Adela Asúa Batarrita nació en Bilbao.
Adela Asúa Batarrita (Bilbao, 1948) es una jurista y catedrática española, magistrada del Tribunal Constitucional desde el 29 de diciembre de 2010 tras ser elegida por el Senado a propuesta del Parlamento Vasco. En junio de 2013 fue nombrada Vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Sus trabajos y publicaciones de derecho penal se han centrado en la corrupción, la problemática del non bis in idem, el derecho procesal, delitos y agresiones sexuales desde una perspectiva de género, terrorismo y evolución de la jurisprudencia constitucional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Curso Derecho en la Universidad de Deusto, y se licenció en 1971, obtuvo el Diploma Superior de Criminología en la Universidad Complutense de Madrid en 1977 y se doctoró en Derecho en 1981 (La reincidencia y los fines de la pena).
De 1972 a 1976 ejerció la abogacía en Vizcaya. De 1981 a 1985 fue magistrada suplente en la Audiencia Territorial de Vizcaya pero finalmente se decantó por la docencia y la investigación.
De 1972 a 1988 fue profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Profesora de Derecho Penal, desde 1972 a 1984 y catedrática de Derecho Penal de 1984 a 1988.
En 1988 se incorporó a la Universidad Pública del País Vasco, de 1988 a 1993 como profesora titular de Derecho Penal y desde 1994 como catedrática de Derecho penal.
Fue vicedecana de la Facultad de Derecho del País Vasco y colaboró con el ministerio de Justicia, con Juan Alberto Belloch como titular, en la comisión de expertos para la reforma del Código Penal.
Como catedrática llegó a vicedecana de Derecho en la UPV, responsable de la facultad en Vizcaya, cargo que abandonó en 2009.
Desde junio de 2009 forma parte de Uniqual, la agencia de evaluación de la calidad del sistema universitario vasco del Departamento de Educación de Isabel Celaá.
El 1 de diciembre de 2010 fue elegida por el Senado a propuesta del Parlamento Vasco magistrada del Tribunal Constitucional.
Es magistrada del Tribunal desde el 29 de diciembre de 2010.
En junio de 2013 fue elegida Vicepresidenta del Tribunal Constitucional.
Forma parte de la corriente progresista en judicatura. Apuesta por las penas que conlleven trabajos para la comunidad y considera "anacrónico" el sistema penitenciario.
Miembro entre las décadas de 1980 y 1990 de la Asociación Pro Derechos Humanos, ha colaborado habitualmente con Gesto por la Paz y ha analizado fenómenos de genocidio y terrorismo en diferentes puntos del mundo.
En marzo de 2017, cesó como magistrada del Tribunal Constitucional y como Vicepresidenta del Tribunal, por expiración de su mandato.
En noviembre de 2020, ha sido nombrada miembro permanente del Consejo de Estado.
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