos cargos (entre los que se encuentra el suyo).
A mediados de junio de 2008, el diputado Gaspar Llamazares (IU) pregunta en el Congreso al vicepresidente Pedro Solbes por las medidas adoptadas «frente a la crisis». En su réplica, Solbes se convierte en el primer miembro del Gobierno y del PSOE que utiliza el término "crisis" para referirse a la situación económica, sin embargo ya era un término profusamente utilizado en los medios y en distintos análisis económicos. No fue hasta el 8 de julio de 2008 cuando Zapatero, en una entrevista en Antena 3 tras las celebración del 37.º Congreso Federal del PSOE, menciona por primera vez la palabra «crisis, como ustedes quieren que diga».
Una semana después de que Zapatero reconozca públicamente la existencia de una crisis económica, la primera inmobiliaria del país, Martinsa-Fadesa, anuncia el mayor concurso de acreedores de la historia, con una deuda de 5200 millones de euros por falta de liquidez. La situación de la inmobiliaria arrastra en la bolsa de valores a su banca acreedora y al resto del sector inmobiliario. Algunos expertos señalan que este hecho evidencia el estancamiento de las ventas en el sector inmobiliario, la falta de confianza en una recuperación y restricción del crédito por parte del sector financiero.
El Consejo de Ministros aprueba un programa de veinticuatro reformas económicas para su aplicación en los sectores de la vivienda, el transporte, la energía, las telecomunicaciones y el medio ambiente.
A principios de octubre de 2008, se presentan acciones a escala internacional para restablecer la confianza tras la espiral de quiebras en el sector bancario (Fortis, Dexia, Hypo Real Estate Bank, etc.). Por un lado, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba un plan de rescate financiero diseñado por el Gobierno de George W. Bush para la adquisición de deuda de mala calidad de los bancos, con un coste de hasta 700 000 millones de dólares (medio billón de euros). Por otro lado, los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia realizan una declaración conjunta en la que se comprometen a apoyar a los bancos problemáticos y a actuar de forma coordinada.
Por su parte, Zapatero, tras respectivos encuentros con el líder de la oposición, representantes de la banca y agentes sociales, anuncia la creación de un fondo de 30 000 millones de euros (ampliable a 50 000 millones) para la compra de «activos financieros sanos, no tóxicos», con cargo al Tesoro Público, que permitiría garantizar la liquidez del mercado español. Además, también anuncia un aumento de la garantía mínima de los depósitos españoles en caso de quiebras bancarias a los 100 000 euros, el doble del mínimo pactado por la Unión Europea. Al mismo tiempo, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya advierte que «es absolutamente inevitable un proceso de reestructuración en el sector financiero español, ya sea con fusiones o con otras fórmulas».
Ante este escenario, las bolsas mundiales sufren un viernes negro el 10 de octubre, especialmente la de Madrid, que cierra la sesión con una caída del 9,14 %, la mayor de su historia, perdiendo la cota de los 9000 puntos. Ese mismo fin de semana, en París, los líderes de los entonces quince países de la eurozona acuerdan una estrategia común para asegurar la liquidez de las instituciones financieras y proporcionarles capital adicional. La ayuda conjunta supera el billón de euros. De ellos, España compromete cien mil millones para garantizar avales bancarios. En palabras de Zapatero, estas medidas «son imprescindibles» para solventar «la grave situación de nuestro sistema financiero y de nuestras economías». Las bolsas europeas responden el lunes siguiente con fuertes subidas (París un 11,18 %, Frankfurt un 11,40 %, Milán un 11,49 %, Londres un 8,2 %). El Ibex 35 registra ahora la mayor subida de su historia, al ganar un 10,65 % y rozar los 10 000 puntos.
A finales de noviembre, Zapatero anuncia un plan urgente para la reactivación de la economía dotado con 11 000 millones de euros, un 1,1 % del PIB, con el que se espera conseguir la creación de 300 000 puestos de trabajo durante 2009. El plan contempla que 8000 millones de euros se destinen a la inversión pública en los ayuntamientos (Fondo Estatal de Inversión Local).
Durante el cuarto trimestre de 2008, la economía española entró oficialmente en recesión, al caer el producto interior bruto (PIB) un 1,1 %, descenso que se sumaba al del 0,3 % en el tercer trimestre. Por otro lado, la escalada en la destrucción de empleo se fue haciendo cada vez más notable: en agosto de 2008 se superó la barrera de los dos millones y medio de parados, la cifra más alta en diez años. En diciembre, España se convirtió en el país que más empleo destruía del mundo, al rozar los tres millones de desempleados.
La primera recesión en España de la crisis terminó en el primer trimestre de 2010. Un año y tres meses después, en el segundo trimestre de 2011, el país volvía a caer en recesión.
En noviembre de 2008 se celebró en Washington la primera cumbre del G-20, que reúne a los países más desarrollados con los mayores países en desarrollo. Aunque España no es uno de los países inicialmente invitados, después de un intenso trabajo diplomático consigue asistir a la cita como "octava potencia económica mundial". La cumbre concluye con la aprobación por unanimidad de una serie de acuerdos y compromisos con el objetivo de reformar y fortalecer los mercados financieros evitando el proteccionismo.
En este contexto, Zapatero presentó el 12 de enero el Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo), un proyecto con 82 medidas económicas (que se iría ampliando hasta superar el centenar) para «ayudar a mitigar la difícil situación que atraviesan miles de familias y empresas en España». Las medidas se agrupan en cuatro ejes: apoyo a las familias, fomento del empleo, apoyo al sistema financiero y modernización de la economía. Su coste supone el 2,3 % del PIB de 2009, lo que convirtió a España en el segundo país del mundo que más esfuerzo fiscal realizado, por detrás de Arabia Saudí.
De todas las medidas, la más destacada fue el Fondo Estatal de Inversión Local, que destinaba ocho mil millones de euros a financiar la realización de obras en el ámbito municipal (en principio urgentes) que permitían generar empleo de forma rápida. Entre las obras financiables se encontraban las destinadas a la mejora de edificios y espacios urbanos públicos, el equipamiento de infraestructuras de servicios básicos, la supresión de barreras arquitectónicas, la conservación del patrimonio municipal, la promoción del turismo, etc. Otras medidas incluidas en el Plan E fueron: la creación del Fondo Estatal de Dinamización de la Economía y el Empleo (3000 millones de euros), la reducción del gasto corriente por valor de 2500 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, la ampliación y mejora de las líneas de actuación del ICO (47 000 millones de euros), planes para la industria automovilística (Plan VIVE, Plan Renove Turismo) y el fomento del alquiler de la vivienda y de la VPO.
Se ha puesto en duda el poco valor añadido, la productividad de las actividades y la utilidad dadas las condiciones de ejecución.
Entre marzo de 2009 y noviembre de 2009 hubo otra serie de eventos económicos que fueron noticias:
El gobierno socialista emprendió una reforma de la Constitución que exigía que el gobierno tendría un techo de déficit que no podría superarse. La reforma fue pactada por el PSOE, en el gobierno, y el PP, principal partido de la oposición.
El 20 de noviembre de 2011 se celebraron elecciones generales en las que salió ganador por mayoría absoluta el Partido Popular. Su presidente Mariano Rajoy asumió el cargo de presidente de gobierno el 21 de diciembre de 2011. Las primeras medidas que tomó, totalmente opuestas a su programa político, fueron las siguientes:
Durante el segundo trimestre de 2011 —en el tramo final del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— y según el INE, la economía española entra en su segunda recesión. Este período recesivo terminó en el tercer trimestre de 2013, cuando se produjo un crecimiento positivo del 0,1 %. La recesión duró, por tanto, nueve trimestres, en el que se considera el período recesivo más largo de toda la democracia.
En febrero se aprobó una nueva reforma de la legislación laboral que se añadía a los cambios aprobados en septiembre de 2010 por el anterior gobierno. La nueva reforma fue aprobada por el Consejo de Ministros de España, en su reunión del 10 de febrero de 2012, a través de un Real Decreto-ley.
Mediante la aprobación del «Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral», publicado al día siguiente de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular, se proponía «facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis», además de «acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable».
El 7 de mayo de 2012 se anunció una inyección monetaria a Bankia, entidad financiera resultado de la integración de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia, que llevaría a la dimisión de su presidente Rodrigo Rato, o a su cese según otras fuentes. Dos días más tarde, el 9 de mayo se procedió a la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, mediante la cual el gobierno se hizo con el control de Bankia. En los días posteriores, el precio de las acciones de Bankia cayó en la bolsa y arrastró a todos al precio de las acciones de otras empresas indexadas en el IBEX 35. Mariano Rajoy pidió a la Unión Europea manifestaciones públicas en apoyo de sus políticas y solicitó una declaración formal y clara a favor del euro aunque Bruselas elude dar una respuesta a Madrid.
El 17 de mayo la agencia Moody's rebajó la calificación de 16 bancos españoles, además de bajar la calificación de la deuda de la Región de Murcia y Cataluña a "bono basura". En esa semana la prima de riesgo de la deuda española alcanzó máximos históricos.
El 25 de mayo se conoció la cifra completa del rescate necesario para Bankia, 23 500 millones de euros El 30 de mayo la prima de riesgo rebasó los 530 puntos, y la Unión Europea advirtió a España que debería aplicar más recortes presupuestarios para controlar el déficit. El 1 de junio Rodrigo Rato hizo público que la cantidad de dinero inyectada fue superior a la estrictamente necesaria.
El sábado 9 de junio de 2012, tras varias semanas en que la prima riesgo de España había estado en niveles altos, se convocó una reunión de urgencia del Eurogrupo para discutir cómo inyectar capital a la banca española. Ese mismo sábado, el FMI hizo público que las necesidades de capital de la banca española se estimaban en 40 000 millones de euros. Finalmente el Eurogrupo comunicó su intención de aportar hasta 100 000 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que pertenece al gobierno español, para que este a su vez inyecte dinero a los bancos que lo requieran. La tarde del 21 de junio se concreta la cifra, 62 000 millones de euros que se repartirán entre los bancos españoles que tengan problemas, de los cuales se han utilizado algo más de 41 000. La Unión Europea advirtió que los bancos rescatados estarán sometidos al control de expertos de la Unión y tendrían cumplir unos requisitos rigurosos.
A principios de julio varios países de la Unión Europea aprobaron dar el desembolso a la banca de España, algunos favorables a ello, como el caso de Alemania, y otros muy reacios como Finlandia. Se conoció además que el rescate solo serviría para ayudar a la banca, y que un posible remanente no podría ser usado para otros fines.
El 13 de julio de 2012 aprueba en Consejo de Ministros otro paquete de medidas de las que las más importantes son:
El 20 de julio se conoció que la Comunidad Valenciana solicitaba ayuda para pagar sus deudas, en una especie de "rescate" del Estado español a la autonomía. El 23 de julio le siguió la Región de Murcia y Cataluña al día siguiente. También se conoció que no serían las únicas, y que otras 4 comunidades podrían necesitar algún tipo de ayuda: Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias y Andalucía.
El lunes 23 de julio la prima de riesgo alcanzaba un máximo histórico de 642 puntos, superior a la de otro país rescatado, Irlanda, estando también desde hace semanas el bono español a diez años por encima del irlandés y en el IBEX-35 se suspenden las cotizaciones en corto.
Desde septiembre de 2011, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca inició una campaña de movilizaciones destinadas a impulsar un cambio normativo para frenar el goteo de desahucios causados por la crisis económica y permitir la dación en pago retroactiva, y en defensa del derecho constitucional a una vivienda digna. Durante unas semanas fueron comunes, actos de protesta en forma de escrache a los políticos del Partido Popular. Finalmente, el 14 de marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que regula el procedimiento de ejecución hipotecaria, no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la normativa comunitaria, en concreto la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre protección a los consumidores. Esto llevó a la presentación de una iniciativa legislativa popular (ILP) con casi 1,5 millones de firmas, pidiendo la dación en pago, sin embargo, tras diversos problemas y la intención preanunciada del Partido Popular de rechazar la ILP se sacó adelante una nueva ley hipotecaria que en esencia no resolvió el problema. El gobierno no aceptó diversas demandas, ya que estimó que podrían perjudicar a las entidades bancarias de tal manera que la esencia de la ILP no fue recogida en el nuevo marco normativo.
Entre 2007 y 2011 la crisis afectó a toda la población, pero los más pobres perdieron mucho más que los más ricos: el 10 % más pobre vio bajar sus ingresos anuales un 42,4 % mientras que para el 10 % más rico solo se redujeron un 5,6 %. Por ello España se convirtió en el segundo país con mayor desigualdad económica de toda la Unión Europea, solo superado por el Reino Unido. Entre 2010 y 2013 el salario medio anual bajó un 3,0 % hasta los 18 505 euros brutos. Sin embargo, los sueldos más altos subieron en el mismo tiempo un 2,4 %.
La población española ralentizó su crecimiento a partir de 2008 y empezó a descender en 2012. El motivo principal fue un aumento de la emigración, más de medio millón de personas en 2013, principalmente extranjeros.
El Ministerio de Defensa de España sufrió, como los demás ministerios, un recorte presupuestario debido al recorte general de gasto público. Ello condujo a las siguientes medidas:
La crisis causó una contracción del consumo privado en general y, más concretamente, del consumo de alimentos. En el periodo 2008-2013 el gasto en alimentos se contrajo un 19,6 % en términos reales. Entre los alimentos cuyo consumo per cápita experimentó una mayor reducción figuran aquellos que suministran más proteínas y, en general, los alimentos frescos como carnes, pescados y frutas. Aumentaron los derivados lácteos y el azúcar, probablemente utilizados como sustitutivos de bienes de primera calidad más caros (carnes y pescados frescos).
Desde 2010, las encuestas del CIS revelaron cierto declive progresivo del número de votantes potenciales a los principales partidos que habían gobernado desde la transición: PSOE y Partido Popular. Este desgaste comenzó a manifestarse con el alza de nuevos partidos políticos hastiados con la corrupción política y la crisis institucional, que inicialmente fueron encabezados por las fuerzas existentes en el Congreso de los Diputados, como Unión Progreso y Democracia (UPyD) o Izquierda Unida. Posteriormente en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, la suma de IU y Podemos superó el 18 % de los sufragios. A partir de junio de 2014 todas las encuestas revelaron un fuerte aumento del apoyo a Podemos, que a principios de 2015 era la segunda fuerza en intención de voto según el CIS, y generaron un gran debate sobre la posibilidad de que el nuevo partido alcanzase el gobierno en las elecciones generales de 2015.[cita requerida]
Dicho efecto ha sido mitigado a nivel nacional con la legislación electoral como la Ley D'Hondt, las circunscripciones provinciales y la necesidad de avales para poder presentarse a elecciones.
La crisis económica no produjo un aumento de robos ni de atracos. Al contrario, según datos institucionales la tasa de criminalidad en España continuó con una tendencia a la baja.
En 2013 el desempleo alcanzó su máximo, con un 26,94 % de la población activa, a partir de entonces el empleo comenzó su recuperación.
España dejó atrás la recesión en 2014 con un crecimiento del 1,4 % del PIB, que continuaría con una cifra del 3,2 % en 2015. En 2014 se crearon 433 000 puestos de trabajo y el desempleo bajó hasta el 23,78 % en 2015.En 2016 España se convirtió en el segundo país de la eurozona con mayor crecimiento, al registrar un aumento del 0,7 % en el segundo trimestre de ese año.
Pese a todo, los problemas no terminaron, el Gobierno tenía que enfrentarse a los gastos de la Seguridad Social, que costean las pensiones, el desempleo y la sanidad. En 2016, el sistema de Seguridad Social español cerró en déficit al registrar más gastos que ingresos.
A partir de junio de 2017, España recuperó eventualmente todo el PIB perdido durante la crisis, registrando un crecimiento de 0,9 % en el segundo trimestre del mismo año, con un volumen de exportaciones nunca antes alcanzado, convirtiéndose en el país desarrollado que más crece.
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