La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña fue un proceso por el que el Gobierno intervino la autonomía de Cataluña desde las 20:26 horas del 27 de octubre de 2017 hasta las 12:41 horas del 2 de junio de 2018.
El proceso soberanista, iniciado en Cataluña en 2012, se compone de la celebración de un referéndum de independencia y de una declaración de independencia unilateral en octubre de 2017, declarada nula y sin efecto por los Tribunales de Justicia.
Lo anterior llevó a que el Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, activase la tramitación parlamentaria del procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución, con el fin de suspender la autonomía de dicha región. La autorización al Gobierno establecida en el artículo 155 fue aprobada por la Cámara Alta del Parlamento el 27 de octubre de 2017.
En el marco de la Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2017, y aprobada por el parlamento regional catalán, el gobierno regional catalán convocó un referéndum de autodeterminación, también suspendido por el Tribunal Constitucional.
El referéndum se celebró sin garantías y de manera ilegal el 1 de octubre de 2017. Como resultado, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, proclamó y suspendió la "República Catalana", en una ambigua declaración política realizada el 10 de octubre en el parlamento regional de Cataluña.
El 11 de octubre de 2017, el Gobierno, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, siguiendo el trámite previsto en el artículo 155 de la Constitución, envió un requerimiento al presidente de la Generalidad de Cataluña para que aclarase si había realizado o no una declaración unilateral de independencia.
El requerimiento daba un plazo de cinco días para responder, advirtiendo que la ausencia de respuesta o cualquier respuesta que no fuera claramente negativa sería entendida como una confirmación de la declaración de independencia.
Asimismo, en el caso de que se confirmara, por acción u omisión, la declaración de independencia, se le daba un nuevo plazo de 72 horas adicionales para revocar dicha declaración y restaurar el orden constitucional.
Tras rechazar, el presidente regional catalán, responder con claridad al requerimiento del Gobierno en dos ocasiones, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros en sesión extraordinaria el sábado 21 de octubre, consideró no atendido el requerimiento y acordó las medidas que serían propuestas para su aprobación en el Senado.
Las medidas propuestas se fundamentaron en cuatro objetivos: la vuelta a la legalidad, la restauración de la normalidad y la convivencia, la recuperación económica y la celebración de nuevas elecciones regionales en Cataluña. Durante la comparecencia para anunciar las medidas, Mariano Rajoy aseguró que “no se suspende la autonomía de Cataluña” sino que “se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley” y que se haría para “garantizar íntegramente los derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad” en Cataluña.
Entre las medidas principales propuestas se encontraban:
El calendario inicialmente propuesto para la tramitación del artículo 155 en el Senado fue el siguiente:
Los nombres de los miembros del Senado integrantes de la comisión que tramitaría la aplicación del artículo 155 se registraron el 23 de octubre. La comisión estuvo presidida por el presidente del Senado, Pío García-Escudero (PP), y se compuso de 27 miembros: 15 del PP, 6 del PSOE, 2 de Unidos Podemos, 1 del PNV, 1 de ERC, 1 de PDeCAT y 1 del Grupo Mixto (UPN). No estuvieron representados ni el PSC ni Ciudadanos. Solo hubo tres senadores catalanes en la comisión: el de ERC, el del PDECat, y el también diputado en el parlamento regional por el Partido Popular, Xavier García Albiol.
La Generalidad de Cataluña envió el burofax con las alegaciones a las 10:03, tres minutos más tarde del plazo máximo establecido, y se registró en el Senado a las 10:23. La causa del retraso, según el portavoz del PDeCAT en el Senado, fue un problema técnico con el burofax (un atasco de papel). A pesar del retraso, las alegaciones fueron admitidas.
Las alegaciones consistieron en una carta de nueve folios en la que Carles Puigdemont acusaba al Gobierno de haber sobrepasado, con las medidas propuestas, los límites permitidos por el artículo 155 y en la que afirmaba que, con su aplicación, se iba a crear una "todavía más grave situación extraordinaria, al arrebatar a Cataluña su autonomía política". Puigdemont, que rechazó acudir al Senado a defender sus alegaciones por considerar que la decisión final ya estaba tomada de antemano, designó como su representante al delegado de la Generalidad en Madrid, Ferran Mascarell o, en caso de no ser posible, a los senadores del PDeCAT y de ERC Josep Lluís Cleries y Miquel Àngel Estradé.
La comisión del Senado aprobó con 22 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención el texto provisional de las medidas propuestas por el Gobierno. Asimismo, rechazó las alegaciones de la Generalidad y que la representación de Puigdemont en el Senado recayese sobre Ferran Mascarell, dado que era un funcionario de libre designación de la administración regional catalana, y no un miembro del gobierno regional catalán. Una enmienda del PSOE, a favor de que la aplicación de las medidas se hiciera de manera gradual, fue aceptada.
Otras dos enmiendas del PSOE quedaron pendientes de decisión para el pleno del día siguiente; una con la posibilidad de frenar las medidas del artículo 155 si se producía una convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente de la Generalidad, enmienda que fue retirada después de que se presentara la Declaración unilateral de independencia para su votación en el parlamento de Cataluña; otra relativa al control de TV3 y los medios públicos catalanes, la cual fue aceptada "in extremis" por el Senado reunido en Pleno.
El 27 de octubre, tras un largo debate, el Senado aprobó dar la autorización solicitada por el Gobierno para aplicar las medidas acordadas. La autorización fue concedida con 214 votos a favor del PP, PSOE, PSC, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria; 47 en contra de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu y Compromís; y la abstención de Nueva Canarias. Los senadores José Montilla (PSC) y Francesc Antich (PSOE) se ausentaron de la votación para no romper la disciplina de voto de sus partidos, pues no estaban de acuerdo con la aplicación del artículo 155.
En paralelo al pleno del Senado, el parlamento regional de Cataluña celebró otro pleno en el que se aprobó una "declaración unilateral de independencia para constituir una república catalana como un Estado independiente". La declaración contó con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Los parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron de la votación.
El 27 de octubre, tras la aprobación en el Senado de las medidas propuestas por el Gobierno y tras la declaración unilateral de independencia realizada en el parlamento regional de Cataluña, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy convocó un Consejo de Ministros extraordinario. A su término, anunció la aprobación de cinco reales decretos con los siguientes contenidos:
Asimismo, esa madrugada, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dispuso el cese del mayor de los Mozos de Escuadra-Policía de la Generalidad, José Luis Trapero.
El 14 de mayo de 2018 Joaquín Torra (JxCat) fue investido nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña por el nuevo parlamento autonómico elegido el 21 de diciembre del año anterior. Sin embargo, sus funciones permanecían suspendidas en virtud del artículo 155 de la Constitución, que exigía la toma de posesión de todo el gobierno regional catalán en pleno para la restitución de la autonomía de la región. El 2 de junio de 2018, apenas hora y media después del cambio de Gobierno en España al asumir Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, tomaron posesión de sus cargos los consejeros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de Joaquín Torra. Esto supuso el levantamiento automático, por ministerio de la ley, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La intervención de la autonomía catalana duró, en total, más de siete meses.
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