Las políticas de confinamiento en España por la pandemia de COVID-19 son acciones tomadas por el gobierno español para limitar los contagios, principalmente, la aplicación en tres ocasiones del estado de alarma. La primera vez se declaró para establecer una cuarentena nacional, la segunda vez para aplicar restricciones en la Comunidad de Madrid, y la última vez para imponer un toque de queda.
El primero de estos estados de alarma, que trajo consigo el confinamiento de toda la población, entró en vigor el sábado 14 de marzo por la noche. El confinamiento, sin embargo, observaba diversas excepciones, como adquirir alimentos o medicinas, acudir al puesto de trabajo o atender emergencias. Las restricciones también incluyeron la clausura de establecimientos no esenciales, como bares, restaurantes, discotecas, cafeterías, cines, negocios comerciales y minoristas. A causa de esto muchas empresas y pymes españolas tuvieron que recurrir a ERTE para suspender temporalmente el empleo de sus trabajadores.
El anuncio vino seguido de un aumento significativo en la cantidad de casos pasando el 14 de marzo de 3146 a 5232, aumentando en un 66 %. Según el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, esta «decisión extraordinaria» fue necesaria al tratarse de un tema de salud y de una crisis social y económica.
Parte de la población española tuvo dificultad para acatar las medidas de dicha cuarentena, habiéndose levantado a 2 de mayo cerca de 800 000 denuncias por saltarse las medidas de confinamiento. Entre ese día y el 7 de junio se han propuesto otras 600 000 sanciones y han sido detenidas unas 5000 personas por desobediencia grave a los agentes de la autoridad.
La cuarentena nacional provocó ciertas situaciones sociales y psicológicas para la población española. Los padres tuvieron que quedarse en casa y cuidar no solo del hogar, sino también de sus hijos y respectivos trabajos. Aunque teóricamente el trabajo doméstico se puede dividir por igual, un análisis reciente en el Reino Unido ha demostrado que las mujeres todavía tienden a dedicar más del doble de tiempo que los hombres en el cuidado del hogar. Esto ha provocado una sobrecarga de trabajo en la vida de las mujeres, así como la angustia emocional que conlleva la preocupación por la familia. Los roles de género juegan un papel importante en el agravio de esta situación ya que las mujeres se encargan de la mayor parte del trabajo en lo que a la sanidad (enfermería) y la limpieza se refiere, teniendo un mayor riesgo de contagio, lo que conduce a un mayor nivel de estrés. De hecho, los resultados de un estudio reciente en España muestran que casi el doble de mujeres que de hombres han sufrido de ansiedad y depresión durante la cuarentena. Además, los adultos que conviven con jóvenes tienen mayores posibilidades de desarrollar este tipo de problemas de salud mental. Las mujeres que tuvieron que trabajar fuera de casa por realizar actividades esenciales mostraron niveles más altos de ansiedad, mientras que, en el caso de los hombres, trabajar fuera los protegía de caer en depresión.
Asimismo, muchas organizaciones feministas han alertado sobre el crecimiento de violencia de género durante el confinamiento, cuando las víctimas de violencia doméstica tenían que convivir con su agresor. De hecho, de acuerdo con la información disponible, del 14 al 19 de marzo, hubo un incremento de llamadas al 016 de hasta el 12,43 % y las consultas en Internet crecieron en más de un 269,5%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta situación también ha tenido impacto en el maltrato infantil. La semana del 23 al 30 de marzo, el chat anónimo y confidencial de la Fundación ANAR recibió 270 peticiones de ayuda, 173 de ellas correspondían a casos de abuso; lo que significa que hay 24 casos por día en España.
El 28 de abril se anunció el Plan de desconfinamiento de España, consistente en cuatro fases en las que se reducen de manera gradual las limitaciones del confinamiento. Durante la desescalada sectores de la población empezaron a organizar protestas contra la gestión del Gobierno, del cual pidieron su dimisión.
El 21 de junio, con el final de la última prórroga del estado de alarma, el país pasó a lo que se ha denominado como «nueva normalidad». Fue entonces cuando los gobiernos central y autonómicos retomaron sus competencias habituales.
El 25 de octubre, el Consejo de Ministros volvió a establecer el estado de alarma, aunque esta vez con medidas menos estrictas. Estas son, principalmente, un toque de queda de 23:00 a 6:00, la prohibición de viajar entre comunidades autónomas, y la limitación de grupos a seis personas no convivientes.
El 14 de marzo de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un comunicado institucional el estado de alarma por segunda vez en la historia reciente del país como medida excepcional para la contención de los contagios, y que se implementaría desde el día siguiente, domingo 15 de marzo. Para el momento en que dicho anuncio fue publicado, España contaba con más de 4200 casos positivos y 120 fallecidos, siendo la Comunidad de Madrid la región más afectada, con más de la mitad de los casos positivos del país y 64 fallecidos, habiendo procedido su gobierno autonómico al cierre sistemático de locales de hostelería y negocios, manteniéndose únicamente abiertos farmacias y negocios de alimentación básica.
Horas antes de anunciarse dicha medida, se hacían públicas las medidas urgentes aprobadas en consejo de ministros extraordinario, con una inyección de 14 000 millones de euros, publicadas por decreto en el BOE, que incluía medidas como el aplazamiento para empresas, pymes y autónomos, hasta el 30 de mayo, de 30 000 euros en el pago de impuestos durante seis meses, con tres meses de carencia.
El Gobierno también modificaba la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, añadiéndose una disposición final primera que dictaba:
Esta medida fue tomada después de que dos ministras del Gobierno, las titulares de Igualdad, Irene Montero, y Política territorial y Función pública, Carolina Darias, dieran positivo por COVID-19.
La salida de los menores de 14 años marca el comienzo de la llamada fase de desescalada. Todo el proceso de cambio desde la situación de confinamiento hasta alcanzar lo que se ha denominado como la nueva normalidad se hará con las distintas aportaciones de todas las comunidades autónomas, pero siempre bajo la dirección del ejecutivo central. La fase de desescalada se hará de forma asimétrica dependiendo de las necesidades propias de cada comunidad autónoma. Hay comunidades que reclaman mayor autonomía en este proceso, presentando cada una de ellas su propia plan de desconfinamiento.
El Real Decreto 463/2020 limitó los traslados para disminuir el contacto interpersonal para bajar las posibilidades de contagio, pero estableció excepciones consideradas de fuerza mayor:
El decreto de alarma originalmente permitía la apertura de los siguientes centros de trabajo:
El 28 de abril el Presidente del Gobierno anunció el Plan de desconfinamiento de España, el cual constó de cuatro fases y divide el país en diversas unidades territoriales que avanzan o retroceden de fase de manera independiente. Estas unidades territoriales son:
Las 4 fases empezarían en cada unidad territorial cuando esta cumpla ciertos requisitos, y si se diera un aumento considerado de casos, existe la posibilidad de que la unidad territorial retroceda de fase. El mecanismo para cambiar de fase es, por tanto, una cuestión epidemiológica y no puramente matemática.
Las fases de la desescalada son las siguientes:
El 1 de mayo el BOE publicó la Orden SND/380/2020, en la que se establece que, además de los desplazamientos permitidos hasta entonces, desde el 2 de mayo se permiten las salidas para practicar deporte no profesional o para dar paseos a menos de 1 km del domicilio y que duren hasta una hora.
Estos paseos están limitados a ciertas franjas horarias:
En el caso de municipios de 10 000 habitantes o menos y cuya densidad de población sea inferior a 100 hab/km² las salidas se pueden hacer en cualquier momento y a una distancia de hasta 5 km.
Estos horarios son sólo para paseos y deporte no profesional, por lo que no aplican a desplazamientos como ir al trabajo o a hacer la compra ni para las actividades de las fases 1 en adelante, como ir a la terraza de un bar o restaurante, visitar amigos o acudir a lugares de culto.
Además, las comunidades autónomas en fase 1 podrán cambiar estas franjas adelantándolas o retrasándolas hasta dos horas y sin alargar su duración, medida a la que solo se ha acogido la Comunidad de Madrid (véase el punto «28 de mayo» de la siguiente sección).
En los territorios en fase 2 estos horarios se flexibilizan: tanto adultos como niños acompañados pueden salir a cualquier hora fuera de las franjas destinadas a ancianos y dependientes (de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00).
Aun así, como en las fases 1 y 2 se permite ir por la calle en grupos de varias personas a cualquier hora del día y en cualquier lugar de la unidad territorial, y la Orden que establece este permiso también establece que las normas anteriores serán de aplicación "en todo aquello que no se oponga o contradiga [...] la presente orden", podría considerarse que las franjas horarias y las restricciones de distancia al domicilio sí se oponen al permiso de ir por la calle en grupo si se considera al individuo como un grupo de una persona, por lo que podría considerarse que dichas franjas han sido derogadas. Aun así, puesto que la legislación no es completamente clara, siempre se debería consultar a las autoridades locales para conocer su posición al respecto.
El proceso de desescalada suele seguir un mismo procedimiento cada semana: hasta el miércoles las comunidades y ciudades autónomas presentan sus propuestas, el viernes por la tarde el Gobierno indica qué medidas se toman y qué zonas pasan, el sábado se publica en el BOE y el lunes de la semana siguiente se hacen efectivos los cambios. Aun así, al no ser esta estructura un procedimiento formal, es posible que haya variaciones, especialmente con las propuestas de las comunidades que a veces llegan el jueves o incluso el viernes.
4 de mayo
12 de mayo
18 de mayo
25 de mayo
1 de junio
8 de junio
15 de junio
19 de junio
La nueva normalidad es el periodo en el que no aplican las restricciones estatales promulgadas mediante estado de alarma. Esto no significa que en este periodo no haya restricciones, pues hay nuevas medidas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Así, sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla y mantener una distancia interpersonal de 1,5 m.
El 6 de junio entró en vigor el real decreto que establece la sexta y última prórroga del estado de alarma. En este se establece que en los territorios en fase 3 la autoridad competente será el gobierno autonómico, igual que antes del estado de alarma. Por tanto, pasar a la nueva normalidad es una decisión de las comunidades. Asimismo, al ser las diferentes comunidades las que determinan las normas de esta nueva etapa, las restricciones varían ligeramente de un territorio a otro.
Al acabar el estado de alarma el 21 de junio todo el territorio pasó automáticamente a la nueva normalidad, aunque ciertas comunidades lo hicieron antes: Galicia el 15 y Cantabria, Cataluña y el País Vasco, el 19.
Desde el final del estado de alarma se han registrado diversos rebrotes, aumentos de casos relacionados entre sí. Muchos se controlan al poco tiempo, pero algunos necesitan medidas más severas. Es el caso de los rebrotes de la comarca de Segriá (Lérida), de Zaidín y sus alrededores (Huesca) y de A Mariña (Lugo).
El aumento de casos en la comarca, 896 a 9 de julio, motivó al gobierno catalán a imponer medidas restrictivas que dieron pie a la aplicación de una cuarentena obligatoria a diversos municipios empezando el lunes 13 de julio. Este confinamiento afecta a ocho municipios: Lérida capital, Alcarrás, Aitona, Granja de Escarpe, Masalcorreig, Serós, Soses y Torres de Segre; además de las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.
El confinamiento prohíbe la entrada o salida de los municipios, las reuniones de más de diez personas, y la actividad hostelera. Se permite, no obstante, acudir al lugar de trabajo (para trabajadores esenciales, a otros municipios), pasear y hacer deporte al aire libre, comprar bienes de primera necesidad, y hacer otras compras con cita previa.
Las comarcas oscenses de Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera volvieron el 22 de junio a las restricciones de la fase 2 tras un importante aumento de casos, 436 a 9 de julio, relacionados con una empresa hortofrutícola.
Debido al aumento de casos en la zona, 144 a 9 de julio, la Junta de Galicia decidió confinar las comarcas de La Mariña a partir del 6 de julio y durante un periodo de cinco días. El confinamiento supuso la prohibición de salir del área afectada, además de una reducción de aforos y horarios en locales de hostelería.
El 18 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que a partir del lunes 21 de septiembre 37 zonas básicas de salud (calles adscritas a un centro de atención primaria concreto) serían confinadas. A estas zonas solo se podrá entrar o salir por motivos laborales, de estudios, para gestionar trámites o para asistir a mayores o dependientes. Los desplazamientos por carretera solo se permitirán si el origen y el destino son fuera de la zona confinada.
Además, todos los establecimientos abiertos al público verán reducido su aforo al 50 % y deberán cerrar antes de las 22 horas. En toda la Comunidad, se limita el tamaño de grupos de particulares no convivientes de diez a seis personas.
El 25 de septiembre, estas restricciones se ampliaron a otras ocho zonas, elevando el total a 45.
El 2 de octubre a las 22 horas entraron en vigor nuevas restricciones del Ministerio de Sanidad: se limita la entrada y salida de diez municipios de la región, incluyendo Madrid capital, a la asistencia a centros sanitarios, laborables o educativos, además de otras actividades esenciales como atención a personas dependientes. Se sigue permitiendo la movilidad dentro del municipio y se levantan las restricciones anteriores. Además, todos los comercios verán reducido su aforo y deberán cerrar a las 22 h.
El jueves 8 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió estas medidas por afectar derechos fundamentales tras un recurso de la Comunidad de Madrid. Al día siguiente, el Consejo de Ministros aprobó mediante el Real Decreto 900/2020 declarar el estado de alarma por segunda vez en la pandemia, la tercera en democracia. El estado de alarma, que se extiende durante un plazo inicial de 15 días, es mucho menos severo que el iniciado en marzo, y se limita a replicar las medidas de la Orden Ministerial anulada el día anterior, afectando a los mismos municipios excepto Alcalá de Henares.
El domingo 25 de octubre, tras un consejo de ministros extraordinario, el Gobierno estableció de nuevo el estado de alarma a nivel nacional, el tercero para controlar la crisis del coronavirus y el cuarto en toda la historia.
Este nuevo estado de alarma, que durará inicialmente hasta el 8 de noviembre a las 24:00, impone las siguientes medidas:
El Gobierno ha expresado su intención de prolongar este estado de alarma otros seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021, aunque para que esto sea así deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados por una mayoría simple (más síes que noes), igual que en el primer estado de alarma. Por otro lado, el presidente del Gobierno ha afirmado que se levantaría el estado de alarma en cuanto la situación lo permita.
Este nuevo estado de alarma permite cierta flexibilidad a las comunidades autónomas, que pueden modificar las horas del toque de queda y que pueden imponer restricciones de movilidad dentro de la comunidad. Así, el toque de queda es entre las 22:00 y las 6:00 en Castilla y León y Cataluña; y entre las 0:00 y las 6:00 en Cantabria, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y Madrid.
El gobierno navarro, por su parte, ha prohibido las reuniones privadas entre no convivientes —independientemente del número—; y el del País Vasco ha limitado la movilidad al interior del municipio de residencia, salvo por las excepciones que aplican en el resto del país.
Debido a que para que la cuarentena sea efectiva era necesario suprimir temporalmente derechos fundamentales reconocidos en el Capítulo II de la Constitución (en especial, las libertades de circulación de los arts. 17 y 19 y de reunión del art. 21), se consideró necesario proclamar el estado de alarma. Esta figura legal se define en la Ley Orgánica 4/1981, basada en el artículo 116.2 de la Constitución. Dicho artículo establece que el estado de alarma deberá durar un máximo de 15 días y deberá ser aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros, tras lo cual se deberá informar de forma inmediata al Congreso. De ser necesario podrá ser prorrogado mediante propuesta del Gobierno tras la aprobación por mayoría simple (más votos a favor que en contra) por parte del Congreso.
El estado de alarma ha sido prolongado un total de seis ocasiones, en todas ellas por un periodo de dos semanas. Durante el estado de alarma, y en especial durante la desescalada, la legislación usada para determinar las regulaciones han sido los propios reales decretos que prorrogaban el estado de alarma, y órdenes ministeriales de los ministerios delegados.
Algunos juristas y el partido político de derecha Vox han cuestionado la constitucionalidad de las restricciones a las libertades fundamentales impuestas por el real decreto que declaró el estado de alarma. El 6 de mayo de 2020 el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido político Vox. El recurso defendía que la Constitución española no permite la suspensión de los derechos fundamentales del Título I de la Constitución al declarar un estado de alarma, sino solamente en estado de excepción o de sitio. Finalmente por 6 votos a favor y 5 en contra el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer estado de alarma en julio de 2021.
Las medidas de confinamiento frente a la pandemia, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, provocaron la destrucción de 816 767 empleos entre el 12 de marzo y el 12 de mayo, 1,14 millones si se consideran los dos últimos meses completos. Además, a finales de abril unos 3,38 millones de trabajadores se habían visto afectados por un ERTE. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de mayo el Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social para mejorar la economía de aquellas familias que no lleguen a unos umbrales mínimos de renta debido a la crisis del coronavirus. El Servicio Público de Empleo Estatal desembolsó en mayo unos 5 121 millones de euros, un 236,2 % más que el año anterior, para pagar 5 988 572 prestaciones por desempleo. La creación de empresas se desplomó un 73,4 % en abril, su mayor caída desde 1995. Por otro lado, las disoluciones empresariales disminuyeron un 75,1 % en abril en tasa interanual según el INE.
El 35,7 % de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) trabajaron de forma presencial, mientras que el 55 % lo hicieron por teletrabajo, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Por otro lado, el 1,36 % se encuentran en situación de aislamiento en junio, un 153 % menos que en abril y un 72,41% menos en abril. Según una encuesta de la Universidad de Valencia, el 64,7 % de los encuestados vieron afectado su rendimiento laboral por el confinamiento. Según el portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC), Carlos Moreno Figueroa, las previsiones serían un cierre de 100 000 tiendas en España, un 20% del total. Casi un 60 % de las empresas aplicaron algún tipo de ERTE para aliviar los costes por la parálisis del negocio.
La paralización de la economía hizo que el PIB español cayese en el primer trimestre del año un 5,2% y el consumo de los hogares un 6,6%. El desplome se agravó en el segundo trimestre, cuando el PIB bajó un 17.8%, el mayor valor desde que se contabiliza este indicador. España fue el país del mundo que sufrió la mayor recesión por culpa de la pandemia, al menos hasta mediados de 2020. Durante el verano, al levantarse las restricciones en la mayor parte del país, el PIB se recuperó un 16,7%, también la mayor subida de toda la serie histórica. En total, al terminar 2020 el PIB era un 11% menor que al comenzar el año.
El índice de producción industrial (IPI) cayó un 11,7 % en marzo y un 33,6 % en abril según el Instituto Nacional de Estadística (INE), superando al 28,4 % de abril de 2009, en plena crisis financiera. Entre estos cayeron la fabricación de vehículos de motor (del 92 %), la confección de prendas (77,2 %), el cuero y el calzado (73,5 %) o de muebles (70,7 %), incluidos alimentación (7,3%) y farmacéutica (0,4%). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa a España a la cabeza del desplome económico mundial con una caída del 14,4%.
Según datos de Acotex, las ventas de prendas de moda descendieron un 80,5 % en abril y se desplomaron un 72,6 % en el mes de mayo. La empresa textil Inditex registró sus primeras pérdidas de su historia, siendo de 409 millones de euros, frente a los 734 millones de beneficio, en el primer trimestre del año por el coronavirus. El comercio minorista en la Unión Europea se desplomó un 7,6 % el pasado marzo y un 18 % en abril. Los sectores más afectados fueron el textil, que cayeron un 54 % en marzo y un 21 % en abril. Sin embargo, las ventas de alimentos, alcohol y tabaco registraron un incremento del 5 % en marzo.
La Bolsa española cayó el 16 de marzo un 31%, en medio de un colapso general de los mercados mundiales. Posteriormente, los precios de las acciones de empresas españolas recuperaron parte de su valor. Al terminar el año el índice Ibex 35 estaba todavía un 15% por debajo de su valor en enero de 2020 mientras que los mercados de otros países como Estados Unidos y de Alemania habían subido a máximos históricos. No obstante, el patrimonio bursátil de los 100 españoles más ricos han mejorado al comparar las cifras publicadas por Forbes 2019. La fortuna empresarios como de Amancio Ortega creció un 17,42 %; la de Rafael del Pino, mejora un 40 %; Florentino Pérez un 41,6 %, y la de Miguel Fluxà Rosselló un 50 % durante la pandemia. Los cesta de la compra en los hogares españoles incrementaron en abril un 32,5% a consecuencia del confinamiento por la pandemia según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La pandemia potenció la venta de medicamentos por internet hasta un 400 %, en detrimento del consumo en farmacias. Según un informe de Oxfam, 23 milmillonarios aumentarón el valor de su riqueza en 19 200 millones de euros y la tasa de pobreza se elevaría al 23,1%, pudiendo aumentar el número de pobres en España en más de 700 000 personas. Las regiones más afectadas serían Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña.
El sector de planificación de bodas también sufrió grandes pérdidas, que se calculan de unos 3 500 millones de euros, más de la mitad de la facturación habitual. Según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el consumo de combustibles cayó un 59 % en abril. En el sector de vivienda, provocó una caída en la firma de hipotecas del 18,4% en abril respecto al mismo mes del año pasado. El número de créditos para viviendas inscritoso en los registros de la propiedad se situó en 23 840, la cifra más baja en un mes de abril desde 2017, según el INE.
En 16 de junio el Gobierno aprobó un fondo para las autonomías de 16 000 millones de euros no reembolsables destinados a la crisis causada por el coronavirus, con un reparto de 9000 millones para sanidad, 2000 millones para educación y otros 800 millones para transporte. En marzo, abril y mayo, el número de prestaciones contributivas se redujo como consecuencia de la crisis del coronavirus. El sistema de la Seguridad Social abonó en junio 9.754.740 pensiones. Durante la nueva normalidad, se decretó la suspensión temporal de la empresa hortofrutícola La Espesa debido a rebrotes de coronavirus en las localidades aragonesas de Zaidín, Fraga, Binéfar, Tamarite y Monzón.
El sector turístico de España se vio muy afectado, con una caída del 98% en las llegadas de turistas internacionales, en comparación con 2019, cuando se registró como el segundo país con más llegadas de turistas del mundo. En cuanto a las tasas de ocupación hotelera, solo se registró una ocupación del 27%. Unos 43 694 viajeros internacionales llegaron a España en mayo, un 99,5 % menos que en el mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones en hoteles bajaron en mayo un 99,2 %. El sector turístico de España representa el 12% del PIB, lo que hace que esta crisis sanitaria tenga un grave impacto en la economía del país.
Estas pérdidas fueron, tan solo en Tenerife, de unos 4 200 millones de euros. La Operación Paso del Estrecho (OPE), por el que viajan desde toda Europa hasta el Magreb, se ha retrasado a consecuencia de las restricciones por la pandemia. La cancelación de diferentes eventos multitudinarios ha tenido un gran impacto económico: en Valencia la cancelación de las Fallas y de La Magdalena ha supuesto pérdidas acumuladas de 700 millones de euros, y en Madrid no celebrar del Orgullo trae consigo pérdidas estimadas en 200 millones de euros. Los locales de ocio se han visto obligados a reducir su aforo y aumentar sus costes con medidas de hihiene y seguridad sin precentes El Comité Organizador del Orgullo Estatal LGBTI trasladó de manera virtual la celebración al 1 y 5 de julio. Los residentes en España viajaron un 30,2% menos hasta marzo y gastaron un 22,6% menos que en 2019.
En el 18 de junio se lanzó la campaña Spain for sure ('España seguro' o 'España, por supuesto', en inglés) para atraer a turistas extranjeros. El 18 de junio, la ministra de Exteriores, Arancha González, anunció el permiso de ciudadanos británicos y de países de la Unión Europea sin necesidad de cuarentena para el 21 de junio. La Generalitat previó una la caída turística en la comunidad del 41 % y un 53 %, con un cierre del 30% de las tiendas. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, declaró la intención del Gobierno catalán en instalar centros de cuarentena para controlar y gestionar la llegada de turistas que puedan estar contagiados.
En 22 de junio, llegaron un centenar de vuelos tras la apertura de las fronteras nacionales con el resto de países europeos. Los viajeros pasan por tres tipos de controles para evitar contagios. En cuanto al 90% de las familias españolas optan por pasar sus vacaciones veraniegas en un destino nacional, ya sea por la península o en las islas, en lugar de viajar al extranjero, surgiendo la iniciativa #EnFamiliaPorEspaña.
La consejera catalana de Salud, Alba Vergés, aseguró en el Parlamento de Cataluña que la pandemia había provocado el aplazamiento de 70 000 operaciones quirúrgicas y se habían realizado unas 34 000 intervenciones urgentes, la mitad que se hicieron en el mismo periodo el año anterior.
Una investigación realizada por varias universidades españolas llegó a la conclusión de que el confinamiento ha aumentado el malestar psicológico del 46 % de los españoles mayores de edad. Según un estudio realizado por la Universidad CEU San Pablo, la comunicación positiva de los padres con sus hijos aumentó un 70 % durante el confinamiento, además de haber encontrado mayor conciliación familiar y en el trabajo. No obstante, el 88,9 % de los padres constataron cambios emocionales como dificultad de concentración, desinterés, irritabilidad, nerviosismo, soledad y preocupación en el comportamiento de sus hijos debido al confinamiento según un informe de Unicef que recoge estudios de la Universidad Miguel Hernández y la Università degli Studi di Perugia. Unos 1,5 millones de personas abandonaron el ejercicio físico según un estudio de la Fundación España Activa realizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)..
Según una encuesta de Salud Madrid, la tasa de población que sufre soledad no deseada en dicha ciudad se ha situado en un 16,6 %, cuando normalmente es de un 10 %. Este aumento ha sido mayor en los mayores de 65 años y en las mujeres entre 30 y 44, grupos en los que prácticamente se ha duplicado.
Pese a que se considere que el uso de transporte público con medidas de protección es seguro, el 89 % de los españoles declaran que evitarían el transporte público si pudieran. Esto se ha traducido en un mayor tráfico rodado en las grandes ciudades: en Madrid el Ayuntamiento prevé que entre el 10 y el 13 % de los usuarios del transporte público pasen a usar el coche. El uso de la bicicleta también ha aumentado al principio de la desescalada, con el servicio madrileño de bicicleta compartida BiciMAD adquiriendo 8785 abonados entre el 22 de abril y el 19 de mayo, una subida del 14,4 %. No fue hasta la entrada de la fase 2 que el metro, cercanías y las líneas de autobús del transporte público madrileño recuperaron todos los asientos disponibles para sus usuarios.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de usuarios del transporte público cayó en abril un 91,4 % interanual. La mayor incidencia se dio en el transporte aéreo, que bajó un 99 % con 37 000 viajes en abril. La caída fue del 90,7 % en autobús, del 90,5 % en ferrocarril, del 90,9 % en metro y del 91,5 % en autobús urbano.
A partir de datos públicos procedentes del Instituto Nacional de Estadística y del Catastro se ha desarrollado una metodología para analizar la relación entre la disminución del número de viajeros durante el confinamiento por COVID-19 y las características de las áreas de influencia de las paradas de autobús (ingresos medios de la población, densidad de población de la zona, tipo de usos del suelo). La aplicación de esta metodología en una ciudad de tamaño medio como A Coruña ha demostrado que las zonas con mayor demanda del transporte público, en comparación con años anteriores, han sido aquellas cuyos habitantes tienen menores ingresos medios, zonas con alta densidad de población y áreas con altas proporciones de uso de suelo dedicado a hospitales, oficinas o supermercados.
Tras el fin del estado de alarma el 21 de junio, toda España pasó a la 'nueva normalidad' con la libre movilidad interna. Durante ese día se registró un tráfico tranquilo según los datos de la DGT. El tráfico se recuperó durante el 22 de junio la circularon de 1 358 302 vehículos por las carreteras españolas, un 2,13% más que en un día normal de febrero.
Con el fin del estado de alarma, un total de más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de sanciones fueron realizadas durante la pandemia. Las comunidades de Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana han acaparado casi la mitad de todas las infracciones. La Guardia Civil realizó 50 000 acciones humanitarias y desplegó 900.000 dispositivos para evitar reuniones y desplazamientos injustificados y ha protagonizado 91 000 intervenciones en casos de violencia de género. Los casos de maltratos a personas mayores en la provincia de Barcelona se duplicaron durante el confinamiento según la Diputación de Barcelona.
Tras decretarse el estado de alarma, cerca de 10 millones de estudiantes de todos los ciclos educativos se vieron obligados a seguir con su formación a distancia mediante clases en línea. Catorce comunidades autónomas acordaron con el Ministerio de Educación y Formación Profesional conceder el título de bachillerato a los alumnos que tuvieran hasta una materia suspensa.
El 9 de marzo, Isabel Díaz Ayuso anunció la suspensión de clases en la Comunidad Autónoma de Madrid en todos los niveles educativos debido al fuerte aumento de casos en la región, que afectó a 1,5 millones de alumnos. El Gobierno Vasco cerró todos los colegios de los municipios de Vitoria y Labastida. Una guardería de Barcelona fue clausurada después de que un trabajador diera positivo. El 10 de marzo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) retrasó dos semanas el calendario académico, incluidas clases, exámenes e inscripciones; y el gobierno regional de La Rioja suspendieron las clases por dos semanas.
El 11 de marzo, la consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Nekane Murga, anunció el cierre de todos los colegios de Álava, después de que 12 alumnos fueran diagnosticados con coronavirus; la medida afectó a más de 60.000 estudiantes. El 12 de marzo, las Comunidades Autónomas de Murcia, Galicia, Cataluña, País Vasco, Asturias, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura, Baleares, Cantabria y la ciudad de Melilla suspenden por completo las clases de todos los niveles educativos en sus respectivas regiones, haciendo un total de 14 de 17 comunidades autónomas y una de las ciudades autónomas con cierre de colegios. Se ordenó a más de diez millones de estudiantes (un millón de universitarios y nueve millones de educación secundaria y primaria) quedarse en inicialmente por dos semanas.
El 17 de marzo, las convocatorias para las pruebas de Selectividad (Pruebas de Acceso a la Universidad Española), prevista para junio para más de 300.000 estudiantes, se atrasaron en todas las comunidades autónomas, en general a la segunda semana de julio, aunque no todas las comunidades eligieron esas fechas: en Navarra son entre los días 23 y 26 de junio. Las pruebas, en todo caso, se realizan con medidas para evitar contagios como el uso de mascarillas. El 18 de marzo, el Ministro Vasco de Educación prorrogó indefinidamente el cierre de las escuelas.
Las escuelas reabrieron por completo en septiembre de 2020, pero se introdujeron nuevas reglas ya que el país estaba experimentando un resurgimiento de casos, por ejemplo, todos los estudiantes mayores de seis años deben usar máscaras, se redujo el tamaño de las clases, los estudiantes fueron separados en "burbujas" asignadas a evitar que se mezclen y mantener los escritorios a 1,5 m de distancia.
El 6 de marzo, la Conferencia Episcopal Española indicó que las iglesias deben retirar el agua bendita de los pilares, evitar el gesto de dar la mano como forma de dar paz y no besar imágenes religiosas, gesto típico de la Cuaresma. Se suspendieron las procesiones religiosas de Semana Santa. El Real Decreto del Estado de Alarma decretaba que la asistencia a los lugares religiosos quedaba condicionada a la adopción de medidas de contención acordes a las características y tamaño de los lugares. Muchas misas fueron suspendidas. Agentes de la Policía Nacional desalojaron el Viernes Santo (10 de abril) a una veintena de feligreses de la Catedral de Granada.
El descontento de sectores de la población con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno dio pie a que se organizaran caceroladas y protestas exigiendo la dimisión del Ejecutivo. Estas protestas se originaron en el distrito de Salamanca de Madrid, especialmente en el entorno de la calle Núñez de Balboa, aunque desde entonces se han extendido a otros barrios de la ciudad y a otras ciudades de España. Las preocupaciones sanitarias surgidas de estas protestas se han visto traducidas en una gran presencia policial, aunque esta busca que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal pues las protestas siguen estando permitidas durante el estado de alarma.
Las protestas, que también incluyeron concentraciones frente a la sede del PSOE y escraches en las viviendas de ministros como José Luis Ábalos o Pablo Iglesias e Irene Montero, han sido apoyadas por sectores de la extrema derecha, como el partido político Vox, que ha acusado al Gobierno de inacción, o la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.del PP El PSOE, por su parte, ha acusado a la oposición de "desleal".
El proceso de cambio de fase ha generado críticas por parte de diferentes gobiernos autonómicos: Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid han acusado al Gobierno central de emplear criterios políticos a la hora de cambiar de fase. Esta última ha presentado un recurso contra el Gobierno frente al Tribunal Supremo denunciando "una diferencia de criterio" después de que Sanidad rechazara en dos ocasiones que la comunidad pasara a fase 1.
El 23 de mayo el partido político Vox organizó manifestaciones en coche contra el Gobierno en diversas ciudades españolas. Pese a hacerse dichas manifestaciones en coche, según los organizadores, para mantener la distancia interpersonal, pudo verse a líderes del partido incumpliendo las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias.
A raíz de una investigación de la Guardia Civil sobre la celebración del 8M, el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska cesó al jefe de la Comandancia Diego Pérez de los Cobos alegando una «pérdida de confianza». Poco después el general Laurentino Ceña, número dos de la Guardia Civil, dimitió en señal de desacuerdo con la destitución de De los Cobos, calificándola de «injusta». El Gobierno ha negado injerencias en la investigación, cuyo informe apuntaba a Salvador Illa, Ministro de Sanidad y a Fernando Simón, director del CCAES, como responsables por autorizar la manifestación del 8M en Madrid aun conociéndose los riesgos desde el 5 de marzo. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox se han mostrado muy críticos con estos hechos, pidiendo la dimisión de Grande-Marlaska. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado al PP de «llamar a la insubordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
El 20 de junio, decenas de facultativos, titulados superiores y sindicatos médicos se concentraron en la Puerta del Sol para homenajear las víctimas COVID-19 y reivindicar la profesión médica, los cuales declararon haber trabajado «como fieras» durante la crisis del coronavirus pese a la «precariedad crónica» de la Sanidad española. El 27 de junio, trabajadores del transporte sanitario convocados por UGT también se manifestaron en la Puerta del Sol pidiendo medidas de protección ante posibles rebrotes.
El 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el confinamiento de España, ya que, para las medidas tomadas como la suspensión de derechos fundamentales se tendría que haber utilizado un estado de sitio o excepción, que requieren otras condiciones.
El 27 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional vuelve a fallar contra la estrategia jurídica del Gobierno de Sánchez, declarando inconstitucional el segundo estado alarma por no haberse ejercido un control parlamentario eficaz ni periódico del Congreso sobre el Ejecutivo. El segundo motivo principal fue la denominada cogobernanza con las comunidades autónomas delegando competencias exclusivas del Gobierno de la nación.
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