El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España. Está contemplado en el artículo 107 de la Constitución española. Tiene sus orígenes en la Edad Moderna.
Presente ya en el reinado de los Reyes Católicos bajo los nombres de Consejo Supremo de la Corona de Aragón y Consejo Supremo de la Corona de Castilla, constituyó un instrumento de la monarquía hispánica con el fin de debatir sobre la política exterior de la monarquía.
El rey Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio como Carlos V, decidió crear un consejo propio para los asuntos externos de la monarquía debido a la gran actuación exterior que marcó su reinado. Empezó a funcionar en 1526, cuando Solimán el Magnífico amenazaba Austria. Fue el único Consejo que no tenía presidente, pues era el propio Rey quien asumía esa función.
Sus consejeros no eran especialistas en leyes sino expertos en relaciones internacionales, como el Duque de Alba o Nicolás Perrenot. Los consejeros eran, por tanto, miembros de la alta nobleza y del alto clero. En tiempos de Felipe II en ocasiones el monarca no presidía los consejos y, en su lugar, enviaba a su secretario Antonio Pérez.
Su misión era asesorar al rey sobre la política exterior y tenía el control de las embajadas de Viena (dinastía familiar de los Austrias), Roma, República de Venecia, República de Génova, y de las principales potencias de Europa: Reino de Francia, Reino de Inglaterra y Reino de Portugal.
A diferencia del Consejo de Castilla, en el que el rey escuchaba a los consejeros y ejecutaba las conclusiones que le presentaban, en el Consejo de Estado era el propio rey el que exponía los puntos a debatir, escuchaba a sus consejeros y, posteriormente, el mismo monarca tomaba las decisiones que habían de tomarse.
La Constitución de 1812 creó el Consejo de Estado que define como "único Consejo del rey" y al que configuró como un genuino órgano de control del poder del monarca, al precisar someterse a su conocimiento algunos actos algunos tan relevantes como la sanción de las leyes, la declaración de guerra o la celebración de tratados que en ningún caso el soberano podría acometer sin haber "oído" previamente al Consejo. Este Consejo apenas sobrevivió debido a la restauración del absolutismo.
El 20 de marzo de 1820 volvió a ponerse en marcha de mano del gobierno liberal. El día 21 de marzo juraban los consejeros la Constitución Política de 1812, siendo su secretario Juan de Madrid Dávila.
En 1834 se creó el Consejo Real de España e Indias como órgano consultivo pero se suprimió en 1836. No fue hasta 1845 que se creó el Consejo Real, del cual la Presidencia la ocupaba el Presidente del Consejo de Ministros y que desapareció en 1858 cuando se creó el actual Consejo de Estado, cuyo primer presidente fue Francisco Martínez de la Rosa. Este Consejo fue regulado por numerosas normas, destacando las de 1858, 1860, 1904 y 1980. Fue abolido por la Segunda República pero posteriormente restaurado por el régimen de Franco.
En la actualidad (2018), está regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, modificada por la L.O 4/2011, de 13 de marzo.
Está formado por el Presidente, el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión de Estudios y las Secciones.
La función del Consejo de Estado es exclusivamente consultiva, y se limita a dar su opinión fundada sobre el objeto de la consulta o a proponer otra solución más adecuada. En el ejercicio de esta función, debe velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico (ver Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril). Además, ha de procurar la armonía del sistema, el rigor de la técnica normativa y el buen hacer de la Administración, para reducir al mínimo la conflictividad con los ciudadanos.
Tres de sus consejeros permanentes son designados cada año para formar parte del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
La composición actual del Consejo de Estado del Reino de España es:
Presidencia: María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del gobierno de España, exministra de la Presidencia, exportavoz del gobierno, exsecretaria de Estado de Justicia y exdiputada por varias provincias.
Secretaría general: María de Guadalupe Hernández-Gil y Álvarez-Cienfuegos, letrada del Consejo de Estado.
Consejeros permanentes:
Consejeros natos:
Consejeros electivos:
Todos tienen tratamiento de excelentísimo/a señor/a, excepto el jefe del gabinete, que recibe tratamiento de ilustrísimo señor.
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