Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a doce años de guerra civil en el país.
Las primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen en el fin del conflicto. Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para tratar los puntos álgidos por resolver. Como resultado de la negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran hasta lograr un consenso, en parte forzados por factores internos y externos que influyeron en las decisiones.
El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales: modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de Naciones Unidas, la cual dio un finiquito tras 3 años de gestión.
La guerra civil salvadoreña fue el conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de El Salvador cumpliendo su rol constitucional de la defensa de la soberanía del Estado y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre el 10 de enero de 1981 y el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los “acuerdos de Chapultepec” en la Ciudad de México, aunque el país vivió un ambiente político y social tenso durante la década de 1970.
El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en más de 70000 muertos y 8000 desaparecidos. El conflicto concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz, que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.
Las primeras elecciones después de la guerra se realizaron en 1994 pero fue hasta el año 2009 cuando el FMLN llegó al gobierno del país centroamericano por la vía de las urnas.
Pese a que históricamente se reconoce que el precedente oficial de los Acuerdos de Paz de Chapultepec se dio en 1992, hubo negociaciones previas que sin dar mayores resultados, sentaron las bases para las negociaciones formales y productivas.
Los Acuerdos de Paz fueron el resultado de un largo proceso de negociación entre el Gobierno y el FMLN que se había iniciado a mediados de la década de los 80. Los primeros encuentros de diálogo se desarrollaron en La Palma, Chalatenango el 15 de octubre de 1984; Ayagualo, La Libertad el 30 de noviembre de 1984; Sesori, San Miguel el 19 de septiembre de 1986 y la Nunciatura Apostólica de San Salvador el 4 de octubre de 1987 entre el presidente José Napoleón Duarte y funcionarios gubernamentales con delegados de la dirigencia del FMLN. Aunque en los primeros encuentros de diálogo no se consiguió ningún acuerdo concreto, se logró poner sobre la mesa la posibilidad de una solución negociada al conflicto.
A mediados del año 1989, el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, convocó a una reunión de diálogo que se realizó el 15 de septiembre de ese año en la Ciudad de México; allí se acordó la solicitud conjunta de mediación dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar quién tras consultar al Consejo de Seguridad, nombró como representante especial al peruano Álvaro de Soto. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó una ofensiva general para demostrar su fuerza militar. La ofensiva fue contenida por la Fuerza Armada, que sin embargo sufrió gran cantidad de bajas. Tras esta batalla, muchos analistas consideraron demostrada la imposibilidad de la victoria militar de cualquiera de las dos partes en contienda.
El 4 de abril de 1990, se celebró una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, donde se firmó un acuerdo que fijó el conjunto de normas a seguir en el proceso de negociación y se estableció la voluntad de ambas partes, Gobierno y FMLN, de alcanzar una solución negociada y política al conflicto bélico. Además, se fijaron los objetivos de la negociación:
El 21 de mayo de 1990, en una nueva reunión en Caracas, Venezuela, se estableció la agenda general de negociaciones y los temas que serían sometidos a discusión. Se crearon dos delegaciones negociadoras: la gubernamental formada por David Escobar Galindo, Abelardo Rodríguez, Oscar Santamaría, el militar Mauricio Ernesto Vargas y la del FMLN formada por los comandantes guerrilleros Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez Cerén, Eduardo Sancho Castaneda, Francisco Jovel, Salvador Samayoa, Nidia Díaz y Juan Ramón Medrano, Ana Guadalupe Martínez, Roberto Cañas.
El 26 de julio de 1990 se firmó el Acuerdo de San José, en Costa Rica, el cual estableció un compromiso para respetar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas en contienda, poniendo fin a prácticas como los asesinatos selectivos y la desaparición forzada de personas. Además, dio origen a la resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad para la formación de una misión de observación para la resolución del conflicto. Dicha comisión estaría integrada por civiles, militares y policías que velarían, cada uno en su campo, por el correcto funcionamiento del proceso de paz.
El acuerdo de San José dejó al descubierto la primera crisis en la negociación. El punto más álgido era la distribución de las tierras en un país pequeño y sobrepoblado. Dado que el problema era de orden constitucional, la solución circundaba dos opciones; por un lado, modificar la constitución para que pudiesen ser incorporados los artículos más adelante; o también, incorporar las modificaciones directamente ignorando las disposiciones constitucionales sobre modificación. La crisis vino por parte de los grandes terratenientes, que con el reordenamiento de posesión de tierras, acababan francamente perjudicados. La negociación arrojó la decisión de modificar la constitución directamente, pero sin transgredir los procedimientos establecidos. En El Salvador, para que una modificación a la constitución esté en vigor, debe ser ratificada por dos Asambleas Legislativas distintas; en tal sentido, para que la asamblea legislativa vigente lograse aprobar dichas reformas, debían estar listas antes del 30 de abril de 1991, fecha en la que acababa su período legislativo. Dicha decisión obligó a los negociadores y legisladores a extenuantes jornadas a fin de obtener acuerdos a tiempo.
El 27 de abril de 1991 se firmó el acuerdo de Ciudad de México en el castillo de Chapultepec, cual, como fue mencionado anteriormente, también fue el sitio donde se firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. En el 27 de abril de 1991, se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y de Derechos Humanos. En una jornada legislativa sin precedentes en el último día de su gestión, la asamblea legislativa ratificó las reformas constitucionales salvo las referentes a la Fuerza Armada, lo cual generó una nueva crisis. Tras dicha jornada se dio una condición sin precedentes en lo que iba de conflicto; por primera vez el gobierno se flexibilizaba a cambiar la constitución en aras de la finalización de la guerra y el FMLN aceptaba, por fin, la vigencia de la Constitución.
El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente ONUSAL para la verificación del respeto a los Derechos Humanos. Desde el 1 de enero de 1991 se había establecido una oficina que preparó las condiciones mínimas de funcionamiento de la misión, siendo dotada de abogados, educadores, verificadores de Derechos Humanos, personal militar y civil. Pese a que el acuerdo de San José establecía que la misión se instauraría después del cese al fuego, ambas partes en contienda pidieron a Naciones Unidas que se pusiese a funcionar antes de lo planificado.
Pese a la llegada de la misión de Naciones Unidas, los encuentros de negociación entre el gobierno y la guerrilla era estériles dado que había un punto inconcluso en lo referente a la Fuerza Armada. El FMLN exigía para bajar las armas, que la Fuerza Armada cumpliese sus compromisos de reducción de efectivos y de acoso militar hacia las fuerzas beligerantes; se buscaban garantías de reincorporación de los combatientes guerrilleros a la sociedad civil, en el marco de la legalidad y seguridad particular. Para tales efectos, se dio la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas, quien logró sentar a las partes en Nueva York el 25 de septiembre de 1991, en la sede de Naciones Unidas. En dicha cumbre se acordaron las garantías mínimas de seguridad para un cese al fuego, las cuales sería verificadas por la naciente Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ). Además, se obtuvieron los acuerdos necesarios para la modificación constitucional sobre la Fuerza Armada.
La diferencia fundamental entre ONUSAL y COPAZ era su composición. La primera estaba formada por observadores internacionales y sustentada por Naciones Unidas; la segunda, estaba compuesta por miembros de todas las fuerzas políticas del país, constituyéndose en la primera comisión multipartidaria en El Salvador.
Pese a que hubo consenso entre el gobierno y la guerrilla, algunos sectores políticos, empresariales y varios periodistas criticaron el acuerdo por considerarlo forzado; surgió una campaña mediática de intimidación a las comisiones verificadoras, a lo cual se puso fin con la firma del acta de Nueva York, donde ambas partes manifestaron definitivamente el alcance de acuerdo de paz. A la media noche del 31 de diciembre de 1991 se fijó la fecha para la firma de la paz y se hizo pública la noticia en el poblado de Joateca, Morazán; el 13 de enero de 1992 se acabaron de firmar los últimos detalles previos a la solución definitiva del conflicto.
El 10 de enero, el Secretario General de Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad la ampliación de las facultades y objetivos de ONUSAL, para que pudiese continuar apoyando el proceso de paz y sus consecuencias; dicha modificación fue autorizada mediante la resolución 729 del 14 de enero de 1992.
El 16 de enero de 1992, se firmó en el castillo de Chapultepec, el texto completo de los acuerdos en un acto solemne, con la asistencia de Jefes de Estado de países amigos, así como de las delegaciones oficiales de negociación.
Si bien los acuerdos de paz se dieron bajo consenso voluntario, hubo presiones nacionales e internacionales que orillaron a las partes a buscar una solución pacífica.
El texto de los acuerdos firmados en el Palacio de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, está dividido en los 9 capítulos donde se establecen una serie de medidas que ambas partes debían realizar para alcanzar la paz firme y duradera en El Salvador.
En el primer capítulo, con respecto a la Fuerza Armada, el gobierno aceptó los siguientes compromisos:
En el segundo capítulo, el gobierno se comprometió a:
En esta área los compromisos gubernamentales fueron:
En este tema se acordaron una serie de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos:
En esta área el gobierno se comprometió a:
El cese definitivo de los combates se dio el 1 de febrero de 1992, bajo la supervisión de COPAZ y la presencia notable de ex comandantes del FMLN y sus antiguos enemigos formales. Para que dicha reunión pudiese darse, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero una Ley de Reconciliación Nacional, mediante la cual el Estado salvadoreño se privaba de abrir causas legales contra los combatientes de la guerra, abriendo una amnistía nacional. La baja masiva y paulatina de efectivos de la Fuerza Armada se fue dando mientras los excombatientes guerrilleros se desplegaban de las zonas ocupadas hacia quince áreas que previamente se habían establecido para dicho propósito. El armamento guerrillero fue depositado en contenedores controlados por ONUSAL, salvo aquellas armas pequeñas destinadas a la defensa personal.
Agentes policiales de varios países acompañaron en tareas de patrullaje a la Policía Nacional, la cual había dejado de depender del Ministerio de Defensa Nacional; dicho acompañamiento se dio hasta la creación de la Policía Nacional Civil.
Por otro lado, la repartición de tierras a los excombatientes llevó más tiempo de lo previsto, así como la instauración de la Academia Nacional de Seguridad Pública y la legalización del FMLN como partido político. Dichos retrasos empezaron a crear tensión entre las fuerzas políticas, lo que llevó a COPAZ a convocar a una recalendarización, la cual se llevó a cabo el 12 de junio de 1992. Dicha calendarización fue modificada en repetidas ocasiones para ajustarse a los plazos reales que marcaba el ritmo del avance del proceso; es así que, varios meses después de lo previsto, el 15 de diciembre de 1992 se celebró oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.
La principal crítica a la consecución de los acuerdos es sobre la parcialidad del cumplimiento, decantándose todos los esfuerzos en cumplir en su totalidad los acuerdos referentes a la Fuerza Armada, Derechos Humanos y fuerza policial, destinando gran cantidad de recursos a reformar esos rubros. El debilitamiento de la Fuerza Armada, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento masivo de la Policía Nacional Civil ocuparon la agenda principal. Sin embargo, el tema económico y social se vio relegado a un segundo plano, provocando críticas y polarización política entre el partido en el gobierno y el FMLN como naciente partido político.
En 1997, Butros Butros-Ghali, Secretario General de Naciones Unidas, dio por finalizado el proceso de paz en El Salvador, señalando que si bien era cierto que no todos los acuerdos se habían cumplido en su totalidad, el grado de cumplimiento era aceptable.
En la celebración de los quince años de los acuerdos, la sociedad salvadoreña se vio dividida por la polarización política imperante. El gobierno realizó por su parte el acto oficial de conmemoración en el lugar en el que se había firmado el Acuerdo de Paz Social, evento al cual asistieron representantes de todos los partidos políticos. La justificación vertida por el entonces presidente Elías Antonio Saca fue:
Sin embargo, la oposición política también celebró la conmemoración de la firma de los acuerdos en un acto público en el centro de San Salvador, frente a la Catedral Metropolitana.
El Monumento a la Paz es una escultura diseñada por el escultor Rubén Martínez que se develó en el municipio de San Marcos, El Salvador, con motivo de los Juegos deportivos centroamericanos de 1994 llevados a cabo en la ciudad de San Salvador.
En su estructura se puede observar:
En el año 2017, con motivo del 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz en el Palacio de Chapultepec, el presidente Salvador Sánchez Cerén celebró con la inauguración del Monumento de la reconciliación y un acto público en el Bulevar Monseñor Romero de la capital de El Salvador (San Salvador).
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