Catástrofe de las represas de Bento Rodrigues nació en Minas_Gerais.
La catástrofe de las represas de Bento Rodrigues se produjo al romperse los muros de contención de las presas Fundão y Santarém, ambas ubicadas en el subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 kilómetros del centro de Mariana, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Ambas represas eran controladas por la compañía Samarco Mineração S.A. (emprendimiento conjunto entre Vale S.A. y BHP Billiton). La catástrofe se produjo en la tarde del 5 de noviembre de 2015.
Las represas fueron construidas para depositar los desechos provenientes de la extracción del mineral de hierro retirado de numerosas minas de la región. Es considerado el mayor desastre ambiental de la historia de Minas Gerais.
Los desechos llegaron al río Doce, cuya cuenca hidrográfica abarca alrededor de 230 municipios de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo que utilizan sus aguas para abastecer a la población. Ambientalistas creen que los desechos recién comenzarán a ser eliminados del mar en aproximadamente 100 años.
Controlada por la compañía Samarco Mineração S.A. (emprendimiento en conjunto entre las empresas Vale S.A. y BHP Billiton), las presas de Fundão y Santarém formaban parte de la Mina Germano, situada en el distrito de Santa Rita Durão, parte del municipio de Mariana. La presa fue construida para acoger a los residuos provenientes de la extracción del mineral de hierro que es retirado de diversas minas de la región.
La presa se encontraba en un proceso de elevación, ya que estaba en su punto límite, no soportando más el depósito de desechos minerales. El día 5 de noviembre de 2015 a las 15h 30min (hora local) el muro de contención presentó una fuga. En ese momento, un equipo de operarios tercerizados fue enviado al lugar e intentó amenizar la fuga vaciando parte del agua de la presa. Alrededor de las 16h 20min se produjo el rompimiento, que lanzó un gran volumen de lodos tóxicos sobre el valle del arroyo Santarém.
El subdistrito de Bento Rodrigues, localizado a unos 2,5 kilómetros valle abajo de la presa, fue casi en su totalidad inundado por los barros luego del rompimiento de la presa. Otros pueblos situados en el valle del río Gualaxo, también en la región de Mariana, fueron afectados en menor grado.
Debido a la localización de los accesos precarios, contando con apenas caminos vecinales no pavimentados que hacían de conexión con los demás distritos del municipio, Bento Rodrigues quedó completamente inaccesible por vías terrestres, siendo posible llegar solamente por helicóptero, lo que dificultó en gran medida las tareas de rescate por parte de los bomberos. En el lugar alcanzado por la inundación, existía una escuela donde los profesores lograron evacuar a tiempo a los alumnos.
Un agravante a la situación fue que ni el emprendimiento ni las comunidades vecinas contaban con un plan de contingencia, ni tampoco con rutas de evacuación que permitieran a sus habitantes evacuarse a tiempo y permanecer en zonas seguras.
Alrededor de las 18h 30min del día 5 de noviembre, los residuos de los minerales de hierro llegaron al río Doce. La cuenca hidrográfica del río tiene una superficie de drenaje de aproximadamente 86.715 km², encontrándose el 86% en el estado de Minas Gerais y el restante en Espírito Santo. En total, el río abarca 230 municipios que utilizan sus aguas para subsistir.
Ambientalistas consideran que es imposible recuperar al río. Según el biólogo y ecologista André Ruschi, que trabaja en la Estación Biológica Marina Augusto Ruschi en Aracruz (Espírito Santo), los residuos permanecerán en el río al menos por 100 años.
Los residuos vertidos al río afectaron también la Usina Hidreléctrica Risoleta Neves, que se encuentra en Santa Cruz do Escalvado, a unos 100 kilómetros de Mariana. Según la concesionaria que administra la presa, su funcionamiento no se vio perjudicado.
El día 9 de noviembre, la alcaldía de Governador Valadares interrumpió el suministro de agua en la ciudad debido a la presencia de metales pesados en las aguas del río Doce. Al siguiente día, fue decretado el estado de calamidad pública, en función al desabastecimiento de agua en la ciudad. El día 13 de noviembre, el Ejército Brasileño montó un punto de distribución gratuita de agua en la plaza dos Esportes, en el centro de la ciudad.
De acuerdo con los análisis realizados en Governador Valadares, se encontró en las aguas con lodo cantidades mayores a las aceptables de metales pesados, sustancias nocivas para la salud, tales como arsénico, plomo y mercurio.
En el ámbito legislativo brasileño, fueron creadas tres comisiones parlamentarias para investigar el rompimiento de las presas. Sin embargo, algunos políticos integrantes de estas comisiones recibieron donaciones en sus campañas electorales por parte de las empresa del grupo Vale, minera que, conjuntamente con BHP Billiton, controla a la empresa Samarco, la cual era directamente responsable por el funcionamiento de las represas de Bento Rodrigues.
Las donaciones recibidas por los miembros titulares de estas comisiones suman R$ 2,6 millones. En 2015, la empresa Samarco pagó al municipio de Mariana cerca de R$ 37,4 millones relativos al tributo de la CFEM (Compensación Financiera por la Exploración de Recursos Minerales), cuya alícuota es del 2% sobre el valor líquido de venta del mineral. De ese valor, el municipio recibe el 65% de los fondos y la parte restante es dividida entre los gobiernos de Minas Gerais (23%) y la Nación (12%). Samarco tuvo una ganancia de R$ 13,3 billones entre los años 2010 y 2014. Sólo en 2014, las ganancias ascendían a R$ 2,8 billones, según el sitio web de la empresa.
En relación a las multas, la legislación brasileña posee un techo de R$ 50 millones y una eventual alteración de esa suma depende directamente de la aprobación por parte del Congreso Nacional. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) aplicó 5 multas de ese valor máximo, totalizando 250 millones de reales. La presidente de IBAMA, Marilene Ramos, dijo que "el valor de R$ 50 milloes está establecido hace muchos años, sin reajuste. Es lo malo de establecer un valor en una ley, cuando esos valores se van perdiendo a lo largo del tiempo".
En un acuerdo con el Ministerio Público Federal, la empresa Samarco se comprometió a realizar un pago de una caución de R$ 1 billón, en un documento firmado en Belo Horizonte en la sede del Núcleo de Resolución de Conflictos Ambientales del Ministerio Público (Nucam).
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