La Constitución de Canadá es la ley suprema del Estado gubernamental de Canadá y es una amalgama de actas codificadas y tradiciones incodificadas y convenciones. Esta determina las líneas de acción del sistema de gobierno de Canadá así como los derechos civiles de los ciudadanos canadienses.
La composición de la Constitución de Canadá está definida en la sección 78 (2) del Acta constitucional de Canadá de 1982 como "Acta de Canadá de 1982" y todas las enmiendas hechas a este documento. Efectivamente, esto incluye toda la legislación británica que confirma o modifica el Acta de la Norteamérica británica. En conjunto, todos esos documentos son llamados "Actas constitucionales 1867-1982". La Corte Suprema de Canadá asegura que la lista no es exhaustiva y que esta incluye doctrinas no escritas también. Sin embargo, casi toda la jurisprudencia constitucional se enfoca en el Acta constitucional de 1867, el Acta constitucional de 1982 que incluye el Capítulo canadiense sobre derechos y libertades y la llamada constitución no escrita.
La primera semblanza para una constitución de Canadá fue la Proclamación real de 1763. El acta renominó Canadá "Provincia de Quebec" y redifinió sus fronteras estableciendo un gobierno colonial británico. La proclamación fue considerada de facto "Constitución de Quebec" hasta 1774 que establecía demasiados procedimientos de gobierno en el área de Quebec. Esta extendió las fronteras y adoptó el código penal británico entre otras cosas.
La colonia de Canadá recibió su primera constitución completa en el Acta constitucional de 1791, la cual estableció gran parte de la composición del sistema de gobierno. Este primer documento fue posteriormente superado por el Acta de la Norteamérica británica de 1867 que creó el Dominio de Canadá.
En 1931 el Parlamento británico pasó el Estatuto de Westminster. Dicho estatuto dio a todos los territorios del país autoridad legislativa equitativa con el Reino Unido. Fue el primer paso que abriría las posibilidades al Acta de Canadá de 1982 que dio los restantes elementos de autoridad legislativa retenidos por Gran Bretaña a Canadá. Dicho acto es usualmente denominado como la "nacionalización" (en inglés "patriation") de la constitución y su mayor mérito descansa en Pierre Elliott Trudeau, Primer Ministro de Canadá en ese tiempo.
Con la introducción del Acta de Canadá y el Capítulo que lo acompaña, gran parte de las leyes constitucionales de Canadá cambiaron. El Acta de Canadá ha acogido numerosas convenciones constitucionales y hecho enmiendas significativas a los puntos de más difícil interpretación. El Capítulo ha centrado la Constitución en los derechos individuales y colectivos de los canadienses. Antes del establecimiento del Capítulo canadiense sobre derechos y libertades de 1982, los derechos civiles y las libertades no tenían en Canadá una solidez constitucional. Cuando algún estamento del gobierno presentaba una ley que pareciese opresiva a los derechos civiles y libertades ciudadanas, los abogados legislativos canadienses tenían que argüir de manera creativa como que dicha ley violaba divisiones federales o provinciales o citar casos técnicos que nada tenían que ver con el concepto de derechos civiles y libertades. Desde 1982, sin embargo, el Capítulo llegó a ser el documento más citado de la Constitución nacional y por lo tanto ha fortalecido la protección de los derechos de los ciudadanos canadienses.
Esta acta del Parlamento Británico, originalmente llamada Acta de la Norteamérica británica de 1867, creó el Dominio de Canadá de las tres provincias separadas de la Norteamérica británica y permitió que otras provincias y colonias pudieran unirse en el futuro. Esta acta fue la que determinó las características del sistema de gobierno canadiense, el cual combina el modelo británico de Westminster de un gobierno parlamentario con división de poderes (federalismo canadiense). Aunque es tan sólo una de las numerosas actas constitucionales de Canadá, este documento permanece en sí el más importante y fundamental para entender la Confederación canadiense (por ejemplo la unión de provincias y colonias de la Norteamérica británica). Con la nacionalización de la constitución en 1982, esta acta fue renominada "Acta constitucional de 1867". En años recientes, esta acta sirvió como base cuando fue analizada la división de poderes entre las provincias y el gobierno federal.
Asumida por todas las provincias excepto Quebec, esta acta del Parlamento de Canadá determinó completa independencia del mando británico. La Parte V del acta creó la fórmula de una enmienda constitucional en la cual no se requiere de un acta del Parlamento Británico. Más adelante la Parte I del acta es conocida como el Capítulo canadiense sobre derechos y libertades el cual determina claramente los derechos de los ciudadanos canadienses tales como la libertad de expresión, la religión y el libre desplazamiento. La Parte II trata de las comunidades indígenas canadienses y sus derechos.
Como se anotó arriba, este corresponde a la Parte I del acta constitucional de 1982. El Capítulo es la garantía constitucional del colectivo y de los derechos individuales. Este es relativamente un documento breve y escrito en un lenguaje simple con el objetivo de asegurar su accesibilidad al común de las gentes. Se asegura que esta parte de la constitución es la que mayor impacto ha tenido en la sociedad canadiense contemporánea y el más importante punto constitucional en el desarrollo legislativo del país.
Con el acta constitucional de 1982, se tuvo que realizar todo un proceso de enmienda constitucional en acuerdo con la Parte V de la misma constitución que proveía cinco fórmulas de enmienda. Las propuestas de enmiendas pueden ser adelantadas según los indicativos de la sección 46 (1) por cualquier provincia o cualquier estamento del gobierno federal. La fórmula general está expresada en la sección 38 (1), conocida como la "fórmula 7/50" y requiere:
Esta fórmula especialmente aplica enmiendas relacionadas con la proporción en el Parlamento, poderes, selecciones y composiciones del Senado, la Suprema Corte y las adiciones de las provincias y territorios:
La existencia de una constitución no escrita fue reafirmada por la Corte Suprema en su Referencia de Secesión de Quebec.
La Constitución es más que un texto escrito. Ésta abarca todo el sistema global de reglamentos y principios que gobiernan la autoridad del ejercicio constitucional. Una lectura superficial de fragmentos seleccionados de la establecida constitución escrita, sin más, puede llevar a equívocos.
En la práctica, existen tres fuentes de la ley constitucional:
Convenciones: La Convención constitucional forma parte de la constitución, pero no son legalmente imputables. Incluyen la existencia del primer ministro y su gabinete, el hecho de que el gobernador general debe dar asentamiento a notas y el requerimiento de que el primer ministro debe llamar a elecciones si pierde el voto de confianza.
Prerogativas reales: Reserva poderes a la Corona canadiense, que no es otra cosa que aquellos elementos de poder una vez tenido por la Corona británica reducida por el sistema parlamentario. Particularmente, estos serían asuntos tales como órdenes de consejo que dan al gobierno la autoridad de declarar la guerra, concluir tratados internacionales, expedir pasaportes, hacer citas, elaborar regulaciones e incorporar y recibir tierras.
Principios no escritos: Los principios que fueron incorporados dentro de la Constitución de Canadá por referencia del preámbulo del acta constitucional de 1867. A diferencia de las convenciones, estos son de obligatorio cumplimiento. Entre estos principios constitucionales cuentan como los más vitales e importantes el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y el reglamento de la ley, el respeto por las minorías. Otros principios incluyen las responsabilidades de gobierno, la independencia judicial y los derechos. En un caso, la referencia provincial de jueces (1997), se encontró que una ley escrita puede encontrase inválida si contradice un principio no escrito, como en este caso de la independencia judicial.
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