La ética militar es un conjunto de prácticas y discursos que sirven para orientar a las fuerzas armadas y a sus integrantes para que actúen conforme a unos valores y unas normas determinadas, y para mostrar al conjunto de la ciudadanía esos valores de referencia.
La humanidad ha organizado guerras a lo largo de 5000 años. Durante todo este tiempo también ha intentado, con poco éxito, crear regímenes capaces de impedir la guerra o de limitar los efectos destructivos. La ética militar tradicional, y especialmente la teoría de la guerra justa, se ocupa de las cuestiones relativas a las justificaciones dadas para el uso de la fuerza (jus ad bellum o "derecho a la guerra"), de qué cosas pueden justificarse en el contexto del uso de esta fuerza (jus in bello o "derecho en la guerra") y finalmente las preguntas relativas a la reconstrucción después de la guerra (jus post bellum). Por otro lado una visión alternativa llama la atención sobre el papel de los militares en la construcción progresiva de la paz, como estado (incompleto) de justicia social de carácter multifacético (económico, legal, política, cultural, religiosos, simbólico, etc.) que debe siempre condicionar la resolución de conflictos por vías que no sean violentas.
Las fuerzas armadas nacionales y multinacionales deben jugar en prioridad un papel preventivo y disuasivo. Su intervención puede llegar a ser inevitable a pesar de todo, como último recurso, especialmente frente a un genocidio, siempre en el marco de un derecho de los conflictos armados que posiblemente necesita ser actualizado, y bajo mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La ética militar se apoya para empezar en una contradicción: "La profesión militar es la única cuya función fundamental es inmoral. La ética militar es una paradoja, que trata de establecer una relación entre los dos conceptos antitéticos de la moralidad y del asesinato."
Varias corrientes se posicionan de forma diferente ante la justificación de la existencia de los ejércitos. Los utilitaristas consideran que es preciso justificar la existencia de los ejércitos en un mundo imperfecto dónde hace falta defenderse y asegurar la seguridad frente a los enemigos exteriores, de la misma forma que se considera que la policía es necesaria para protegerse de los crímenes dentro de un Estado.
Los pacifistas radicales niegan cualquier justificación a la existencia de los ejércitos. Para ellos, la guerra es siempre un mal moral, o al menos en algunos casos (por ejemplo para los pacifistas nucleares).
Otro tipo de pacifismo menos idealista considera que sobre todo el dilema se establece no entre la guerra y la paz sino entre, de un lado, una concepción del mundo según la cual el sentido de la política es el conflicto en sí mismo y, por otro lado, la convicción de que ningún poder puede justificarse si su objetivo principal no es el respeto de la dignidad humana y el desarrollo de condiciones que permitan maximizar el bienestar y el desarrollo de las potencialidades humanas. Así, frente a la opción realista consistente en comprender el mundo y actuar en consecuencia, como si el ser humano fuera violento por la naturaleza, lo cual nunca ha sido demostrado, la alternativa de esta utopía realista en palabras de Kant, es de actuar como si la paz existiera, participando así en su fundación.
La legitimidad de los ejércitos - Una de las cuestiones principales que la ética militar trata de responder es la del sujeto del que emana la legitimidad de los ejércitos. Por ejemplo, Davenport afirma que los militares profesionales deben distinguir claramente entre los intereses de sus clientes, los estados-nación o los gobiernos de estos estados, y los de la humanidad, y establecer así una obligación de prioridad respecto de estos últimos.
Jean-René Bachelet contribuye a este debate mediante una conceptualización de la ética militar que concuerde con la exigencia de un principio de humanidad. Así, el autor define este principio de la forma siguiente: "Todos los hombres, de cualquier raza, nacionalidad, sexo, edad, opinión, religión, pertenecen a una humanidad común, y todos ellos tienen un derecho imprescriptible al respeto de su vida, de su integridad y de su dignidad". Este principio, situado en el núcleo mismo del bien común del mundo globalizado, contiene tres elementos:
La Teoría de la guerra justa es modelo de pensamiento y un conjunto de reglas de conducta morales que definen en qué condiciones la guerra puede ser un acto moralmente aceptable. La teoría de la guerra justa puede dividirse en tres categorías:
La teoría de la guerra justa se origina con el pensamiento de Tomás de Aquino, de San Agustín y de Francisco de Vitoria. San Agustín considera necesaria la defensa de los Estado aunque éstos sean moralmente imperfectos, como alternativa al caso, que conocía bien por haber vivido en la época de las invasiones bárbaras sobre el Imperio romano. Comprometerse a favor de la participación en estas guerras es algo que el autor justifica solamente en caso de una agresión por parte de los otros, es decir una violación de la paz.
Después de 1648 el pensamiento cristiano medieval sobre la guerra justa se transforma en una versión secular de esta teoría. El jus ad bellum, las razones para iniciar una guerra, se definen cada vez más según los principios gemelos del nuevo sistema internacional: integridad territorial y soberanía política de los estados.
Para la corriente realista, la guerra es un mal que solo puede justificarse moralmente cuando sirve para evitar un mal mayor. Cuando la guerra se inicia con una "buena intención", este acto ya no se considera un mal inevitable sino un uso legítimo del poder. Por "buena intención", los partidarios del realismo entienden solamente una causa justa que sea suficientemente sólida y que no exista un rastro de presencia de cualquier otro motivo como un interés económico, étnico, de obtención de recursos, etc.
Los utilitaristas defienden el mismo punto de vista. Un ejemplo es el de las víctimas civiles inocentes alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo número era menor en comparación con las víctimas reales y potenciales de las políticas de agresión, tortura y genocidio sistemáticas llevadas a cabo por el Régimen nazi. El utilitarismo no justifica la no-proporcionalidad, es decir el uso de armas desproporcionado en comparación con los medios defensivos del enemigo
Un documento reciente de Naciones Unidas llamado Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos ofrece algunos consejos sobre las circunstancias que puede legitimar una guerra. El documento presenta cinco criterios principales de legitimidad: (a) Gravedad de la amenaza (b) Legitimidad del motivo (c) Último recurso (d) Proporcionalidad de los medios usados (e) Apreciación de las consecuencias. A esto se añade un mandato del Consejo de Seguridad que autorizaría el uso de la fuerza para cualquier guerra que fuera declarada oficialmente.
(a) Gravedad de la amenaza: "la naturaleza, la realidad y la gravedad de la amenaza a la seguridad del estado o de las personas ¿justifican el hecho de ser el primero en usar la fuerza militar en un conflicto por iniciativa propia? En caso de amenazas interiores, ¿hay riesgo de genocidio o otros tipos de masacre, de limpieza étnica o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, efectivos o inminentes? "
(b) Legitimidad del motivo: entre los motivos "legítimos" los más argumentados son la autodefensa; la defensa de otros; la resistencia frente a una agresión, la protección de inocentes frente a regímenes agresivos y brutales; y el castigo de errores graves aún no sancionados o reparados.
(c) Último recurso: Un Estado puede recurrir a la guerra solo si ha agotado todas las alternativas no violentas o pacíficas plausibles de resolución del conflicto en cuestión, especialmente la negociación diplomática.
(d) Proporcionalidad de los medios usados: No usar medios más allá de los necesarios para conseguir el objetivo. La violencia en el conflicto debe ser proporcional al objetivo buscado. Cualquier estado que quiera iniciar una guerra debe comparar primero los bienes obtenidos por todas las partes (su propio ejército, el ejército contrario y terceras partes) con los males que afectarán también a todos, especialmente las víctimas.
(e) Apreciación de las consecuencias: un Estado no debe iniciar una agresión si considera que no tiene posibilidades de éxito. La probabilidad de éxito debe ser mayor que los daños y perjuicios ocasionados. El objetivo sería impedir cualquier violencia gratuita y el fin último de la intervención armada debe ser el restablecimiento de la paz. Dicho esto, el derecho internacional no incluye este requisito pues es favorable a los estados más poderosos en detrimento de los menos poderosos.
(f) Autoridad legítima y declaración oficial pública: el documento de Naciones unidas habla de un mandato del Consejo de Seguridad. La autoridad legítima "apropiada" según los defensores de la teoría de la guerra justa, debe especificarse en la constitución del país involucrado, y puede ser a menudo el poder ejecutivo, independientemente de su carácter democrático o no. No obstante, Davenport afirma que los militares, a lo largo de la historia, han creído que tenían más experiencia que los ciudadanos a los que prestaban servicio, con resultados nefastos. Para este especialista de la ética militar, la decisión de iniciar una guerra no puede corresponder a los gobiernos sino a los responsables de nombrar y destituir los gobiernos, es decir, en el caso de los Estados Unidos, el pueblo y sus representantes.
La función y la misión de los militares, según la visión tradicional, es la de hacer la guerra. Sin embargo, Richard T. De George afirma que esto es verdad solo en parte, ya que la función la más adecuada sería la de asegurar la paz, y por consiguiente solo participar en misiones defensivas. En este sentido toda guerra de agresión estaría moralmente injustificada.
Esta visión fundamenta el concepto de disuasión. Así, un ejército más poderoso o igual, disuade a otro más pequeño de emprender cualquier acto de agresión. Este punto puede ayudar a legitimar en sí misma la existencia de los ejércitos, si bien eso no impide que esta disuasión se acompañe de un intento de reducción de efectivos de los ejércitos así como de su influencia (iniciar procesos de desarme proporcional en la medida de lo posible).
El "derecho en la guerra" tiene por objetivo, en tiempo de guerra, aliviar la condición de los militares heridos y de los prisioneros, de la población civil y de sus bienes. Lleva en sí la esperanza, contradictoria por naturaleza, de preservar lo que queda de moral universal en un estado de cosas que se sitúa fuera de las normas morales. El jus in bello ha sido creado hace 150 años y está en constante evolución. Las Convenciones de Ginebra de 1949 son su núcleo fundamental. He aquí algunos principios de conducta durante la guerra:
Discriminación: Este principio establece que solo las personas realmente implicadas en una guerra pueden ser consideradas objetivo militar. Todas las demás personas son consideradas inocentes, y en consecuencia deben permanecer al abrigo de cualquier ataque. Dicho esto, en el marco de la teoría de la guerra justa se acepta a menudo, cínica-mente, que "cuando hay personas inocentes que mueren como consecuencia secundaria de una operación militar considerada legítima, éstas pasan a formar parte del terrible costo de la guerra, que por supuesto se debe lamentar pero que debe ser admisible, si se considera el contexto concreto". Sin embargo, para las corrientes críticas de la teoría de la guerra justa, esta forma de pensar debería proscribirse. Por otro lado, algunas acciones como las guerrillas, en las cuales es difícil poder distinguir entre civiles y militares, presentan un nuevo tipo de dificultad, aunque los críticos vean en esto una nueva forma de justificación y respondan con el sentido prioritario del principio de discriminación.
Inmunidad de los no combatientes: la mayoría de los expertos están de acuerdo sobre el valor inviolable de este principio en el que se establece que está totalmente prohibido matar civiles, si no es como medio de autodefensa y solo cuando es realmente necesario. Sin embargo las diferencias aparecen cuando se habla de no combatientes muertos como daños colaterales, un eufemismo utilizado para ocultar la falta de interés por las pérdidas de civiles o incluso a veces los ataques premeditados sobre objetivos civiles.
El "derecho en la guerra" aparece, para algunos, relacionado con la consciencia y a la valoración individuales sobre la guerra o sobre una guerra concreta. La implicación individual e incluso colectiva y lo que comportan, merecen un papel más importante en la organización de un acto bélico, del que les otorga la máquina de mando militar. Gal considera que la complejidad y la ambigüedad que acompañan al carácter justo de ciertas guerras, a la legitimidad del uso de la fuerza y a las normas de este uso, hacen de la implicación crítica una modalidad preferible de comportamiento militar, en lugar de la obediencia irreflexiva.
En la misma línea, Davenport afirma que los militares profesionales (que se diferencian, según el autor, de los asesinos a sueldo, por la primacía de su obediencia a unos valores morales) no pueden justificar la práctica de acciones destructivas contra enemigos civiles solamente porque estas acciones pueden beneficiar a sus propios intereses o incluso los de los ciudadanos de su país. El soldado está obligado según el derecho militar a "promover la seguridad y el bien de la humanidad" y esta obligación pasa por delante de las obligaciones con el Estado particular que lo contrata o en un sentido más amplio, los ciudadanos de ese Estado, que representan un fragmento particular de esta humanidad.
Para DeGeorge, el acto de obedecer implica cumplir las órdenes recibidas por un superior, teniendo en cuenta al mismo tiempo el propio criterio moral. De esta forma no existe una obligación moral de cumplir una orden que comporte un acto inmoral, como matar inocentes. Al mismo tiempo los superiores tienen la obligación de no dictar órdenes que sean ilegítimas a causa de su inmoralidad. Finalmente, no se debe dictar una orden y al mismo tiempo pretender no responsabilizarse de cómo ésta orden se lleva a cabo (sobre todo respecto del tipo de armas usadas y el número de víctimas y de daños quizás innecesarios, que comporta la acción en ambos bandos).
Wakin y Kempf describen y se cuestionan sobre las formas de protesta moral a disposición de los oficiales del ejército norteamericano ante una demanda de ejecución de una orden contraria a su consciencia moral (como matar prisioneros o civiles, envenenar pozos, incendiar edificios civiles, etc.) en el marco del respeto a los valores democráticos y a la cohesión del ejército. Los autores explican algunas alternativas posibles a la ejecución de órdenes inmorales, como la dimisión, el rechazo de su ejecución, la petición de traslado como acto de protesta, y la demanda de intervención de una autoridad de rango superior a la que transmitió la orden. Los autores critican el hecho de que el ejército estadounidense, a diferencia de los ejércitos británico y francés, no haya elaborado una doctrina de objeción moral a las órdenes moral o éticamente inaceptables.
La objeción de conciencia es un nivel más elevado de crítica sobre el carácter justo o injusto de las guerras. Si la tolerancia oficial respecto de la objeción de consciencia generalizada está consolidada en la mayoría de estados occidentales, en comparación, los objetores de consciencia selectiva (los que se oponen a implicarse en ciertas guerras porque consideran que estas son injustas) no solo no son aceptados como objetores sino que pueden, en ciertos países, ser juzgados por desobediencia. Un ejemplo reciente y paradigmático de objeción de consciencia selectiva es el que constituyen los reservistas del ejército israelí que han objetado a los diferentes conflictos en que este país ha participado. o en el ejército alemán en el que el Tribunal de Justicia Federal ha reconocido en 2005 el derecho a la objeción de conciencia selectiva a un comandante que había rechazado ejecutar misiones de apoyo logístico a las fuerzas americanas implicadas en Irak.
Por otro lado, la ausencia de consciencia moral entre los soldados va acompañada de seguidismo. Por seguidismo en la esfera militar se entiende la ausencia de juicio propio respecto de las órdenes de los superiores que son contrarias a la moral de los propios ejecutantes, por miedo a ensuciar su currículum o perder su cargo. Como alternativa, DeGeorge ha propuesto un código ético para los oficiales del ejército de los Estados Unidos, cuyos puntos fundamentales son:
Por otro lado, algunos estudios científicos muestran que el desarrollo de conductas violentas e inmorales entre los soldados no tiene por único origen el marco violento y de tensión extrema de los conflictos bélicos, sino también la propia organización jerárquica de los ejércitos. Cuando los militares no disponen de una autonomía suficiente y no pueden someter las órdenes recibidas a su propio criterio moral, desarrollan actitudes tales como un exceso de conformidad, falta de innovación, pensamiento grupal e incluso más casos de conductas patológicas o ilegales en comparación con el promedio.
normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados
ref: manual de derecho internacional humanitario para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos DN M111, ed. 2003
Cabe distinguir aquí entre la estricta reconstrucción de las condiciones existentes antes del inicio de una conflagración, que aquí llamaremos el jus post bellum, y la construcción permanente de la paz, que incluye el derecho después de la guerra así como también las condiciones para una ética de la paz sostenible es decir el establecimiento a largo plazo de las condiciones económicas, culturales, políticas, jurídicas, educativas, mediáticas… necesarias para la resolución pacífica, justa y democrática de conflictos cuando éstos se perfilan en el horizonte. Aquí trataremos a continuación de la jus post bellum y más adelante, de forma general, la construcción de una paz sostenible.
Varios elementos activos constituyen la jus post bellum, entre ellos:
Apoyo a las víctimas - Construir la paz es un proceso que comienza antes del fin de la guerra, como lo muestran las actividades de apoyo económico y psicológico de varias organizaciones a lo largo de las guerras de la ex-Yugoslavia, la vitalidad de la sociedad civil palestina, entre otros yo económico y psicológico de varias organizaciones a lo largo de las guerras en la ex-Yugoslavia, la vitalidad de la sociedad civil Palestina, entre otros
Desmovilización y reinserción de los combatientes - La reinserción no debe limitarse a la desmilitarización sino que debe incluir verdaderos programas de inserción en la sociedad y en la economía y de participación en la vida política, en el caso de las guerrillas o facciones que han sido desmovilizadas al final de un conflicto. Algunos ejemplos exitosos de desmovilización han tenido lugar entre los niños soldados de Sierra Leonaasí como entre los jóvenes milicianos al final de la guerra civil libanesa
Estrategias de conciliación - para concluir un conflicto interno o internacional, o al pasar de una dictadura a una democracia, la cuestión de la reconciliación ha sido siempre un aspecto fundamental en el proceso de transición o de paz. A menudo, en América Latina, se han adoptado leyes de amnistía cuya consecuencia ha sido casi siempre conseguir la impunidad de hecho para los autores de las mayores violaciones de los derechos humanos. Sin entrar en un análisis detallado de estos textos jurídicos, existe un consenso general sobre el hecho que una reconciliación nacional no puede darse sin un acto de perdón previo. Esto implica que los autores de los crímenes sean identificados, y que el sufrimiento de las víctimas y sus seres queridos sea reconocido.
Memoria, reparación, justicia
"La acción contra la impunidad es fundamental para reparar la memoria. En el caso de la guerra de Bosnia, y de otros conflictos atroces como los de Ruanda o Somalía, hace falta juzgar a los crímenes de guerra y las ideologías criminales. Para no confundir a todo un pueblo con los dirigentes que lo han conducido hacia tendencias asesinas, hace falta juzgar períodos de historia determinados, y que se puedan condenar hechos, individuos, ideologías, para poder permitir una recuperación colectiva.
La importancia de la cuestión de la impunidad en América Latina, en que las violaciones de los derechos humanos han sido masivas, es fundamental: un verdadero proceso de reconstrucción de la sociedad, después de un período de dictadura o de guerra, no es posible si las víctimas de un sistema condenado no han sido reconocidas como tales. Aunque no todos los criminales y asesinos sean sancionados, es importante que la mecánica de la cual fueron los instrumentos, sea analizada y condenada como tal, para permitir una reapropiación de la memoria, y también tal vez para que las víctimas puedan perdonar. No se puede perdonar aquello que ha sido borrado de la memoria. Este es el drama de Uruguay, Chile dónde existe, por parte de los nuevos poderes, una voluntad de girar la página, y hacer como si fuera posible borrar todo y empezar de nuevo
En este contexto se puede hablar de reparación moral para empezar, la cual tiene lugar mediante la acción de las Comisiones de Verdad y / o de Reconciliación (Sudáfrica, Chile, El Salvador, etc.). Por ejemplo, en el caso chileno, la Comisión Nacional de la Verdad ha reconocido y cifrado los crímenes cometidos, y rehabilitado las víctimas restaurando su dignidad personal y pidiendo perdón a sus familias. Sin embargo, no ha llevado a cabo la identificación de los criminales ni esclarecido las desapariciones de personas. También en el caso chileno ha habido lugar reparaciones materiales, con varios tipos de indemnizaciones: un régimen de pensiones para las familias de las víctimas que no sobrevivieron a la represión: el derecho a servicios médicos gratuitos y ventajas para los niños y las familias en las áreas de salud y educación.
"Asumir la memoria del Otro como la propia, es dar nacimiento al concepto de una historia común, en la que la violencia, sufrida y dispensada, aparece retrospectivamente como una de las figuras de la interdependencia y del desgarre. A este efecto, la capacidad de los partidarios de la paz de pensar por los dos, es decir de integrar al ex-enemigo como componente del ser colectivo común, condiciona en gran medida la posibilidad de transformar el estado de no beligerancia en estado de paz real"
La construcción de la paz no compete solamente los tratados y el derecho internacional que pretende prohibir la guerra, sino también el conjunto de las dimensiones sociales (económica, educativa, cultural, mediática, psicológica, etc.) que deben ser tratadas para prevenir la deriva violenta de futuros conflictos, así como para sembrar un estado de sensibilidad y de consciencia colectiva l respeto hábito de las tomas de decisión a todos los niveles, mediante el diálogo y el respeto mutuo, de la justicia y de la democracia. El objetivo de este "arte de la paz" (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). es pues de ir más allá de la violencia como mal propio de la naturaleza humana, evitable pero no fácilmente, que original las guerras, y substituirlo por una cultura alternativa de resolución pacífica de conflictos. "Se trata de un proyecto bastante más complejo que llama la atención sobre la necesidad de convivir juntos a escala planetaria así como sobre el desafío de llegar a gestionar las diferencias, la diversidad y la heterogeneidad intrínsecas a la especie humana".
El papel de los militares en la reconstrucción - La participación de los militares en la reconstrucción de la paz puede tener lugar en colaboración con las ONG y con los medios de comunicación siempre que esta colaboración sea posible más allá de toda desconfianza y de toda subordinación de unos a otros. Aunque desafortunadamente esta colaboración no sea muy frecuente, es para Cot, probablemente, el mejor medio de implicación de los militares en la construcción de la paz.
Primacía ciudadana sobre la defensa en democracia - Desde el punto de vista del discurso no-violento "la defensa del Estado de derecho no se basa prioritariamente en la movilización de los militares sino en la movilización de los ciudadanos. Desde esta perspectiva se debería desmilitarizar los conceptos de paz y de defensa, pues si la tecnología militar precede, substituye, y acaba por evacuar la reflexión política, ya no es el ciudadano el actor principal de la defensa, sino su herramienta técnica, la máquina militar, el sistema de armas. Es importante que los ciudadanos se conciencien del peligro que representa para la democracia este "integrismo técnico" y rechacen la ideología de seguridad que yace en él, con tal de se re apropiar de su propio papel en la defensa de la democracia. La defensa debe ser civil en primer lugar, es decir que debe ser organizada en el marco de las instituciones de la sociedad política y de las organizaciones de la sociedad civil que permitan a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y de sus libertades. Si el objeto de la defensa es la democracia, el actor de la defensa es el ciudadano ya que es el actor de la democracia (…). Cuanto más los ciudadanos tengan el sentimiento de vivir en una sociedad justa, más estarán motivados para defenderla contra las amenazas que la acosan. De la misma forma, mientras más participen efectivamente en la gestión política y económica del país, mejor estarán preparados para defender la sociedad de una eventual agresión. Así la elección de una defensa civil noviolenta constituye una apuesta por la democracia. Solamente una sociedad democrática puede realizarla, y solamente los gobiernos democráticos están capacitados para aceptarla".
La defensa civil noviolenta y la propuesta de un escenario de "transarme" - "La defensa civil noviolenta puede ser considerada como una alternativa a la defensa militar. Pero esta concepción de las cosas presupone que un país decida renunciar a toda forma de defensa armada para confiar su seguridad y su independencia sobre la preparación y, dado el caso, sobre la puesta en práctica d la defensa civil noviolenta. Debido al alcance de los cambios culturales, políticos y estratégicos de esta decisión, se trata de una hipótesis impracticable a corto o a medio plazo. El valor de esta alternativa se juzga así por su capacidad de hacer posible un proceso coherente de transición y una dinámica de cambio. En este proceso de transición que llamaremos transarme, las diferentes formas de defensa militar y la defensa civil deberían existir, aun cuando una tal coexistencia puede parecer conflictiva. Pero la preparación y la organización de una defensa civil noviolenta constituyen desde hoy un valor añadido para la disuasión global de nuestro país que podría ser decisiva. Todo lo que ayude a consolidar la afirmación de una voluntad de defensa y todo lo que sirva para aumentar nuestra capacidad de resistir una agresión eventual, aumenta el efecto disuasivo de nuestra defensa".
La búsqueda de la seguridad común - La paz militar se funda en general sobre la amenaza de "destrucción mutua. Este equilibrio de terror militar es frágil, podría desestabilizarse como consecuencia de un simple incidente tecnológico, o de una crisis política mayor. Pues en este caso cada uno de los adversarios podría temer una acción preventiva por parte del otro. Este miedo recíproco puede precipitar un enfrentamiento armado entre estados rivales. Frente a este riesgo irracional y desmesurado, los pueblos y las naciones afrontan el desafío de construir la paz no mediante la amenaza de una "destrucción mutua" sino por medio de la búsqueda de una "seguridad común". Esta no se funda en la confianza recíproca, ni pretende hacer del enemigo un amigo. Se apoya simplemente en el hecho de que nuestro adversario precisa tanto la seguridad como nosotros y que, más allá de nuestra desconfianza recíproca, tenemos el mismo interés vital de asumir nuestra defensa por medios que no impliquen el riesgo de una destrucción mutua. El concepto de seguridad común no es militar sino político. No consiste en preparar la guerra de unos contra otros, sino de construir la paz juntos".
Sin embargo, existen nociones y políticas de "afianzamiento recíproco". Así, para completar la dimensión disuasiva y controlar el riesgo de conflictos, los estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han firmado los Documentos de Viena de las negociaciones sobre las medidas de confianza y de seguridad.
Desde esta perspectiva, la seguridad común nos lleva a fundar nuestra defensa ya no en una disuasión "agresiva" sino más bien "defensiva". No se trata de disuadir el adversario con amenazas de destrucciones inaceptables, sino persuadiéndole de que nuestros medios de defensa harían fracasar cualquier tentativa de agresión por su parte y de que su empresa tendría grandes posibilidades de ser deficitaria. Así, esta disuasión puede permitir al actor que toma las decisiones, de guardar una "postura defensiva" que no suscite miedo a su adversario mientras este tampoco mueva ficha. A partir de ahí, cuando se produce una crisis, los estados rivales se encuentran en una postura estratégica que facilita enormemente que el conflicto se mantenga en el terreno político en el cual debe encontrar una solución.
Reflexionar sobre la paz - "Ha llegado el momento de romper definitivamente con la idea de que si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra. Debemos asumir el riesgo de pensar y decir: si queremos evitar la guerra, debemos construir la paz. Tenemos ante nosotros el desafío de construir la paz. Probablemente buena parte de la opinión pública prefiere aún el riesgo de la violencia al de la noviolencia. Sin embargo, una tarea se impone a las personas razonables, que es la construcción de la paz, es decir afrontar los conflictos y movilizarse en pos de su resolución por medios pacíficos, es decir noviolentos. Lo que hemos aprendido igualmente es que la paz solamente puede basarse en la democracia y que ésta se basa en la capacidad de movilización de los ciudadanos para construir y, dado el caso, para defender, el Estado de Derecho."
Después de la caída del muro los conflictos se caracterizan por su aceleración y por su intensificación. Cot observa "un cierto apaciguamiento de las tensiones y las guerras interestatales junto a, en contrapartida, una multiplicación de los conflictos intraestatales. La liberación brutal de la tensión y la violencia retenida entre el Este y el Oeste parecen servir para liberar otras fuerzas contenidas, no solamente en Europa balcánica y en el Cáucaso sino por todo el mundo, donde los dos grandes se marcaban de cerca, a menudo apoyados por sus clientes o por mercenarios interpuestos (…)"
"La conflictividad de los años 80 (…) estaba "enquistada": no había posibilidad de extender aquél estado de cosas, ni regionalmente, ni en términos de armamento. La conflictividad se mantenía así al nivel de las guerras llamadas "de baja intensidad". El armamento usado era en general individual y ligero (…). Hoy en día, no existe un control de los medios violentos ofrecidos a las partes beligerantes (…). Esto es así hasta el punto que estos conflictos ya no enlazan problemas locales y problemas mundiales como durante el período de guerra fría, sino problemas locales y problemas regionales" según el informe de la jornada de trabajo sobre la prevención de conflictos.
He aquí algunos tipos de conflicto armado que se desarrollan actualmente o que corren el riesgo de producirse en el siglo XXI (el terrorismo se trata en una sección aparte):
Guerras civiles - Hasta principios del siglo XX, la guerra civil es considerada como un asunto estrictamente interior que es competencia reservada del estado concernido, el cual tiene de hecho y por ley todas la atribuciones para tratar de la forma que mejor le parezca a los facciosos, considerando por ejemplo a los rebeldes en armas como simples criminales y aplicándoles su propio derecho penal. La guerra de España mostró especialmente la insuficiencia de las herramientas jurídicas internacionales respecto de las guerras civiles. A partir de 1949, con las convenciones de Ginebra, la orientación es hacia la aplicación de garantías humanitarias mínimas en los conflictos armados no internacionales. El protocolo adicional segundo de las convenciones de Ginebra de 1977 tiene por objetivo la aplicación de las normas principales del derecho de los conflictos armados a los conflictos no internacionales. Protege a las personas que no participan en el conflicto, prohíbe los ataques dirigidos contra la población civil o contra los bienes indispensables para su supervivencia, da derechos a las personas detenidas durante el conflicto y prohíbe los desplazamientos forzosos de población.
Conflictos de baja intensidad - Los conflictos de baja intensidad implican el despliegue y uso de tropas en situaciones diferentes de las guerras clásicas. En general se trata de operaciones contra actores no estatales y pueden consistir en acciones de contrainsurgencia, antisubversión y mantenimiento de la paz. Ciertos autores, como Noam Chomsky, ven las operaciones de baja intensidad como una forma de terrorismo.
Conflictos modernos de alta intensidad - Se caracterizan por el uso de fuerzas armadas que utilizan toda la gama de armamentos modernos (de destrucción como aviones de combate, tropas blindadas, misiles, etc.) excluyendo deliberadamente la espiral nuclear... Este escenario, guardado en el armario durante la guerra fría, ha vuelto desgraciadamente a entrar en la escena de los conflictos, al menos por fases e incluso en Europa (guerras de los Balcanes, Georgia, Irak, etc.)
Guerra nuclear - llamada también "guerra total", en la que no habría discriminación entre combatientes y no combatientes, se trata de un tipo de guerra que podría conducir al a destrucción de la humanidad, y por tanto nunca puede ser considerada una guerra justa. No puede satisfacer las condiciones de buena intención, proporcionalidad, uso correcto de los medios, etc. Sus consecuencias deben ser consideradas, por cualquier actor racional, como un gran mal físico y moral. La "guerra total" debe ser evitada e impedida.
Es comúnmente admitido que el terrorismo es el arma de los débiles contra los fuertes (guerra asimétrica). Por otro lado, como señala Noam Chomsky, los Estados e instituciones recurren también a este método (terrorismo de Estado). Existen cuatro grandes tipos de terrorismo: el terrorismo individual, el terrorismo provocado por rebeldes, por anarquistas o nihilistas (que admiten cierta libertad moral); el terrorismo organizado, llevado a cabo por grupos que defienden ideologías diferentes (por ejemplo extrema izquierda, extrema derecha, islamismo…); el terrorismo de estado; el ciberterrorismo.
El artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra señala que "las penas colectivas, así como cualquier medida de intimidación o de terrorismo, están prohibidas, (así como) el pillaje… y las medidas de represalia".
Las Convenciones internacionales sobre terrorismo establecen un marco preciso sobre la represión de ciertos actos generalmente considerados como actos de terrorismo, como el desvío de aviones, la toma de rehenes, los atentados con explosivos, sin por ello calificar explícitamente ninguna de estas acciones como "actos de terrorismo" en sus textos.
"A veces es difícil distinguir entre actos de resistencia y actos de terrorismo pues los diferentes términos se refieren a una "supuesta" forma de legitimidad de los objetivos políticos que justificarían, en parte, las acciones violentas llevadas a cabo. La percepción de esta legitimidad varia pues ampliamente en función de los protagonistas y los observadores, lo cual complica enormemente el establecimiento de una definición objetiva y aceptada universalmente de la noción de terrorismo."
Von Hort afirma que el concepto de guerra contra el terror sitúa automáticamente a los terroristas en la categoría de actores de guerra, y en consecuencia en tanto que combatientes legítimos. El autor afirma que para combatir el terrorismo se puede hablar en cambio, de uso de la fuerza militar o de lucha contra el terrorismo
En una guerra se pueden distinguir tres tipos de crímenes: los crímenes de guerra propiamente dichos, los crímenes contra la humanidad y los crímenes contra la paz.
Crimen de guerra - Los crímenes de guerra se definen por medio de acuerdos internacionales, en particular por el Estatuto de Roma (los 59 párrafos del artículo 8), que tratan sobre las competencias del Tribunal Penal Internacional (TPI), entre las cuales hay algunas violaciones graves de las Convenciones de Ginebra. Esto incluye el caso en que una de las partes en conflicto ataque por voluntad propia objetivos (humanos o materiales) no militares. Se entiende por objetivo no militar entre otros, los civiles, los prisioneros de guerra y los heridos.
Crimen contra la humanidad - Se entiende por crimen contra la humanidad cualquier infracción grave como asesinato, exterminación, esclavización, deportación, y cualquier otro acto inhumano cometido contra la población civil. Los crímenes contra la humanidad se definen por el artículo 7 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, pero permanece sujeto a diversas controversias. Frente a una situación de crimen contra la humanidad se prevén varias soluciones.
La noción de Crimen contra la paz ha sido definida por los tribunales militares internacionales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Según los acuerdos de Londres del 8 de agosto de 1945, este crimen se define por "la dirección, la preparación, el inicio y la continuación de una guerra de agresión, o de una guerra que viola los tratados, convenciones o acuerdos internacionales, o la participación en un plan concertado o en un complot que trate de cumplir cualquiera de los objetivos precedentes". La persecución de personas por este tipo de crimen no concierne solamente a los dirigentes de un país y a los altos rangos militares. Esta noción puede definirse también como una guerra de agresión, aunque a veces la noción de crimen contra la paz puede significar, de manera más amplia, la violación de la paz en el mundo.
Frente a cualquier tipo de crimen relacionado con actos bélicos, el derecho en la guerra se ha generado sobre todo a partir de las Convenciones de Ginebra de 1949. Las Convenciones de Ginebra de 1949 sobre la protección de víctimas de guerra son un gran conjunto de normas en vigor, probablemente el conjunto de leyes más extensivo e universal del derecho internacional, ratificado universalmente. aunque el número de países firmantes de los protocolos adicionales es menor y existen ausencias notorias como los Estados Unidos. La mayoría de sus provisiones tienen carácter consuetudinario. Sin embargo, las Convenciones de Ginebra no son siempre respetadas e implementadas.
Las Convenciones de Ginebra tienen sin duda límites, sobre todo por su no aplicación a las armas de destrucción masiva. La no aplicación sistemática de las Convenciones y la ofensiva del gobierno Bush desde el 11 de septiembre de 2001, incluida la forma impune en que los americanos y sus aliados han torturado prisioneros y han atacado civiles, han llevado a afirmar a ciertos intelectuales neoconservadores que las Convenciones de Ginebra estaban obsoletas y que debían ser ignoradas para que la Guerra contra el terror tuviera el éxito esperado.
En cambio, Veuthey considera que la no aplicación de las Convenciones de Ginebra, implicaría y de hecho implica, cada vez que son ignoradas, las consecuencias siguientes, entre otras:
Para hacer frente a la crisis que comporta la no aplicación universal actual de las Convenciones de Ginebra, Vauthey propone una mejor implementación de estas, en tres etapas:
"Desde la caída del muro, las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz en las que intervienen cascos azules o fuerzas regionales, se han multiplicado y desarrollado a gran escala en varios escenarios de guerra. Sin embargo, han reducido en la práctica respecto a las expectativas existentes, la capacidad de resolución de conflictos y de apoyo a las víctimas pues de un lado no han servido ni para imponer la paz ni siquiera puntualmente, ni para hacer respetar el derecho de la guerra ni, para acabar, para conseguir una función humanitaria independiente de los intereses de las fuerzas en conflicto".
"La construcción de un nuevo orden internacional implica el reconocimiento de un derecho y un deber de injerencia de la comunidad internacional en los asuntos de los Estados, cuando éstos violan deliberadamente las normas de la democracia atentando gravemente los derechos y las libertades, tanto del conjunto de sus propios ciudadanos, como de algunas de sus minorías. Así mismo, una injerencia de la comunidad internacional puede ser necesaria en un país en que el Estado es incapaz de afrontar las exacciones cometidas por una parte de la población. No se puede admitir que la comunidad internacional se refugie bajo el principio de no injerencia y asista pasivamente a una represión sistemática ejercida contra un pueblo por una dictadura militar, o a una guerra civil que opone dos facciones de un mismo pueblo o dos pueblos que las peripecias de la historia llevaron a coexistir, a regañadientes, en un mismo Estado.".
Entre las intervenciones posibles, el "Dossier pour un débat" del MAN y la FPH. cita las siguientes:
A nivel de propuestas, Amnistía Internacional ha elaborado un programa con quince puntos que deben formar parte de su definición del mandato de las "fuerzas de paz", que pretende, entre otros, el compromiso político de la comunidad internacional, la introducción de cláusulas sobre los derechos humanos en los acuerdos de paz, un control efectivo en materia de derechos humanos y el seguimiento sobre el terreno para asegurar la paz y la justicia, el refuerzo de los observadores internacionales, medidas a largo plazo sobre el sistema jurídico y la educación, y la persecución de criminales de guerra.
A nivel de experiencias alternativas generadas por la sociedad civil, hay que citar antes que nada las intervenciones civiles (ver también la definición más arriba). Por "intervención civil" el IRNC considera "una intervención no armada de fuerzas exteriores (dirigidas o no por una autoridad internacional) que se implican en un conflicto local o regional para cumplir, en el lugar del enfrentamiento, misiones de observación, de interposición y de mediación. Estas misiones tienen por objetivo crear las condiciones para una solución política del conflicto que reconozca y garantice los derechos fundamentales de cada una de las partes presentes y les permita definir las reglas de una coexistencia democrática."
Un ejemplo de intervención civil con varios años de experiencia son las Brigadas Internacionales de Paz; que desarrollan una forma de interposición noviolenta, especialmente en El Salvador y en Guatemala, garantizando el acompañamiento y la protección de personas directamente expuestas a las represalias de las fuerzas de represión.
La apuesta por una intervención civil se apoya en la idea de que puede disuadir a las partes implicadas en un conflicto de desarrollar las peores vías lo cual las conduciría a un estancamiento. El anuncio explícito de que las fuerzas que van a intervenir en una misión así solamente usarán métodos noviolentos, es importante pues ayuda a neutralizar las reacciones de rechazo suscitadas por una injerencia extranjera, y facilitar el desarrollo de una mediación. La experiencia muestra que cualquier misión de interposición noviolenta tiene sentido y eficacia solo si va acompañada de una misión de mediación. Esta consiste en contactar con todos los interlocutores de la sociedad civil que se oponen a la lógica de la guerra, para ampliar lo máximo posible el ámbito de las negociaciones.
Las intervenciones humanitarias - Entre las intervenciones que garantizan la seguridad, las intervenciones humanitarias que han conseguido sus objetivos han sido reconocidas en las guerras recientes (años 1990 y 2000) como el último resorte para poder satisfacer las necesidades básicas de la población afectada por estos conflictos. Sin embargo, estas intervenciones han sido criticadas al mismo tiempo sobre todo por haber generado un beneficio a las fuerzas beligerantes o a los Estados y otras fuerzas que tiran partido de este falso humanitarismo que esconde la inacción o la ausencia de un verdadero compromiso por la paz.
Así, por ejemplo, entre los "efectos perversos de la acción solidaria internacional" se puede contar, según Ateliers du Sud la recuperación política, los efectos nefastos en el medioambiente, el amateurismo y la sobrevaloración. Respecto a la recuperación sobre el terreno "las ONG pueden ser objeto de manipulaciones. Así, en Yugoslavia, algunos representantes de organizaciones humanitarias no solamente han sido rehenes de los serbios, sino también del gobierno francés que los ha implicado en varias negociaciones destinadas a servir objetivos electorales. En Camboya, trabajando en los campos de refugiados instalados en la frontera tailandesa, las ONG han sido instrumentos de una política organizada conjuntamente por tailandeses, americanos y chinos, debido a su confrontación con los rusos y los vietnamitas, para mantener estos campos. En el conflicto de Ruanda, han contribuido a fortalecer la posición de las milicias y de las fuerzas de las FAR que mantenían a la población civil como rehenes en los campos de refugiados, contribuyendo así a la reconstrucción de un estado de conflicto. En Zaire, han abastecido involuntariamente con medios de locomoción al ejército zaireño: los camiones con rumbo a Kisangani para escoltar la ayuda, volvieron llevando con ellos los soldados derrotados (...)"
"La tarea propuesta a los que quieren intervenir para establecer la paz en el mundo es gigantesca y desproporcionada con respecto a los medios efectivos de que se dispone. Para llevarla a cabo sería necesario una movilización de la comunidad internacional. Pero esta "comunidad internacional" es en gran medida ficticia. Son los Estados-nación los que detienen la realidad del poder de decisión y de acción. Y la motivación primera de los Estados no es precisamente la fidelidad a los valores proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino la consideración de sus intereses particulares (…). Ante tales condiciones, sólo los ciudadanos pueden movilizarse por sí mismos para revertir la política de los Estados. Pero si el único resorte para la movilización de la opinión pública es el resentimiento fruto de las imágenes inaceptables distribuidas complacientemente por los media, se corre el riesgo de inducir a efectos perversos pues en este caso los gobiernos tomarán cuidado en prioridad de "calmar" la opinión pública decidiendo intervenir con el único fin de intervenir. Lo más probable, en ese caso, es que decidan llevar a cabo una operación militar-humanitaria sin mostrar una verdadera voluntad política".
"El humanitarismo solo tiene sentido si retira a las víctimas de su condición de víctima, creando las condiciones de un reconocimiento mutuo y una reciprocidad, y un marco nacional e internacional susceptible de transformar la víctima en un igual en el seno de una comunidad mundial (…) La acción humanitaria puede ser concebida así como un terreno de acción en el que se inventen formas inéditas de respeto de la dignidad humana. Lejos de reducirse a acciones de carácter urgente, el humanitarismo, enriquecido por un conocimiento sobre los derechos humanos, puede encontrar su verdadera dimensión política, es decir, en el que los individuos y las víctimas se conviertan en sujetos.
La Carta de las Naciones Unidas es ambiciosa acerca de la resolución de los conflictos. Si el capítulo VI traza algunas pistas para una resolución pacífica, el capítulo VII capítulo evoca las condiciones y los medios de acciones coercitivas en caso de ruptura de la paz o de acto de agresión.
La ONU va sin embargo llevar a cabo su entrenamiento de aprendizaje de estos principios, en el contexto de condominio planetaria establecido implícitamente por los Estados Unidos y la Unión Soviética, primeros poseedores de armas nucleares, durante la guerra fría. En consecuencia, los compromisos de la ONU para la paz se limitarán a los "intersticios" que los dos grandes le acordarán, es decir, allá donde sus intereses no estarán directamente implicados.
Después de 1989 la ONU no va a tener ocasión para desarrollar la profunda reforma que le habría permitido enfrentar la nueva situación mundial. Va a encontrarse implicada de forma brutal en los conflictos de Yugoslavia, Somalia y Ruanda, completamente nuevos para ella. En efecto, ya no se trata de guerras entre estados, para las cuales estaba mejor preparada, sino de conflictos intraestatales, es decir de guerras civiles o de acciones represivas de gobiernos contra una parte de su propia población. Además, estas operaciones van a tener que decidirse y ponerse en marcha con carácter urgente, sin una firma de alto el fuego previa, ni acuerdos políticos que creen expectativas de paz, como había sido el caso hasta entonces. Así, en su divagar entre su filosofía del consenso y las exigencias de las intervenciones por la fuerza para las cuales no tiene interés en adquirir los medios materiales, la ONU transita de fracaso en fracaso. Se retira sin gloria de Ruanda, en plena masacre. Deja Somalia en medio del caso, después que los Estados Unidos hayan abandonado el campo de batalla después de las primeras pérdidas militares. Deja de forma clandestina Bosnia, pasando el testigo a la OTAN cuando los combates ya habían cesado.
¿Existe la voluntad en el seno de la comunidad internacional, de dotarse de medios para una reacción inmediata y eficaz ante los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, los genocidios cometidos contra población inocente? Si la respuesta no es clara, quiere decir que es implícita y por tanto negativa. ¿Debe la ONU dotarse de un ejército permanente o de una fuerza de policía, concebidas para la intervención sobre el terreno que evite catástrofes como las de Srebrenica, Kigali, Vukovar? Según Cot, la filosofía de la ONU conduce, desde siempre, al rechazo a dotarse de semejante capacidad militar mínima permanente. En lugar de eso, se prefieren los llamados a "coaliciones de Estados voluntarios". Pero estos han respondido recientemente solamente a los intereses del imperio norteamericano.
Cot aborda la reforma de las Naciones Unidas, especialmente en lo que concierne a su capacidad de intervención operativa. El autor propone los puntos básicos siguientes:
El papel de las Alianzas militares - La seguridad colectiva y la integración regional, se consideran, desde hace varios siglos, como las únicas alternativas viables al sistema –hoy en día moribundo – de equilibrio entre potencias, cuya última encarnación desapareció con el fin de la guerra fría ¿cuáles son las condiciones actuales para una seguridad regional?
La regionalización es uno de los fenómenos que forman parte del proceso complejo de la mundialización que se ha venido desarrollando durante las últimas décadas y que va a transformar definitivamente el sentido de las soberanías estatales para lo mejor y para lo peor. Asistimos así a la pacificación de ciertas regiones, como es el caso en los años 80 y 90 en Asia del Sudeste, y al mismo tiempo a la acentuación de los conflictos en Oriente Medio. En lo que respecta a la consolidación de una cultura de paz en un período más extenso, el proceso europeo de regulación de diferencias regionales mediante el equilibrio de intereses, la ayuda solidaria para el desarrollo regional, la integración, la restauración del estado de derecho, etc. puede ser considerada como ejemplar. Se puede citar también el ejemplo de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), aunque en ella se mantengan conflictos no totalmente resueltos como es el caso de Georgia y de Chechenia.
Más allá de las diferencias y particularidades de cada caso se puede pensar en varios elementos importantes para la elaboración de hojas de ruta para la pacificación regional, tales como por ejemplo:
La aparición de los actores no estatales
En la era de la comunicación y de la gobernanza global en que vivimos, que da a nuestras sociedades cada vez más interconectadas, la posibilidad de incidir directamente en los asuntos políticos y de relaciones internacionales, el papel de las asociaciones cívicas y de las "alianzas ciudadanas" tiende a crecer.
Entre estas alianzas, una red informal apoyada por la FPH, la "Alianza de Militares" es un espacio "de expresión e intercambio de ideas y posturas sobre temas diversos relacionados con la seguridad y la estabilidad" cuyo objetivo es el de "llevar a cabo una reflexión sobre los problemas de seguridad y de defensa, así como sobre los medios de promover una "Conciencia de Defensa y de Seguridad" con los ciudadanos que permita ayudar a comprender los riesgos y las oportunidades inherentes a las relaciones internacionales en un mundo en vías de globalización y participar activamente en la definición de las condiciones que aseguren la estabilidad de estas relaciones y de la paz".
Además, su acción pretende promover una idea precisa sobre los fundamentos éticos del ejercicio de la profesión militar y sobre la relación entre militares y civiles en las sociedades democráticas o en vías de democratización.
Mediante sus relaciones en red y sus manifestaciones, la "alianza de los militares" quiere no solamente influenciar sobre la acepción en la opinión pública del nuevo papel de los militares en el mantenimiento de la paz internacional y en la gestión de los desafíos de seguridad y de crisis multiformes. Pretende también pesar sobre las decisiones y la evolución en el seno de las organizaciones militares a nivel nacional (fuerzas armadas en transformación) e internacional (ONU, OTAN, Unión Europea, otras alianzas militares regionales) especialmente sobre la política de información y sobre los fundamentos filosóficos de la instrucción y del comportamiento de los militares en activo.
La idea de "red" y el proceso "escalonado" de construcción a través de la organización de encuentros con homólogos de otros países, es la más conveniente para definir esta iniciativa que no se limita a un marco meramente profesional.
Algunas asociaciones que han cooperado con la "Alianza de Militares" han creado una Carta para la Promoción de una "Consciencia Europea de Seguridad y de Defensa" (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). (CESD). En este documento, destinado a la opinión pública en general, se formulan los objetivos, las tareas, las condiciones de adhesión y de implementación de una cooperación militar reforzada a escala europea. Uno de los objetivos fundamentales es la promoción de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) ante el gran público, sin por ello pretender cuestionar el partenariado transatlántico y las funciones de Naciones Unidas. En el campo de la seguridad y de la defensa, las acciones de los gobiernos nacionales y de las instituciones europeas deben ir de la mano con la adhesión de los ciudadanos de Europa.
Las fuerzas armadas se consideran a veces conservadoras, incluso reaccionarias o aún peor, instrumentos antidemocráticos que defienden la causa de la dictadura. La institución militar, fundada en la jerarquía y la disciplina, tiene por misión, a Fortiori, preparar la guerra. Contrariamente a esto, la democracia es a priori refractaria a las acciones bélicas, promueve el respeto de la igualdad y de la libertad individual. ¿Por qué y cómo el ejército y la democracia pueden -y deben- convivir? Esta es una de las cuestiones fundamentales a las que se enfrentan las democracias hoy en día. Ejemplo: en Colombia, se da todo un trabajo de reconstrucción de la confianza en la institución militar que debe acompañar otro de reorganización del ejército bajo la ley y la democracia, un ejército que ha sido acusado de corrupción y al que se le reprocha aliarse a los narcotraficantes, y que ante la desconfianza de los civiles se ha convertido a pesar de todo un Estado militar dentro del Estado.
"Si se les da demasiado poder, en general los militares no renuncian a él, por lo cual la influencia militar aumenta más allá de su espacio natural y su función se desvía desde la protección hacia la tiranía. Por eso, la lealtad hacia el Estado es fundamental (…) y prioritaria en comparación con la obligación con la propia profesión". En Estados Unidos se conoce ese principio bajo el nombre de "control civil de los servicios militares".
El informe de la Comisión de Venecia (para la democracia mediante el derecho) establece un cuadro de las instituciones nacionales e internacionales con miembros elegidos o no directamente, que pueden ejercer un control democrático de las fuerzas armadas. Este control concierne aspectos como los gastos militares, el presupuesto de defensa y el nombramiento de cargos militares, así como de cuestiones que tienen que ver con el nuevo papel de las fuerzas armadas, a escala nacional e internacional.
Existen diversas iniciativas de la sociedad civil para limitar la reconversión de armas sobre todo en los países en período de posguerra pero también en países que no conocen la guerra desde hace mucho tiempo. Se pueden citar experiencias en Quebec, y en Estados Unidos. Algunas críticas más ambiciosas pero con menos probabilidades de ser realizadas a corto plazo, que atacan las fuentes del problema de la proliferación armamentística.
La reconversión es un proceso complejo, que afronta diversos obstáculos: sobre las fuerzas armadas (reducción del personal militar, cierre de las bases…) así como sobre la economía (pérdida de empleos, cierre de fábricas, cierre de mercados, coste de la conversión…). En consecuencia, un programa de reconversión debe responder a esta complejidad mediante un programa para una verdadera "economía de la paz".
Richard Petris ha elaborado, en el marco de una reflexión global sobre la reconversión, algunas propuestas generales posibles para una transición integral hacia una sociedad pacífica:
1 - Un Plan Programa para la reconversión: que sea la herramienta prioritaria de una política pública de inversión, indispensable para orientar las opciones de substitución.
2 - Una investigación + desarrollo más pacífica: por medio de la creación de comités de ética; de la limitación de la posibilidad de venta de patentes "sensibles"; de la incitación a concebir herramientas de alerta, o incluso a elaborar estrategias de seguridad, en varios niveles.
3 - Una seguridad colectiva, con la traducción en actos de varios conceptos nuevos como la limitación de las fuerzas a un nivel de estricta suficiencia; la prevención, la previsión y la gestión de las crisis; la seguridad global, que no puede ignorar la necesidad de una distribución más justa de las riquezas.
4 - Una política de grandes talleres que asocien preocupación por el empleo y respuestas a las grandes necesidades de equipamiento o de rehabilitación del medioambiente.
5 - Educación y formación para la paz, con investigaciones sobre la paz que se traduzcan en conclusiones operativas, o incluso que den lugar a propuestas "normativas".
En el ámbito de las articulaciones entre actores, se han venido desarrollando esfuerzos de coordinación para la implementación de una especie de internacional del personal de la industria del armamento, para compartir los problemas y buscar soluciones comunes al desafío de la reconversión. Esta iniciativa ha solicitado al mismo tiempo otro tipo de contribuciones: científicas, políticas, etc.
Procesos y propuestas para el desarme
El desarme en los países industrializados - "Desde la caída del muro de Berlín, los programas han sido meramente reducidos, raramente abandonados. En parte se trata de un problema del tamaño de las organizaciones comerciales y militares, y en parte es fruto de la inercia. Por otro lado, otros factores implicados son el peso de los fabricantes, el miedo al desempleo, y la resistencia de los militares."
El desarme en los países en vías de desarrollo - La reducción de los gastos militares en estos países (entre los cuales los más pobres del globo) es aún más lento que en los países industrializados. Sus argumentos generalmente son la disuasión frente a sus vecinos y el importante papel que el ejército juega en la economía. Sin embargo, el riesgo de muerte en estos países es 30 veces superior por malnutrición o por epidemia que por agresión por parte de un país vecino. Los gastos armamentísticos privan al desarrollo humano de recursos preciosos. Esta situación es en parte imputable a los países industrializados, que no han finalizado aún su ayuda militar o sus exportaciones de armas.
El futuro del desarme en el mundo - La caída del muro de Berlín ha servido para desvelar muchos conflictos. El progreso hacia el desarrollo exigirá claramente una cooperación más estrecha entre países industrializados y países en vías de desarrollo. Un tal avance significaría la implementación de las siguientes medidas:
Dividendos de la paz - Reducir los gastos militares representa solamente la mitad del camino por recorrer. La otra mitad consiste en consagrar completamente los recursos que se ahorrarán, al desarrollo humano. De 1987 a 1994, la mayoría de estos ahorros parece haber sido consagrado a la reducción de los déficits presupuestarias y al financiamiento de gastos no relacionados con el desarrollo. La primera tarea consiste pues en aislar estos dividendos en un lugar especial dentro de los presupuestos nacionales. Este fondo podría servir para la reducción del déficit público, para la financiación del coste de la reconversión militar, y para invertir en el desarrollo humano interior y en el extranjero. Estos fondos nacionales podrían completarse por un fondo mundial de desmilitarización, como sugirió el Premio Nobel de la Paz (1987) Oscar Arias.
En la enseñanza de la ética militar a los soldados, ciertos autores proponen el reemplazo, cuando se dispone del tiempo necesario, de la simple explicación y distribución de códigos éticos, por el desarrollo colectivo de un "pensamiento crítico" que ayude a completar las ausencias y errores posibles de los códigos, y a desarrollar una consciencia reflexiva en el soldado que le permita reaccionar de forma autónoma conformemente a una moral .Este pensamiento crítico solamente puede desarrollarse a partir de una educación cívica y política, de la cual a menudo se carece en los servicios militares de las naciones occidentales. Ella debe responder a las cuestiones básicas del tipo por qué hacer parte del ejército y por qué luchar, y presentar imparcialmente los diferentes tipos de respuesta.
Alemania - Habiendo implicado el mundo en guerras sucesivas y totales, llevando la pesada herencia de un holocausto... el pueblo alemán ha estado profundamente traumatizado por las consecuencias del uso escandaloso de la fuerza y los abusos causados por los nazis contra las fuerzas armadas. Es por esto que después de un período de diez años de ocupación y de control aliado en el que el "nunca más" se convirtió en convicción general del pueblo alemán, los fundadores de las nuevas fuerzas federales (la Bundeswehr) han partido del principio, para rearmarse, de que una alianza entre el ideal democrático y la necesidad militar era necesario y posible.
Concepto de Innere Führung ("Guía interior") y Centro Innere Führung - con este fin, "hacia falta desarrollar un concepto que permitiera aplicar los principios del Estado de derecho democrático a las fuerzas armadas para contribuir a su eficacia y a su predisposición para la acción"
Educación política - "El ejemplo personal propio es la mejor forma de enseñar a los subordinados los valores políticos y sociales en uso. Una educación política bien orientada a la que se añade una idea concreta del orden constitucional liberal y democrático de nuestro país; ayuda a los jóvenes ciudadanos en uniforme a captar el sentido y la necesidad del servicio en aras de la paz y la libertad"
Ciudadanos en uniforme - "La educación política pretende también animar a los militares a beneficiar de sus derechos ciudadanos de forma activa. La libertad sindical, el derecho de voto y la elegibilidad son derechos cívicos garantizados. Son muchos los militares que se benefician participando en la modelación de la sociedad y ejerciendo mandatos en todos los niveles de la vida política. En la medida en que el enrolamiento lo permite, el ejercicio de un mandato municipal puede ser objeto excepcionalmente de una reducción temporal."
Canadá - Los principios fundamentales de la ética militar canadiense han sido formulados en un "Enunciado de ética de la defensa" que se basa en tres principios:
Francia - Los soldados franceses participan, durante la formación militar, en reflexiones sobre la ética militar. Uno de los principales soportes de esta reflexión es el Code du soldat ("Código del soldado"):
La ética militar en los textos oficiales y las publicaciones del gobierno francés:
Alemania
Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas
El Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas disfruta de un status de derecho público conforme a la ley sobre el Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas. Su status jurídico puede compararse al del secretario de Estado parlamentario.
Durante el ejercicio de su mandato, el Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas no puede ejercer otra función remunerada, actividad comercial, industrial ni profesional, ni ejercer un mandato político.
El Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas es elegido por el Bundestag mediante escrutinio secreto sin debate previo. Los candidatos pueden ser propuestos por la comisión de la defensa o por los diferentes grupos parlamentarios. Es elegido el candidato que alcanza la mayoría de votos de los miembros del Bundestag.
Es elegible, en calidad de Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas, todo alemán o alemana de un mínimo de 35 años de edad. No se precisan conocimientos previos de la vida militar para esta función. El Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas es nombrado por el Presidente del Bundestag.
El Comisario Parlamentario para las fuerzas Armadas es elegido por un período de cinco años, es decir, un año más de duración que la legislatura del parlamento. Esto garantiza su independencia en caso de cambio de mayoría parlamentaria como resultado de unas elecciones. La reelección es posible de forma indefinida.
Mandato confiado por ley
En la ejecución de su mandato, fijado por la Ley fundamental, el Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas debe asegurar "la salvaguarda de los derechos fundamentales y ayudar al Bundestag en el ejercicio del control parlamentario de las fuerzas armadas". La ley sobre el Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas define en detalle las modalidades de su función.
La misión del Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas esdefinida por la ley sobre el Comisario para las Fuerzas Armadas según la cual este debe actuar:
"Su poder de control se extiende a todas las instituciones gubernamentales y administrativas competentes en materia de defensa militar del territorio, en primer lugar al ministro federal de la Defensa y su ámbito de competencia".
Derechos fundamentales de los soldados
Se trata de derechos fundamentales ciudadanos garantizados por la Ley fundamental. El soldado se emplaza en una jerarquía regida por el principio de la obediencia a las órdenes y caracterizado por el antagonismo entre la libertad individual y los otros derechos del soldado, por un lado, y las exisgencias militares específicas, por otro. El soldado, ya sea de leva, enrolado o militar de carrera, disfruta de los mismos derechos y libertades que los demás ciudadanos. No deja de ser ciudadano, un ciudadano en uniforme.
Sus derechos fundamentales pueden estar sometidos a restricciones conforme a ciertas disposiciones constitucionales, siempre que estas sean impuestas por las necesidades inevitables el servicio, que deben definirse por ley. El soldado debe disfrutar, entre otros, de los derechos siguientes:
El Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas, instancia de petición de los soldados.
Los soldados tienen derecho a dirigirser personal y directamente, sin pasar por la vía jerárquica, al Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas. El soldado que ejerce su derecho de petición puede someterse, sin necesidad de someterse a ningún tipo de espera, todo aquello que según su apreciación personal le parezca constituir un abuso o un trato injusto.
Los soldados son informados sobre las tareas y poderes del Comisario Parlamentario al principio de su instrucción básica y de nuevo cuando mudan de posición en su cuerpo de tropa.
El soldado no debe sufrir perjuicio alguno en el servicio ni ser objeto de ninguna medida disciplinaria por el hecho de haber apelado al Comisario Parlamentario para las Fuerzas Armadas. Disfruta de la protección del derecho de petición. Se sobreentiende que este derecho no se aplica en caso de alegaciones voluntariamente falseadas, injuriosas o calumniosas. En este caso toda la responsabilidad disciplinaria y penal incumbe al demandante.
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