El atentado contra la Policía Federal Argentina en 1976 llevado a cabo el 2 de julio de ese año, sucedió cuando un artefacto explosivo cuya colocación se atribuyó la organización Montoneros estalló en la Superintendencia de Seguridad Federal (también conocida como Coordinación Federal) de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, causando el derrumbe del techo del comedor en momentos en que el lugar se hallaba lleno de suboficiales almorzando. Murieron 23 personas, incluyendo una civil que se encontraba de visita, y unas 60 resultaron heridas.
Fue el peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70 en Argentina.Algunas fuentes califican el hecho como “masacre”. Al comedor no iban en general altos jefes pues ellos almorzaban en sus despachos o en restaurantes fuera del edificio. Siete de los fallecidos no realizaban tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que repartía pan y la civil Josefina Melucci de Cepeda, de 42 años, casada, tres hijos, que había ido a comer con una amiga que también murió.
La organización Montoneros, que fue el brazo armado del ala izquierda del peronismo actuó desde fines de los 60; sus objetivos iniciales fueron la desestabilización del gobierno de facto autodenominado "Revolución Argentina" y el retorno al poder del general Juan Domingo Perón. Posteriormente, una vez que asumió la presidencia Héctor José Cámpora sus acciones se dirigían a la instauración en la Argentina de un sistema político que denominaban "socialismo nacional", al que consideraban como la evolución histórica natural del peronismo, de acuerdo a la formación política y militar recibida en Cuba por sus dirigentes. Si bien durante sus primeros años recibieron el apoyo de Perón y de buena parte del Movimiento Peronista, en parte por ser funcionales al derrocamiento del gobierno de facto, el líder fue virando en sus acciones hacia el ala derecha de su movimiento, brindándole más apoyo a los sectores sindicales, y eso creó planteos por parte de la cúpula de montoneros que no fueron bien vistos por el general.
Con el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, a quien los Montoneros ejecutaron en la puerta de su casa, quisieron disputarle el liderazgo al General Perón. El 1 de mayo de 1974, en un discurso histórico, su líder los rechazó en la Plaza de Mayo al llamarlos «imberbes». La Conducción Nacional de Montoneros decidió el pase a la clandestinidad, lo que fue reconocido formalmente en una conferencia de prensa secreta en el mes de septiembre de 1974. Desde finales de ese año los Montoneros sufrieron un gradual aislamiento de la base popular peronista y del resto de la sociedad argentina, por su traición al líder del Movimiento Peronista, y al continuar con sus acciones violentas fueron perseguidos y asesinados por la Alianza Anticomunista Argentina (triple A), organizada desde el estado por el ministro de Bienestar Social y secretario personal de Perón, José López Rega, en forma indiscriminada, lo cual mermó y produjo una verdadera diáspora de militantes. Fueron más de 90 [cita requerida] los asesinados en esa etapa constitucional sin importar el grado de compromiso que hayan tenido en la lucha armada.
A partir del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, el Estado lanzó una brutal persecución contra los sectores de la sociedad que apoyaban la guerra revolucionaria. Ya en los primeros días posteriores al golpe empezaron a producirse las primeras desapariciones forzadas de personas. La dictadura creó un sistema represivo paralelo al de las fuerzas armadas ordinarias, caracterizado por la creación de centros clandestinos de detención, donde se usaban técnicas de tortura inspiradas en los métodos usados por los oficiales franceses que lucharon en la Guerra de independencia de Argelia. Los métodos de tortura eran diversos: amenazas verbales, golpes y patadas, asfixia por inmersión de la cabeza en el agua (submarino), el pasar los pies de un recipiente de agua hirviendo a otro con el mismo líquido frío, posiciones forzadas durante largas horas, presenciar la tortura de familiares, fractura de huesos, shock eléctrico en diversas partes del cuerpo. El empleo de la tortura y la desaparición fue utilizada para eliminar a cualquier sujeto con una ideología contraria a la del Estado, ya que no solo fueron desaparecidos los grupos guerrilleros. La existencia de un plan sistemático de represión ilegal fue probada, entre otras, en la sentencia del juicio a las Juntas militares, Cámara Federal en lo Penal, Causa 13/84, capítulo XX (disponible en línea en http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/cap20.html ).</ref> implicaba la existencia de centros clandestinos de detención; uno de estos centros ocupó los pisos quinto, sexto y séptimo del edificio de la Superintendencia, donde también funcionaba el «Grupo de tareas 2» (GT 2), encargado de acciones clandestinas de represión en la ciudad de Buenos Aires y que también aportaba personal a otros grupos de tareas intervinientes en la represión, como por ejemplo el de la Escuela de Mecánica de la Armada (GT 3.2).
Poco después del golpe de estado, Montoneros continuó con atentados contra objetivos militares y policiales, denominando a esta etapa contraofensiva. El 18 de junio mataron al jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Ángel Cardozo, mediante una bomba de 700 gramos de TNT colocada debajo de su cama, hiriendo también gravemente a su esposa.
El ataque con explosivos había sido planeado para el 4 de junio e iba a ser llevado a cabo por un combatiente de Montoneros infiltrado en la policía, pero se postergó para el 2 de julio. Alrededor del mediodía de ese día, el agente encubierto ingresó al edificio de la calle Moreno 1417 llevando oculta en un bolso una «bomba vietnamita» compuesta de 9 kilos de TNT y 5 de bolillas de acero.El autor material del ataque fue José María Salgado, un joven agente de policía de 21 años con una familia de clase media alta que después de cursar estudios secundarios en el colegio católico Jesús en el Huerto de los Olivos cursaba en la Universidad de Buenos Aires. Militaba en Montoneros y su “responsable” era Rodolfo Walsh.
El mismo día, Montoneros emitió un «parte de guerra»:
La onda expansiva de la bomba montonera arrancó el portón de la calle Moreno al 1400, hecho de madera, hierro y vidrio, de cuatro metros de alto por seis de ancho, y quedó estampado en la fachada de mármol del edificio de enfrente. De la bola de fuego solo se salvó la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Policía Federal, entronizada muy cerca del techo, a unos tres metros del portón de ingreso. La imagen de cerámica no se cayó, ni siquiera se movió. Seis cadáveres quedaron destrozados, sin brazos ni piernas; decapitados o con la cabeza apenas colgando y convertida en una masa sin forma. Las características del artefacto explosivo utilizado, una “bomba vietnamita” del tipo Claymore: además de entre cinco y siete kilos de trotyl, cargaba bolas o postas de acero que salieron disparadas como una metralla, que agujereó cuerpos, maderas y paredes, junto con los tenedores, cuchillos, platos, vasos, botellas, bandejas, y hasta la caja registradora y las patas de las sillas y mesas del comedor, que también salieron volando para todos lados.
El saldo total del peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70 fue el más cruento en la violenta historia de Argentina hasta el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, superando incluso a la voladura de la embajada de Israel en la Argentina, el 17 de marzo de 1992. A pesar de ello, nunca fue investigado por la Justicia, puesto que primero la jueza federal María Servini de Cubría en 2006 y luego la Corte Suprema en 2012 rechazaron una denuncia contra los presuntos autores del atentado, entre ellos el ex número uno de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, Pepe, y el periodista Horacio Verbitsky. Todas las instancias judiciales coincidieron en que el ataque no debía ser ni siquiera investigado porque había pasado demasiado tiempo y, en consecuencia, estaba prescripto. No fue considerado un delito de lesa humanidad, como solicitaban los abogados de algunas de las víctimas del estrago, sino un delito común. No solo permanece impune, sino que, hasta la aparición del libro Masacre en el comedor, del escritor Ceferino Reato, no se sabía bien cómo había ocurrido ni quiénes habían sido sus autores, no existía ningún libro —periodístico o histórico— ni, obviamente, ningún documental o película.
En los días siguientes a la explosión murieron las siguientes personas:
Como represalia, un número no precisado de personas detenidas ilegalmente en dependencias policiales y militares, presuntamente ligadas a la organización Montoneros, fueron asesinadas en los días que siguieron al atentado. Da cuenta de ello el número de cadáveres NN ingresados en la Morgue Judicial de Buenos Aires entre los días 3 y 7 de julio de 1976: cuarenta y seis (cuando la media, durante años, había sido de uno o dos por día), casi todos con causa de muerte «Heridas de bala en cráneo, tórax, abdomen y pelvis, hemorragia interna». Otros treinta cuerpos de personas secuestradas aparecieron dinamitados en la localidad de Fátima, cercana a la ciudad de Buenos Aires, episodio conocido como la Masacre de Fátima.
La masacre de los sacerdotes y seminaristas Palotinos de la parroquia San Patricio en el barrio porteño de Belgrano, fue considerada como una represalia por el atentado al comedor policial.
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