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Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo



La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley nacional 26.168 del poder Ejecutivo nacional y adherido por las Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.[1]

La Autoridad de Cuenca está integrada por un Consejo Directivo presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y los representantes de las tres jurisdicciones, un Consejo Municipal con representantes de los 15 municipios que conforman la cuenca, y una Comisión de Participación Social como espacio de articulación del Plan con la sociedad civil abierto a su integración por cualquier organización con intereses en el ámbito territorial de la cuenca. Asimismo, se ha conformado un Foro de Universidades de la Cuenca Matanza Riachuelo (FUCUMAR) como ámbito de interacción entre las universidades vinculadas por sus saberes a la problemática de la cuenca y el grupo de expertos responsables a cargo del Plan.

La Autoridad de Cuenca cuenta asimismo con una Dirección Ejecutiva y una Secretaría General cuya función es oficiar de enlace entre todos los actores que conforman el Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.

En julio de 2004 un grupo de vecinos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezados por Beatriz S. Mendoza presentan una acción judicial contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas reclamando daños y perjuicios sufridos en consecuencia a la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Asimismo solicitan la recomposición del ambiente y una serie de medidas cautelares a fin de asegurar el objeto de la demanda El 20 de junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se declara competente en el juicio por el daño ambiental de incidencia colectiva sobre la cuenca Matanza Riachuelo. Al mismo tiempo se declara incompetente para proseguir el proceso por los daños individuales de cada uno de los vecinos afectados, a los que se recomienda concurrir a cada juez, de cada lugar donde habitan, para obtener las indemnizaciones por sus daños individualizados.[2]

Así comienza el juicio conocido como "Causa Mendoza", en el cual se aceptó la participación como terceros tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como varias organizaciones (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación de Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales, Fundación Greenpeace Argentina, Fundación Metropolitana entre otras).

En diciembre de 2006 se creó por Ley Nacional la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo presidida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La ACUMAR participa de las audiencias públicas y presentó al Juez el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. La corte solicitó a la Universidad de Buenos Aires la participación de sus profesionales idóneos, con antecedentes y conocimientos necesarios y apropiados respecto de las diversas temáticas involucradas, y que procediesen a informar sobre la factibilidad del plan.

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia definitiva en el caso Mendoza, en relación a "la específica pretensión sobre recomposición y prevención de daños al ambiente", que obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces. Se trata de una sentencia colectiva atípica, de carácter declarativa y de ejecución, ya que contiene una condena general, que recae sobre la ACUMAR, el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "igualmente responsables en modo concurrente", por el cumplimiento del programa establecido en la resolución, "que debe perseguir tres objetivos simultáneos: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en la Cuenca en todos sus componentes (agua, aire, y suelos) y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción".[3]

El proceso de ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se puso a cargo del Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella.

El Plan Integral de Saneamiento Ambiental,[4]​ cuyo Resumen Ejecutivo fue aprobado por la Resolución ACUMAR Nº8/2007 es el conjunto de acciones destinadas a preservar y recomponer la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, comprendiendo un territorio aproximado a los 2 200 kilómetros cuadrados por donde discurren los 64 km de extensión del sistema integrado por los Ríos Matanza y Riachuelo, respectivamente.

En marzo de 2010 se presentó la nueva versión del Plan Integral con el propósito de reflejar el grado de avance de las acciones llevadas a cabo e introducir las modificaciones necesarias en función de las nuevas realidades.

La primera directora de ACUMAR fue la entonces Secretaria de Ambiente y ambientalista Romina Picolotti, hasta diciembre de 2008 cuando la reemplazó Juan José Mussi, por entonces intendente de Berazategui.[5]​ Para el periodo julio de 2008 / diciembre de 2009 la media de inspecciones sanitarias a establecimientos industriales fue de 66,1 inspecciones por mes, mientras que durante el año 2011 ascendió hasta 850,3 por mes.[6][7]

En 2012 se despejó el ‘Camino de Sirga’ en un 80% respecto a las cloacas las obras están en un 60% realizadas, lo que representa 1.200.000 ciudadanos que vivían a la vera del Riachuelo que no tenían cloacas y ahora las tienen. Se incorporaron además 14 unidades sanitarias fijas y otras 14 móviles y 14 ecopuntos a donde llevar residuos para su tratamiento[8]​ A finales del mismo año se erradicaron 179 basurales a cielo abierto, reconvirtiéndolos en espacios verdes, que luego fueron entregados a los municipios para su cuidado.[9]

En el año 2013 la Justicia Federal de Quilmes confirmó la obligación del gobierno porteño de aportar fondos para el saneamiento de la cuenca hídrica ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y apelado por la gestión macrista. Sin embargo al año 2015 los fondos aún no han sido entregados, pese al fallo de la justicia[10]​meses después Mauricio Macri fue apercibido judicialmente por la causa del Riachuelo.[11]

En el marco de estas tareas de limpieza, pro el gobierno nacional, durante 2013 se extrajeron del espejo de agua unas 5.619 toneladas de residuos, sumando un total de 22.777 toneladas totales de basura extraída del espejo de agua desde el inicio de estas actividades por parte de ACUMAR. Se incorporaron al sistema de recolección de residuos en los Asentamientos Villa Luján, Isla Maciel y Tierra Verde, en los cuales viven 750, 600 y 900 familias respectivamente. A su vez, en el Partido de Lanús se desarrolló una experiencia piloto en los Asentamientos ACUBA, 10 de enero, Eva Perón y Gaita, donde viven en total 1.950 familias.[12]

En marzo de 2013 12 mil puesteros de la feria conocida como "La Saladita" fueron reubicados y en el lugar que ocupaban a la vera del Riachuelo fue instalado un mirador. Además comenzaron las obras de reacondicionamiento del edificio para la creación de la futura Universidad del Medio Ambiente, en un predio abandonado, que contará con una superficie de 1000 mts2, y contará con una biblioteca anexa y un museo.[13]​ Ese mismo año en los municipios de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza las relocalizaciones de las familias que vivían en villas se cumplieron totalmente con la liberación total del Camino de Sirga, gracias al programa de relocalizaciones que forma parte del Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos que lleva adelante el Gobierno Nacional y que prevé la construcción de soluciones habitacionales dentro y fuera de la cuenca.[14]​ Ese mismo año en Lanús, comenzaron a relocalizarse a 73 familias al barrio Néstor Kirchner, una parte de los habitantes de la Villa 21-24 fueron mudados hacia el complejo habitacional de Castañares y General Paz, en Mataderos.[15]

Para el año 2014 el 88 por ciento del camino de sirga había sido liberado, 1.500.000 familias fueron incorporadas a la red de agua corriente y de alcantarillado, y se habían quitado más de 186 basurales.[16]​ 11.995 industrias fueron empadronadas en la Cuenca, y se llevó a cabo la adecuación ambiental del Polo Petroquímico Dock Sud[17]​desde que comenzó la limpieza fueron retiradas 170 mil toneladas de basura, 110 autos y 57 buques.[18][19]​ Para fines de ese año se registró un 93% de avance en la limpieza de las márgenes bajo convenio.[20]​1.500.000 personas incorporadas a la red de agua potabilizada y 895.000 personas incorporadas a la red de saneamiento cloacal.[21]​A fines de ese año aumentó a 963.000 la cantidad de personas incorporadas a la red de saneamiento cloacal.[22]​ En 2014 comenzó la mudanza al complejo de Castañares y General Paz de familias que habitaban la Villa 21-24 es una de las últimas que se realizan en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo.[14]

En 2015 se comenzaron las obras de construcción por parte de la ACUMAR de los hospitales de Rafael Castillo y Laferrere, en La Matanza y el Hospital de Cuenca Alta Nestor Kirchner, en el partido de Cañuelas, todos con un avanzado estado de obra y con la idea de ser puestos en marcha ese mismo año.[23]

En 2016 mediante el decreto 336/2016 del presidente Mauricio Macri se dio de baja el contrato de 480 empleados de la Dirección General de Salud Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que afectó a los habitantes de los 14 municipios que integran la cuenca. Mediante este decreto, los habitantes perdieron el acceso a unidades Sanitarias Móviles y Fijas con atención primaria de salud y los operativos de zoonosis y vacunación.[24]

En 2016 fue designada por decreto Amílcar López, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, pero renunció a su cargo al mes de haber sido designado por diferencias con las designaciones de Sergio Bergman.[5]​quien había admitido no tener conocimiento alguno para el cargo.[25]​Amilcar López renunció por la paralización repentina del ente y la falta de designación de equipos de trabajo[26]​ en lo que fue calificado como una guerra por el control político de Acumar.[27]

En 2017 es designada como directora la diputada del PRO Gladys Gonzalés, por lo que fue denunciada en enero de ese año ante la Oficina Anticorrupción por ejercer tres cargos públicos en simultáneo.[28]​ En su paso por la Acumar se realizó una fiesta para doscientas personas por el cumpleaños de Julio Urrutigoyti, cercano al político Sergio Bergman, en la que se denuncia el uso de recursos oficiales para su realización.[cita requerida] Paralelamente se llevaron a cabo recortes y despidos. Desde el Municipio de Avellaneda advirtieron que se han dejado de llevar a cabo las tareas de saneamiento, limpieza y mantenimiento en los márgenes, arroyos y canales del Arroyo Sarandí y del Riachuelo.[29]​A su vez a través de la ACUMAR se autorizó a verter al Riachuelo siete sustancias contaminantes prohibidas desde hace años entre ellas elementos tóxicos, como aldrin, clordano y dieldrín.[30]

La Autoridad de Cuenca está integrada por un Consejo Directivo presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y los representantes de las tres jurisdicciones, un Consejo Municipal con representantes de los 14 municipios que conforman la cuenca, y una Comisión de Participación Social como espacio de articulación del Plan con la sociedad civil abierto a su integración por cualquier organización con intereses en el ámbito territorial de la cuenca. Asimismo, se ha conformado un Foro de Universidades de la Cuenca Matanza Riachuelo (FUCUMAR) como ámbito de interacción entre las universidades vinculadas por sus saberes a la problemática de la cuenca y el grupo de expertos responsables a cargo del Plan.

El entramado por la causa de ACUMAR salió a la luz tras una serie de denuncias periodísticas, que derivaron en un pedido de investigación de la Corte Suprema a la Auditoría General de la Nación (AGN). Del informe realizado por la AGN se desprendió que las firmas Gildin S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartons estaban vinculadas con el juez Luis Armella, ya sea por la composición de sus órganos, la alternancia de sus socios.



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